Por D.W. MacKenzie. (Publicado el 12 de marzo de 2010)
Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí
http://mises.org/daily/4166.
Ha habido recientemente muchas quejas acerca de la forma en
que funciona Washington, o más bien sus recuentes fracasos en implantar de
forma eficiente las prioridades políticas de Obama.
Paul Krugman compara el presente estado de la política
estadounidense con la parálisis que afectó a Polonia en el siglo XVII. El uso
del Liberum Veto
paralizó el parlamento polaco (el Sejm).
Ahora los senadores están bloqueando nueva legislación en Estados Unidos.
Muchos otros han añadido quejas acerca de los grupos de intereses especiales y
una supuesta necesidad de financiar públicamente las elecciones.
Evan Bayh cita al partidismo y la paralización como razones
para abandonar el Senado. Bayh afirma que era más fácil servir al pueblo “en
los viejos tiempos”. En general hay un sentimiento en muchos de que el proceso
legislativo puede y tendría que funcionar mejor y que los cargos electos pueden
y deberían hacer un trabajo mejor en su servicio público.
Aunque sin duda los críticos del status quo de Washington
son sinceros, hay buenas razones para considerar ingenuas sus opiniones. La
ideología influye en la forma en que votan muchos senadores. De acuerdo con un
estudio, las preferencias de los votantes son una influencia menor en el voto
de los senadores, excepto para quienes afrontan oponentes fuertes en próximas
elecciones.
En situaciones altamente competitivas, los políticos deben ignorar los puntos
de vista más ideológicos y extremistas a favor de las posiciones centristas que
apoyaba Bayh. Sin embargo, es bastante normal que falte competencia en un
sistema bipartidista. Hay una falta de competencia en muchas áreas de la
política estadounidense, pero esto es normal.
Tampoco la política de intereses especiales es algo raro.
Los grupos de intereses especiales muy concretos son más fáciles de organizar
que los grandes, especialmente si estos últimos están dispersos geográficamente
y son diversos.
Por consiguiente, los intereses especiales tienen una influencia aparentemente
desproporcionada en los asuntos políticos. La influencia de los intereses
especiales no es un signo de avería política. Por el contrario, los intereses
especiales altamente activos e influyentes son una parte perfectamente normal de
la democracia.
Alguna gente cree que los intereses especiales han asumido
un papel mayor en la política en años recientes. Puede que sea verdad. El
pasado años los intereses especiales gastaron una cifra récord de 3.500
millones de dólares en cabildeo. Esto parece una enorme cantidad de dinero,
pero realmente es pequeña comparada con lo que puede ganarse o perderse en
competir pro influencia política, dado el enorme papel que desempeña el
gobierno en la economía estadounidense.
Bayh puede tener razón en que fuera más sencillo servir a la
gente “en los viejos tiempos”. Esta referencia a los viejos tiempos puede
referirse a la carrera de su padre como senador, que empezó en la década de
1950. El gobierno federal era entonces mucho más pequeño. Por ello había menos
en disputa por intereses especiales, menos razones para cabildear. Dada la
expansión del gobierno desde entonces y las propuestas recientes de mayor
expansión, deberíamos esperar que se intensifique la competencia entre
intereses especiales. El sistema no está averiado: así es como se supone que
deben funcionar los grandes estados de bienestar democráticos.
Ha habido nuevas llamadas a la
reforma de la financiación de las campañas electorales, especialmente desde
que la Corte Suprema votó a favor de la expresión política de los
representantes de empresas privadas.
Por supuesto, la influencia empresarial sobre las políticas públicas puede
imponer costes a otros. Sin embargo, la alternativa propuesta de elecciones
financiadas públicamente podría ser peor. Es muy evidente que los políticos
afectados usarían esa financiación pública en su provecho. La financiación pública podría limitar
seriamente la competencia política. Como he señalado antes, la falta de
competencia (debida en este caso a la propuesta de financiación pública de las
elecciones) daría a los senadores y otros cargos electos más libertad para
implantar políticas de acuerdo con sus propias ideologías personales, causando
un dilema en la política estadounidense.
La idea de que tanto la política dirigida por grupos de
interés como la dirigida ideológicamente son malas pone en un dilema a quienes
defienden un papel mayor del gobierno en la economía. Quienes quieren un mayor control
gubernamental sobre la industria ven la naturaleza ineficaz del proceso democrático.
Friedrich Hayek explicó la incompatibilidad de la democracia y la planificación
gubernamental en su libro Camino
de servidumbre. Cuando las asambleas democráticas asumen
responsabilidades en “dirigir la economía”, estas instituciones se ven
abrumadas por la tarea de tratar de acordar cómo tendría que dirigirse la
industria. La falta de criterios objetivos (es decir, de cifras de pérdidas y
ganancias) en la política de evaluar diferentes planes para la economía lleva a
un debate interminable y a la parálisis política. Los parlamentos se convierten
en “tertulias ineficaces” y se produce una “insatisfacción con las
instituciones democráticas”.
En último término, la gente pierde la confianza en la
democracia y la pone en los “expertos” del funcionariado. El acto de transferir
el poder de legisladores electos a burócratas, sin embargo, no cuadra bien con
la democracia. El aumento de la
burocratización impide la eficiencia económica y acaba destruyendo la libertad
política. La experiencia reciente ha cumplido la primera parte de las
predicciones de Hayek. No se trata simplemente de que el actual Congreso sea
impopular. La gente esta frustrada con el propio proceso democrático.
Tenemos un dilema en que la mayoría de los estadounidenses defienden
un gobierno democrático y muchos quieren que los cargos electos asuman
responsabilidades en asuntos que no pueden gestionar. No podemos y no deberíamos
tolerar interminables riñas políticas sobre algo tan importante como la
sanidad. Pero así es como funciona la democracia para “gestionar” la economía. Sin
duda no deberíamos dar a los burócratas poder sobre la sanidad (o cualquier
otro sector comercial, por cierto). Sin embargo, hay una tercera opción. Un
gobierno estrictamente limitado constitucionalmente es relativamente inmune
tanto a los intereses especiales como a los ideólogos. Un gobierno
constitucional limitado a la proveer seguridad interna y externa puede
evaluarse bajo criterios objetivos.
Una vuelta a un gobierno limitado, por supuesto, significaría mucha mayor
confianza en la empresa privada y los mercados sin interferencias.
La política estadounidense no está estropeada: funciona en
la manera disfuncional en que debería hacerlo, dado su inmanejable tamaño y ámbito.
Lo que puede estar rompiéndose son las ingenuas creencias idealistas de que los
políticos pueden usar un gobierno grande y entrometido para servir “al pueblo”.
Y la renuncia a esas creencias podría ser buena.
La idea de políticos solidarios actuando mediante un
gobierno grande e ilimitado es utópica. Por suerte, pocos estadounidenses han
recurrido a la creencia de que los expertos pueden “dirigir la economía” como
funcionarios. Tanto la democracia como la burocracia tienen históricamente malos
antecedentes. Por el contrario, la libre empresa y el gobierno limitado tiene
buenos antecedentes y sólidas bases teóricas
Aquí la lección básica es que la política no puede
arreglarse, por tanto tenemos que evitarla hasta el máximo posible.
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D. W. MacKenzie enseña economía en la Academia de
Guardacostas. (Los contenidos de este artículo no reflejan posiciones oficiales
de la Academia de Guardacostas de los EEUU).