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¿Cuánta policía necesitamos realmente?

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Tags Monopolio y Competencia

09/11/2017

La policía en Estados Unidos ha sido una polémica constante, especialmente desde el tiroteo de Michael Brown en Ferguson, Missouri, en 2014. Se han dado muchas explicaciones distintas con respecto a por qué las confrontaciones entre la policía y los ciudadanos son tan a menudo letales: racismo, mala educación, disponibilidad de armas de fuego para los civiles, etcétera. Como tales, las “soluciones” al problema se ocupan de estos asuntos. Sin embargo, las ideas de Ludwig von Mises con respecto al cálculo económico, a pesar de haber sido desarrolladas hace casi un siglo, ofrecen una visión mucho más interesante y potencialmente más fructífera del asunto de la policía en una sociedad libre.

El argumento de Mises era que sin propiedad privada de los medios de producción no puede haber precios de mercado para bienes de capital por tanto no hay manera de calcular los costes de oportunidad de usar bienes de capital para producir ciertos bienes en lugar de otros. Las decisiones de los planificadores centrales sobre qué producir y por qué medios serían arbitrarias y caóticas.

Como la policía pública se proporciona burocráticamente, sin precios de mercado ni pérdidas y ganancias, no hay manera de que la policía sepa si ha asignado sus recursos a sus usos mejor valorados. En lugar de consumidores determinando en qué problemas debería centrarse la policía, deciden los burócratas y políticos.

Tres días antes de la muerte de Eric Garner, que murió poco después de su detención por vender cigarrillos de contrabando, el sitio web del gobernador Cuomo de Nueva York presumía del mucho dinero que había generado su fuerza de choque contra los cigarrillos. Es muy dudoso que los ciudadanos de Nueva York demandaran que su policía asignara recursos al pago de los impuestos del tabaco.

Igual que todos los demás, la policía responde a incentivos. Según el economista Bruce Benson, la Guerra contra las Drogas no empezó realmente a convertirse en lo que hoy conocemos hasta que el Congreso aprobó la Ley de Control de Delitos de 1984, que permitía la policía obtener parte de sus ingresos de los delitos relacionados con la droga, mediante la incautación de activos civiles. Benson descubrió en Florida, igual que muchos otros que repitieron sus estudios en otros lugares, que cuando la policía asigna más recursos contra la droga, usa menos recursos para defender la propiedad y aumentan los delitos contra la propiedad.

Esto no quiere decir que la policía pública asigne recursos basándose únicamente en consideraciones financieras, sino que, cuando el cálculo económico es imposible, las decisiones de asignación deben realizarse por algún otro medio y esos medios normalmente reflejarán los deseos del burócrata, hasta donde se lo permita su autonomía. Pero aunque asumamos la mejor de las intenciones por parte de policías y funcionarios, persiste el problema del cálculo. Son incapaces de comparar el valor de patrullar las calles con el de disuadir a mendigos agresivos o investigar un robo. Como no obtienen ningún ingreso del mercado, son incapaces de calcular si el valor de los servicios que proporcionan es mayor que el de los recursos gastados en producirlos.

Comparemos esto con la seguridad en el sector privado, en la que los empresarios pueden calcular el rendimiento de una unidad adicional de personal de seguridad (tal vez mediante la reducción en los robos, comparada con la que había antes de que fuera contratada) frente a su coste. Los emprendedores en el mercado son mucho más capaces de calcular la cantidad óptima de seguridad. Adicionalmente, asignan más eficientemente entradas heterogéneas y no específicas, como la mano de obra, a usos más valorados que los departamentos públicos de policía. Por ejemplo, aunque el “alquiler de policías” es denostado como un engaño no intimidador de bajo coste, el hecho de que pasen la prueba del mercado demuestra que proporcionan mayor beneficio de lo que cuestan. La diferenciación en habilidades está infrautilizada en los departamentos de policía, que usan agentes caros para realizar tareas de baja capacitación, como coordinar el tráfico en los cruces.

Además, los problemas de la agresión policial y su deseabilidad pueden considerarse como problemas de cálculo. Hay quien argumenta que la policía necesita una inmunidad cualificada que la proteja ante una posible responsabilidad civil, de forma que no dude en usar la fuerza cuando sea necesario. Otros responden que esto anima a la policía a usar más fuerza de la que se necesita realmente. Al no ser capaz de calcular el valor de una policía más agresiva, la policía pública está a oscuras. Sin embargo, los empresarios que proporcionan seguridad en el mercado, al ser civilmente responsables por los daños que puedan causar sus empleados, tratarán de encontrar el equilibrio entre la policía agresiva y la minimización de responsabilidad civil que desean los consumidores. En un grado mucho mayor que la policía pública, las empresas privadas afrontan las consecuencias reales para los consumidores cuando usan innecesariamente la fuerza, como está empezando a entender United Airlines.

Así, para entender completamente los temas relacionados con la policía estadounidense contemporánea hay que tener en cuenta los problemas que esta afronta. Cuando los consumidores no son soberanos a la hora de decidir dónde se asignarán los recursos, lo son los burócratas. Como la policía no tiene que satisfacer preferencias de consumo para mantenerse en el negocio, no debería sorprendernos que nos traten como subordinados en lugar de lo contrario.

Tate Fegley is a 2018 Mises Institute Fellow, and winner of the 2018 Grant Aldrich Prize for Best Graduate Student paper at the Austrian Economics Research Confernce. He is currently a graduate student at George Mason University.

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