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Guatemala: la pesadilla de derechos humanos que es la guerra antidroga de EEUU

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Etiquetas Historial Mundial

06/08/2021

La vicepresidenta Kamala Harris visitó Guatemala a principios de esta semana para otorgar millones de dólares en nueva ayuda exterior a ese gobierno. El gobierno de Biden pretende que dar más dinero de los impuestos americanos a los gobiernos centroamericanos reducirá milagrosamente la oleada de inmigrantes ilegales que los designados por Biden están acogiendo en Arizona, Texas y otros lugares. El propósito del viaje de Harris y de las nuevas dádivas no es resolver ese problema, sino simplemente hacer que la administración de Biden parezca importarle un bledo el asunto.

En sus declaraciones oficiales durante la visita, Harris no incluyó ninguna admisión de cómo la guerra antidroga de Estados Unidos ha sido una plaga para Guatemala. Su silencio no fue una sorpresa teniendo en cuenta el casi medio siglo de fanatismo de Joe Biden por esa cruzada sin sentido.

Me enteré de los estragos de las políticas antidroga de Estados Unidos cuando visité Guatemala en 1992. En ese momento llevaba casi una década escribiendo artículos contra la prohibición de las drogas. Pero antes de ese viaje, sólo tenía vagas nociones de los estragos que se infligían a los desventurados extranjeros.

Fui a Guatemala para dar un par de discursos sobre las locuras de la política comercial proteccionista, impulsado por la publicación el año anterior de mi libro The Fair Trade Fraud (St. Martin's Press). Me recibió el rector de la Universidad Francisco Marroquín, Manuel Ayau, un genial e intrépido luchador por el libre mercado. Hasta que llegué no me di cuenta de que Ayau había sido recientemente el candidato presidencial del «partido de la violencia organizada» y estaba en varias «listas de la muerte» de la izquierda. En Guatemala había escasez de casi todo, excepto de asesinatos políticos. Ayau, un dínamo compacto, estaba excitado porque acababa de conseguir un accesorio de puntería láser para su Magnum del calibre 44 de Clint Eastwood/Dirty Harry. Mientras su chófer-guardaespaldas nos conducía por la capital, Ayau entrenaba ese punto rojo en todo tipo de objetivos. Me alegré de estar sentado detrás de él.

Guatemala era una nación del Tercer Mundo que luchaba por superar décadas de genocidio y luchas civiles. Por desgracia, también era cada vez más víctima de la guerra química. Para acabar con cualquier planta de marihuana o amapola sospechosa, el gobierno de EEUU rociaba amplias franjas de Guatemala con toxinas para destruir preventivamente todo lo que creciera debajo. El año anterior a mi visita, un grupo de apicultores guatemaltecos demandó a la Administración para el Control de Drogas (DEA), alegando que la fumigación había destruido la mitad de su industria. Los herbicidas habían contaminado el agua potable de la zona y muchos residentes habían tenido que ser hospitalizados tras la exposición a los productos químicos. Una comisión guatemalteca de derechos humanos afirmó que la fumigación había destruido tantas cosechas de maíz y frijoles de los agricultores que podría producirse una grave escasez de alimentos.

Los responsables políticos americanos supusieron que la solución era militarizar aún más la guerra antidroga. Después de que los agricultores empezaran a disparar a los aviones, el gobierno de EEUU envió helicópteros de combate Black Hawk para acompañar a los fumigadores y reprimir las revueltas de los campesinos. Llamé a la embajada de Estados Unidos para preguntar sobre la controversia y me dijeron que las quejas provenían de «indios analfabetos» y que no eran más que «desinformación de la guerra antidroga».

En las afueras de Ciudad de Guatemala, me reuní con agricultores y pequeños empresarios y les pedí información sobre la guerra antidroga de EEUU. Un gerente de una gran finca en el centro de Guatemala me dijo que muchos de sus envíos de caña de yuca a Europa fueron rechazados porque llegaron a Rotterdam y se estaban pudriendo como resultado de las fumigaciones de la DEA. Otro agricultor se lamentaba de cómo sus cosechas exportadas a los Estados Unidos eran destruidas rutinariamente durante los registros del Servicio de Aduanas en busca de drogas ilícitas (nunca recibió compensación a pesar de que no se encontró ninguna droga). Un banquero guatemalteco me dijo que la DEA estaba involucrada en derribar o forzar el aterrizaje forzoso de avionetas sospechosas de transportar drogas. Un prominente político guatemalteco me dijo: «Si criticas a la Agencia Antidroga, podrías perder tu visa» y se te prohibiría visitar los Estados Unidos. Los guatemaltecos se indignaron cuando el embajador de Estados Unidos revocó el visado de un juez guatemalteco que se negó a procesar enérgicamente a un presunto contrabandista de drogas.

Cuando regresé a Washington, acosé a los activistas de la política antidroga, a los grupos de derechos humanos y a los ecologistas para saber más sobre la guerra antidroga de EEUU desbocada al sur de la frontera. Un voluntario de los Cuerpos de Paz que había pasado dieciocho meses trabajando con agricultores guatemaltecos me dijo que los pilotos estaban fumigando con concentraciones mucho más tóxicas de lo que admitía la embajada de EEUU. No es de extrañar que los cultivos estuvieran muriendo.

Yo denuncié la debacle guatemalteca en un artículo de opinión del Washington Times: «Las actividades antidroga de Estados Unidos están destrozando el medio ambiente, aterrorizando a la gente y subvirtiendo las economías de mercado que a Estados Unidos le encanta defender». El dinero de la lucha antidroga de Estados Unidos estaba llegando a las arcas de un ejército siempre conocido por cometer genocidio contra los mayas y otras minorías. Observé: «Dar al ejército guatemalteco más armas para luchar contra los cultivadores de marihuana es como dar bazucas a la Mafia para combatir el jaywalking en la ciudad de Nueva York».

El artículo también destacaba el comportamiento imperioso de los agentes del gobierno de EEUU en toda América Central: «Los agentes de la DEA se han comportado a menudo como si la guerra antidroga les diera derecho a imponer la ley marcial en naciones extranjeras. En Bolivia, los agentes de la DEA se han puesto máscaras negras y han salido a destruir carreteras recién pavimentadas en la selva para impedir que los narcotraficantes las utilicen. En México, Guatemala y otros lugares, los agentes de la DEA han secuestrado a los acusados de delitos de drogas y los han llevado a Estados Unidos». El artículo concluía: «Exportar nuestra guerra antidroga a Guatemala y otras naciones latinoamericanas es el imperialismo yanqui en su máxima expresión».

Mi artículo enfureció al jefe de la DEA, Robert Bonner. «Columnista rocía toneladas de desinformación sobre sus páginas» fue el titular que el Washington Times utilizó para su respuesta a mi artículo. Bonner afirmó que yo había hecho «un gran daño a sus lectores» y declaró: «Ciertamente no nos estamos comportando como si la “guerra antidroga nos diera el derecho a imponer la ley marcial a naciones extranjeras”, como sostiene el Sr. Bovard». (Bonner se convirtió en uno de los principales responsables de la Seguridad Nacional después del 11-S.) Bonner insistió en que el herbicida que la DEA estaba utilizando—Roundup—era prácticamente inofensivo a menos que los adultos consumieran diez onzas al día. Desde entonces, el Roundup ha sido reconocido como cancerígeno y más de veinte países han restringido o prohibido su uso.

Los desmentidos de Bonner no impidieron que la DEA causara estragos en toda América Central en las décadas siguientes. Pero la política de Estados Unidos «no tuvo ningún impacto en la cantidad de drogas» enviadas desde Guatemala a Estados Unidos, según concluyó la Oficina General de Contabilidad al año siguiente. Guatemala «se ha convertido en el punto de transbordo de más del 75 por ciento de la cocaína que entra de contrabando en Estados Unidos», informó el Boston Globe en 2005. La ayuda masiva de EEUU al ejército guatemalteco se convirtió en un propulsor del contrabando de drogas, que pasó a estar encabezado por altos generales y unidades de élite de las fuerzas especiales.

Sería ingenuo esperar que la administración Biden adoptara cualquier solución a un problema que implique la disminución del poder del gobierno de EEUU. Pero dar más dinero a los regímenes centroamericanos no hará nada para compensar a los agricultores, empresarios y otras personas que siguen siendo víctimas de la guerra de Estados Unidos contra las drogas. Por desgracia, la gran mayoría de los americanos seguirá ignorando la carnicería que se inflige en el extranjero en su nombre.

Author:

James Bovard

James Bovard is the author of ten books, including 2012’s Public Policy Hooligan, and 2006’s Attention Deficit Democracy. He has written for the New York Times, Wall Street Journal, Playboy, Washington Post, and many other publications.

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