Mises Daily en español : intervencionismo

La interferencia directa del gobierno en el consumo

euribe — Tue, 27 Dec 2011 19:16:00 GMT

Por Ludwig von Mises (Publicado el 27 de diciembre de 2011)

Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/5822.

[La acción humana (1949)]

Al investigar los problemas económicos del intervencionismo no tenemos que ocuparnos de aquellas acciones del gobierno cuyo objetivo es influir inmediatamente en la elección de bienes del consumo por parte del consumidor. Todo acto de interferencia pública en los negocios debe afectar indirectamente al consumo. Como la interferencia del gobierno altera los datos del mercado, debe asimismo alterar las valoraciones y la conducta de los consumidores. Pero si el objetivo del gobierno es meramente obligar a los consumidores directamente a consumir bienes de consumo distintos de lo que habrían consumido en ausencia del decreto del gobierno, no aparecen problemas especiales a examinar por la economía. Está fuera de toda duda que un aparato policial fuerte e implacable tiene el poder para poner en práctica dichos decretos.

Al ocuparnos de las alternativas de los consumidores, no preguntamos qué motivos indujeron a un hombre a comprar a y no comprar b. Simplemente investigamos qué efectos en la determinación de los precios del mercado y por tanto en la producción se han producido por la conducta concreta de los consumidores. Estos efectos no dependen de las consideraciones que llevaron a los individuos a comprar a y no comprar b: dependen solo de los actos reales de compra y abstención de compra. Es indiferente para la determinación de los precios de las máscaras de gas si la gente las compra por resolución propia o porque el gobierno obliga a todos a tener una máscara de gas. Lo único que cuenta es el volumen de la demanda.

Los gobiernos, que ansían mantener la apariencia externa de libertad incluso cuando la están recortando, ocultan su interferencia directa con el consumo bajo el disfraz de la interferencia con las empresas. El objetivo de la prohibición estadounidense de bebidas alcohólicas era impedir que los residentes en el país no consumieran éstas. Pero la ley hipócritamente no hacía que la bebida como tal fuera ilegal y no la penalizaba. Simplemente prohibía la fabricación, venta y transporte de licores intoxicantes, las transacciones empresariales que preceden al acto de beber. La idea es que la gente entra en el vicio de la bebida solo a causa de que prevalecen sobre él los empresarios sin escrúpulos. Sin embargo era manifiesto que el objetivo de la prohibición era limitar las libertades de los individuos de gastar sus dólares y disfrutar de sus vidas según les plazca. Las restricciones impuestas a los negocios solo servían para este fin último.

Los problemas que implica la interferencia directa del gobierno con el consumo no son problemas catalácticos. Van mucho más allá del ámbito de la cataláctica y afectan a los asuntos esenciales de la vida humana y la organización social. Si fuera verdad que el gobierno deriva su autoridad de Dios y la Providencia le atribuye actuar como guardián del populacho ignorante y estúpido, entonces indudablemente es tarea suya reglamentar todos los aspectos de la conducta del sujeto. El gobernante enviado por Dios sabe mejor que sus pupilos lo que es bueno para ellos. Su tarea consiste en guardarles contra el daño que podrían infligirse a sí mismo si se les deja solos.

Gente que se considera “realista” no reconoce la inmensa importancia de los principios implicados. Contestan que no quieren ocuparse de una materia que, dicen, es un punto de vista filosófico y académico. Su postura, argumentan, está guiada exclusivamente por consideraciones prácticas. Es un hecho, dicen, que alguna gente se daña a sí misma y a sus familias inocentes al consumir narcóticos. Solo los doctrinarios podrían ser tan dogmáticos como para oponerse a la regulación pública del tráfico de drogas. Sus efectos benéficos son incontestables.

Sin embargo, el caso no es tan sencillo. El opio y la morfina son sin duda peligrosos, drogas adictivas. Pero una vez que se admite el principio de que es tarea del gobierno proteger al individuo de su propia estupidez, no puede darse ninguna objeción seria contra posteriores limitaciones. Podría darse un buen argumento a favor de la prohibición del alcohol y la nicotina. ¿Y por qué limitar la benevolente providencia del gobierno solamente a la protección del cuerpo del individuo? ¿No es aún más desastroso el daño que un hombre puede infligirse en su mente y espíritu que cualquier mal en su cuerpo? ¿Por qué no impedirle leer malos libros y ver malas películas, ver malas pinturas y estatuas y oír mala música? El daño producido por malas ideologías es indudablemente mucho más pernicioso, tanto para el individuo como para toda la sociedad, que el producido por los narcóticos.

Estos temores no son meramente espectros imaginarios que atemorizan a doctrinarios solitarios. Es un hecho que ningún gobierno paternal, antiguo o moderno, nunca disminuye en el reglamentación de las mentes, creencias y opiniones de sus súbditos. Si uno deroga la libertad humana de determinar su propio consumo, elimina todas las libertades. Los ingenuos defensores de la interferencia del gobierno en el consumo se engañan cuando olvidan lo que llaman con desdén el aspecto filosófico del problema. Apoyan inadvertidamente la defensa de la censura, la inquisición, la intolerancia religiosa y la persecución a los disidentes.

Ludwig von Mises es reconocido como el líder de la Escuela Austriaca de pensamiento económico, prodigioso autor de teorías económicas y un escritor prolífico. Los escritos y lecciones de Mises abarcan teoría económica, historia, epistemología, gobierno y filosofía política. Sus contribuciones a la teoría económica incluyen importantes aclaraciones a la teoría cuantitativa del dinero, la teoría del ciclo económico, la integración de la teoría monetaria con la teoría económica general y la demostración de que el socialismo debe fracasar porque no puede resolver el problema del cálculo económico. Mises fue el primer estudioso en reconocer que la economía es parte de una ciencia superior sobre la acción humana, ciencia a la que llamó “praxeología”.

Este artículo está extraído del capítulo 27 de La acción humana

Los Efectos Descivilizadores del Gobierno

euribe — Wed, 07 Dec 2011 08:09:00 GMT

Libertario ha traducido el artículo de Mises Daily "The Decivilizing Effects of Government", de Jeffrey Tucker, publicado el 23 de septiembre de 2010 (http://mises.org/daily/4725). La traducción puede encontrarse aquí: http://www.miseshispano.org/2011/12/los-efectos-contra-la-civilizacion-del-gobierno/.

¿Cabe un compromiso con el socialismo?

euribe — Mon, 05 Dec 2011 19:20:00 GMT

Por Ludwig von Mises (Publicado el 5 de diciembre de 2011)

Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/5660.

[La acción humana (1949)]

La propiedad privada de los medios de producción (economía de mercado o capitalismo) y la propiedad pública de los medios de producción (socialismo o comunismo o “planificación”) pueden distinguirse nítidamente. Cada uno de estos dos sistemas de organización económica de la sociedad está abierto a una descripción y definición precisas y no ambiguas. Nunca pueden confundirse entre sí, no pueden mezclarse o combinarse, ninguna transición gradual lleva de no uno a otro, su oposición es contradictoria. Respecto de los mismos factores de producción, solo puede existir un control privado o un control público.

Si en el marco de un sistema de cooperación social solo algunos medios de producción están sujetos a propiedad pública mientras que el resto son controlados por individuos privados, esto no constituye un sistema mixto que combine socialismo y propiedad privada. El sistema sigue siendo una economía de mercado, siempre que el sector socializado no se haga completamente separado del sector no socializado y lleve a una existencia autárquica. (En este último caso hay dos sistemas coexistiendo independientemente uno junto al otro: uno capitalista y uno socialista).

Las empresas de propiedad pública, operando dentro de un sistema en el que haya empresas de propiedad privada y un mercado, y los países socializados que intercambian bienes y servicios con países no socialistas, están integrados en un sistema de economía de mercado. Están sujetos a la ley de los mercados y tienen la posibilidad de recurrir al cálculo económico.

Si uno considera la idea de poner junto a estos sistemas o entre ellos un tercer sistema de cooperación humana bajo la división del trabajo, uno siempre solo puede empezar desde la noción de la economía de mercado, nunca desde el socialismo. La noción del socialismo con su rígido monismo y centralismo que otorga el poder de elegir y actuar exclusivamente en una voluntad no permite ningún compromiso o concesión: esta estructura no es susceptible de ningún ajuste o alteración.

Pero esto es diferente en el esquema de la economía del mercado. Aquí el dualismo del mercado y del poder de coacción del gobierno sugiere varias ideas. ¿Es realmente perentorio o razonable, se pregunta la gente, que el gobierno se mantenga fuera del mercado? ¿No debería ser una tarea del gobierno interferir y corregir la operación del mercado? ¿Es necesario soportar la alternativa de capitalismo o socialismo? ¿No hay tal vez otros sistemas viables de organización social que no sean ni el comunismo ni una economía de mercado pura y no intervenida?

Así que la gente ha ideado una variedad de terceras soluciones, de sistemas que, se afirma, están tan lejos del socialismo como del capitalismo. Sus autores alegan que estos sistemas no son socialistas porque buscan preservar la propiedad privada de los medios de producción y que no son capitalistas porque eliminan las “deficiencias” de la economía de mercado.

Para un tratamiento científico de los problemas implicados, que necesariamente es neutral en relación con todos los juicios de valor y por tanto no condena ninguna de las características del capitalismo como defectuosa, perjudicial o injusta, esta recomendación emocional del intervencionismo no tiene sentido. La tarea de la economía es analizar y buscar la verdad. No pretende alabar o desaprobar ningún patrón de postulados u prejuicios preconcebidos. Con respecto al intervencionismo, solo hay una pregunta a hacer y responder: ¿Cómo funciona?

La intervención

Hay dos patrones para la consecución del socialismo.

El primer patrón (podemos llamarlo el patrón leninista o ruso) es puramente burocrático. Todas las fábricas, tiendas y granjas está formalmente nacionalizadas (verstaatlicht): son departamentos del gobierno operados por funcionarios. Toda unidad del aparato de producción tiene la misma relación con la organización central superior como la oficina de correos respecto de Correos.

El segundo patrón (podemos llamarlo el patrón de Hindenburg o alemán) nominal y aparentemente preserva la propiedad privada de los medios de producción y mantiene la apariencia de mercados, precios, salarios y tipos de interés normales. Sin embargo ya no hay empresarios, sino solo gestores de tiendas (Betriebsführer, en la terminología de la legislación nazi).

Estos gestores de tiendas son aparentemente decisivos en la dirección de las empresas a ellos confiadas: compran y venden, contratan y despiden empleados y remuneran sus servicios, contraen deudas y pagan los intereses y las amortizaciones. Pero en todas sus actividades están obligados a obedecer incondicionalmente las órdenes emitidas por la oficina pública suprema de dirección de la producción.

Esta oficina (el Reichswirtschaftsministerium en la Alemania nazi) dice a los gestores de tiendas qué y cómo producir, a qué precios y a quién comprar, a qué precios y a quién vender. Asigna a todo trabajador a su trabajo y fija su salario. Decreta a quién y en qué términos deben los capitalistas confiar sus fondos. El intercambio del mercado es simplemente una farsa. Todos los salarios, precios y tipos de interés están fijados por el gobierno: son salarios, precios y tipos de interés solo en apariencia, de hecho son meramente términos cuantitativos en las órdenes del gobierno que determinan el trabajo, renta, consumo y nivel de vida de cada ciudadano.

El gobierno dirige todas las actividades de producción. Los gestores de tiendas están sujetos al gobierno, no a la demanda del consumidor y a la estructura de precios del mercado. Es socialismo bajo el disfraz de la terminología del capitalismo. Se mantienen algunas etiquetas de la economía de mercado capitalista, pero significan algo completamente distinto de lo que significan en la economía de mercado.

Es necesario apuntar este hecho para evitar una confusión de socialismo e intervencionismo. El sistema de intervencionismo o de la economía de mercado intervenida es distinto del patrón alemán de socialismo por el mismo hecho de que sigue siendo una economía de mercado. La autoridad interfiere con la operación de la economía de mercado, pero no quiere eliminarla completamente. Quiere que la producción y el consumo sigan líneas distintas de las prescritas en un mercado no intervenido y quiere alcanzar su objetivo inyectando en el funcionamiento del mercado órdenes y prohibiciones para cuya aplicación está dispuesto el poder policial y su aparato de compulsión y coacción violenta.

Pero éstos son actos aislados de intervención. No es el objetivo del gobierno combinarlos en un sistema integrado que determine todos los precios, salarios y tipos de interés y así poner el control total de la producción y el consumo en manos de las autoridades.

El sistema del mercado intervenido o intervencionismo se dirige a preservar el dualismo de las distintas esferas de las actividades públicas por un lado y la libertad económica bajo el sistema de mercado por otro. Lo que lo caracteriza como tal es el hecho de que el gobierno no limita sus actividades a la preservación de la propiedad privada de los medios de producción y su protección contra invasiones violentas. El gobierno interfiere con la operación de los negocios por medio de órdenes y prohibiciones.

La intervención es un decreto emitido, directa o indirectamente, por la autoridad al cargo del aparato administrativo de coerción y coacción que obliga a los empresarios y capitalistas a emplear algunos de los factores de producción de una forma distinta de aquélla a la que habría recurrido si solo obedeciera a los dictados del mercado. Un decreto así puede ser o bien una orden de hacer algo o una orden de no hacer algo.

No hace falta que el decreto sea emitido directamente por la propia autoridad establecida y generalmente reconocida. Puede ocurrir que algunas otras agencias se arroguen el poder de emitir tales órdenes o prohibiciones y las apliquen mediante el propio aparato de coacción y opresión violenta. Si el gobierno reconocido tolera esos procedimientos o incluso los apoya mediante el empleo de su propio aparato policial, es como si hubiera actuado el propio gobierno. Si el gobierno se opone a la acción violenta de otras agencias, pero no tiene éxito en suprimirlas por medio de sus propias fuerzas armadas, aunque le gustaría hacerlo, se genera anarquía.

Es importante recordar que la interferencia del gobierno siempre significa o bien acción violenta o la amenaza de dicha acción. El gobierno en último caso recurre al empleo de gente armada, de policías, gendarmes, soldados, guardas de prisiones y verdugos. La característica esencial del gobierno es la aplicación de sus decretos golpeando, matando y encarcelando. Los que están pidiendo más interferencia del gobierno están en definitiva pidiendo más coacción y menos libertad.

Este artículo está extraído de La acción humana (1949).

La sublevación contra el racionalismo

euribe — Mon, 19 Sep 2011 16:31:00 GMT

Por Ludwig von Mises (Publicado el 19 de septiembre de 2011)

Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/5608.

[The Clash of Group Interests (1945; 2011)]

El hecho más notable de la historia de nuestra época es la sublevación contra el racionalismo, la economía y la filosofía social utilitaria; es la mismo tiempo una sublevación contra la libertad, la democracia y el gobierno representativo. Es habitual distinguir dentro de este movimiento un ala derecha y un ala izquierda. La distinción es falsa. La prueba es que es imposible clasificar en ninguno de estos grupos a los líderes del movimiento.

¿Era Hegel un hombre de la izquierda o de la derecha? Tanto los hegelianos de izquierdas como los de derechas tenían indudablemente razón al referirse a Hegel como su maestro. ¿Era Geroge Sorel un izquierdista o un derechista? Tanto Lenin como Mussolini fueron sus discípulos intelectuales. A Bismarck se le considera normalmente como un reaccionario. Pero su plan de seguridad social es el súmmum del progresismo actual. Si Ferdinand Lassalle no hubiera sido hijo de judíos, los nazis le llamarían el primer líder laborista alemán y fundador del partido socialista alemán, uno de sus grandes hombres. Desde el punto de vista del verdadero liberalismo, todos los defensores de la doctrina del conflicto forman un partido homogéneo.

La principal arma aplicada tanto por los antiliberales de derechas como por los de izquierdas es acudir a los nombres de sus adversarios. Al racionalismo se lo califica como superficial y antihistórico. Al utilitarismo se lo etiqueta como el sistema principal de una ética de corredor de bolsa. Además, en los países no anglosajones, se lo califica como producto de la “mentalidad del buhonero” británica y de la “filosofía del dólar” estadounidense. Se desdeña la economía como “ortodoxa”, “reaccionaria”, “realismo económico” e “ideología de Wall Street”.

Es triste que la mayoría de nuestros contemporáneos no estén familiarizados con la economía. Todos los grandes temas de las disputas políticas actuales son económicos. Incluso si no tenemos en cuenta el problema fundamental del capitalismo y socialismo, debemos darnos cuenta de que los asuntos discutidos diariamente en la escena política solo pueden entenderse por medio del razonamiento económico. Pero la gente, incluso los líderes cívicos, políticos y editores, rehúyen ocuparse seriamente de los estudios económicos. Están orgullosos de su ignorancia. Temen que familiarizarse con la economía pueda interferir con la ingenua confianza y complacencia en sí mismos con la que repiten lemas recogidos sobre la marcha.

Es altamente probable que no más de uno de cada mil votantes conozca lo que dicen los economistas acerca de los efectos del salario mínimo, ya sea fijado por decreto del gobierno o por presión y fuerza de los sindicatos. La mayoría de la gente da por sentado que aplicar salarios mínimos por encima de los niveles salariales que se habrían establecido en un mercado laboral no intervenido es una política beneficiosa para todos lo que quieren ganarse un sueldo. No sospechan que esos salarios mínimos deben generar un desempleo permanente de una parte considerable de la fuerza laboral potencial. No saben que incluso Marx negaba categóricamente que los sindicatos puedan aumentar las rentas de todos los trabajadores ni que los marxistas coherentes en los primeros tiempos se oponían por tanto a cualquier intento de decretar salarios mínimos.

Tampoco se dan cuenta de que el plan de Lord Keynes para alcanzar el pleno empleo, tan entusiastamente apoyado por todos los “progresistas”, se basa esencialmente en una reducción del nivel de los salarios reales. Keynes recomienda una política del expansión del crédito porque cree que “una rebaja gradual y automática de los salarios reales como consecuencia de los precios crecientes” no sería tan contestada por los trabajadores como cualquier intento de rebajar los salarios monetarios.[1]

No es exagerado afirmar que en relación con este problema primordial los expertos “progresistas” no difieren de aquéllos despreciados popularmente como “reaccionarios hostiles a los trabajadores”. Pero entonces la doctrina de que prevalece un conflicto irreconciliable de intereses entre empresarios y empleados está desprovista de cualquier fundamento científico. Un aumento final en los salarios de todos lo que estén dispuestos a ganárselos solo puede conseguirse por la acumulación de capital adicional y la mejora de los métodos técnicos de producción que hace viable esta riqueza adicional. Coinciden los intereses correctamente entendidos de empresarios y empleados.

No es menos probable que solo pequeños grupos se den cuenta del hecho de que los comerciantes libres se opongan a las distintas medidas de nacionalismo económico porque consideran que dichas medidas son perjudiciales para el bienestar de su propia nación, no porque estén dispuestos a sacrificar los intereses de sus conciudadanos a los de los extranjeros. Está fuera de duda que difícilmente ningún alemán, en los años críticos que precedieron a la subida al poder de Hitler, entendieran que quienes luchaban contra el nacionalismo agresivo y estaban dispuestos a impedir una nueva guerra no eran traidores, dispuestos a vender los intereses vitales de la nación alemana al capitalismo extranjero, sino patriotas que querían evitar a sus conciudadanos la terrible experiencia de una carnicería sin sentido.

La terminología usual clasificando a la gente como amigo o enemigos de de los trabajadores y como nacionalistas o internacionalistas es indicativo del hecho de que esta ignorancia de las enseñanzas elementales de la economía es un fenómeno casi universal. La filosofía del conflicto está firmemente asentada en las mentes de nuestros contemporáneos.

Una de las objeciones presentadas contra la filosofía liberal que recomienda una sociedad de libre mercado sigue esta fórmula: “La humanidad nunca puede volver a ningún sistema del pasado. El capitalismo está acabado porque era la organización social del siglo XIX, una época que ya ha pasado”.

Sin embargo, lo que estos supuestos progresistas están apoyando es equivalente a una vuelta a la organización social de las épocas que precedieron a la “revolución industrial”. Las distintas medidas de nacionalismo económico son una réplica de las políticas del mercantilismo. Los conflictos jurisdiccionales entre sindicatos no difieren esencialmente de las luchas entre gremios y posaderos. Como los príncipes absolutos de la Europa de los siglos XVII y XVIII, esta gente moderna busca un sistema bajo el cual el gobierno asume la dirección de todas las actividades económicas de sus ciudadanos. No es coherente con excluir de antemano la vuelta de las políticas de Cobden y Bright si uno no encuentra nada malo en volver a las políticas de Luis XIV y Colbert.

Este artículo está extraído de The Clash of Group Interests, “The Clash of Group Interests”, parte 4 (1945; 2011).

“The Clash of Group Interests” se publicó originalmente en Approaches to National Unity: A Symposium, editado por Lyman Bryson, Louis Finkelstein y Robert M. MacIver (Nueva York: Harper and Brothers, 1945). Este libro del simposio provenía de la quinta reunión anual de la Conferencia sobre Ciencia, Filosofía y Religión en su Relación con el Modo Democrático de Vida, realizada en la Universidad de Co

[1] Keynes, The General Theory of Employment, Interest and Money (Londres: Macmillan, 1939), p. 264 [Publicada en España como La teoría general del empleo, el interés y el dinero (Madrid: Editorial Aosta, 1998)]. Para un examen crítico de esta idea, ver Albert Hahn, “Deficit Spending and Private Enterprise”, Postwar Readjustments Bulletin, Nº 8, U.S. Chamber of Commerce, pp. 28-29.

Cómo el gobierno impide la recuperación

euribe — Fri, 09 Sep 2011 16:44:00 GMT

Por Robert Higgs (Publicado el 9 de septiembre de 2011)

Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/5594.

Antes de 1929, el gobierno de EEUU no intentó sistemáticamente moderar o invertir las contracciones empresariales generales. La recuperación normalmente se producía espontáneamente dentro del sistema de mercado en un año o dos. Las excepciones a esta regla, especialmente la caída prolongada de mediados de la década de 1890, reflejaban grandes incertidumbres acerca del compromiso del gobierno con el patrón oro y de su posible interferencia en el sistema de mercado como pedían populistas y otros. Sin embargo, empezando con la administración Hoover y hasta hoy, el gobierno federal ha probado una gran variedad de medidas para suavizar el ciclo de auge y declive.

Estas medidas, que cubren toda la gama desde gastos con “inyección desde la imprenta” al proteccionismo a cambios en impuestos y regulaciones a reorganizaciones forzosas de amplios sectores de la economía, comparten tres cualidades: se centran en obtener beneficios visibles aunque más o menos sin considerar las cargas que no se ven y otras consecuencias negativas; se centran en cambios ostensiblemente beneficios a corto plazo aunque más o menos sin considerar los efectos dañinos a largo plazo y representan acciones basadas en la pretensión de conocimiento, en imposiciones desde arriba por parte de planificadores centrales que utilizan el poder coactivo del gobierno para hacer que el público en general actúe de acuerdo con los planes de talla única de la élite gobernante.

Estas acciones empezaron durante la década de 1930, con la interferencia de la administración Hoover en los niveles salariales ofrecidos por los grandes empresarios, los intentos de mantener altos los precios agrícolas, los aumentos en el gasto en obras públicas, la aprobación de la propuestas de aranceles de Smoot-Hawley, la creación de la Reconstruction Finance Corporation para apuntalar bancos y otras empresas, el patrocinio de aumentos bruscos de impuestos y muchas otras medidas. La administración Roosevelt fue mucho más allá sacando al país del patrón oro, cartelizando toda la economía industrial, semicartelizando la agricultura, aumentan aún más los impuestos, extendiendo mucho el ámbito de las regulaciones federales, especialmente en banca y mercados de valores y de mano de obra entre otros muchos, implicando al gobierno federal directamente en la producción y distribución de la electricidad e interviniendo en muchas otras formas. A pesar de todas estas medidas supuestamente anti-Depresión, la recuperación completa no se había logrado cuando se agotó el New Deal a finales de la década de 1930.

Las administraciones de George W. Bush y Obama aparentemente vieron al New Deal como un modelo de cómo responder a una supuesta emergencia económica. Bush adoptó programas de estímulo y, lo que es más importante, el Troubled Assets Relief Program, así como una serie de rescates, apropiaciones y otras intervenciones en mercados financieros por parte del Tesoro y la Fed. Obama superó lo anterior consiguiendo la aprobación de una programa de “estímulo” masivo, apropiándose de GM y Chrysler y continuando usando la Fed y el Tesoro para inundar la economía con liquidez con la esperanza de estimular los préstamos y el gasto del consumo. A pesar del maremágnum de acciones antirrecesión del gobierno durante los pasados tres años, la economía continúa moviéndose lejos de la completa recuperación, con un alto desempleo, una inversión privada en depresión y, como mucho, un tibio crecimiento de la producción real.

El webinario que empieza el 16 de septiembre, a través de la Academia Mises, se ocupará de estos asuntos, presentando ejemplos de la Gran Depresión y la recesión actual para demostrar como las acciones y programas antirrecesión del gobierno tienen abrumadoramente el efecto de ralentizar, en lugar de acelerar, la recuperación. Al apuntalar bancos quebrados de hecho y otras empresas y malas inversiones (especialmente en vivienda) que deberían liquidarse, interfiriendo con la operativa del sistema de precios y creando incertidumbre de régimen, la actividad antirrecesión del gobierno tiene a hacer las recesiones más profundas y largas de lo que serían si el gobierno siguiera la política tradicional anterior a 1929 de dejar que la economía se repare a sí misma.

Robert Higgs es socio distinguido en economía política en el Independent Institute y editor de The Independent Review. En 2007 recibió el premio Gary G. Schlarbaum por una vida dedicada a la causa de la libertad.

Obama parpadea

euribe — Wed, 07 Sep 2011 15:55:00 GMT

Por Llewellyn H. Rockwell Jr. (Publicado el 7 de septiembre de 2011)

Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/5622.

El presidente Obama ha renunciado a imponer nuevas regulaciones sobre “calidad del aire”. Las regulaciones habrían afectado a muchos sectores y creado muchos efectos excedentarios. Los republicanos han estimado costes de hasta 90.000 millones de dólares, pero solo dicen eso para hacer ruido. Apoyaron esas cosas bajo Nixon y Bush.

No hay forma real de conocer los costes de tan atroz legislación, especialmente dado que los costes más altos de la regulación están ocultos. Consisten en los trabajos no creados, los productos que no llegan al mercado, la producción que no tiene lugar, las eficiencias no conseguidas, los niveles de vida no aumentados. De hecho, es peor: cuanto más intervenga el gobierno en la economía, más pobres nos haremos, y no hay forma real de documentar un futuro que ni siquiera se nos permite ver.

¿Está usted en desacuerdo? Bueno, bien, pero aparentemente nada menos que Obama sí está de acuerdo. Dijo: “He subrayado continuamente la importancia de reducir cargas e incertidumbre regulatorias, particularmente mientras nuestra economía continúe recobrándose”.

Es una enorme concesión intelectual Si esto es cierto para algunas regulaciones, ¿Qué pasa con los miles de millones de otras regulaciones? Los resultados son los mismos cada vez que limitamos la libre empresa, de cualquier forma en que lo hagamos. Eliminamos opciones para los emprendedores. Reducimos el valor del capital a proveer menos mercados para su uso. Desviamos a energías productivas de hacer cosas para la sociedad y las obligamos a cumplir con las burocracias regulatorias. Los costes son siempre enormes. De hecho, podríamos ver al socialismo o el fascismo como nada menos que el extremo de una economía altamente regulada.

Tal vez usted diga que a veces las regulaciones merecen la pena. Es su opinión. Pero déjenos al menos reconocer la existencia de sacrificios regulatorios. Cuando regulamos, estamos renunciando a algo y ese algo consiste en algún nivel de prosperidad que no veremos. Esa es la alternativa: regulación frente a crecimiento económico. Usted podría decir que la sociedad ha tenido suficiente crecimiento económico y realmente no queremos un mundo en que los pobres se hagan ricos o se creen más empleos o prosperen más empresas. Repito que es su opinión. Pero reconozcamos el sacrificio.

Es esto precisamente lo que ha hecho Obama y representa un reconocimiento de la realidad que la izquierda siempre busca evitar. Durante más de 100 años, han afirmado lo contrario. Dicen que sus regulaciones tendrán el efecto de aumentar la eficiencia, ahorrar dinero, crear empleo y todo lo demás. En el caso del aire limpio, la idea es que crea “empleo verde”, mejores espacios para vivir de forma que la gente pueda tener vidas más felices, mejor uso de los recursos, menos explotación de los trabajadores y todo lo demás. Por eso la Nueva Nueva Izquierda hace tiempo que llama “inversión” al gasto público, califica de “estándares” a las regulaciones y rebautiza como “contribuciones” a los impuestos. La ilusión que esta gente ha tratado de crear es la idea de que la intervención gubernamental en nuestra economía realmente nos mejorará la vid. (Podría añadir que, a pesar de su retórica, la derecha no es mejor en la práctica).

Ahora, estas declaraciones son evidentemente falsas por diversas razones: los propietarios saben más que los burócratas, los consumidores pueden ocuparse de sus propios asuntos, los empresarios necesitan un espacio de libertad y oportunidades para crear y el sistema de precios es el garante definitivo de la eficiencia. El gobierno no tiene recursos propios: nos saquea al resto para obtener lo que tiene. Además, no sabe dirigir una sociedad que exceda a lo que posean los propios individuos en la sociedad. Es lo contrario. El gobierno es esencialmente una institución estúpida.

Pero ahora, con el anuncio de Obama, vemos la proverbial vuelta a la tortilla. Él y su administración están admitiendo que su programa es un sumidero, una carga, una presencia indeseada, un obstáculo a la prosperidad. Ésa es la consecuencia y ésa es realmente la única conclusión que uno puede deducir de este anuncio. Esto da la vuelta a una demanda importante de los intervencionistas.

¿Y por qué lo hace? Bueno, miren las encuestas. Son ahora un desastre para la presidencia de Obama. Y miren a la economía. No está creciendo, está encogiéndose. Es casi como si esta combinación de desastre político y económico hubiera finalmente hecho despertar a la realidad a la administración.

Todo esto me recuerda un acontecimiento en Austria tras la Primera Guerra Mundial. Otto Bauer era el intelectual y consejero más influyente de todo el país, pero era un marxista declarado y radical. En un momento en que el destino de Austria era incierto y los bolcheviques estaban en auge, Ludwig von Mises se encontró con Bauer y su esposa marxista durante varias tardes. Otto había estado reclamando un socialismo inmediato. Mises explicó que un experimento así se derrumbaría en muy poco tiempo. Viena dependía de las importaciones. Sin medios para calcular y pagar, cesaría el suministro rural de alimentos y todos en Viena empezarían a pasar hambre en cerca de una emana. Mises destacó esto todo lo que pudo y finalmente Bauer cedió y reconoció que Mises tenía razón.

Pero aquí está la moraleja. Bauer nunca perdonó a Mises que le convenciera para abandonar sus convicciones. Entabló un guerra académica sin cuartel con Mises y nunca volvió a hablarle. Fue decisivo en denegar a Mises un puesto pagado en la universidad. Ése es el destino de un economista que dice la verdad a los políticos que sueñan con utilizar el estado para elevar la sociedad. El economista dice esencialmente: Con todo tu poder y todas tus teorías, sigues sin tener la capacidad de hacer lo que afirmas. El intento llevará al desastre.

Aparentemente alguien en las filas de Obama habló al presidente de la misma manera acerca de esta regulación potencialmente catastrófica. Esa misma gente diría lo mismo acerca de todos los impuestos, regulaciones antitrust, regulaciones medioambientales, guerras, bienestar, mandatos, restricciones y manipulaciones monetarias. Alguien tiene que contar aún más verdades al poder. Hacerlo siempre ocasiona un coste personal, ya que quienes creen en el gobierno lanzan ataques vengativos. Aún así, debe hacerse.

Puede que la repentina comprensión de que las regulaciones pueden matar cree una conciencia que lleve a deshacernos de todo el estado intervencionista, de forma que se nos deja a todos en paz para construir nuestra propia prosperidad.

Llewellyn H. Rockwell, Jr es Presidente del Instituto Ludwig von Mises en Auburn, Alabama, editor de LewRockwell.com, y autor de The Left, the Right, and the State

¿Qué no nos gusta de un giro regulatorio?

euribe — Thu, 02 Jun 2011 18:44:00 GMT

Por William L. Anderson. (Publicado el 1 de junio de 2011)

Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/5335.

Ahora que ya llevamos más de una década en el siglo XXI, me gustaría que las clases políticas dejaran su incesante referencia a planes “del siglo XXI” y regulaciones “del siglo XXI”. Hablan como si vivir en el año 2011 diera al gobierno algún nuevo acceso especial a la verdad. Washington está lleno de sinsentidos y tal vez nadie esté tan lleno de ellos como Cass Sunstein, coautor de Nudge, el manifiesto del “paternalismo libertario”.

Para quienes no hayan oído hablar del antiguo profesor de derecho de la Universidad de Chicago que ahora ocupa el cargo de jefe de la Oficina de Información y Asuntos Regulatorios del Presidente Obama, digamos sencillamente que Sunstein representa una clase de gente que cree que el estado es el Proveedor de Toda Sabiduría y que lo único que se interpone en el camino de que el estado provea el paraíso es la recalcitrante gente normal que no tiene el buen sentido de seguir completamente las directrices del estado.

Pero incluso Sunstein se ha superado esta vez. En un reciente artículo de opinión en el Wall Street Journal, Sunstein afirma nada menos que que la administración Obama está reinventando la regulación. No es tan atractivo como las afirmación de Al Gore hace una década de que había “reinventado el gobierno”, pero en este momento de expectativas disminuidas, tendrá que ser suficiente. No, Sunstein no ha “reinventado el gobierno”, pero sin embargo ahora contempla un era de regulación “inteligente”.

Sunstein declara en primer lugar:

Un sistema regulatorio del siglo XXI debe promover el crecimiento económico, la innovación y la creación de empleo, al tiempo que protege la salud y el bienestar público. Este mismo año, el Presidente Obama trazó su plan para crear un sistema así adoptando una aproximación a la regulación más simple, inteligente y eficaz en coste. Como parte clave de ese plan, reclamó una revisión sin precedentes en todo el gobierno de regulaciones ya en los libros de forma que podamos mejorar o eliminar las desfasadas, innecesarias, excesivamente gravosas o en conflicto con otras reglas.

Continúa describiendo cómo el gobierno está cambiando su política regulatoria respecto de la leche (que ya no se clasificará como “aceite”) y cómo el gobierno asentirá a regañadientes al hecho de que los cambios en la tecnología podrían realmente hacer obsoletos algunos requisitos regulatorios. Al final, expone el tipo de autofelicitación que estamos acostumbrados a leer de los cargos del gobierno:

Esta insistencia en normas pragmáticas, basadas en evidencias y eficaces en coste es lo que ha informado nuestra postura regulatoria en los últimos dos años y medio. Hemos ayudado a rebajar las muertes en carretera a su nivel mínimo en 60 años, promovido la seguridad aérea al tiempo que protegemos a los pasajeros de retrasos, overbookings y tarifas ocultas, reducido drásticamente el riesgo de salmonella en los huevos, aumentado sustancialmente la economización de combustible en camiones, promoviendo la independencia energética y ahorrando dinero a los consumidores y disminuido la contaminación del aire que mata a miles de personas cada año. Al mismo tiempo, estamos eliminando cargas regulatorias innecesarias y decenas de millones de horas anuales de papeleo.

Supongo que Sunstein quiere que aceptemos sus palabras literalmente, pero escondido dentro de este párrafo de autofelicitación está la verdadera y dura realidad de los costes de oportunidad: cuando comparamos la retórica de Sunstein con los duros hechos de la economía, su palabras resultan no tener sentido. Por ejemplo, las muertes del tráfico cayeron sustancialmente hacia la recesión de 1982, no a causa de ninguna iniciativa regulatoria “inteligente” del Presidente Ronald Reagan, sino por el hecho de que la gente no conducía tanto durante la crisis económica.

Igualmente, esta crisis es peor porque no hay esperanzas de una recuperación económica en el futuro cercano, dada la hostilidad de esta administración a las empresas no subvencionadas y la “incertidumbre de régimen” que acompaña sus (como mínimo) mal dirigidas políticas. Pero Sunstein no se conforma con proclamar victoria en las carreteras nacionales. No, uno pensaría que él y sus subordinados han creado realmente un paraíso.

Quien haya tenido que soportar la tensión de volar sabe que la mayor tensión no se produce al despegar y aterrizar, sino más bien al cruzar la línea de la TSA sin irritar a los revisores públicos. Los expertos de la vida real ya han dicho que la muestra de fuerza contra viajeros cumplidores de la ley no contribuye a la seguridad, pero dudo que alguien como Sunstein esté interesado en la seguridad tanto como en la producción de un “teatro de la seguridad” para la fortuna política del presidente.

Además, la idea de que la regulación reduce costes es como decir que los reguladores pueden hacer que el agua fluya hacia arriba. Los reguladores pueden ordenar a las aerolíneas que cambien sus planes de precios o incluso rebajen los precios que pueden cobrar, pero no pueden reducir los costes. En su lugar, trasladan los costes a otro lugar y al final los pasajeros siguen teniendo que afrontarlos de una u otra forma. Ésa es la realidad e la economía y el coste de oportunidad, y Sunstein no puede cambiar las leyes inmutables de la economía por decreto.

¿Ha aumentado el gobierno “sustancialmente” la eficiencia del combustible en los automóviles? Aunque es cierto que el gobierno está ordenando a los fabricantes que tengan mejores medias de eficiencia de los combustibles de sus flotas para una fecha futura, eso no significa necesariamente que los consumidores de automóviles vayan a estar mejor. Después de todo, el gobierno podría ordenarnos montar en bicicleta o moto, ahorrando así aún más gasolina, pero el resultado sería desastroso.

La afirmación de Sustein de estar promoviendo la “independencia energética” es una auténtica barbaridad. Si se refiere a los subsidios públicos al etanol basado en el maíz y al hecho de que se obliga a los consumidores a poner eso en sus coches (lo que daña el motor y reduce la eficiencia del combustible), entonces Sunstein está o bien mintiendo impasiblemente o dedicándose al peor tipo de humos negro. (Este reciente discurso del economista Robert Higgs sobre el desastre fiscal que es el etanol acaba con todas las falsedades de Sunstein).

Si Sunstein se refiere a las numerosas granjas eólicas (o lo que yo llamo “granjas de subsidios”) que producen electricidad con costes reales mucho mayores que la plantas eléctricas tradicionales (de las que dudo seriamente que estén matando “a miles de personas” cada año) entonces demuestra de nuevo que sus opiniones económicas son las que promueven en todas partes la “falacia del cristal roto”. Uno no olvida que la dura aproximación de la administración Obama a las perforaciones en el Golfo de México tras el vertido de petróleo del año pasado cuando se habla del tema de la “independencia energética” (como si una “independencia energética” creada por el gobierno fuera siquiera deseable).

Pero dado que ninguno de los estados productores de petróleo del Golfo apoyó a Obama en las elecciones de 2008, sospecho que el orden regulatorio del presidente, que puso a miles de trabajadores del sector petrolífero en la cola del paro, tuvo más que ver con castigar a los votantes que con “salvar el medioambiente”.

Podría continuar, pero déjenme decir solo que Sunstein está repitiendo el mito de la era progresista que afirmaba que el gobierno ofrecería algo similar a reyes filósofos para regular sabia y constantemente la economía, eliminando para la sociedad esas molestas externalidades y ofreciendo un camino para un crecimiento sin riesgos y socialmente puro. Esas declaraciones han sido siempre insensatas, como ha demostrado la historia del progresismo durante más de un siglo.

Me encanta que incluso un burócrata como Sunstein se dé cuenta de que algunas regulaciones son tan contraproducentes que deberían ser descartadas. Pero difícilmente me he convertido a la fe de Sunstein de que los que viven en 2011 son “más inteligente” en sus aproximaciones legislativas de lo que fueron los desastrosos burócratas del siglo XX.

William Anderson es investigador adjunto del Instituto Mises y enseña economía en la Universidad de Frostburg State.

Las propias reglas tontas del presidente

euribe — Wed, 02 Mar 2011 17:58:00 GMT

Por Nick Ottens. (Publicado el 1 de marzo de 2011)

Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/5035.

Mientras que la cinta roja aumenta ante su mirada, el Presidente Barack Obama prometía recientemente en un artículo en el Wall Street Journal realizar una amplia revisión de la regulación económica de Estados Unidos y eliminar las reglas “que no merezcan la pena por su coste o sean simplemente tontas”.

Aún así, él mismo ha añadido bastantes regulaciones tontas. Las órdenes en la reforma sanitaria del presidente están entre las más descaradamente antieconómicas de las muchas regulaciones aprobadas durante los últimos dos años. La obligación de asegurarse a un individuo es una afrenta a la libertad individual sin precedentes en la historia estadounidense. El gobierno federal nunca antes había obligado a la gente a comprar ningún producto por su propio bien, bajo amenaza de multa. La multa impuesta por Hacienda por no contratar un seguro va de 95$ o un 1% de la renta imponible en 2014 a 695$ o un 2,5% de la renta imponible en 2016.

Por otro lado se ofrecen subvenciones para gente que no puede pagarse el seguro. Habrá asimismo una obligación para el empresario, obligando a las compañías que empleen a 50 o más personas a ofrecer beneficios sanitarios o afronten una multa de 2.000$ por trabajador. Ya las grandes empresas están considerando acabar con su cobertura sanitaria porque pagar la multa podría ser más barato. Las pequeñas empresas se lo pensarán dos veces antes de expandirse a causa de la enorme carga financiera impuesta si emplean a más de 49 personas.

Ambas disposiciones se sustentan en la idea de que el gobierno no solo tiene un derecho a intervenir en la salud de la gente, sino asimismo una responsabilidad de asegurar que todos sus ciudadanos tienen el seguro sanitario apropiado.

No es cierto. En una sociedad libre, la atención sanitaria no puede ser un derecho porque requiere que otros la proporcionen, gratis, si es necesario. Otorgar a la gente un “derecho” a la sanidad niega invariablemente los derechos de los proveedores de sanidad. Las nuevas normas de atención sanitaria recortan aún más las libertades de las aseguradoras sanitarias privadas y son un gran impedimento para la competencia, prohibiendo a las compañías de seguros operar libremente a través de las fronteras estatales. La ley obliga a las aseguradoras a

Cubrir a todos, independientemente de si pudieran tener condiciones previas;
Cubrir a los hijos hasta los 26 años bajo la póliza de seguros de sus padres;
Asignar un porcentaje fijo de ingresos a la atención de pacientes.

A partir de 2014, la ley también obligará a las aseguradoras a ofrecer una póliza básica que cubra

Servicios ambulatorios al paciente y emergencia y hospitalización;
Maternidad y atención al recién nacido;
Servicios de salud mental y drogodependencias;
Servicios pediátricos, incluyendo vista y expresión oral;
Prescripción de medicinas;
Servicios preventivos y de bienestar y atención a enfermedades crónicas;
Servicios e instalaciones de rehabilitación y habilitación.

¿Quiere usted asegurarse solo contra una catástrofe médica? Imposible. ¿Es usted un hombre o simplemente no tiene previsto tener hijos? No importa. ¿Está usted bastante seguro de que nunca tendrá que recuperarse de una adicción? ¡Muy mal!

Estos requisitos para los seguros violan los derechos tanto de las empresas de seguros como de sus clientes, que deberían ser libres de asegurarse como quieran. Existen planes de seguros básicos similares ordenados por gobiernos en otros países. Aunque empiezan cubriendo lo “básico”, los legisladores normalmente no pueden resistirse a ampliar su ámbito año a año, elevando los costes del seguro sanitario a los clientes durante el proceso.

Hay muchas más reglas tontas en la ley de reforma financiera Dodd-Frank. Entre ellas está la creación de una Oficina de Protección Financiera al Consumidor diseñada para proteger a los consumidores ante prácticas de negocio “injustas, engañosas y abusivas”. Aunque la ley no define las prácticas “injustas, engañosas y abusivas”, se dará poder a esta oficina para crear y aplicar regulaciones sobre todos los productos financieros, incluyendo tarjetas de crédito, préstamos e hipotecas. Aunque integrada dentro de la Reserva Federal, la agencia actuará independientemente. Con poderes potencialmente de largo alcance y una problemática falta de supervisión, esta oficina de protección al consumidor aumentará la incertidumbre reguladora en los mercados financieros y socavará aún más las libertades de los bancos y sus clientes.

La Enmienda Durbin a la ley de reforma financiera permitirá a la Reserva Federal regular las tasas que los bancos pueden cargar para procesar las compras con tarjetas de crédito. La enmienda prescribe que dichas tasas deben ser “razonables” y “proporcionales”, sin definir qué significa esto. Anticipándose, las principales instituciones financieras ya están aumentando los costes en otros lugares para compensar el probable gasto de los precios “razonables”. Antes de la Dodd-Frank, la Ley de responsabilidad y divulgación de tarjetas de crédito de 2009 imponía restricciones federales en los términos y condiciones de los servicios de tarjeta de crédito, requiriendo, entre otras cosas, que

Los proveedores de tarjetas de crédito permitan un mínimo de 21 días para pagar las facturas;
Los proveedores de tarjetas de crédito rebajen lo tipos de interés de los clientes que hayan pagados sus facturas a tiempo durante seis meses seguidos;
Las tarjetas y certificados regalo sean válidos al menos durante cinco años.

Al restringir la capacidad de las empresas financieras de cubrir riesgos de crédito, las regulaciones ya han generado tipos de interés y tasas más altos. Esto daña especialmente a los propietarios de pequeñas empresas y familias de bajos ingresos que acuden muy a menudo al crédito: la misma gente que se supone que se ve protegida por la ley.

Hay muchas más regulaciones aprobadas bajo la supervisión del Presidente Obama, incluyendo los nuevos límites a las emisiones de dióxido de carbono de la Agencia de Protección Medioambiental; las normas de combustibles renovables, que prescriben que se mezcle una cantidad concreta de “combustibles renovables” para combustibles de transporte y las regulaciones de “neutralidad en la red” adoptadas por la Comisión Federal de Comunicaciones, que infringen los derechos de las empresas privadas y realmente dañan a los consumidores más de lo que los protegen.

Si el presidente habla en serio acerca de erradicar las reglas “tontas”, no tiene que buscar mucho para encontrar algunas.

Nick Ottens es el editor del Atlantic Sentinel y el autor del blog Free Market Fundamentalist. Su investigación actual es el campo de los movimientos y el terrorismo de reavivación islámica en la India Británica.

Nuestra burocracia regulatoria totalitaria

euribe — Sat, 20 Nov 2010 16:51:00 GMT

Por Thomas J. DiLorenzo. (Publicado el 26 de julio de 2010)

Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/4585.

En el Capítulo 5 de Camino de servidumbre (“Planificación y democracia”), F.A. Hayek advertía que el estado no necesita controlar directamente todo o incluso la mayoría de la medios de producción para ejercer un control totalitario de la vida económica de la nación. Citaba el ejemplo de Alemania donde, desde 1928, “las autoridades centrales y locales controlan directamente el uso de más de la mitad de la renta nacional (…) el 53%”. Como primer director del Instituto Austriaco para la Investigación del Ciclo Económico, Hayek estaba familiarizado con esas estadísticas).

Además de esto, escribía Mises, la industria privada en Alemania estaba tan fuertemente regulada que el estado controlaba indirectamente “casi toda la vida económica de la nación”. Fue a través de esos controles económicos totalitarios como Alemania siguió el camino de servidumbre. Como decía Hayek más adelante:

Luego hay escasamente un fin individual que no dependa para su logro de la acción del estado y “escala social de valores” que guía la acción del estado debe abarcar prácticamente todos los fines individuales.

En otras palabras, la regulación pública era tan omnipresente que la búsqueda de beneficio, dirigida por las preferencias y demandas de los consumidores, era en buena parte sustituida por los caprichos de los burócratas regulatorios. Ludwig von mises reconocía a esto como uno de los grandes males de la regulación en su libro Burocracia. Cuanto más tiempo dedique un empresario a atender las demandas y dictados de los burócratas del gobierno, menos tiempo dedicará a servir a los consumidores para obtener beneficios y sobrevivir económicamente.

Puede sonar chocante para algunos, pero los Estados Unidos de los tiempos modernos se comparan “favorablemente” con los de la Alemania fascista de la década de 1930 en relación con el grado en que el estado interviene y controla la actividad económica. En primer lugar, las gastos del gobierno a todos los niveles de éste constituyen alrededor del 40% de la renta nacional. Difiere en unos pocos puntos porcentuales, año a año, pero ha estado en el entorno del 40% en lo últimos años. No se tienen cuenta todas las agencias gubernamentales fuera del presupuesto que existen a nivel federal, estatal y local como hemos documentado James Bennett y yo en nuestro libro Underground Government: The Off-Budget Public Sector. Si se incluye esto, los gastos públicos en relación con la renta nacional serían de al menos un 45%, lo que no está demasiado lejos del 53% de la Alemania nazi a la que aludía Hayek.

Además, como apuntaba Goerge Reisman en “The Myth that Laissez Faire Is Responsible for Our Present Crisis”, hay nueve departamentos de la rama ejecutiva del gobierno federal que existen con el fin de regular, controlar y reglamentar vivienda, transporte, sanidad, educación, energía, minería, agricultura, trabajo y comercio. Eso cubre prácticamente toda la economía.

De acuerdo con el sitio web de la Casa Blanca, hay asimismo cientos de agencias reguladoras federales, entre las más conocidas se incluyen el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, la Corporación de crédito a los Productos, la Comisión de comercio de Futuros, la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo, el Departamento de Asuntos de los Veteranos, la Administración de Aplicación de Leyes Antidroga, la Administración de Empleo y Formación, la Agencia de Protección Medioambiental, la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo, la Administración del Crédito Agrícola, la Administración Federal de la Aviación, la Comisión Federal de Comunicaciones, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, la Comisión Electoral Federal, la Comisión Regulatoria Federal de la Energía, la Comisión de la Eficiencia Energética y la Energía renovable, la Administración Federal de Carreteras, la Comisión Federal de Comercio, la Comisión Regulatoria Nuclear y otras. Se forman nuevas “comisiones” a cada momento y sus presupuestos y responsabilidades se expanden. Esta lista es corta. Además, ahora hay más de 73.000 páginas de regulaciones en letra pequeña en el Registro Federal instruyendo a todos los estadounidenses sobre cómo van a ser reguladas su vidas por estos monstruos gubernamentales.

Por encima de todo esto, los gobiernos estatales y locales tienen literalmente miles de agencias regulatorias y comisiones que regulan todo, desde las alergias a los zoos. Sólo como ejemplo, tomado de statelocalgov.net, el estado de Alabama tiene agencias y comisiones regulatorias que regulan sistemas de jubilación, investigaciones geológicas, sanidad pública, educación, conservación y recursos naturales, relaciones industriales, agricultura, tercera edad, turismo y viajes, asuntos de los veteranos, gestión del medio ambiente, ciencia forense, desarrollo empresarial, rehabilitación, banca, seguros, trabajo, transporte, servicios de juventud, asuntos infantiles, filmación de películas, puertos, discapacitados, artes, propiedad inmobiliaria, gas y petróleo, bosques, ética, canteras, bebidas alcohólicas, subastas e “iniciativas basadas en la fe”. Y Alabama es un estado relativamente conservador con un gobierno de tamaño medio comparado, por ejemplo, con Nueva York, California y Washington DC. Los gobiernos locales también son activos en regular la mayoría de las cosas que están en la lista del estado de Alabama.

Luego está la Fed. Además de intentar fijar precios (tipos de interés) causar ciclos perpetuos de auge y declive con su manipulación monetaria, la Fed realiza docenas de funciones regulatorias. De acuerdo con la publicación de la Fed titulada “El Sistema de Reserva Federal: Propósitos y Funciones”, la Fed regula compañías de holdings bancarios, bancos comerciales estatales, sucursales en el extranjero de bancos miembros, bancas corresponsales, sucursales, agencias y oficinas de representación estatales de bancos extranjeros, actividades no bancarias de bancos extranjeros, bancos nacionales, cajas de ahorros, filiales no bancarias de compañías de holdings bancarios, procedimientos de informes financieros, políticas contables de los bancos, “continuidad” del negocio en caso de emergencias económicas, leyes de protección del consumidor, operaciones de valores de los bancos, tecnología de la información usada por bancos, inversión de bancos en el exterior, préstamos de bancos en el exterior, sucursales bancarias, fusiones y adquisiciones bancarias, quién puede ser propietario de un banco, “estándares de adecuación” bancaria, extensiones de crédito para la compra de valores, igualdad de oportunidades en los préstamos, divulgación de información de préstamos, requisitos de reserva, transferencias electrónicas de fondos, derechos interbancarios, demandas de préstamos subprime de la Ley de Reinversión Comunitaria, todas las operaciones de banca internacional, leasing, privacidad de la información financiera del consumidor, pagos en depósitos a la vista, informes de “crédito justo”, transacciones entre bancos miembros y su afiliados, veracidad en el préstamo y veracidad en el ahorro.

A causa de los inevitables fracasos de toda planificación pública en una democracia, Hayek escribía que crecerá “la convicción de que si se realiza una planificación eficiente, la dirección debe ‘separarse de la política’ y ponerse en manos de expertos: funcionarios o cuerpos autónomos independientes”. Además, “la reclamación de un dictador económico es una etapa característica en el movimiento hacia la planificación” centralizada. Esto describe realmente muchas de las agencias y comisiones antes mencionadas, pero es especialmente descriptivo de todos los “zares” planificadores centrales que ahora tienen cargos en el gobierno federal. Éstos incluyen, en julio de 2010, al zar de Afganistán, el zar del SIDA, el zar de la recuperación del automóvil, el zar de las fronteras, el zar del agua en California, el zar de los coches, el zar de la región central (Oriente Medio, Golfo Pérsico, Afganistán, Pakistán y Sur de Asia), el zar del clima, el zar de la violencia doméstica, el zar de la droga, el zar económico (Paul Volcker), el zar de la energía y el medio ambiente, el zar de asuntos de fe, el zar del rendimiento del gobierno, el zar de los Grandes lagos, el zar de los trabajos verdes, el zar del cierre de Guantánamo, el zar de la sanidad, el zar de la información, el zar de la inteligencia, el zar de la ciencia, el zar de la contabilidad del estímulo, el zar de los pagos, el zar regulatorio, el zar de Sudán, el zar del TARP, el zar de la tecnología, el zar del terrorismo, el zar de asuntos urbanos, el zar de las armas, el zar de la política de las armas de destrucción masiva, el zar de la guerra, el zar del petróleo, el zar industrial, el zar de la ciberseguridad, el zar de la seguridad en las escuelas, el zar de Irán, el zar de la paz en Oriente Medio.

En suma, sería muy difícil argumentar contra la tesis de que hoy la economía de EEUU esté aún más severamente controlada, regulada y regimentada por el estado de lo que estaba Alemania cuando Hayek escribió Camino de servidumbre. Los estadounidenses han recorrido muchas millas de este camino de servidumbre engañándose a sí mismos respecto de que el dios de la democracia de alguna manera les salvaría de la esclavitud estatista. Pero como advertía Hayel hace 56 años, “No hay justificación para la creencia de que, mientras el poder se otorgue por procedimientos democráticos, no pueda ser arbitrario”.

El ejercicio de poder arbitrario o dictatorial es, por supuesto, el verdadero propósito de todas estas agencias, comisiones y zares.

Thomas DiLorenzo es profesor de economía en la Universidad de Loyola en Maryland y miembro de la facultar superior del Instituto Mises. Es autor de El verdadero Lincoln, Lincoln Unmasked, How Capitalism Saved America y Hamilton's Curse: How Jefferson’s Archenemy Betrayed the American Revolution — And What It Means for Americans Today.

El enemigo de California: El estado

euribe — Sun, 14 Nov 2010 12:10:00 GMT

Por Thomas J. DiLorenzo. (Publicado el 19 de enero de 2001)

Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/592.

California es un bello estado con una clima (en general) suave y soleado, lo que es una razón de por qué vive allí tanta gente. Pero a menudos se pregunta: ¿quién querría trasladarse allí si uno tendría que soportar restricciones crónicas de agua, terremotos y ahora cortes de electricidad? Se echa la culpa habitualmente de estaos acontecimientos o a la Madre Naturaleza o al libre mercado, pero en realidad los causa o los empeora la regulación del gobierno.

Los políticos de California se han apresurado a echar la culpa de la “escasez” de electricidad a las “desregulaciones”, cuando en realidad lo cierto es todo lo contrario: Aunque los precios de venta al por mayor de la electricidad han sido desregulados, no lo han sido los precios al detalle y la regulación no hecho sino prohibir la construcción de capacidad de suministro adicional de energía.

La población se ha doblado en los últimos diez años, lo que ha causado un incremento de alrededor de un tercio en demanda eléctrica, mientras que la oferta se ha mantenido estancada gracias a los ecologistas extremistas en el gobierno estatal. Estos neo-luditas han bloqueado las construcciones de centrales nucleares; han vetado la construcción de nuevas presas para obtener energía hidroeléctrica (no sea que se moleste a algunas asquerosas criaturas acuáticas) y casi les dan apoplejías en su oposición a las centrales eléctricas de carbón o gas.

Una demanda disparada, una oferta restringida y controles de precios son una receta perfecta para la escasez. Una completa desregulación del sector de la energía eléctrica es la única forma de resolver este problema, aunque el gobernador de California está ahora proponiendo el peor de todos lo mundos: una apropiación gubernamental al estilo soviético del sector de la energía eléctrica del estado.

Las “crisis” periódicas del agua en California es otro desastre no natural causado por la regulación del gobierno. El gran problema es que la mayoría del agua en el estado ha estado regulada durante décadas por la Oficina Federal de Reclamaciones, que subvenciona fuertemente la irrigación que lleva agua de la parte norte del estado al sequísimo sur. (El 75% del agua proviene del norte, mientras que el 75% de la población está en la mitad sur del estado).

En torno al 85% del agua se usa para agricultura y se vende a precios impuestos por el gobierno por debajo del precio de mercado. Algunos granjeros pagan sólo 3,50$ por acre-pie por agua que cuesta 100$ por acre-pie sólo enviarla a través del sistema de irrigación gestionado por el gobierno. A estos precios resulta “económico” hacer crecer algodón y arroz en el desierto, a pesar de que el Delta del Mississippi y los arrozales de Vietnam son hábitats más naturales para este producto. California cultiva cantidades prodigiosas de ambos.

El uso de agua subvencionado por el gobierno para un solo fin (irrigar pastos para criar ovejas) supera al agua usada para todos los demás fines en California, residenciales e industriales. En un año reciente, se gastaron 530 millones de dólares de los contribuyentes en bombear esta agua a los rancheros de ovejas cuando los beneficios brutos del sector ovejero fueron ese año de menos de un quinto de esa cantidad, 100 millones de dólares.

Entretanto, las ciudades del estado sufren tal severa “escasez de agua” de vez en cuando que se han contratado a inspectores públicos de retretes para aplicar las regulaciones tres tiradas de cadena al día. (No me estoy inventando esto).

La absurda planificación central de la Oficina Federal de Reclamaciones es la principal causa de las crisis periódicas de suministro de agua en California. Igual que con la electricidad, sólo un mercado libre del agua puede acabar con esta locura.

Incluso los terremotos de California no serían tan devastadores si no fuera por la regulación del gobierno. El seguro federal contra desastres permite a los residentes comprar seguros de vivienda a precios subvencionados, a veces a un 10% del precio del libre mercado. El seguro federal contra desastres se vende donde ninguna aseguradora privada siquiera lo consideraría, como asegurar casa construidas encima de fallas sísmicas o al borde de acantilados de barro encime del océano. El gobierno esta subvencionando la construcción de viviendas que con seguridad serán destruidas por terremotos y galernas.

La regulación pública de la construcción tiene asimismo la tendencia a animar a los constructores a cumplir con los requisitos básicos establecidos por el gobierno, pero nada más. Por el contrario, si se usaran mercados de seguros privados para garantizar la seguridad de las construcciones, los estándares serían mucho mayores y los daños sísmicos menos graves. Y por supuesto, se eliminaría una notable fuente de soborno y corrupción del gobierno.

Los socialistas millonarios de Hollywood que llenas las arcas de las campañas políticas del estado con millones de dólares están en buena medida aislados de todos estos desastres. Viven el mansiones lejos de las fallas sísmicas; las luces nunca se apagan en sus barrios y tienen suficiente influencia política como para comprar toda el agua que necesitan. Haría falta una revuelta popular de libre mercado, siguiendo la estela del movimiento de eliminación de impuestos de la “Proposición 13” a finales de la década de 1970 para eliminar el régimen regulatorio del estado generador de este caos.

La realidad del ímpetu político

euribe — Thu, 28 Oct 2010 17:07:00 GMT

Por Herbert Spencer. (Publicado el 28 de octubre de 2010)

Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/4772.

[Extraído de El individuo contra el estado, 1884]

Se dice que cuando se inauguraron los primeros ferrocarriles en España, no era infrecuente que se atropellara a campesinos sobre las vías y que se echaba la culpa a los maquinistas por no detenerse: la experiencia rural no daba ninguna idea del ímpetu de una gran masa moviéndose a una alta velocidad.

Me acordé de este incidente al observar las ideas del llamado político “práctico”, en cuya mente no entra ningún pensamiento de lo que es el ímpetu político, y aún menos de un ímpetu político que aumenta, en lugar de disminuir o permanecer constante. La teoría sobre la que actúa diariamente es que el cambio causado por sus mediadse detendrá donde el quiere que se detenga. Contempla atentamente lo que su acto logra, pero piensa poco en los asuntos remotos del movimiento que activa su acción y aún menos en los asuntos colaterales.

Cuando en tiempo de guerra hay que conseguir “carne de cañón” animando a la población, cuando Mr. Pitt decía “Destaquemos casos en que haya niños que sea un asunto de derechos y honor en lugar de un campo de oprobio y desprecio”,[1] no se espera que los índices de pobreza se cuadrupliquen en cuatro años., que se prefieran como esposas a mujeres con muchos bastardos a mujeres honestas por sus ingresos de las parroquias y que patrones de contribuyentes engrosen las filas de los pobres.

Los parlamentarios que el 18333 votaron 30.000₤ anuales para ayudar a construir escuela nunca supusieron que el paso que daban llevaría a contribuciones forzosas, locales y generales, que ahora ascienden a 60.000.000₤;[2] no pretendían establecer un principio de que A debería ser responsable de educar al descendiente de B; no imaginaban una obligación que privara a las viudas pobres de la ayuda de sus hijos mayores y aun menos se imaginaban que sus sucesores, obligando a los padres empobrecidos a dedicarse a ser tutores para pagar las tarifas que las juntas de escuela no perdonan, iniciaría una costumbre de dedicarse a ser tutores y causar así un empobrecimiento.[3]

Tampoco quienes en 1834 aprobaron una ley regulando el trabajo de las mujeres y niños en ciertas fábricas imaginaban que el sistema que estaban iniciando acabaría en la restricción e inspección del trabajo de todo tipo en los establecimientos de producción donde se empleara a más de 50 personas; tampoco concebían que la inspección realizada crecería hasta el punto de obligar a que antes de contratar a una “persona joven” en un fábrica debe autorizarlo un cirujano certificado, quien, mediante examen personal (al que no se da ningún límite) se haya asegurado de que no hay enfermedad incapacitante o enfermedad corporal, determinado su veredicto si la “persona joven” obtendrá o no un salario.[4]

Como digo aún menos el político que se vanagloria de la practicidad de sus objetivos concibe los resultados indirectos que seguirán los resultados directos de sus medidas.

Así, por tomar un caso relacionado con el nombrado antes, no se pretendía que mediante el sistema de “pago por resultados” se hiciera nada más que dar a los profesores un estímulo eficaz: no se suponía que en numerosos casos descuidarían su salud por el estímulo; no se esperaba que las llevaría a adoptar un sistema de sobrecarga y a poner bajo una presión inapropiada a los niños tontos y débiles, a menudo dañándoles; no se preveía que en muchos casos se causaría un debilitamiento corporal que ninguna cantidad de gramática o geografía podría compensar.[5]

Los legisladores que, hace 40 años, por ley del Parlamento, obligaron a las compañías ferroviarias a proporcionar locomoción barata habrían ridiculizado la creencia, si se hubiera expresado, de que su ley acabaría sancionando a la compañías que mejoraran la oferta, y aún así este fue el resultado para las empresas que empezaron a transportar pasajeros de tercera clase en trenes rápidos, pues se les impone una multa equivalente al impuesto de cada pasajero de tercera clase así transportado.

A este caso que concierne a los ferrocarriles, añadan uno mucho más sorprendente que aparece comparando las políticas ferroviarias de Inglaterra y Francia. Los legisladores que consiguieron la definitiva caída de los ferrocarriles franceses en manos del estado nunca concibieron la posibilidad de que se generarían peores condiciones de viaje, no previeron que la reticencia a depreciar el valor de la propiedad que acabaría llegando al estado prohibiría la autorización de líneas en competencia y que en ausencia de líneas en competencia la locomoción sería relativamente costosa, lenta e infrecuente; pues como acaba de demostrar Sir Thomas Farrer. El viajero en Inglaterra tiene grandes ventajas respecto del francés en economía, velocidad y frecuencia con las que puede realizar sus trayectos.

Pero el político “práctico”, que, a pesar de esas experiencias repetidas una generación tras otra, sigue pensando sólo en los resultados próximos, naturalmente no piensa nuca en los resultados aún más remotos, aún más generales y aún mas importantes que los que acabamos de ejemplificar. Por repetir la metáfora antes empleada, nunca se pregunta si el ímpetu político establecido por sus medidas, en algunos casos disminuyéndolo pero en otros aumentándolo mucho, seguirá o no la misma dirección que otros ímpetus y si puede no unirse a ellos en generar realmente unos cambios del trabajo de la energía agregada nunca imaginados. Quedándose sólo en los efectos de su parte propia de legislación y sin observar cómo otras corrientes ya existentes (e incluso otras que seguirán a su iniciativa) sigue aproximadamente el mismo camino, nunca se le ocurre que pueden acabar reuniéndose en una avalancha que cambie completamente la faz de las cosas.

A al elevar las figuras a un estado más literal, no es consciente de la verdad de que esta ayudando a formar cierto tipo de organización social y de que esas medidas análogas, realizando cambios análogos en la organización, tienden con una fuerza siempre creciente a hacer general ese tipo, hasta que, sobrepasado cierto punto, la proclividad hacia él resulta irresistible.

Igual que cada sociedad busca cuando es posible producir en otras sociedades una estructura similar a la suya (igual que, entre los riegos, espartanos y atenienses lucharon por extender sus respectivas instituciones políticas o que, en tiempos de la Revolución Francesa, las monarquías absolutas europeas buscaban restablecer la monarquía absoluta en Francia, mientras la República animaba a la formación de otras repúblicas), dentro de cada sociedad cada ejemplo de estructura tiende a propagarse.

Igual que el sistema de cooperación voluntaria (por empresas, asociaciones, uniones, para alcanzar fines de negocio y otros fines) se extiende por una comunidad, lo mismo hace el sistema antagónico de cooperación obligatoria bajo agencias estatales y cuanto mayor es su extensión, más poder de extensión obtiene. La pregunta de las preguntas para el político debería ser siempre “¿Qué tipo de estructura social tiendo a producir?” Pero es una pregunta que éste nunca se hace.

Herbert Spencer fue uno de los principales individualistas ingleses del siglo XIX. Empezó trabajando como periodista para la revista de laissez faire The Economist en la década de 1850. Buena parte del resto de su vida la empleó trabajando en una teoría integral del desarrollo humano basada en las ideas del individualismo, teoría moral utilitaria, evolución social y biológica, gobierno limitado y economía del laissez faire.

Este artículo se ha extraído del capítulo 1 de The Man versus the State, 1884. [Este libro está publicado en español como El individuo contra el estado (Barcelona: Ediciones Folio, 2003).

[1] Parliamentary History de Hansard, 32, p. 710.

[2] Desde que se escribió esto la suma ha aumentado a 10.000.000₤; es decir, en 1890.

[3] Fortnightly Review, Enero de 1884, p. 17.

[4] Ley de fábricas y talleres, 41 y 42 Vic., cap. 16.

[5] Desde que se escribió esto, se han reconocido estos errores y el sistema se está abandonando, pero no se dice ni una palabra acerca del inmenso daño que el gobierno ha infligido a millones de niños durante los últimos 20 años.

La progresiva conversión del poder social en poder del Estado

euribe — Wed, 20 Oct 2010 17:38:00 GMT

Por Albert Jay Nock. (Publicado el 19 de octubre de 2010)

Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/4748.

[De Our Enemy, the State]

Si miramos por debajo de la superficie de nuestros asuntos públicos, podemos apreciar un hecho fundamental: una gran redistribución del poder entre la sociedad y el Estado. Este es el hecho que interesa al estudioso de la civilización Tiene sólo un interés secundario o derivado en asuntos como la fijación de precios, la inflación, la banca política, el “ajuste agrícola” y asuntos similares de política del Estado que llenan las páginas de periódicos y las bocas de publicistas y políticos. Todo esto puede agruparse en una sola cosa. Tienen una importancia inmediata y temporal, y por esta razón monopolizan la atención pública, pero todas resultan ser la misma cosa, que es un aumento del poder del Estado y una correspondiente disminución del poder social.

Desgraciadamente no se ha entendido muy bien que, igual que el dinero no tienen dinero propio, tampoco tiene poder propio. Todo el poder que tiene es el que le da la sociedad, más el que confisca de vez en cuando con un pretexto u otro; no hay otra fuente de la que el Estado pueda obtener poder. Por tanto, cualquier sunción de poder del Estado, ya sea por entrega o apropiación, deja a la sociedad con mucho menos poder. No hay ni puede haber ningún fortalecimiento del Estado son un correspondiente y aproximadamente equivalente agotamiento del poder social.

Además, de esto se sigue que con cualquier ejercicio del poder del Estado, tiende a menguar no sólo el ejercicio del poder social en la misma dirección, sino la disposición a ejercitarlo en esa dirección. El alcalde Gaynor asombró a toda Nueva York cuando apuntó a un corresponsal que se había venido quejando acerca de la ineficacia de la policía, que cualquier ciudadano tiene derecho a arrestar a un malhechor y llevarlo ante un magistrado. “La ley de Inglaterra y la de este país”, escribió, “ha tenido mucho cuidado en no conferir mayor derecho en este aspecto a policías y agentes del que confiere a cualquier ciudadano”. El ejercicio estatal de ese derecho a través de una fuerza de policía ha aumentado tan constantemente que no sólo los ciudadanos no estaban dispuestos a ejercerlo, sino que probablemente ni uno de entre diez mil sabía que lo tenía.

Hasta ahora, en este país las crisis de desgracia repentinas han sido afrontadas con una movilización del poder social. De hecho (excepto en ciertas empresas institucionales como los asilos, manicomios, hospitales ciudadanos y casas de pobres de los condados), la indigencia, el desempleo, la “depresión” y males similares no han sido preocupación del estado, sino que han sido aliviados por la aplicación del poder social. Sin embargo, bajo Roosevelt el Estado ha asumido esta función, proclamando públicamente la doctrina, completamente nueva en nuestra historia, de que el Estado debe dar a los ciudadanos un medio de vida.

Por supuesto, los estudiosos de la política vieron en esto simplemente una astuta propuesta para un aumento prodigioso del poder del Estado (simplemente lo que, ya en 1794, James Madison llamaba “el viejo truco de convertir cualquier contingencia en un recurso para acumular fuerza en el gobierno”) y el paso del tiempo ha probado que tenían razón. El efecto de esto sobre el equilibrio entre poder del Estado y poder social está claro y también su efecto en un adoctrinamiento general con la idea de que un ejercicio del poder social en esos asuntos ya no es necesario.

Es en buena parte de esta forma como la progresiva conversión del poder social en poder del Estado se convierte en aceptable y se acepta.[1] Cuando se produjo la inundación de Johnstown, el poder social se movilizó inmediatamente y se aplicó con inteligencia y vigor. Su abundancia, medida sólo en dinero, fue tan grande que cuando todo acabó por quedar en orden, sobraron cerca de un millón de dólares. Si hoy en día se produjera una catástrofe así, no sólo es que tal vez en poder social esté tan vacío como para hacer algo así, sino que el instinto general sería dejar al Estado ocuparse de ella. No sólo se ha atrofiado el poder social hasta ese punto, sino que la disposición a ejercerlo en esa dirección en concreto se ha atrofiado con él. Si el estado ha hecho de su incumbencia esos asuntos y ha confiscado el poder social necesario para ocuparse de ellos, bueno, dejemos que se ocupe de ellos.

Podemos tener una medida aproximada de esta atrofia general por nuestra propia disposición cuando se nos acerca un mendigo. Hace dos años podríamos inclinarnos por darle algo; hoy nos inclinamos por mandarle a la oficina de atención del Estado. El Estado ha dicho a la sociedad: “O no estáis ejerciendo poder suficiente para atender a la emergencia o lo ejercéis en una forma que pienso que es incompetente, así que confiscaré vuestro poder y los ejerceré a mi gusto”. Así que cuando el mendigo nos pide un cuarto, nuestro impulso es decir que el Estado ya nos ha confiscado nuestro cuarto en su beneficio y que debería ir al Estado a por él.

Toda intervención positiva que haga el Estado en la industria y el comercio tiene un efecto similar. Cuando el estado interviene para fijar salarios o precios o para prescribir las condiciones de la competencia, prácticamente dice al empresario que no está ejerciendo correctamente el poder social y por tanto propone confiscárselo y ejercitarlo de acuerdo con el propio juicio del Estado de lo que es mejor. De ahí que el impulso del empresario es dejar que el Estado considere las consecuencias. Como ejemplo simple, un fabricante de un tipo de textil altamente especializado me decía hace unos días que había mantenido su fábrica en funcionamiento con pérdidas durante cinco años porque no quería dejar en la calle a sus trabajadores en tiempos tan duros, pero que ahora que el estado había dado un paso adelante al decirle cómo debía gestionar su negocio, bien podía el estado tomar alegremente la responsabilidad.

El proceso de convertir poder social en poder del Estado tal vez pueda verse en su forma más simple en casos en que la intervención del Estado es directamente competitiva. La acumulación de poder del Estado in diversos países ha sido tan acelerada y diversa dentro de los últimos 20 años que ahora vemos al Estado funcionando como telegrafista, telefonista, vendedor de cerillas, operador de radio, cañonero, construcción y propietario de ferrocarriles, operador de ferrocarriles, tabaquero al por mayor y al detalle, naviero, químico, constructor de puertos y muelles, constructor de viviendas, educador jefe, propietario de periódicos, proveedor de alimentos, asegurador y así sucesivamente en una larga lista.[2]

Es evidente que las formas privadas de estas empresas tienden a decaer in proporción al aumento de la energía de las invasiones del Estado en ellas, pues la competencia del poder social con el poder del Estado está siempre descompensada, pues el Estado puede modificar los términos de la competencia como le venga en gana; en otras palabras, dándose un monopolio. Son comunes los ejemplos de este caso; del que somos probablemente más conscientes es del monopolio del Estado en el transporte de cartas. El poder social se ve impedido por la mera aplicación de esta forma de empresa, a pesar de que podría llevarla a cabo de forma mucho más barata y, al menos en este país, mucho mejor. Las ventajas de este monopolio en promover los intereses del Estado son peculiares. Sin embargo, ninguna podría asegurar un volumen tan grande y bien distribuido de patronazgo bajo el disfraz de un servicio público en constante uso por un número tan grande de gente: pone un funcionario del Estado en cada cruce de camino del país. No es en modo alguno una pura coincidencia que sea nombrado habitualmente como jefe general de correos el principal limosnero y componedor de la administración.

Así el Estado convierte “cualquier contingencia en un recurso” acumulando poder en sí mismo, siempre a costa del poder social y con éste desarrolla un hábito de aceptación en la gente. Aparecen nuevas generaciones, cada una ajustada (o como creo que dice ahora nuestro nuevo vocabulario estadounidense, “condicionada”) temperamentalmente a nuevos aumentos del poder del Estado y tienden a considerar el proceso de acumulación continua como algo muy normal.

Todas las voces institucionales del Estado se unen para confirmar esta tendencia; se unen en mostrar la progresiva conversión del poder social en poder del Estado como algo no solamente muy normal, sino incluso como sano y necesario para el bien público.

Albert Jay Nock (13 de octubre de 1870 – 19 de agosto de 1945) fue un influyente autor, teórico y crítico social libertario estadounidense de principios y mitad del siglo XX. Murray Rothbard se vio profundamente influido por él, al igual que toda la generación de los pensadores del libre mercado de la década de 1950.

Este artículo se ha extraído de Our Enemy, the State.

[1] El resultado de una encuesta publicada en julio de 1935 mostraba que el 76,8% de las respuestas eran favorables a la idea de que es tarea del Estado hacer que cada persona que quiera un trabajo obtenga uno; el 20,1% estaba en contra y el 3,1% estaba indeciso.

[2] En este país, el Estado está actualmente fabricando muebles, moliendo harina, produciendo fertilizante, construyendo casas, vendiendo productos de granja, lácteos, textiles, enlatados y aparatos eléctricos; operando agencias de colocación y oficinas de préstamos personales; financiando exportaciones e importaciones; financiando la agricultura. También controla la emisión de títulos, las comunicaciones por cable y radio, los tipos de descuento, la producción de petróleo, la producción de energía, la competencia comercial, la producción y venta de alcohol y el uso de aguas interiores y vías férreas.

El caso del MTBE

euribe — Sat, 16 Oct 2010 17:03:00 GMT

Por Brian Doherty. (Publicado el 21 de marzo de 2000)

Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/401.

[De la edición de diciembre de 199 de The Free Market.]

Noticia: “La administración Clinton ha decidido dejar de producir el polémico aditivo de combustible MTBE, alegando riesgos para al salud pública y el medio ambiente”.

De nuevo, el gobierno federal está enredando para hacer buenos sus propios errores pasados. Y las industrias privadas están afrontando costes masivos y potencialmente demandas masivas por su intento de cumplir con los caprichos cambiantes de los reguladores federales. La polémica sobre el Metil tert-butil éter (MTBE) demuestra de nuevo que la postura de mano dura del gobierno ante problemas medioambientales no garantiza soluciones, sino una continuo lío para el que el gobierno vuelve a postularse como solución, un claro ejemplo de la teoría de la intervención de Ludwig von Mises.

El MTBE es lo que se conoce como un oxifuel. Ahora se está encontrando en las instalaciones de agua potable de California a Maine y lugares intermedios. Pero no es el resultado de algún plan siniestro de la industria química para contaminar nuestros preciados fluidos corporales. El MTBE fue una creación de las órdenes del gobierno: un intento de cumplir de la forma más sensata y económica los requisitos legales para áreas definidas federalmente como de baja calidad de aire para usar fueles oxigenados. Estos combustibles añaden al aire al quemarse menos contaminantes de cierto tipo.

Por supuesto, también añaden otros contaminantes. Tratar de lograr ciertos bienes medioambientales requiere equilibrar deseos en conflicto, algo que los reguladores públicos no son capaces de recordarnos. Así que ahora, años después de que las órdenes federales crearan un mercado para el MTBE, un consejo asesor de la EPA ha recomendado que la sustancia no se use más.

Este mismo año, California anunció una prohibición del MTBE, originalmente prevista para 2002, pero ahora con un plazo más largo, no determinado. Hay temores políticos en un estado con malos recuerdos de una gasolina a 1,90$ por galón a causa de una falta de flexibilidad en la oferta debido a regulaciones sobre el aire, sobre el aumento en los precios del carburante que causaría la prohibición.

Al anunciar los resultados de su consejo asesor, la EPA no destacó su propia culpabilidad en la presencia del MTBE en el agua: ser un burócrata significa no tener que decir nunca lo siento. Y como la EPA nunca ha sostenido oficialmente que el MTBE sea un carcinógeno (los temores a que cause cáncer se basaban en estudios en animales en que la sustancia se inhalaba en grandes cantidades o se inyectaba directamente en el estómago, sin relevancia clara de riesgo humano a través de la ingesta de agua en cantidades minúsculas) no está claro exactamente qué riesgo sanitario es, excepto que la cosa es relativamente nueva y huele muy mal.

Incluso después de anunciar que el MTBE podría ser peligroso y con un torrente de propuestas en el Congreso cuyo resultado final será casi con seguridad el fin del uso de la sustancia, los federales siguen teniendo el cuajo de rechazar permitir a New Hampshire a eliminar los requisitos de calidad del aire que les obligan a usar gasolina con MTBE. La idea de que los estados se ocupan de su propia calidad del aire usando su propio juicio en anatema para al EPA. Desgraciadamente, con o sin MTBE, las órdenes federales sobre calidad del aire permanecen. Así que si California y otros estados no pueden usar el MTBE, un subproducto de la industria petrolera, tendrán que acudir a su principal oxifuel competidor, el etanol. El etanol, un subproducto del maíz que necesitaría transportarse del Medio Oeste a usuarios en todo el territorio, se ve favorecido políticamente, especialmente por la influencia que tiene el estado de Iowa en las elecciones presidenciales.

Hay una razón por la que el mercado elige confiar en el MTBE en contra de las órdenes gubernamentales, más allá de los costes de transporte. El etanol también se evapora más rápido, añadiendo más vapores químicos al aire. No puede transportarse bien por tuberías, requiriendo caras flotas de camiones estancos para transportarlo. Tiene que mezclarse con gasolina en estaciones especiales. La gasolina nos costará a todos mucho más tras un cambio al etanol.

También hay gastos adelantados del cambio potencialmente enormes: la Comisión de la Energía de California concluye que los costes de capital para el cambio serán de 1.100 millones de dólares, sólo para las refinerías de California. Una consultora de Texas predijo costes nacionales de refino de 5.700 millones de dólares para cambiarse al etanol. También predicen la muerte de las pequeñas refinerías, la pérdida de enormes inversiones en MTBE (hechas por mandato gubernamental), precios más altos de la gasolina (las estimaciones van de 4 a 10 centavos más por galón) y peor calidad del aire por si fuera poco.

¿Pero qué pasa con los beneficios ecológicos de la prohibición del MTBE? Es tan obvio que haría falta ser una agencia pública para no darse cuenta de ellos. El MTBE no aparece solo en nuestra agua. Si el MTBE está en nuestra agua, ya sea filtrándose de tanques subterráneos o de derrames, la gasolina está también en el agua. A pesar de los intentos de probar un fino posible enlace entre el MTBE y el cáncer ya sabemos que tener gasolina en tu agua potable es algo malo: no necesitamos ninguna comisión federal de expertos que nos lo diga. Por suerte, nadie soñaría con prohibir la gasolina porque pueda contaminar accidentalmente los suministros de agua. (Al menos aún no).

La gasolina es tan vital para nuestra civilización en nuestro actual nivel tecnológico que cualquier problema que cree tiene que arreglarse, no resolverse a través de una prohibición general. Prohibir el MTBE no hará en nada más seguro tener gasolina en nuestra agua. Indudablemente, todos los afectados tratarán de hacer todo lo posible por evitar que haya gasolina en nuestra agua, y los responsables de cualquier contaminación de este tipo deberían limpiarla en un sistema adecuado de responsabilidades. (Esto no debería incluir tener que pagar millones en reclamaciones legales basadas en especulaciones y temores acerca de cánceres y enfermedades fantasmas, excitación de temores y en dar credibilidad a la decisión de la EPA). La prohibición del MTBE puede hacer aparecer al Gobernador Davis de California a la EPA como alerta y preocupados, pero no hace nada por hacer más seguro beber agua, resulte o no que el MTBE sea un riesgo serio para la salud humana.

La polémica del MTBE es un vívido ejemplo de dos problemas superpuestos de las regulaciones medioambientales del gobierno. Para empezar, el MTBE está en nuestra gasolina por las órdenes del gobierno de combustible oxigenado. Estas órdenes imponen costes universales (la gasolina oxigenada cuesta más y tiende a ser peor para los motores de los coches que la gasolina normal) para resolver lo que es realmente un problema particular.

El exceso de acción es la razón principal por la que tenemos MTBE. Y está en desaparición por otro problema de la política medioambiental del gobierno: una respuesta exagerada y excesiva a un riesgo posiblemente inexistente, apuntando a lo nuevo por ser nuevo. La gasolina casi nos parece ahora “natural”, estamos acostumbrados a ella; el MTBE es un “aditivo químico”, y por tanto fácil de demonizar.

Tanto la razón por la que tenemos MTBE como la razón por la que queremos librarnos de él nos muestran los riesgos muy reales de las políticas del gobierno que tratan de hacer demasiado con órdenes de mano dura y prohibiciones en lugar de dejar a las partes afectadas utilizar los mercados y a la ley de responsabilidad encontrar soluciones eficientes.

Brian Doherty es editor jefe de la revista Reason. También es autor de This is Burning Man (BenBella), Radicals for Capitalism (PublicAffairs) y Gun Control on Trial (Cato Institute).

Los Efectos Contra la Civilización del Gobierno

euribe — Wed, 13 Oct 2010 16:43:00 GMT

Me comunican que en el blog Poder y Mercado, de Ecuador, han publicado la traducción de Los efectos contra la civilización del gobierno, de Jeffrey Tucker, publicado originalmente en http://mises.org/daily/4725.

La doble raíz de la Gran Depresión: Inflacionismo e intervención

euribe — Mon, 04 Oct 2010 17:33:00 GMT

Por Lionel Robbins. (Publicado el 1 de octubre de 2010)

Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/4691.

[De The Burden of Plenty (1935), editado por Graham Hutton]

Quiero empezar diciendo algo acerca de la expresión “pobreza en la abundancia”, que he oído muchas veces. No puedo dejar de pensar que puede equivocar a algunos lectores. El objeto de estas series es explicar por qué a veces la máquina económica produce tanto menos de lo que podría producir, a pesar del hecho de que mucha gente consuma mucho menos de lo que podría consumir.

Para hacer esto vívido, se ha considerado adecuado describirlo como un problema de pobreza en medio de abundancia. Y cuando pensamos en los síntomas característicos de un desplome del comercio (los graneros llenos de cereal que permanece sin vender, las fábricas cerradas y los grandes barcos amarrados), cuando pensamos en eso, el título parece bastante apropiado.

Pero al mismo tiempo si nos lleva a suponer que se el desplome se acaba y las máquinas empiezan de nuevo a funcionar a un ritmo normal, el problema de la pobreza se resolvería, nos llevaremos una gran desilusión. Sé que a menudo se dice que los avances técnicos de años recientes han resuelto el problema de la producción, que la edad de escasez ha pasado y que todo lo que tenemos que hacer es organizar la distribución de la abundancia.

Por desgracia, no es una opinión que merezca examinarse. Las mejores estadísticas apuntan en otra dirección. No hay razón para suponer que en los días anteriores al desplome, la capacidad de la industria en general para generar un mayor volumen de producción haya sido muy grande. Aquí y allá puede haber sido evidente la flojedad. Pero en general, no lo era. Y esto significa que el problema de la producción no estaba resuelto y la época de la escasez no había pasado.

Si tomamos la producción agregada del mundo antes del desplome, aumentada en, digamos, un 20%, lo que probablemente este muy por encima de lo factible,^{^[1]} y la dividimos por igual entre los habitantes adultos del mundo; si hacemos esto, no supongamos que haya alguien es ente país que no resulte ser más pobre. Pues debemos recordar que incluyo los trabajadores peor pagados en este país disfrutan de unos ingresos probablemente muy por encima de la media Europa en general, e indudablemente mucho mayor que la media de esas grandes áreas golpeadas por la pobreza en las que está ubicada la mayoría de la población del mundo: Rusia, China, India.

Así que cuando hablemos de pobreza en medio de abundancia deberíamos recordar siempre que queremos decir abundancia relativa. En absoluto, la utilización máxima del equipamiento productivo mundial aún nos dejaría, de media, bastante mal.

¿Pero por qué no nos atenemos siquiera es este espantoso patrón? ¿Por qué, cuando las necesidades de consumo son tan grandes, nuestra capacidad de producir no se utiliza completamente? Éste es el problema que tenemos que explicar en este libro.

Ahora, hay gente que piensa que el problema se debe a la ausencia de un control centralizado de la producción. En ausencia de un control central, la responsabilidad de organizar la producción reside en la empresa privada, guiada por las anticipaciones de los mercados, tanto en los mercados de las cosas que vende y los de materiales en bruto, como en los servicios de capital y trabajo que compra. Hay quien piensa que un sistema así está condenado a la dislocación y el caos perpetuos. De hecho, dicen que nuestras dificultades actuales son consecuencia del fracaso de la libre empresa.

Pero cuanto más observemos el asunto, ya sea histórica o teóricamente, menos plausible es esta opinión. Históricamente, como explicaré después, hay todo tipo de explicaciones más plausibles que ésta, hay todo tipo de explicaciones mejores del desplome. Teóricamente el argumento también fracasa al mostrar pruebas. La producción guiada por el mercado es una producción organizada para satisfacer la demanda del mercado. Si se yerra, es la gente que yerra quien sufre en primer lugar y en mayor medida. El mecanismo del mercado, dejado a su albur, fuerza el ajuste necesario. Sin duda no hay nada en todo esto que lleve a la dislocación. Alguien debe organizar la producción. Debe haber algún medio de medir lo que quieren los consumidores y hasta dónde puede satisfacerse, alguna guía para la relativa conveniencia de producir remolacha azucarera o bicicletas.

Después de todo lo que hemos oído en años recientes acerca de planificación, está quedando muy claro que para que la producción planificada tuviera éxito debería encontrar algún medio de reproducir el juego de estas fuerzas de mercado que aparecen espontáneamente bajo la libre empresa. Hay muchas características de nuestra organización económica moderna que están realmente sujetas a serias críticas. Pero la guía de la producción por mercados competitivos y cálculos de beneficios y pérdidas no es una de ellas. Es una característica indispensable para cualquier organización satisfactoria de la producción.

Pero si es así, si no hay nada en el mercado y la producción competitiva como tal que deba llevarnos a esperar una tendencia periódica al desplome y a la depresión extendida, ¿dónde tenemos que mirar, entonces? ¿Cómo vamos a explicar los extendidos y persistentes desajustes que realmente se producen?

De la forma en que he expuesto el problema debería sugerirse la pista que estamos buscando. El hecho de que los desajustes estén extendidos sugiere que derivan de algunos factores operando en más de un mercado. ¿Pero qué es lo que es común a distintos mercados, de los mercados del carbón a los de las viviendas, del látex al hierro en barras? Sin duda, no los productos ofrecidos, sino lo que se da a cambio de ellos, es decir, el dinero. Y creo que esa es la mitad de la solución a nuestro problema.

El desajuste entre oferta y demanda que parece en un desplome es producto de errores (por parte de los productores) potenciado por fluctuaciones equívocas de demanda expresadas en términos monetarios. Esta teoría en detalle es muy compleja y necesitaría mucho tiempo para dejarles claras las distintas formas en que la han explicado los economistas modernos. Pero realmente es bastante sencillo dar una explicación a grandes trazos.

Si por alguna razón hay más dinero disponible del usual y las condiciones de negocio parecen favorables, sin duda no es difícil ver que puede inducirse a inversores y empresarios a cometer errores, a iniciar nuevas empresas que sólo pueden desarrollarse satisfactoriamente si duran estas condiciones de dinero fácil. Y si no duran (y podemos ver que una vez la gente haya sido presa de la manía especulativa haría falta una inflación continuamente creciente para mantenerla), si estas condiciones no duran, entonces se revelan estos errores. Las líneas de la industria afectadas por el inicio de nuevas empresas (las llamadas industrias fuertes y las productoras de material en bruto) experimentan una caída de la demanda. Para entonces, el negocio se estanca, hay desempleo y capacidad no utilizada.

Como digo, ésa es la primera mitad de la explicación. Un desplome, como los que hemos tenido frecuentemente durante los años anteriores a la guerra, es el resultado de los errores producidos por el auge que le precedieron. Hasta que las cosas se enderecen, hay dislocación y flojera en los negocios.

Supongamos ahora que por encima de una depresión de este tipo aparecen problemas políticos (tensión internacional, revolución interna). Supongamos que los gobiernos, en lugar de darse cuenta de que en ese momento les interesa garantizar la máxima libertad de los mercados, empiezan a bloquear los canales comerciales como todo tipo de obstrucciones y pegas. Supongamos asimismo que a causa de una catástrofe financiera o por miedo a presupuestos desequilibrados la gente no sepa a diario qué va a pasar con su dinero y que en sus negocios con terceros se ven obstaculizados por las fluctuaciones de los cambios. ¿No serían todas éstas causas adicionales de depresión, influencias que tenderían a hacer que la gente limitara aún más la inversión activa, tendiendo a hacer que dejen su dinero yaciendo ocioso en los bancos o incluso invertido en monedas y lingotes de oro? Y si ocurre esto, ¿no está claro que habrá nuevas disparidades entre oferta y demanda, un nuevo estrechamiento de los mercados y una deflación renovada?

¿Y qué es esto sino una descripción en términos abstractos de la triste historia de nuestros tiempos? Tal y como yo lo veo, el problema empezó realmente poco después del desplome de 1921-22, cuando el oro que había afluido a Estados Unidos empezó a generar allí una gran expansión del crédito. Esta expansión se extendió gradualmente a otras partes del mundo, particularmente a Alemania y a los países productores de materias primas. (En sus ultimas etapas se vio distorsionado y hecho más dañino en sus efectos por los líos monetarios causados por nuestra vuelta al patrón oro a una paridad demasiado alta).

1925-1929 fueron años de auge fuera de Gran Bretaña. La producción creció a pasos agigantados y revivieron las inversiones internacionales a gran escala. Y bajo el estímulo de condiciones de dinero fácil y el espíritu de temeridad generado por las ganancias extraordinarias que se habían realizado, tuvieron lugar todo tipo de malas inversiones sin remedio. Entonces los costes empezaron a aumentar. Se hizo cada vez más duro conseguir préstamos. En 1929, explotó la burbuja, el auge acabó y se revelaron todos los errores y desajustes a los que había dado lugar.

Hasta ahora me he basado en la primera mitad de mi explicación. El desplome fue el resultado del colapso de un auge como muchos otros desplomes del pasado. Sin duda tuvo sus peculiaridades, pero las características principales no fueron muy distintas. Pero al contrario de los desplomes del pasado ha tardado un tiempo inusualmente largo en desaparecer y su devastación ha estado más extendida que nada conocido en la historia. Aquí es donde aparece la segunda mitad de mi explicación. El desplome tuvo lugar en condiciones particularmente propicias para la propagación y multiplicación de las convulsiones. Las condiciones políticas eran malas para la confianza empresarial. La estructura de los negocios en el periodo de postguerra ha sido mucho menos flexibles que la de la época anterior a la guerra, a menudo como resultado directo del apoyo e intervención del gobierno. Las finanzas internacionales se vieron complicadas por la existencia de un vasto sistema de préstamos y deudas públicas.

El resultado de todo esto fue que la depresión se agudizó hasta ser una colosal crisis financiera. En 1931, el sistema monetario internacional estalló en pedazos, mejorando la posición de algunos, haciéndola mucho peor a otros y añadiendo a todas las incertidumbres de negocios la incertidumbre de la inestabilidad en los cambios. ¿Sorprende que la inversión se paralizara, que el dinero quedara inerte y que en la industria en general haya capacidad no usada y desempleo?^{^[2]}

Por encima de todo, no hay duda, en mi opinión, de que las políticas seguidas por los gobiernos han intensificado enormemente estas dificultades. Me encanta ver que distintos portavoces que se han dirigido a ustedes han destacado, casi todos, el hecho de que las políticas que restringen la oferta y limitan el comercio no conducen a la prosperidad a largo plazo. Sobre ese punto aparentemente todos estamos de acuerdo. Sólo los intereses particulares que se benefician de la restricción mantienen lo contrario. Pero quiero ir más allá. Quiero indicar que esas políticas no sólo son malas para la prosperidad a largo plazo, sino que también son malas en lo que refiere a las perspectivas de recuperación inmediata. Quiero indicar que son las limitaciones de este tipo las que privan al sistema de libre empresa de sus poderes recuperativos y dan lugar a la ilusión de que el mismo sistema es defectuoso.

Miren por un momento los efectos de esas intervenciones. Por ejemplo, tomen lo que ha pasado tan a menudo recientemente, la intervención en los mercados de materias primas para impedir una caída de los precios.

Por alguna razón u otra, el estado del mercado del trigo o algún producto similar amenaza con una caída considerable. El gobierno se alarma y entra en el mercado como comprador. Se evita la caída de los precios. No hay duda que desde el punto de vista del consumidor esto parece bastante irracional. Pero desde el punto de vista de la estabilidad del negocio, a primera vista parece que hay mucho que decir acerca del procedimiento. Se ha evitado un descalabro, una convulsión en la confianza.

¿Realmente aquí se acaba todo? Indudablemente, no. El gobierno sólo ha evitado el colapso quitando participaciones del mercado. ¿Pero qué tiene que ver con ello? Sigue allí. La gente en el mercado empieza a hacerse aprensiva. Esta claro que las participaciones siguen ahí, hay una nueva incertidumbre en el mercado. Los precios se hunden bajo su influencia. Los negocios se niegan a revivir. Con toda probabilidad, cuando el gobierno se libre de ellos, el colapso del mercado sea incluso peor de lo que habría sido si nunca hubiera intervenido. Y entretanto la depresión se ha prolongado. El caso más llamativo de este tipo de intervención por supuesto ha sido por supuesto, la intervención de la Oficina Federal Agrícola de EEUU. Pero ha ocurrido en todas partes, no una, sino muchas veces durante los últimos pocos años.

Tomemos otro caso: el efecto de las cuotas de restricción de las importaciones, órdenes prohibiendo la importación de más de una cierta cantidad de algún producto del extranjero, sea el que sea. Está claro que el consumidor sufre: tiene que pagar más. Está claro que algunos productores protegidos por la cuota obtienen mayores beneficios. Estas cosas son evidentes, pero pensemos por un momento en el productor cuyo producto se ve excluido. Tiene capital atrapado en su empresa. Repentinamente descubre que su mercado está restringido. ¿Qué puede hacer? ¿Poner el sobrante en otros mercados a un precio menor y tratar de salvar algo del desastre? Pero esto causa mayores complicaciones. Se erigen nuevas restricciones por todas partes. Y así continúa el círculo vicioso.

O pensemos de nuevo en el efecto de esas regulaciones que hoy en día se imponen en la mayoría de los países del mundo para impedir que los vehículos de carretera lleven a le gente de forma más barata que los ferrocarriles. ¿Qué significa esto? Está claro que la gente obtiene menos de lo que prefiere (viajes en autobuses y similares) y tiene que pagar más por ello y que los beneficios del ferrocarril aumentan. Pero también (y sed trata de esto) que el capital que habría sido invertido en desarrollar la industria del motor ha de mirar a otra parte, seguramente con un beneficio inferior.

Este caso es típico de una tendencia actual muy marcada. En desplomes anteriores, uno de los factores para la recuperación ha sido el descubrimiento de nuevos canales para la inversión activa. Pero en éste la política de los gobiernos parece ser imponer todo tipo de limitaciones sobre la nueva inversión, aparentemente justificadas porque pueden rebajar el beneficio de algún capital que ya esté invertido. Pero ese camino lleva a un estancamiento total. Pensemos en lo que hubiera ocurrido en el siglo XIX si la gente que invirtió capital en carreteras, las empresas de carreteras y los propietarios de coches de posta hubieran sido capaces de impedir el desarrollo de los ferrocarriles salvo cuando no se amenazara a los trusts de las carreteras. ¿Hay que creer que la recuperación de los distintos desplomes que se produjeron habría sido tan rápida o el progreso material tan considerable?

Indudablemente un poco de esto hace comparativamente poco daño. Durante la mayor parte de la historia moderna los aranceles proteccionistas han hecho al mundo más pobre de lo que habría sido en otro caso, sin ahogar el comercio. Pero cuando esto se multiplica indefinidamente, cuando por todas partes vemos la multiplicación de restricciones al comercio y la inversión, la erección de monopolios ayudados por el estado y la limitación de la libre empresa, entonces les indico que no necesitan preguntarse más por qué persiste el fenómeno de la pobreza en medio de la abundancia, o por qué, al ver el futuro, es probable que continúe persistiendo.

Pero adviertan, y esto me lleva al punto en el que comencé, que no es el sistema de empresa privada y mercados libres el responsable de este fenómeno. Es la suspensión de ese sistema. No es el capitalismo, sino el intervencionismo y la incertidumbre monetaria los responsables de la persistencia del desplome.

Lionel Robbins fue uno de los principales economistas ingleses del siglo XX. Escribió sobre salarios, inflación, economía de guerra e historia del pensamiento económico.

Este artículo se ha extraído de The Burden of Plenty (1935), editado por Graham Hutton.

^{^[1]} Es el límite superior descubierto por la investigación de la Brookings Institution en America's capacity to produce en los años 1925-19-29. Como la investigación se refería a lo que era técnicamente posible en distintos sectores en lugar de lo que era factible en la industria en general, está claro que exagera el aumento que podría realmente lograrse. Hablando en general, el porcentaje de paro en cualquier momento da una generosa indicación de la cantidad de flojera en el sistema en su conjunto.

^{^[2]}En este aspecto, tal vez se me permita remitirme a una obra reciente, The Great Depression, en la que se reflejan estas opiniones y se explican con mucho más detalle. Ver la bibliografía.