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Se avecina una oleada de juicios federales abusivos

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La violenta protesta del 6 de enero en el Capitolio de EEUU hace tiempo que terminó, pero es probable que la respuesta del próximo gobierno de Biden a la misma sea más violenta para la Constitución de EEUU y el Estado de Derecho que cualquier cosa que pudieran lograr los peores manifestantes. Gracias a la respuesta del gobierno de George W. Bush y del Congreso a los atentados del 11-S hace casi dos décadas, los fiscales de Joe Biden tendrán mucha munición legal para perseguir a sus enemigos políticos. No se limitará a perseguir a los que irrumpieron en el Capitolio.

J.D. Tuccille escribe:

Tras los atentados terroristas del 11-S, los estadounidenses, horrorizados, estaban dispuestos a aceptar prácticamente cualquier propuesta que prometiera mantener su seguridad. Los funcionarios del gobierno, por su parte, estaban ansiosos por ganarse el favor del temeroso público y vieron la oportunidad de promover leyes y políticas que no habían conseguido apoyo en el pasado. El resultado fue una oleada de autoritarismo de la que Estados Unidos aún no se ha recuperado. Ahora —con la comprensible preocupación del público tras el asalto al Capitolio del 6 de enero— debemos prepararnos para otra oleada de respuestas políticas que, de nuevo, erosionarían nuestra libertad.

Estamos en aguas muy inciertas y ciertamente peligrosas. En la era post-Trump, los Demócratas quieren venganza y la quieren ahora. Temo por mis amigos que trabajaron en el gobierno de Trump, con los demócratas pidiendo que los pongan en la lista negra, los acosen y, en última instancia, los «cancelen» La representante Alexandria Ocasio-Cortez, que sigue desprendiéndose de cualquier percepción de que quiere algo menos que un país totalitario blando, ha pedido públicamente una iniciativa de «alfabetización mediática» que recuerda al Ministerio de la Verdad de Orwell.

En una entrevista con la MSNBC (¿sorprendida?), el ex jefe de la CIA John Brennan declaró que las agencias de la administración Biden

«se están moviendo en forma de láser para tratar de descubrir todo lo que puedan sobre» la «insurgencia» pro-Trump que alberga «extremistas religiosos, autoritarios, fascistas, fanáticos, racistas, nativistas, incluso libertarios».

No es de extrañar que no haya habido ninguna reacción a su declaración por parte de los principales medios de comunicación, y uno sospecha que probablemente a la mayoría de los principales periodistas de hoy en día no les importaría ver cómo un gran número de personas que les desagradan son llevadas a la cárcel o simplemente desaparecen a manos de las autoridades.

Por lo demás, la presidencia de Trump no fue el momento libertario, y Trump dio la sensación de que si pudiera controlar el flujo de noticias, lo haría con gusto. Independientemente de que uno crea o no que fue engañado en las últimas elecciones, el hecho de que afirme que «ganó de forma aplastante» y que pida que se anulen los resultados oficiales de las elecciones no puede sorprender que el «mitin» de DC se convirtiera en una batalla campal.

Desgraciadamente, la violencia que siguió ha dado a la gente de Biden la hoja de parra que necesitan para avanzar contra la Constitución y el imperio de la ley en muchos frentes, mientras afirman que están «restaurando la democracia». Estados Unidos bien podría estar en un punto de inflexión en el que cualquier pretensión que tuviéramos de un gobierno constitucional sea desechada por un estado «pragmático» que se ocupe de las supuestas necesidades que tenemos a mano y que no esté limitado por sutilezas legales. Por ahora, mi opinión es que Biden dará rienda suelta a los fiscales federales que no tendrán ningún tipo de restricciones, y eso significa que se arruinarán las vidas de muchas personas inocentes.

Antes de entrar en más detalles, explico por qué el gobierno de Bush, hace casi veinte años, facilitó el trabajo de Biden mucho más de lo que debería ser bajo el estado de derecho. A principios de la década de 2000, empecé a escribir sobre los abusos que acompañaban a la expansión del derecho penal federal y publiqué (a menudo con Candice E. Jackson) en una serie de medios como Regulation, Reason, Independent Review y la página de Mises. Debido a lo que Jackson y yo llamamos la naturaleza «altamente derivada» del derecho penal federal (los cargos reales se compilan a partir de acciones que normalmente sólo se persiguen bajo la ley estatal), es fácil para los fiscales federales elaborar una lista de cargos que son difíciles de combatir, tienen penas draconianas, pero a menudo implican la criminalización de acciones que no dañaron a nadie, y ciertamente no hicieron un daño que esté a la altura de los estándares de conducta criminal.

Tras los histéricos atentados del 11-S, el Congreso se apresuró a aprobar la Ley PATRIOT (que Joe Biden afirmó haber redactado casi en solitario —seguramente una exageración—), una ley que incluso en aquel momento los expertos jurídicos dudaban que fuera eficaz para prevenir actos de terrorismo político, pero que permitía a los fiscales federales englobar otros «delitos» bajo el paraguas del «terrorismo», permitiéndoles así acorralar a los acusados y obligarles a declararse culpables de cargos menores y a recibir importantes penas de prisión.

En aquel momento, grupos de defensa de las libertades civiles como la Unión Americana de Libertades Civiles, junto con entidades mediáticas como el New York Times, desempeñaron al menos un papel semiefectivo a la hora de frenar los intentos más escandalosos de los fiscales de ampliar sus poderes. (El NYT no había mostrado la misma moderación durante la década de los ochenta, cuando Rudy Giuliani abusó de sus poderes en los infames juicios de Wall Street, permitiendo en cambio que Giuliani infringiera numerosos estatutos federales en la cruzada del periódico para «luchar contra el capitalismo»).

Esta vez, sin embargo, es muy dudoso que la ACLU o los medios de comunicación hagan algo más que ser animadores del Departamento de Justicia de Biden, dado que el gobierno dice que va a centrarse específicamente en lo que considera amenazas de la derecha, algo que el NYT elogió recientemente. Un par de incidentes recientes relacionados con los medios de comunicación y la llamada amenaza conservadora son instructivos.

Poco después de los disturbios del 6 de enero en el Capitolio, varios medios de comunicación de la corriente principal informaron sin aliento que los líderes de las protestas en realidad estaban planeando secuestrar y asesinar a una serie de figuras políticas. Ningún medio de comunicación de la corriente principal cuestionó las afirmaciones de los federales. Sin embargo, poco después, la CNN (que dio una gran cobertura a las acusaciones originales) informó de que el Departamento de Justicia se retractaba de sus declaraciones originales.

Para no quedarse atrás, Associated Press presentó el 11 de enero el espectro de los levantamientos armados en todo el país:

El FBI advierte de la existencia de planes de protestas armadas en las capitales de los 50 estados y en Washington, D.C., en los días previos a la toma de posesión del presidente electo Joe Biden, avivando los temores de un mayor derramamiento de sangre tras el asedio mortal de la semana pasada en el Capitolio de Estados Unidos.

El despacho continúa:

Un boletín interno del FBI advertía, desde el domingo, que las protestas en todo el país podrían comenzar a finales de esta semana y extenderse hasta la toma de posesión de Biden el 20 de enero, según dos funcionarios de las fuerzas del orden que leyeron detalles del memorando a The Associated Press. Los investigadores creen que algunas de las personas son miembros de grupos extremistas, dijeron los funcionarios.

Como sabemos, no hubo levantamientos armados, ni turbas armadas de derechas que asaltaran los capitostes, ni protestas masivas. Ahora bien, el día de la toma de posesión, hubo violencia política de las turbas y mucha, pero las turbas eran de izquierdas y las ciudades eran Portland y Seattle, y los medios de comunicación nacionales vieron pocas razones para dar publicidad a las protestas, ya que no encajaban en la narrativa.

Incluso los disturbios del 6 de enero, por muy malos que fueran, no entraron en la categoría de golpe de Estado, a pesar de lo que afirmaban los periodistas y otros expertos políticos. David French llegó a afirmar que se trataba de una «insurrección cristiana» porque algunos de los manifestantes dijeron ser cristianos y alguien puso música cristiana en un altavoz. Aunque fue una escena fea, ¿alguien (al menos aparte de David French) cree realmente que el vasto régimen gubernamental conocido como los Estados Unidos de América estaba en peligro de ser derrocado por una turba dirigida por alguien disfrazado de búfalo?

Sin embargo, las mismas élites periodísticas y políticas que excoriaron a Donald Trump por enviar a algunos agentes a proteger los juzgados federales de Seattle y Portland de las turbas Antifa, aparentemente no tuvieron ningún problema con que Biden enviara miles de tropas federales para convertir Washington, DC, en un campamento armado. Es el mismo tipo de reacción exagerada que lleva a los medios de comunicación y a las élites políticas a exigir que el gobierno se dedique a la vigilancia masiva de la mitad del país.

No todos los que se consideran de izquierdas están bien con el plan de espionaje interno de Biden, incluida Tulsi Gabbard, la ex congresista que enfureció a sus compañeros demócratas con sus apelaciones a las libertades civiles durante su aparición en las primarias presidenciales del año pasado. National Review informa:

«¿Qué características buscamos al construir este perfil de un extremista potencial, de qué estamos hablando? Los extremistas religiosos, ¿hablamos de cristianos, cristianos evangélicos, qué es un extremista religioso? ¿Es alguien que está a favor de la vida? ¿Adónde se lleva esto?», dijo Gabbard.

Dijo que la legislación propuesta podría crear «un debilitamiento muy peligroso de nuestras libertades civiles, de nuestras libertades en nuestra Constitución, y una focalización de casi la mitad del país».

«Empiezas a mirar, obviamente, tienen que ser una persona blanca, obviamente, probablemente hombres, libertarios, cualquiera que ame la libertad, la libertad, tal vez tiene una bandera estadounidense fuera de su casa, o personas que, ya sabes, asistieron a un mitin de Trump», dijo Gabbard.

Aún más llamativa es la misiva que la publicación de izquierda dura Jacobin ha lanzado contra esta ronda de vigilancia. Ahora bien, la publicación que es abiertamente nostálgica de la antigua Alemania del Este difícilmente va a defender las libertades civiles o incluso las libertades básicas, pero la gente de allí es lo suficientemente astuta políticamente como para saber que un gobierno con amplios poderes de vigilancia no va a detenerse en perseguir a los conservadores políticos:

Por mucho que esa legislación se justifique con un lenguaje de corte liberal, no hay absolutamente ninguna razón para creer que las autoridades no utilizarían los nuevos poderes para atacar a grupos que no tienen nada que ver con Donald Trump o el trumpismo. Es casi seguro que la policía se infiltró en las protestas de Black Lives Matter el verano pasado, y las fuerzas del orden estadounidenses tienen un largo e ignominioso historial de persecución de grupos progresistas —por no hablar de los socialistas, los sindicatos y los activistas de los derechos civiles—. Como sugiere esta historia, la premisa que subyace a cualquier nueva ley antiterrorista también será errónea a primera vista: el Estado estadounidense apenas se enfrenta a restricciones excesivas en su capacidad para vigilar, disciplinar y castigar. (El FBI, por poner un ejemplo obvio, ya posee un poder considerable para investigar a grupos sospechosos de actividad extremista).

El problema es que los tradicionales guardianes de las libertades civiles que antes teníamos en los medios de comunicación y en los círculos políticos y académicos han desaparecido en las fauces del tribalismo político. Matt Taibbi, antiguo escritor de Rolling Stone y ahora periodista independiente, considera que el periodismo dominante es poco más que una cámara de eco para los políticos progresistas en la que los periodistas parecen fingir que son actores de una versión de The West Wing:

The West Wing era el General Hospital para los progresistas blancos ricos, una carta de amor de siete temporadas a las actitudes ilustradas del grupo demográfico Bobo-en-Paraíso. Si esa es la imagen de la prensa nacional, no es de extrañar que den ganas de vomitar. La cobertura de la toma de posesión de Biden, otra celebración de esas actitudes, fue un inverso matemático casi perfecto de los reportajes de la última etapa de Trump, un monumento a la adulancia rastrera.

John Heileman, de la MSNBC, comparó el discurso de Biden con la segunda toma de posesión de Abe Lincoln, y sugirió que ver a «los Clinton, los Bush y los Obama» reunidos para el evento era como «los superhéroes de Marvel de nuevo en un mismo lugar» (no era la primera comparación de Los Vengadores tras las elecciones que se escuchaba en la televisión por cable). Rachel Maddow dijo que había gastado «media caja de Kleenex» mientras observaba el acto. Chris Wallace, en la Fox, dijo que el discurso de Biden era «el mejor discurso de investidura que he oído nunca», incluido el de John Kennedy «Ask Not». El tono alegre lo puso la noche anterior David Challen, de la CNN, que dijo que las luces a lo largo del Washington Mall eran como «extensiones de los brazos de Joe Biden abrazando a Estados Unidos».

Los periodistas que van a afirmar que un grupo de luces en bolsas de papel simbolizan un abrazo grupal de Joe Biden no van a ser intelectualmente o profesionalmente capaces de analizar con detenimiento el intento del gobierno de arrestar y encarcelar a los conservadores políticos y religiosos y a los libertarios, puesto que ya se han convencido a sí mismos de que estas personas constituyen una grave amenaza para lo que queda de la república. Lo más probable es que sirvan como brazo publicitario del Departamento de Justicia, siempre y cuando los fiscales se limiten a perseguir a hombres con trajes de búfalo ondeando banderas de Trump.

Para ser deprimentemente honesto, la única barrera para que la administración Biden lance una versión estadounidense de la Stasi contra los disidentes de la derecha sería la conciencia individual de los encargados de espiar y hacer las detenciones. Gran parte del Partido Demócrata y la mayoría de los periodistas de la corriente principal parecen no tener ningún problema en criminalizar la expresión y lanzar un régimen de arrestos y encarcelamientos masivos.

Tal y como yo lo veo, ya no estamos viendo las amenazas a nuestra libertad en abstracto. Durante años, he lanzado misiva tras misiva a los fiscales federales (y a veces a los estatales) y no he temido por mi propia seguridad y libertad, salvo algunas amenazas de muerte que recibí cuando escribí agresivamente contra Michael Nifong, el deshonesto fiscal del infame caso Duke Lacrosse, y no me las tomé en serio.

Esta situación es diferente porque los que eran los guardianes de la libertad ahora han decidido que la propia libertad es una amenaza para nuestro bienestar. Cuando el New York Times se manifiesta en contra de la libertad de expresión y cuando los periodistas piden que se utilice el poder del Estado contra otros periodistas que no les gustan, hemos doblado la esquina y nos dirigimos al abismo.

No, no espero que me lleven a un campo de concentración por haber escrito artículos críticos con los fiscales federales, pero este país está construyendo una masa crítica de periodistas, profesores y administradores universitarios y figuras políticas que bien podrían considerar los campos de concentración y otros dispositivos de «reeducación» como herramientas políticas legítimas. No estamos tan lejos de ese futuro distópico como uno podría pensar.

El derecho penal federal proporciona a estos grupos antilibertad el tipo de dispositivos que pueden utilizarse para criminalizar la expresión y convertir a los disidentes comunes en delincuentes. No debería sorprendernos que los ambiciosos fiscales del gobierno de Biden, alentados por medios como el New York Times y la MSNBC, decidan que ha llegado el momento de hacer precisamente eso.

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William L. Anderson is a professor emeritus of economics at Frostburg State University in Frostburg, Maryland.

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