Por Cristian Gherasim. (Publicado el 9 de diciembre de 2010)
Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/4865.
Puede resultar extraño asociar una medida invasiva y negadora de la propiedad como el cacheo con lo principios del libre mercado. Hay poco espacio para la soberanía individual cuando nos referimos a la seguridad nacional; al menos así es como piensa y actúa el gobierno: somos culpables hasta que probemos ser inocentes; los individuos no son suficientemente racionales como para tomar decisiones acerca de su bienestar, así que tienen que parecer los funcionarios del gobierno. Así es como Estados Unidos ha actuados desde los ataques del 11-S.
¿Hay una alternativa a esta postura de Gran Hermano para gestionar la seguridad interior? Creo que la hay: agencias de defensa privada ofreciendo servicios en competencia en un mercado abierto.
Recientemente, un aeropuerto en Orlando, Florida, ha anunciado que está considerando deshacerse de la Transportation Security Administration (TSA), reavivando el debate acerca de si es apropiado o no tener una compañía privada en lugar de la TSA para vigilar a los pasajeros.
¿Deberían clientes y mercados dictar quién atiende las necesidades de seguridad nacional? Si miramos a las industrias críticas de interés público como el transporte, el servicio de seguridad de calidad solo pueden ofrecerlo quienes están bajo la presión del mercado y dependen de una amplia base de clientes para su supervivencia.
Tras los ataques del 11-S, los gobiernos en todo el mundo aumentaron la seguridad en los aeropuertos. El Congreso de EEUU, en una precipitada sobrerreacción a este trágico día, otorgó la tare de vigilar a pasajeros y equipajes a una nueva agencia federal, la TSA. Esto llevó a una burocracia masiva que hinchado el sistema y creado más problemas. En contribuyente estadounidense paga ahora más de 50.000 vigilantes de aeropuertos. La TSA ha solicitado asimismo caso 800.000 millones de dólares de financiación para 2011. A pesar de todos estos gastos, la calidad de la vigilancia en los aeropuertos ha disminuido, como ha demostrado el incidente del terrorista de la ropa interior.
La TSA tiene un grave conflicto de intereses porque sirve tanto como regulador de la seguridad aérea como de proveedor de seguridad clave. ¿Quién vigila a los vigilantes? En lo que se refiere a la vigilancia de equipaje y pasajeros, la TSA se regula a sí misma. Es la misma receta para el desastre que aparece en todo monopolio estatal: irresponsabilidad e inflexibilidad. Y al igual que toda burocracia, el incentivo natural de la TSA es esconder errores y tener buen aspecto.
Tener vigilantes federales también fragmenta la seguridad del aeropuerto: los perímetros de los aeropuertos están gestionados por éstos, no por la TSA. Esto lleva a agujeros de seguridad que permiten incidentes como el terrorista de la navidad. En Europa, la mayoría de los aeropuertos tiene contratadas empresas privadas de seguridad certificadas que hacen la vigilancia, haciendo a cada aeropuerto responsable de cada aspecto de su propia seguridad.
Tener al gobierno federal al cargo de la vigilancia de la seguridad en los aeropuertos también significa que los contribuyen corren con buena parte del coste. Una estrategia orientada al mercado hubiera resultado mucho mejor, con tasas de seguridad en los billetes y pagos de las aerolíneas cubriendo el coste completo de la seguridad aeroportuaria. Esto significaría que los proveedores de servicio son pagados por los consumidores y solo responsables ante ellos. Cuando este tipo de responsabilidad deja de ser parte de la ecuación, las quejas de los clientes se disparan, igual que el riesgo de errores peligrosos.
La reciente polémica de los cacheos refleja ese descontento general con los empleados de la TSA. La opinión pública considera que las compañías de vigilancia privada son mucho más receptivas. Si una persona está realmente rindiendo por debajo de lo normal, una compañía privada es capaz de reaccionar más rápidamente que el gobierno federal. Con una compañía privada, si ocurre algo (digamos, se pasa un arma) el empleado está fuera al día siguiente. Si no rindes, estás fuera. No es un trabajo para toda la vida, como parecer a veces ser los trabajos federales.
Entonces, ¿cómo mejorarían la seguridad las subcontratas y mantendrían contento al cliente del aeropuerto? Primero, la defensa privada descentralizaría la seguridad, lo que significa dejar que cada aeropuerto implante sus propios procedimientos, ajustándose a sus propias necesidades, bajo una supervisión general del gobierno. Como dijo a la CNN Larry Dale, presidente de la Autoridad del Aeropuerto de Sanford, en Orlando: “Los aeropuertos son únicos (…) una talla no vale para todos”.
Segundo, el coste de la seguridad del aeropuerto deberían pagarlo los que lo usan: aerolíneas y pasajeros. Como cualquier otra empresa privada y en competencia, las compañías de vigilancia privada están ligadas a necesidades y demandas de los consumidores. Por ejemplo, para evitar las acumulaciones, los vigilantes privados pueden tener niveles de personal más flexibles para atender a las diversas necesidades de los aeropuertos. A contrario que el gobierno federal, podrían aumentar sus filas cuando los pasajeros pasan al triple durante el verano y contratar aún menos gente cuando en invierno viaja menos gente. Es evidente que la capacidad de ajustar el número de vigilantes lleva rápidamente a una vigilancia más eficiente y menos esperas, lo que se traduce en clientes satisfechos y vuelos más seguros.
Imagínenselo: colas más cortas para pasar la seguridad y agentes de seguridad responsables por no decirte que te van a cachearte íntimamente.
Cristian Gherasim está actualmente trabajando para obtener un máster en política rumana y europea en la Universidad de Bucarest.