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¿El Departamento de Justicia tomará medidas enérgicas (una vez más) contra las apuestas?

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Tags Burocracia y Regulación

01/07/2019

Cuando el procurador general Robert Kennedy defendía su Ley de trámites ante el Senado, casi no se había imaginado que este proyecto de ley que vendía como un suplemento federal para hacer cumplir las leyes estatales se utilizaría medio siglo después para pisotearlos, pero los rumores que emanaban desde el Departamento de Justicia sugieren que esa es su intención. Como una de las primeras victorias en la cruzada de Kennedy contra el crimen organizado, la “Wire Act” tenía la intención de maldecir el río de dinero que fluía en manos de la mafia de las apuestas deportivas al prohibir la transferencia de información que hacía posible la práctica. El proyecto de ley hizo precisamente esa tarea, y solo esa tarea, durante décadas.

En 2002, a pesar de los precedentes legales, el gobierno de Bush comenzó a utilizar la Wire Act como una trampa contra todas las formas de apuestas en línea, no simplemente las relacionadas con los deportes. Estas acciones generaron incertidumbre para los gobiernos estatales que obligarían al Departamento de Justicia a aclarar su interpretación de la ley en 2011. En una nota de 13 páginas, refutaron la nueva interpretación expansiva y restablecieron el significado original y más estrecho de la ley. Esta decisión liberó nuevamente a los estados para que tomen sus propias decisiones sobre las apuestas en línea. Nevada, Nueva Jersey, Pensilvania y Delaware pusieron fin a sus prohibiciones en contra de la industria de las apuestas en línea.

Sin embargo, circulan rumores de que el Departamento de Justicia está considerando revertir esta posición federalista. Por lo menos, una reversión crearía una incertidumbre legal significativa. En el peor de los casos, es un paso ominoso hacia una prohibición federal de las apuestas en línea. Volver a la interpretación errónea de la ley Bush de la administración Bush sería un asalto legalmente insostenible e inconstitucional contra la soberanía del estado con consecuencias económicas perjudiciales.

Irónicamente, el Departamento de Justicia ha proporcionado la justificación textual más convincente para una comprensión estrecha de la Wire Act.

A través de un análisis convincente de las circunstancias que rodearon la promulgación del proyecto de ley, su memo de 2011 concluye que los “juegos y eventos deportivos” modifican las “apuestas” de cada cláusula y se omitieron como una forma de taquigrafía, similar a la lengua federal e interestatal actual en la primera cláusula. De hecho, si la Wire Act se aplicara a todas las formas de juego, el Congreso no habría especificado eventos deportivos en absoluto. Esta interpretación también otorga coherencia a la ley al hacer que la subsección completa “sirva al mismo fin en el mismo ámbito”. Además, la interpretación estricta concilia la Ley de Transferencia con las secciones de la UIGEA que sugieren que otras formas de apuestas en línea son legales.

Todas las leyes federales deben respetar la Constitución, pero la interpretación de 2002 es un ataque flagrante contra la décima enmienda. El gobierno federal tiene solo aquellos poderes que le son expresamente otorgados por la Constitución, y los estados conservan todos los demás. Cualquier revisión honesta a través del Artículo I, Sección 8 mostrará que la justificación de una prohibición federal de las apuestas en línea está notoriamente ausente. Como la cláusula de Bienestar General no es sustantiva, como explica Mike Maharrey, la única gota que quedan para que los partidarios del gran gobierno puedan captar es la cláusula de Comercio.

Sin embargo, la cláusula de Comercio también es insuficiente, como explicó el entonces Congresista Mick Mulvaney en 2015. Antes de la Constitución, los estados habían creado importantes barreras comerciales entre sí que frenaban el crecimiento económico, y esta cláusula tenía la intención de eliminarlas manteniendo el comercio “regular“. El uso de la cláusula de comercio para justificar las políticas precisas contra el mercado que pretendía vencer sería un pecado constitucional perverso.

Los redactores sabían dejar ese poder a los estados, ya que pocas cosas son tan maliciosas económicamente como una posible prohibición para toda una industria. La tarea de un empresario es satisfacer las demandas de los consumidores de la manera más eficiente posible, mejorando las vidas de ellos mismos y de sus clientes. Su trabajo se hace más extenuante por el hecho de que el riesgo de pérdida siempre está pendiente.

Una reversión del Departamento de Justicia solo aumentaría la incertidumbre de un emprendedor de las apuestas al señalar una posible prohibición federal que robaría los frutos de su trabajo. Este riesgo de confiscación del gobierno es denominado por el economista Robert Higgs como “incertidumbre del régimen”. La investigación excepcional del Dr. Higgs sobre la incertidumbre del régimen muestra que incentiva a los emprendedores aversos al riesgo a preservar en lugar de invertir su riqueza. Los resultados serían menos empleos, millones de dólares en ingresos fiscales perdidos como New Jersey, Delaware y Nevada pueden atestiguar, y un PIB reducido. De hecho, la legalización dio nueva vida a una ciudad atlántica moribunda. Además, la prohibición de las apuestas en línea ayuda a monopolizar los casinos establecidos, lo que sin duda es el motivo detrás del apoyo del donante político multimillonario Sheldon Adelson.

Revertir la comprensión errónea de la Wire Act por parte del gobierno de Bush violaría el derecho de los estados a elaborar su propia política de apuestas en línea al dejar de lado las protecciones esenciales de la décima enmienda. Como consecuencia, los empresarios y sus consumidores potenciales, el público estadounidense, salen perdiendo, por lo que los casinos establecidos pueden manipular el juego a su favor. Las cartas están en manos de William Barr. Solo se puede esperar que el iluminado Mulvaney esté susurrando en su oído.

Nathan Keeble is a Mises University Graduate and helped found the Campaign to End Civil Asset Forfeiture in Tennessee.

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