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Cómo la Convención Constitucional amplió vastamente los poderes del presidente

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Etiquetas Historia de EEUU

[Este pasaje está extraído de la obra de Murray N. Rothbard Concebido en libertad, vol. 5, La nueva república: 1784–1791.]

Habiendo examinado la convención todos los artículos del proyecto de plan, el 31 de agosto el proyecto enmendado fue remitido a un gran Comité de piezas inconclusas. En la comisión, los nacionalistas, no contentos con su plétora de victorias, lanzaron varios golpes ofensivos importantes y obtuvieron victorias cruciales. Se confirmó que el Senado podía enmendar los proyectos de ley de dinero originados en la Cámara, y los poderes vitales de elaboración de tratados y apropiaciones se transfirieron del Senado al presidente, aunque se dio el soplo a los estados pequeños de que el Senado debía aprobar todos los nombramientos, y dos tercios debían ratificar los tratados. Se añadió la cláusula de bienestar general a la potestad tributaria, una cláusula de significado ambiguo en aquel momento, que mucho más tarde se convirtió en un vehículo para la expansión incontrolada de los poderes del gobierno federal. Lo más significativo es que Madison y Morris consiguieron alterar la decisión de la convención de que el Congreso eligiera al presidente y establecer un ejecutivo independiente elegido por los electores, que a su vez eran elegidos directamente por las legislaturas de los distintos estados. Sin embargo, se suponía que el Senado, al tener el poder último de elegir entre los candidatos si ninguno recibía la mayoría electoral, ejercería realmente el poder decisivo de elección. Se creía que muchos candidatos serían votados por los electores. Además, el mandato del presidente se redujo de siete a cuatro años, se le hizo elegible para la reelección indefinida y se le exigió haber sido ciudadano americano durante catorce años antes de ser presidente. Uno de los principales defensores del nuevo plan fue Morris, quien hizo hincapié en la «necesidad indispensable» de un ejecutivo independiente y poderoso. Randolph y Rutledge insistieron en que el Congreso debía elegir, y Mason, Wilson y Dickinson querían que la Cámara, más popular, y no el Senado, más oligárquico, tuviera la decisión final de elegir al presidente. Desde la derecha, Madison intentó eludir el Congreso casi por completo permitiendo que cualquier candidato con un tercio de los votos electorales se convirtiera en presidente, pero esta sugerencia fue derrotada de forma abrumadora.

El informe del comité se presentó a la convención el 4 de septiembre y el día siguiente. La mayor lucha se libró en torno al súbitamente nuevo modelo de selección del presidente. Rutledge atacó la reeligibilidad del presidente y denunció que el nuevo papel del Senado en la toma de decisiones en última instancia creaba «una verdadera y peligrosa aristocracia» que acompañaba al desarrollo casi monárquico del cargo ejecutivo. Sin embargo, Wilson y Randolph lideraron el intento de otorgar a todo el Congreso, y no al Senado, el poder último de elección por una votación de 3-7-1 (Pennsylvania, Virginia, Carolina del Sur a favor y New Hampshire dividido).

Mientras Wilson, Mason y otros seguían atacando la «peligrosa» e «inadmisible» aristocracia que esto colocaba en el Senado, Hamilton, como era de esperar, insistió en la idea ultranacionalista de Madison de eludir el Congreso eligiendo al hombre con el mayor número de votos electorales. Finalmente, la cuestión fue resuelta por Roger Sherman, quien sugirió que la Cámara tuviera el poder último de elección, pero un voto por estado en lugar de por congresista. Este compromiso, evidentemente sensato —quitando el poder al Senado oligárquico pero dando a los estados pequeños igualdad de voto en la Cámara para su voto particular— fue votado por abrumadora mayoría, con sólo Delaware en oposición. También se aclaró la cláusula para que se requiriera una mayoría de estados en la Cámara para elegir a un presidente.

Una de las concesiones que el comité había hecho a los antinacionalistas fue la de transferir la facultad de impugnar al presidente y a otros funcionarios nombrados por la Cámara y el Tribunal Supremo -nombrado por el presidente- al Senado independiente. El comité había limitado muy estrechamente los motivos de la destitución, la traición y el soborno. George Mason planteó un punto crítico para controlar el poder ejecutivo: que se añadiera la «mala administración» a los motivos de la destitución. Una cláusula de este tipo podría haber hecho que el presidente y el resto del ejecutivo dependieran realmente del órgano representativo, el Congreso; pero Madison persuadió a Mason y a la convención para que la sustituyeran por la todavía formidablemente estrecha «otros altos delitos y faltas contra el Estado». Desde el otro lado, Madison y Pinckney intentaron liberar al ejecutivo del Congreso por completo devolviendo el poder de destitución al Tribunal Supremo, pero incluso Gouverneur Morris se opuso a que un pequeño Tribunal Supremo corruptible tuviera tal poder, y esta propuesta fue derrotada.

La transferencia del poder de nombramiento crítico del Senado al presidente por parte del comité provocó la oposición de los moderados; Mason insistió expresamente en que los nombramientos eran un poder demasiado peligroso para tratarlo en manos de un presidente, y que en su lugar debía otorgarse a un consejo ejecutivo. En la ultraderecha, Wilson propuso que se despojara al Senado incluso de su poder para ratificar los nombramientos presidenciales. La Constitución, de hecho, había reforzado aún más el poder de nombramiento presidencial, otorgándole el derecho exclusivo de realizar largos nombramientos durante los recesos del Senado. La convención, a instancias de los nacionalistas, había cambiado antes el poder de anular el veto presidencial a tres cuartos de cada cámara, pero ahora, a pesar de las amargas objeciones, la convención volvió por poco a la cláusula de los dos tercios.

En cuanto al poder de elaboración de tratados, que el comité había otorgado al presidente dejando el poder de ratificación a dos tercios del Senado, el debate en la convención fue breve pero esclarecedor. Los nacionalistas, que querían despojar al Congreso de todo el poder de elaboración de tratados que fuera posible, se dividieron aquí en líneas Norte-Sur. El Sur recordaba con amargura el Tratado Jay-Gardoqui, y también cabía esperar que cualquier otro tratado beneficiara a los comerciantes y transportistas del Norte, tal vez a costa de los plantadores del Sur o de los colonos del Oeste. La cláusula de los dos tercios era entonces una concesión a los intereses del sur. Así, Wilson abogó por una mayoría simple de ambas cámaras para ratificar, mientras que incluso Madison, por otro lado, propuso que dos tercios del Senado estuvieran facultados para hacer tratados por sí mismos sin el consentimiento del presidente, ya que argumentó convincentemente que un presidente en tiempos de guerra tendría tanto poder que bien podría negarse a hacer la paz. Fue secundado por Pierce Butler, de Carolina del Sur, quien defendió la propuesta como «una seguridad necesaria contra los presidentes ambiciosos y corruptos».

Para los ultranacionalistas, Gouverneur Morris lo explicó: es necesaria una mayoría simple para los tratados de paz, de lo contrario el Congreso no estaría dispuesto a hacer la guerra para ganar la pesca y el río Mississippi, «los dos grandes objetos de la Unión». Aquí había una clara indicación del papel descuidado que el poder para la guerra agresiva y cualquier política exterior aventurera jugaba en el impulso de la nueva Constitución. Así, al igual que en la lucha por las leyes de navegación, los impuestos a la exportación, la facultad de admitir nuevos estados y la protección del comercio de esclavos, los nacionalistas del norte se mostraron un poco más motivados por el poder central absoluto que los sureños, que se vieron continuamente frenados por sus intereses económicos. Por su parte, Gerry y Sherman instaron, como era de esperar, a obtener una mayoría aún mayor que los dos tercios necesarios para el poder del tratado. La convención concluyó rápidamente la cuestión manteniendo las disposiciones del comité.

El 8 de septiembre, la convención eligió un Comité de Estilo para redactar el proyecto final de la Constitución. De los cinco miembros del comité, cuatro: Hamilton, Madison, Gouverneur Morris y King eran ultranacionalistas, y sólo uno -William Samuel Johnson, de Connecticut- era moderado. La revisión estilística del comité, presentada a la convención, fue finalmente obra de Morris, quien, sustituyendo astutamente un punto y coma por una coma, trató de erigir una cláusula de bienestar general inequívocamente independiente y, por tanto, muy amplia. La Convención, sin embargo, devolvió la vital coma. Morris también añadió un grandioso preámbulo que, sin embargo, se basaba parcialmente en la cláusula del preámbulo de los Artículos de la Confederación y que, en cualquier caso, no confería ningún poder sustantivo. El 15 de septiembre, el proyecto final revisado de la Constitución se presentó a la convención y se aprobó por unanimidad, básicamente en la misma forma. Un cambio de última hora, aprobado por unanimidad el día 17, revisó el número de representantes a uno por cada 30.000 en lugar de cada 40.000 personas. Esto hizo que la Cámara fuera un poco más democrática y más cercana al pueblo. Luego, tras algunas argucias sobre la forma de las firmas de la Constitución, y la entrega de las actas secretas de la convención a George Washington, la Convención Constitucional terminó el 17 de septiembre. Los nacionalistas habían triunfado, y la nueva Constitución estaba lista para ser lanzada sobre un país desprevenido.1

  • 1. Farrand, The Records of the Federal Convention, vol. 2, pp. 500, 513, 541, 548-50, 638.
Author:

Murray N. Rothbard

Murray N. Rothbard made major contributions to economics, history, political philosophy, and legal theory. He combined Austrian economics with a fervent commitment to individual liberty.

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