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La «obstrucción a la justicia» no es lo que la gente piensa que es

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Tags Sistema Legal

Con el lanzamiento del tan esperado informe Mueller (Asesor Jurídico Especial Robert Mueller), vemos nuevamente la política partidista en funcionamiento, y los resultados son lo que uno podría esperar. Aquellos que han apoyado al presidente Donald Trump o creen que ha sido víctima de una «investigación» artificial, mientras que otros, como David French de National Review, autodenominado «Nunca Trumpista», están en shock, ¡EN SHOCK! por el comportamiento de Trump. Escribe French:

He terminado de leer el informe completo de Mueller , y debo confesar que, incluso como un crítico abierto de Donald Trump desde hace mucho tiempo, me sorprendió el alcance, la escala y la descarte de las mentiras, las falsedades y las direcciones erróneas detalladas por Oficina del Consejo Especial. Nos hemos acostumbrado a que Trump invente sus propios hechos sobre asuntos grandes y pequeños, pero ver hasta qué punto su virus infectó toda su operación política es alarmante. Y la idea de que alguien esté tratando este informe como «triunfo» para Trump, dada la magnitud de los engaños expuestos (entre otras cosas), demuestra que el listón de su conducta se ha hundido tanto que cualquier otra cosa que no sea la criminalidad absoluta es a menudo ignorada. A un lado como relativamente sin sentido.

El juez Andrew Napolitano, de Fox News, no es ajeno a los asociados con el Instituto Mises, incluso cree que Trump puede ser procesado por obstrucción de la justicia, declarando: «Dependiendo de cómo se miren (las acusaciones), podría haber suficiente para procesar». Y Napolitano podría estar en lo correcto, dada la escasa legalidad que tienen los fiscales para enfrentar estos cargos. James Comey procesó al banquero de inversiones Frank Quattrone hace 15 años por una nota de 22 palabras a los banqueros de inversión en Credit Suisse, diciéndoles que «limpien esos archivos». Comey pudo convencer a los jurados de Manhattan de que la nota de Quattrone representaba una «obstrucción a la justicia» incluso aunque los investigadores federales no encontraron ningún comportamiento criminal en Credit Suisse y en las actividades del banco de inversión de Quattrone. (Una corte de apelaciones federal anuló la condena y Quattrone llegó a un acuerdo con los fiscales federales que, según los observadores, era esencialmente una victoria para el acusado).

En otras palabras, no había un crimen subyacente, por lo que Quattrone no pudo haber encubierto las faltas, ya que no había ocurrido. Del mismo modo, como señala Nick Gillespie de Reason, Trump no se involucró en una conspiración con agentes rusos para influir ilegalmente en las elecciones presidenciales de 2016, por lo que es absurdo afirmar que Trump estaba «encubriendo» un crimen. Si bien es cierto que uno puede ser acusado y condenado por obstrucción a la justicia incluso en ausencia de un delito subyacente, no obstante, debemos ser críticos con tales leyes, ya que las acciones a menudo se pueden interpretar de diferentes maneras.

Aunque los lectores pueden creer que la ley penal federal es como la ley estatal, eso no es cierto. En su mayor parte, en una corte estatal, donde se juzgan cargos como asesinato, robo y violación, alguien ha sido perjudicado de forma identificable. Por lo tanto, la pregunta que uno hace en un juicio es si la persona que está siendo juzgada cometió esos crímenes. (Hay un aumento inquietante en los cargos falsos en casos de agresión sexual y abuso sexual de menores en los que no hubo ninguna agresión o acto ilícito en primer lugar. Dicho esto, sin embargo, la mayoría de los casos penales en las cortes estatales cuentan con una víctima real).

Contrasta el derecho penal estatal con su acompañante federal. A diferencia de sus homólogos en las cortes estatales, los jurados a menudo se encuentran determinando la culpa o la inocencia sobre la base de un conjunto confuso de hechos. He notado en artículos anteriores que en las cortes estatales hay una víctima y la pregunta central es si la persona acusada fue responsable de ese daño. Sin embargo, en las cortes federales, los jugadores generalmente están de acuerdo con lo que hizo el acusado, por lo que se espera que los jurados determinen si los actos fueron criminales o no.

Tomemos por ejemplo el estatuto federal de obstrucción de la justicia. La ley se define de la siguiente manera:

18 USC § 1503 define «obstrucción a la justicia» como un acto que «de forma corrupta o por amenazas o fuerza, o por cualquier carta o comunicación amenazante, influye, obstruye, impide o trata de influir, obstruye o impide la debida administración de ls justicia».

El problema aquí es que un fiscal federal inteligente y ambicioso puede interpretar el estatuto de manera muy liberal, especialmente si la investigación criminal original fracasa, como fue el caso en la llamada investigación Trump Russia. Aproveche el despido de James Comey por parte de Trump desde su puesto como Director de la Oficina Federal de Investigaciones. Comey era una persona nombrada políticamente que se desempeñaba a gusto del presidente, y podía ser despedido en cualquier momento por cualquier motivo.

Sin embargo, cuando Trump despidió a Comey, Comey y Mueller insinuaron sombríamente que el despido en realidad era un delito, ya que constituía (en su opinión) una obstrucción de la justicia. Eso es estirar las cosas, por decirlo suavemente, incluso en el mundo de los tribunales federales. Comey no es ajeno a los juicios creativos en los que los fiscales extienden el significado de los estatutos penales hasta un punto en el que ya no pueden ser reconocidos. Por ejemplo, acusó a Martha Stewart de varios delitos, incluido el «fraude de valores», que se basó en sus declaraciones públicas de que ella no había participado en el uso de información privilegiada. Irónicamente, o, quizás, no irónicamente, Comey no acusó a Stewart de abuso de información privilegiada.

El cargo de «fraude de valores» fue especialmente rico, dado el propio comportamiento criminal de Comey en el caso. Mientras se llevaba a cabo la investigación federal, la oficina de Comey filtró ilegalmente material de gran jurado a los medios de comunicación, especialmente al New York Times y al Wall Street Journal, que tenía como objetivo dañar el precio de las acciones de la compañía de Stewart, Martha Stewart Living Omnimedia. Cuando Stewart le dijo a la prensa que no había cometido abuso de información privilegiada, Comey afirmó que sus acciones tenían como objetivo apuntalar ilegalmente el precio de las acciones de su compañía y constituir un fraude.

Entonces, cuando Comey estaba infringiendo la ley para dañar las acciones de la MSL, eso fue considerado un acto aceptable por los medios de comunicación y las clases políticas. Sin embargo, cuando Stewart dijo la verdad, ella estaba influyendo ilegalmente en el precio de las acciones de su propia compañía. La deshonestidad aturde a la mente.

El mismo James Comey que ha declarado públicamente que su despido fue un acto criminal es el mismo James Comey que llevó a cabo lo que solo puede llamarse una «investigación» simulada de Hillary Clinton después de que se reveló que ella había llevado a cabo el llamado Estado de alto secreto de EE. UU. Departamento de negocios en un servidor de correo electrónico privado y sin garantía, que es evidencia prima facie de irregularidades delictivas.

Con respecto a si Trump participó en una conspiración criminal para «obstruir la justicia», tal vez el juez Napolitano esté en lo correcto. Si Comey pudiera obtener exitosamente veredictos de culpabilidad contra Quattrone y Stewart, entonces, sin duda, Mueller u otro fiscal federal podrían convencer a un jurado compuesto por Demócratas de Washington, DC, de que Donald Trump violó la ley.

Si Trump violó la ley es otro asunto. La Casa Blanca, a pesar de todo el bombardeo contra Mueller, cooperó y cooperó con el abogado especial más fácilmente que la Casa Blanca de Bill Clinton con los fiscales especiales en la infame investigación de Whitewater. (De hecho, la Casa Blanca de Clinton filtró ilegalmente la información del gran jurado a un reportero de Newsweek y luego declaró públicamente que el abogado especial había hecho la filtración).

Al igual que gran parte de la ley penal federal, el estatuto de obstrucción se convierte fácilmente en un arma en manos de fiscales vengativos como Comey, que buscan condenas contra personas de alto perfil, no porque la gente infringió la ley, sino porque tales procesos son políticamente útiles. Uno duda de que todo lo que Trump hizo impidió la investigación de Mueller por un segundo. Por esa razón, el ex fiscal principal de Mueller, Andrew Weissman, es conocido por ser poco ético y supuestamente involucrado en la intimidación absoluta de testigos cuando estuvo involucrado en la investigación y el enjuiciamiento de Enron.

Para que no se olvide, el motivo original de la investigación, para buscar pruebas de que la campaña de Trump se confabuló con ciudadanos rusos para participar en un fraude electoral, resultó ser un fracaso. The New York Times, Washington Post, CNN y MSNBC, por el contrario, no hubo colusión y la manera sombría en que el FBI actuó utilizando un expediente fabricado pagado por la campaña de Hillary Clinton como la base para llamar a un fiscal especial arroja dudas sobre la veracidad de los agentes del FBI y otros involucrados en la investigación.Además, el expediente falso también fue utilizado como una excusa por la Casa Blanca de Obama para obtener una orden judicial de FISA para interceptar la campaña de Trump, una acción que el Fiscal General Bob Barr ha llamado espionaje.

A pesar de todo lo que se habla sobre justicia, el doble estándar legal que involucra a los fiscales e investigadores federales es muy revelador. El FBI está facultado para mentir bajo juramento, intimidar a los testigos, esconder pruebas y, en general, actuar como un loco, y los fiscales federales son libres de participar en filtraciones graves de material del gran jurado a los medios de comunicación, esconder pruebas, mentir en las cortes y participar en otras violaciones de la ley, todo sin miedo a afrontar ninguna consecuencia legal.

Los que están siendo investigados o acusados ​​de delitos, sin embargo, deben cumplir con un conjunto diferente de reglas. No se les permite declarar públicamente su inocencia (incluso si son inocentes), ni se les permite cuestionar las acciones que los fiscales y el FBI están llevando a cabo, incluso si los agentes del Estado están infringiendo la ley o incurriendo en una conducta poco ética. Los acusados ​​están sujetos a ser juzgados por acusaciones nebulosas de «obstrucción» o «mentirle al FBI», o alguna otra acusación nebulosa que a menudo es falsa. Si Donald Trump no entendió ese estado de cosas cuando asumió la presidencia, seguramente ahora lo hace.

William L. Anderson is a professor of economics at Frostburg State University in Frostburg, Maryland.

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