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La escuela austriaca frente al «análisis económico del derecho» sobre la seguridad de los productos

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Tags Burocracia y RegulaciónOtras Escuelas de Pensamiento

Como co-anfitrión (junto con Tom Woods) del podcast Contra Krugman, paso mucho de mi tiempo contrastando el típico enfoque keynesiano con el del austrolibertario. Y por muy divertido que sea, es aún más interesante mostrar cómo los austriacos se diferencian de otro paradigma favorable al mercado, a saber, el paradigma del «Análisis económico del Derecho» asociado con la Escuela de Chicago y la UCLA.

En este artículo ilustraré «La escuela austriaca frente al análisis económico del derecho» con respecto a la regulación de la seguridad de los productos, y en un artículo de seguimiento (Parte 2 de 2) mostraré sus diferencias con respecto a la contaminación del aire. Como veremos, la economía austriaca junto con la teoría política libertaria ofrece una base mucho más convincente para analizar los temas típicos de la regulación gubernamental, y en realidad es mucho más razonable en estas situaciones que los pronunciamientos (a veces deliberadamente) «chocantes» de los economistas que provienen de la tradición de Chicago y UCLA.

La seguridad de los productos de consumo

La motivación del presente artículo es la reciente reseña de Robin Kaiser-Schatzlein en The New Republic, que cubre el libro de Binyamin Appelbaum, The Economists’ Hour: False Prophets, Free Markets, and the Fracture of Society. Ahora, en otra parte, ya he cubierto un aspecto hilarante de la revisión, en el que se excluía a los economistas por tener un acuerdo del 97% sobre la oposición al control de alquileres. En lugar de utilizar este «consenso de expertos» para intimidar a Bernie Sanders como un «negador de la ciencia», los puntos de vista homogéneos de los economistas sobre cosas como los aranceles se tomaron como evidencia del pensamiento grupal y su falta de humildad. (!) 

Para nuestros propósitos actuales, quiero centrarme en la siguiente apertura de la revisión de Kaiser-Schatzlein:

En 1984, una niña de dos años llamada Joy Griffith se subió a la silla reclinable de su abuelo para ver dibujos animados. En un momento dado, se cayó entre el reposapiés abatible y el asiento. El reposapiés atrapó su cabeza, y comenzó a asfixiarse..... El niño tenía daño cerebral permanente. A partir de entonces, estuvo en estado vegetativo en un hospital.

En junio de 1985, la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo emitió una «alerta nacional al consumidor» sobre el tipo de silla de sofá que estranguló a Griffith. Pero la comisión aún tenía que decidir si se requerían cambios en el diseño. Así que Warren Prunella, el economista jefe de la Comisión, hizo algunos cálculos. Calculó que había 40 millones de sillas en uso, cada una de las cuales duró diez años. Se estima que las modificaciones probablemente salvarían alrededor de una vida por año, y puesto que la comisión había decidido en 1980 que el valor de una vida era de un millón de dólares, el beneficio del requerimiento sería sólo de diez millones. Esto estaba muy por debajo del coste para los fabricantes. Así que en diciembre, la comisión decidió que no era necesario exigir a los fabricantes de sillas que modificaran sus productos. Si esto parece extraño hoy en día, fue demasiado extraño, de hecho, que los fabricantes de sillas cambiaran voluntariamente sus diseños.

Los cálculos de Prunella fueron el resultado de una creciente dependencia del análisis de costo-beneficio, algo que la administración Reagan había hecho recientemente obligatorio para todas las nuevas regulaciones gubernamentales. Señaló el ascenso de los economistas a la cima del aparato regulador federal. «Los economistas estaban decidiendo efectivamente si se debía permitir que los sillones aplastaran a los niños», escribe Binyamin Appelbaum en su nuevo libro The Economists' Hour.

La actitud del economista aquí, junto con la reacción horrorizada de Appelbaum y el escritor de La Nueva República, personifica el problema con el enfoque de eficiencia de costo-beneficio de la tradición del «análisis económico del derecho». (Para ser claros, Warren Prunella no estudió formalmente en la Universidad de Chicago o UCLA, pero su trabajo está en esa tradición. Por la misma razón, soy de la «Escuela Austriaca» aunque no estudié en Viena.)

¿Fabricar bienes que no causan fatalidades? no tiene precio

Aunque en última instancia soy crítico con las acciones de Prunella como jefe de la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo, lo que hizo no fue tan monstruoso como sugieren Appelbaum y el escritor de The New Republic. Para llegar al meollo del asunto: La única manera de garantizar que ningún niño sea asesinado por un producto de consumo es prohibirlo por completo. (E incluso entonces, el producto podría seguir siendo producido en el mercado negro, en cuyo caso probablemente sería más peligroso que si el gobierno no se hubiera involucrado).

Puede ser difícil entender el principio en el contexto de una silla de sofá, pero es más fácil de ver cuando se trata de automóviles. Al imponer cinturones de seguridad, un volante acolchado, frenos antibloqueo, un airbag del lado del conductor, una cámara de seguridad, etc., y además al insistir en que los automóviles cumplan con un límite de velocidad y sean inspeccionados periódicamente, el gobierno puede, al menos en teoría, aumentar la seguridad de la conducción y reducir el número de muertes en las carreteras. (Digo «en teoría» porque la gente conduce más imprudentemente cuando se ven obligados a usar cinturones de seguridad y porque las bolsas de aire pueden dañar a los pasajeros pequeños en colisiones de baja velocidad.)

Sin embargo, no importa cuán seguros sean los vehículos, siempre hay una pequeña posibilidad de que ocurra una fatalidad. Y claramente, sería absurdo insistir en que todo el mundo conduzca en autos blindados a 10 mph. En otras palabras, casi todo el mundo estaría de acuerdo en que hay un punto en el espectro de «aumentar la seguridad de los automóviles» en el que un aumento marginal no valdría la pena. Es decir, que en algún momento casi todo el mundo estará de acuerdo en que «es mejor que tal o cual persona muera en accidentes de tráfico cada año, en lugar de hacer que el transporte de automóviles sea aún más caro y menos conveniente».

Además, el lugar en el que lleguemos a ese compromiso va a estar influenciado por la riqueza que tengamos. A medida que una sociedad se enriquece, sus miembros querrán que sus coches sean más seguros, incluso si eso significa que son más caros de construir.

Piénsalo de esta manera: Hoy en día, la mayoría de los estadounidenses consideran «obvio» que todos los vehículos nuevos que se venden en los Estados Unidos deben tener luces, cinturones de seguridad, un airbag para el conductor y otras características de seguridad estándar. Pero si los estándares «obvios» de hoy en día se hubieran hecho cumplir en, digamos, 1950, habrían hecho que los automóviles fueran inasequibles para la mayoría de los estadounidenses. Si en la década de los 50 se hubiera preguntado a los estadounidenses si el Estado debía ordenar todas esas características, habrían pensado que la pregunta era absurda.

Por supuesto, lo que está sucediendo aquí es que una sociedad más rica puede permitirse el lujo de contar con productos de consumo más seguros. Esto es lo que Warren Prunella intentaba hacer cuando utilizó el «valor estadístico de una vida humana» como una forma de cuantificar los beneficios de las medidas de seguridad adicionales (en su caso, para las sillas de sofá). Aunque sin duda chocaría la sensibilidad del personal de Appelbaum y de la Nueva República, el «valor estadístico de una vida humana» es mayor para las sociedades más ricas que para las más pobres. Y eso «tiene sentido», porque sería absurdo que el gobierno de Bangladesh de hoy en día, por ejemplo, hiciera cumplir los mismos códigos de construcción y mandatos de seguridad de productos que el gobierno de hoy en día de Estados Unidos.

La solución austrolibertaria

A pesar de que argumenté en la sección anterior que el enfoque de eficiencia de costo-beneficio de la regulación no es tan monstruoso e insensible como parece a primera vista, permítanme ser claro: es espeluznante, y puede conducir a abusos terribles.

En cuanto a los profundos defectos conceptuales del enfoque de la corriente principal de la ley y la economía, remito al lector interesado a la crítica de Walter Block a Ronald Coase y Harold Demsetz sobre los derechos de propiedad.

Pero para nuestros propósitos en este artículo, permítanme esbozar algunas de las principales diferencias entre la corriente principal y los austriacos, y mostrar cómo un rothbardiano puede retener las ideas del enfoque del análisis económico del derecho, evitando al mismo tiempo sus problemas.

Primero y más obvio, el gobierno federal no tiene por qué decirle a los consumidores qué partes del espectro de atributos de seguridad/otros atributos están fuera de los límites. Estando todo lo demás igual, un coche más seguro (o una silla de sofá, para el caso) será más caro y/o será inferior en otros aspectos. Por ejemplo, una manera obvia de hacer un auto más seguro es hacerlo más pesado, pero eso significa que tendrá menos millas por galón. (Esta es la razón por la cual los mandatos federales sobre las normas de economía de combustible han causado –dependiendo de las estimaciones– miles de muertes en exceso en las carreteras, aunque las investigaciones más recientes argumentan que los estudios anteriores eran demasiado pesimistas).

Por lo tanto, no necesitamos que los burócratas federales estimen el «valor estadístico de una vida humana» y decidan si un aumento particular de la seguridad «vale la pena». En cambio, podemos dejar que las empresas ofrezcan una amplia gama de productos, con diferentes combinaciones de precio y seguridad, y dejar que los hogares tomen esas decisiones por sí mismos, de acuerdo con sus preferencias subjetivas y a la luz de sus circunstancias específicas. También debo mencionar que los minoristas, como Walmart, pueden realizar la función intermediaria de eliminar los productos «inaceptablemente peligrosos» para que sus clientes a su vez no tengan que hacer mucha investigación antes de comprar un televisor.

Si profundizamos en el análisis, nos damos cuenta de que en una sociedad libre, probablemente se convertiría en una práctica comercial estándar que las empresas ofrecieran cláusulas de compensación con sus productos. Así que si, digamos, un niño muere en un extraño accidente que involucra una silla de sofá, el fabricante podría pagarle a la familia una gran suma. Las compañías de seguros de terceros venderían las pólizas al fabricante, en función del peligro de los productos y de la cuantía del pago compensatorio (en caso de lesión o muerte). 

La ventaja de este enfoque más matizado es que el riesgo se manejaría de manera más eficiente. Las sillas de sofá aún costarían más (teniendo en cuenta la prima que el fabricante tenía que pagar a la compañía de seguros), pero ahora los posibles resultados no son simplemente: «Una silla más segura frente a una más peligrosa». En cambio, los resultados incluyen cosas como: «Una silla un poco más segura, junto con un pago de 300.000 dólares si alguien sigue muriendo en un extraño accidente». Dependiendo de las preferencias de la población, tal vez esa sea una opción que muchos consumidores preferirían. La literatura académica del análisis económico del derecho es consciente de estos matices, pero como hemos visto, los reguladores gubernamentales monopolísticos siguen imponiendo estándares arbitrarios en lugar de permitir un proceso de mercado de abajo hacia arriba.

Por último, nótese que la lógica de «comparación de costes y beneficios» del enfoque regulador todavía influye en mi paradigma alternativo, pero la falta de un monopolio gubernamental asegura un margen mucho más amplio para las preferencias individuales y la elección del consumidor.

Conclusión

Aunque la reacción al análisis de coste-beneficio del Estado en la regulación de la seguridad del consumidor es a menudo demasiado simplista, es comprensible que la gente normal encuentre muy perturbador que los contadores gubernamentales de frijoles decidan el «valor» de una vida. Afortunadamente, el enfoque austro-libertario mantiene la lógica de la eficiencia económica, respetando al mismo tiempo los derechos del individuo. Los consumidores de una sociedad rothbardiana disfrutarían de una gama más amplia de bienes posibles que permitirían a todo el mundo elegir el punto de vista de la seguridad y otras características que eran individualmente óptimas.

Robert P. Murphy is a Senior Fellow with the Mises Institute. He is the author of many books. His latest is Contra Krugman: Smashing the Errors of America's Most Famous KeynesianHis other works include Chaos Theory, Lessons for the Young Economist, and Choice: Cooperation, Enterprise, and Human Action (Independent Institute, 2015) which is a modern distillation of the essentials of Mises's thought for the layperson. Murphy is co-host, with Tom Woods, of the popular podcast Contra Krugman, which is a weekly refutation of Paul Krugman's New York Times column. He is also host of The Bob Murphy Show.

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