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Resolviendo el problema de la violencia de las drogas en Colombia: Legalizar drogas y armas

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04/13/2018

Con las elecciones presidenciales colombianas de 2018 aproximándose rápidamente, los candidatos presidenciales Iván Duque y Gustavo Petro se enfrentan a numerosos desafíos.

Uno de ellos implica tratar con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), autores de un conflicto armado de más de 50 años en Colombia, que ha dejado 220.000 muertos y ha desplazado a más de 5,7 millones de personas.

Parte del legado del presidente saliente Manuel Santos fue la negociación del tratado de paz con las FARC que tenía que ser aprobado por el pueblo colombiano mediante un referéndum popular.

Sin embargo, las cosas no salieron como quería Santos en principio, ya que los colombianos rechazaron los acuerdos de paz por un mínimo margen.

Tras la derrota del acuerdo original de paz, el gobierno de Santos y la FARC firmaron una versión modificada del acuerdo previo, que posteriormente aprobó el congreso colombiano. El acuerdo modificado incluía varios puntos clave que garantizaban escaños en el parlamento a las FARC y les obligaban a pagar indemnizaciones a las víctimas de la guerra.

Naturalmente, este acuerdo modificado generó críticas importantes de personajes de la oposición, como el expresidente Álvaro Uribe y el actual candidato presidencial Iván Duque, quien cree que el acuerdo fue demasiado indulgente con las FARC.

Muchas de estas críticas dicen que la acción de Santos para rehabilitar políticamente a las FARC pondría a Colombia en la vía de convertirse en la próxima Venezuela, la actual cara visible de los fracasos del socialismo.

A primera vista, estas críticas tienen un alto grado de validez, dada la misión de las FARC de derrocar al gobierno colombiano y apropiarse de los medios de producción del país.

Pero uno se sigue preguntando cómo pudieron las FARC seguir manteniendo su relevancia en primer lugar, especialmente después del colapso de la Unión Soviética.

La respuesta se encuentra en las consecuencias no pretendidas de la prohibición de las drogas.

La prohibición: La raíz del problema de las drogas en Colombia

La prohibición infla artificialmente el precio las drogas, animando a los actores en el mercado negro a implicarse en la distribución y producción de estas sustancias.

Sin embargo, la economía racional resbala a los políticos, empecinados en atacar cualquier crisis percibida con toda la fuerza del Estado.

Desde la década de 1980, Estados Unidos ha librado una guerra contra las drogas para acabar con el consumo y la producción de estas.

A pesar de estos esfuerzos, el uso y la producción de drogas no han disminuido en ninguna estadística importante.

Países como México son un completo desastre debido a una combinación de corrupción institucional y violencia de los cárteles, alimentada enormemente por los beneficios artificialmente altos de la prohibición. Un viaje por la memoria nos muestra cómo los aprietos actuales de México no son distintos de la experiencia de Colombia cuando el cártel de Medellín estaba en su apogeo.

En el mercado negro, la ley de la jungla y la falta de transparencia están a la orden del día. Pero cuando los bienes se trasladan al mercado legal, los consumidores no solo tienen mejor información sobre los bienes que consumen, sino que también están a salvo de la violencia extrajudicial común en los mercados negros.

A pesar de implantar programas robustos como el Plan Colombia, en el que Estados Unidos gastó 10.000 millones de dólares para amansar la vivencia de insurgentes y cárteles, un informe de Insight Crime ilustrar cómo la producción de cocaína colombiana siguió llegando a un máximo en 2017.

Parte de la respuesta al problema de la violencia de Colombia es adoptar la legalización de las drogas.

Los detractores argumentarán que la legalización abre la puerta a un caos masivo y a problemas de sanidad pública. Pero la experiencia estadounidense del siglo XIX hasta principios del siglo XX, donde era legal un amplio abanico de drogas, cuenta una historia diferente: una que no muestra grandes niveles de crimen organizado ni epidemias masivas como la actual crisis de los opiáceos. Un impulso a la legalización no sería una condena para Colombia a pesar de toda la inquietud de los metomentodos políticos.

Establecer derechos a las armas de fuego

Pero Colombia no debería detenerse en la legalización de las drogas.

Los legisladores colombianos deben también considerar liberalizar las draconianas leyes de control de armas de fuego de Colombia.

Aunque la Constitución Colombiana de 1991 reconoce nominalmente el derecho a portar armas, los ciudadanos colombianos cumplidores de la ley todavía deben salvar importantes obstáculos burocráticos para poseer un arma de fuego.

Los civiles de 18 o más años solo pueden comprar y portar legalmente pistolas de pequeño calibre y escopetas con una licencia. Por otro lado, se les prohíbe poseer o portar pistolas de gran calibre y armas semiautomáticas, que solo pueden adquirirse bajo “circunstancias excepcionales”.

Además, los propietarios de armas de fuego deben registrarlas en el ejército, que disfruta de un monopolio en la venta de armas y emite todos los permisos de armas de fuego.

Colombia sigue siendo uno de los países más violentos del mundo, mostrando tasas muy bajas de posesión legal de armas de fuego entre la población.

Según un estudio de 2014, solo 400.000 poseedores de armas tienen 500.000 armas legales en Colombia. De estos 400.000 poseedores de armas, la mitad proviene del robusto sector de la seguridad privada de Colombia. A pesar del crecimiento del sector de la seguridad privada de Colombia, el colombiano medio sencillamente no puede disfrutar de los lujos de dicha seguridad privada como sus conciudadanos más ricos.

La reforma de las leyes de control de armas de fuego de Colombia proporcionaría a los colombianos de medios más humildes una opción de seguridad económicamente más viable contra el crimen y la insurgencia.

En lugar de confiar en medidas de arriba abajo, como el Plan Colombia, Colombia debería buscar alternativas más de abajo arriba que den poder a los ciudadanos para defenderse a sí mismos contra cárteles y guerrillas, al tiempo que quiten a ambos grupos sus beneficios artificialmente altos.

Colombia puede abrir el camino legalizando las drogas y las armas de fuego.

Jose Nino is a Venezuelan-American political activist based in Fort Collins, Colorado. Contact: twitter or email him here.

 

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