Mises Daily en español : Hans Hermann Hoppe

Una solución a la sanidad en cuatro pasos

euribe — Mon, 20 Feb 2012 18:35:00 GMT

Por Hans-Hermann Hoppe (Publicado el 14 de agosto de 2009)

Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/3643.

Es verdad que el sistema de atención sanitaria de EEUU es un desastre, pero esto demuestra el fracaso del gobierno, no del mercado. Para curar este problema no hacen falta nuevas o mayores regulaciones o burocracias públicas, como los políticos autosatisfechos quieren que creamos, sino la eliminación de todos los controles públicos existentes.

Es hora de ponerse serios acerca de la reforma de la atención sanitaria. Las desgravaciones fiscales, volantes y privatizaciones avanzarían mucho en la descentralización del sistema y en eliminar cargas innecesarias a las empresas. Pero deben darse cuatro pasos adicionales:

Eliminar todos los rescates de licencia para facultades de medicina, hospitales, farmacias y doctores y otro personal sanitario. Su oferta aumentaría instantáneamente, los precios bajarían y aparecería en el mercado una mayor variedad de servicios de atención sanitaria.

Agencias voluntarias de acreditación en competencia tomarían el lugar de las licencias públicas obligatorias: si los proveedores de atención sanitaria creen que esa acreditación mejoraría su propia reputación y que sus consumidores se preocupan acerca de dicha reputación y están dispuestos a pagar por ella.

Los consumidores, al no ser ya inducidos a creer que exista un “estándar nacional” de sanidad, aumentarían sus costes de investigación y tomarían más decisiones discriminatorias en la atención sanitarias.

Eliminar todas las restricciones públicas en la producción y venta de productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Esto significa eliminar la Food and Drug Administration, que actualmente dificulta la innovación y aumenta los costes.

Los costes y los precios caerían y una mayor variedad de mejores productos llegarían antes al mercado. El mercado obligaría a los consumidores a actuar de acuerdo con su propia evaluación de riesgos (en lugar de la del gobierno). Y los fabricantes y vendedores de medicinas y dispositivos en competencia, para protegerse antes reclamaciones de perjuicios, así como par atraer a clientes, proporcionarían cada vez mejores descripciones y garantías de productos.

Desregular el sector del seguro sanitario. La empresa privada puede ofrecer seguros contra acontecimientos sobre cuyo resultado no tiene control el asegurado. Uno no puede asegurarse contra el suicidio o la quiebra, por ejemplo, ya que uno tiene en sus manos la posibilidad de hacer que se produzcan.

Como la salud de una persona, o su falta de ella, reside cada vez más en su propio control, muchos, si no la mayoría de los riesgos para la salud, son realmente no asegurables. El “seguro” contra riesgos en cuya probabilidad puede influir sistemáticamente un individuo caen dentro de la propia responsabilidad de esa persona.

Además, todo seguro implica la puesta en común de los riesgos individuales. Implica que los asegurados pagan más a unos y menos a otros. Pero nadie sabe por adelantado y con seguridad quiénes serán los “ganadores” y “perdedores”. “Ganadores” y “perdedores” se distribuyen aleatoriamente y la redistribución de rentas resultante es asistemática. Si pudieran predecirse sistemáticamente los “ganadores” y “perdedores”, los “perdedores” no querrían poner en común su riesgo con los “ganadores”, sino con otros “perdedores”, debido a que esto rebajaría sus costes de aseguramiento. No quiero poner en común mis riesgos personales de accidente con los de los futbolistas profesionales, por ejemplo, sino exclusivamente con aquella gente en circunstancias similares a la mía, con costes más bajos.

A causa de las restricciones legales al derecho de rechazo de las aseguradoras sanitarias (para excluir cualquier riesgo individual como no asegurable), el actual sistema de seguros de salud solo de ve afectado parcialmente por los seguros. El sector no puede discriminar libremente entre distintos grupos de riesgo.

Como consecuencia, los seguros sanitarios cubren multitud de riesgos no asegurables, juntos y en común con riesgos genuinamente asegurables. No discriminan entre los distintos tipos de gente que supongan riesgos de seguro significativamente distintos. El sector maneja así un sistema de redistribución de rentas, beneficiando a actores irresponsables y grupos de alto riesgo a costa de los individuos responsables y los grupos de bajo riesgo. Por eso los precios del sector son altos y van aumentando.

Desregular el sector significa restaurar en él la libertad sin límites de contratar: permitir a una aseguradora sanitaria ofrecer cualquier contrato, incluir o excluir cualquier riesgo y discriminar entre cualquier grupo de individuos. Los riesgos no asegurables perderían su cobertura, aumentaría la variedad de pólizas de seguro para la cobertura restante y las diferencias en precios reflejarían verdaderos riesgos de seguro. De media, los precios caerían drásticamente. Y la reforma restauraría la responsabilidad individual en la asistencia sanitaria.

Eliminar todas las subvenciones a los enfermos. Las subvenciones crean más de que se esté subvencionando. Las subvenciones a los enfermos promueven el descuido, la indigencia y la dependencia. Si eliminamos esas subvenciones, fortaleceremos la voluntad de llevar vidas sanas y de trabajar para vivir. En el primer caso, eso significa abolir Medicare y Medicaid.

Solo estos cuatro pasos, aunque sean drásticos, restaurará un mercado completamente libre en la provisión de servicios médicos. Hasta que se adopten, el sector tendrá serios problemas e igualmente los tendremos nosotros, sus consumidores.

Hans-Hermann Hoppe, economista de la Escuela Austriaca y filósofo anarcocapitalista, es profesor emérito de economía en la UNLV, miembro distinguido del Instituto Ludwig von Mises y fundador y presidente de The Property and Freedom Society.

Hoppe habla turco

euribe — Wed, 25 Jan 2012 16:46:00 GMT

Por Doug French. (Publicado el 30 de mayo de 2006)

Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/4394.

En el 484 a de C., Herodoto, el padre de la historia escrita, nació en la antigua ciudad de Halicarnaso, hoy conocido como Bodrum, en Turquía. Durante el invierno, Bodrum es un pueblo somnoliento de 35.000 habitantes, pero cuando llega el verano, la población explota cuando llega medio millón de turistas de todas partes del mundo a disfrutar de las playas, los barcos, la historia, las compras y la vida nocturna que ofrece esta antigua ciudad a orilla del Mar Egeo.

Se ha hecho historia de nuevo en Bodrum recientemente con la reunión inaugural de la Property and Freedom Society, la creación del profesor Hans-Hermann Hoppe. Hoppe invitó a intelectuales de Europa y Estados Unidos a este lugar extraordinario para realizar presentaciones, crear relaciones y disfrutar del área y su historia. Los participantes procedían de 30 países distintos.

La conferencia tuvo lugar en el Karia Princess, un hotel elegante y encantador propiedad del Ahmet Veli Menger Holding de Estambul. El vicepresidente del AVM es Gulcin Imre, cuya tesis doctoral en economía trata de la obra de Ludwig von Mises.

Los temas de las presentaciones iban de la religión a los derechos de propiedad y las oportunidades de negocio en Europa Oriental. Pero el tema general de la conferencia era el crecimiento del gobierno en todo el mundo y como cambiar la marea a favor de la libertad.

Además de Hoppe, los conferenciantes incluían a los contribuidores habituales de LRC Tom DiLorenzo, Stephan Kinsella y Paul Gottfried, así como el miembro senior del Mises, Guido Hulsmann y el investigador adjunto Marco Bassani.

Pero por muy distinguidos que fueran los conferenciantes, la historia de Bodrum y sus alrededores fue lo más destacado. Se ofreció al grupo una visita guiada al Castillo de San Pedro, que es el monumento más distinguido de Bodrum, dividiendo en dos el puerto de la ciudad. Los trabajos en el castillo empezaron en 1406 por parte de los caballeros de San Juan. El castillo y la ciudad cayeron bajo el gobierno otomano en 1523. Después de siglos de olvido, el castillo se convirtió en prisión en 1895 e incluso fue dañado durante la Primera Guerra Mundial por obuses procedentes de un buque de guerra francés. Ahora el castillo muestra tesoros submarinos encontrados en toda Turquía.

Desde las plantas superiores del castillo hay unas vistas magníficas del puerto de Bodrum y toda la ciudad, incluyendo el anfiteatro situado en la ladera que la rodea. Con una capacidad de alrededor de 13.000 personas, el anfiteatro durante el reino de Caria en la época helenística (330-30 a de C.). Hoy no ocurren muchas cosas en el anfiteatro: se convirtió en museo en 1973. Ahora la vida nocturna ofrece la acción en el Bodrum moderno y aunque solo acoge alrededor de la mitad de lo que el anfiteatro en su tiempo, el club nocturno Halikarnas es el lugar para estar para quienes les guste la noche. Pero no piensen que el club Halikarnas es barato para quien tenga dólares. La entrada costaba unos 20$ (¡el domingo por la noche!) y las copas aproximadamente lo mismo. Estábamos ansiosos por ver lo que les gusta y bailan los turcos modernos. Sin embargo, parece que el rap y la música hip hop son las exportaciones estadounidenses más dominantes.

Los muelles dominan el otro lado del Puerto de Bodrum. Y para quienes tengan la impresión de que Turquía es algún tipo de país atrasado y pobre, un paseo por los muelles donde están atracados los yates privados cambiará inmediatamente su percepción. Obras de varias docenas de millones de dólares están atracadas unas junto a otras, muchas con tripulaciones a tiempo completo. Una hilera de tiendas y restaurantes de lujo en la orilla completan un escenario que podría ser San Diego.

Después del primer día de presentaciones, los asistentes a la conferencia fueron llevados en autobús al cercano pueblo pesquero de Kadikalesi para una cena el atardecer en la playa. Al llegar, se sirvió la bebida nacional de Turquía, el raki. El raki es un “anisette” que se enturbia cuando se le añade agua. Normalmente lo mezclas en la mesa con aproximadamente dos tercios de agua. En l leguaje turco común, también se le llama “aslan süt” (leche de león). Según un sitio webd e Bodrum: “Lo grande del raki es que su sabor combina con todos los platos, los entremeses, los dulces, el pescado o la carne, el raki siempre va bien”. O no.

Para quienes busquen una bebida sin alcohol para saciar su sed, el ayran es una bebida hecha de yogur, diluida en agua, salada y servida fría. El ayran es muy apreciado por los turcos (y cierto profesor ruso de economía) y supuestamente es ideal cuando tienes sed en días calurosos. O no.

Es difícil tener una comida en Turquía sin que haya yogur. También son comunes tomates, pepinos, aceitunas, queso y cordero. Mucha de la comida se cultiva o cría en el área de Bodrum. El grupo de la Property and Freedom contempló los alrededores con un viaje a las ruinas arqueológicas de Éfeso y la última residencia de la Virgen María. Los olivos dominan el paisaje durante parte del viaje. Kilómetros y kilómetros de muros de piedra separan las distintas propiedades en las laderas donde florecen los olivos. El clima es perfecto para las aceitunas, como lo es el suelo calizo que alimenta las raíces de los árboles. El área del Mar Egeo es la principal región productora de aceite de oliva de Turquía.

Con una historia que se remonta al año 1.200 a. de C., Éfeso fue la capital del Asia proconsular durante el Imperio Romano y sus ruinas se consideran unas de las mejores del mundo. La ciudad ostentaba el título de “la primera y más grande metrópoli de Asia”. La población de Éfeso se ha estimado que estaría entre 400.000 y 500.000 habitantes en el año 100, haciendo de ella la mayor ciudad del Asia romana y una de las mayores de aquel entonces. El teatro construido en la ladera del Monte Panayir, que una vez albergó 25.000 espectadores, es verdaderamente espectacular, como lo es la Vía del Mármol, la calle que conecta el teatro con la Biblioteca de Celso. La Biblioteca, construida en el siglo II, fue atacada por el fuego en el 260, pero la intrincada fachada no sufrió ningún daño y debe verse para creerse.

De vuelta a Bodrum, os encantará saber que el auge inmobiliario mundial no ha acabado en esta antigua ciudad. Las oficinas de ventas inmobiliarias son abundantes y los complejos de vacaciones parcialmente terminados numerosos, abarrotando las laderas que forman un cuenco alrededor de la ciudad. Pueden comprarse unidades nuevas por solo unos 80.000$. Pero no esperéis mudaros de inmediato. El plazo de entrega es dentro de dos años. Justo a tiempo para la apertura del primer campo de gold de Bodrum. El diseñador del campo cree que los europeos locos por el golf se precipitarán sobre un templado Bodrum en los meses de invierno para escapar de la nieve del norte. Está a punto de plantar la hierba para el primer campo y me asegura que el segundo será de “clase mundial”. Conseguir los terrenos privados para estos campos le llevó 15 años.

Si se conoce por algo a Turquía es por sus bailarinas del vientre y sus alfombras. Una tarde, a los participantes en la conferencia de la Property and Freedom se les dio la oportunidad de disfrutar de ambas cosas en el Karia Princess. Por supuesto, las alfombras estaban en venta. Las danzarinas, hasta donde yo sé, no. Con una banda gitana ofreciendo la música de acompañamiento, tres distintas intérpretes llevaron a la locura al grupo intelectual. Todo esto después de pasar el día navegando en el Mar Egeo, lo que dio a algunos l oportunidad de probar el agua fría y cristalina. Las aguas del Egeo no se calientan hasta finales del verano, pero no hubo quejas por parte de quienes se lanzaron al agua.

Volar a Bodrum requiere una escala en Estambul, una ciudad de más de 11 millones de habitantes localizada en dos continentes. La parte occidental de la ciudad es Europa y la oriental es Asia. Docenas de barcos recorren la lengua de agua que divide a Estambul en dos que es el Bósforo, que conecta el Mar Negro con el Mar Egeo y luego con el Mediterráneo.

Estambul bulle de vida. La ciudad está llena de edificios de apartamentos de mediana altura, con una parabólica y un tendedero de ropa adornando cada balcón. Según Wikipedia, la población de la ciudad casi se ha triplicado desde 1980, con millones procedentes del sudeste de Turquía en busca de trabajo. Y a pesar de tener uno de los precios de la gasolina más altos del mundo, de 7$ a 8$ por galón, las estrechas calles de la ciudad están atestadas de tráfico.

La historia está por todas partes en la península histórica de la ciudad. Hay mezquitas increíbles a poca distancia una de otras y sin una guía no hubiéramos sabido que hay un baño turco de 3.000 metros cuadrados construido en el siglo VI debajo de una sencilla esquina comercial. Además, el Distrito del Bazar está muy cerca. Por cierto, que a los mercaderes del Gran Bazar no les gusta aceptar la Amercian Express o los dólares de EEUU. Los vendedores prefieren negociar en euros. Como nos dice nuestro guía, “el dólar está muerto en Europa”. El oro es popular en el Bazar, con numerosas joyerías y tiendas que venden lingotes y monedas. Aunque los precios se han moderado durante el pasado año, los turcos, preocupados por la inflación, han creado la costumbre de mantener su riqueza en oro y alfombras, en lugar de en un papel que se deprecia. La nueva lira turca se creó el 1 de enero de 2005 y se hizo equivaler a 1 millón de antiguas liras turcas. De 1933 a 2001, la antigua lira bajó de dos por dólar a 1,65 millones por dólar.

Estambul de noche es un mar de luces hasta donde abarca la vista, puntuada por las mezquitas iluminadas que salpican la ciudad. Es una vista a contemplar desde nuestra privilegiada atalaya del restaurante de la terraza.

Es imposible ver todo lo que hay que ver en esta bella y fascinante parte del mundo en la corta semana que estuvimos allí. Afortunadamente, el profesor Hoppe está preparando la segunda reunión de la Property and Freedom Society de nuevo en Bodrum el año que viene.

Douglas French es presidente del Instituto Mises y autor de Early Speculative Bubbles & Increases in the Money Supply y Walk Away: The Rise and Fall of the Home-Ownership Myth. Es doctor en economía de la Universidad de Nevada-Las Vegas, dirigido por Murray Rothbard, con el Profesor Hans-Hermann Hoppe en su tribunal de tesis. French enseña en la Academia Mises.

De la imposibilidad del gobierno limitado y las perspectivas de una segunda revolución americana

euribe — Fri, 20 Jan 2012 22:13:00 GMT

Por Hans-Hermann Hoppe (Publicado el 28 de junio de 2008)

Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/2874.

[Este artículo se publicó originalmente en Reassessing the Presidency: The Rise of the Executive State and the Decline of Freedom, editado por John V. Denson, pp. 667-696]

En una encuesta reciente, se preguntaba a gente de distintas nacionalidades lo orgullosos que estaban de ser estadounidenses, alemanes, franceses, etc. y si creían que el mundo sería un lugar mejor si otros países fueran como el suyo. Los países mejor clasificados en términos de orgullo nacional fueron Estados Unidos y Austria. Por muy interesante que pueda ser considerar el caso de Austria, ahora nos concentraremos en Estados Unidos y la cuestión de si esa afirmación estadounidense puede estar justificada y en qué grado.

A continuación identificaremos las tres principales fuentes de orgullo nacional estadounidense, siendo las dos primeras fuentes justificadas de orgullo, mientras que la tercer representa en realidad un funesto error. Finalmente, veremos cómo podría repararse este error.

I- Un país de pioneros

La primera fuente de orgullo nacional es el recuerdo del no tan lejano pasado colonial de Estados Unidos como país de pioneros.

De hecho, los colonos ingleses que llegaron a Norteamérica fueron el último ejemplo de los logros gloriosos de aquello a lo que se refería Adam Smith como “un sistema de libertad natural”: la capacidad de crear una comunidad libre y próspera a partir de cero. Al contrario de la consideración hobbesiana de la naturaleza humana (homo homini lupus est) los colonos ingleses demostraron no solo la viabilidad y el atractivo de un orden social anarcocapitalista sin estado. Demostraron cómo, de acuerdo con las opiniones de John Locke, la propiedad privada se originaba naturalmente mediante la apropiación original de una persona (su uso y transformación voluntarios) de territorio previamente sin utilizar (salvaje). Además, demostraron que, basándose en el reconocimiento de la propiedad privada, la división del trabajo y el intercambio contractual, los hombres eran capaces de protegerse eficazmente contra agresores antisociales, principalmente por medios de autodefensa (existían menos delitos de los que existen hoy) y a medida que la sociedad crecía cada vez más en prosperidad y complejidad, por medio de la especialización, es decir, por instituciones y agencias como registros de propiedad, notarías, abogados, jueces, tribunales, jurados, sheriffs, asociaciones de defensa mutua y milicias populares.[1]

Además, los colonos americanos demostraron la importancia sociológica fundamental de la institución de las alianzas: de asociaciones de colonos ligüística, étnica, religiosa y culturalmente homogéneos liderados y sujetos de la jurisdicción interna de un líder-fundador para asegurar la cooperación humana pacífica y mantener la ley y el orden.[2]

II- La Revolución Americana

La segunda fuente de orgullo nacional es la Revolución Americana [la Guerra de Independencia].

En Europa no había habido fronteras abiertas durante siglos y la experiencia de colonización intra-europea era un pasado remoto. Con el crecimiento de la población, las sociedades habían asumido una estructura cada vez más jerarquizada: de hombres libres y sirvientes, señores y vasallos, señores feudales y reyes. Aunque significativamente más estratificadas y aristocráticas que la América colonial, las llamadas sociedades feudales de la Europa medieval eran también órdenes sociales normalmente sin estado.

Un estado, de acuerdo con la terminología generalmente aceptada, se define como un monopolista territorial obligatorio de la ley y el orden (quien toma las decisiones definitivas). Señores feudales y reyes no cumplen normalmente con los requisitos de un estado: solo pueden fijar impuestos con el consentimiento de los gravados y en su propio territorio el hombre libre es tan soberano (toma las decisiones definitivas) como lo es el rey feudal en el suyo.[3] Sin embargo, en el curso de varios siglos estas sociedades originalmente sin estado se habían transformado gradualmente en monarquías absolutas (estatistas). Aunque originalmente se habían reconocido voluntariamente como protectores y jueces, los reyes europeos habían conseguido por fin tener éxito en establecerse como jefes de estado hereditarios. Con la resistencia de la aristocracia, pero ayudados por el “pueblo llano”, se habían convertido en monarcas absolutos con el poder de fijar impuestos y tomar decisiones definitivas respecto de las propiedades de los hombres libres.

Esta evolución europea tuvo un doble efecto en América. Por un lado, Inglaterra también estaba gobernada por un rey absoluto, al menos hasta 1688 y cuando llegaron los colonos ingleses al nuevo continente, el gobierno del rey se extendió a América. Al contrario de los colonos que se basaban en la propiedad privada y su producción privada (voluntaria y cooperativa) de administración de seguridad y justicia, el establecimiento de colonias y administraciones reales no era el resultado de una apropiación original y de contratos (de hecho, ningún rey inglés había puesto nunca un pie en el continente americano), sino de la usurpación (declaración) y la imposición.

Por otro lado, los colonos trajeron otra cosa de Europa. Allí, la evolución de feudalismo al absolutismo real no solo había encontrado la resistencia de la aristocracia, sino que también tuvo oposición teórica que recurría a la teoría de los derechos naturales originada en la filosofía escolástica. De acuerdo con esta doctrina, el gobierno se suponía contractual y todo agente público, incluyendo al rey, estaba sujeto a los mismos derechos y leyes universales que todos los demás. Aunque esto podía ser el caso en tiempos anteriores, indudablemente ya no era verdad para los modernos reyes absolutos. Los reyes absolutos eran usurpadores de los derechos humanos y por tanto ilegítimos. Por tanto, la insurrección no solo estaba permitida, sino que se convertía en una obligación aprobada por el derecho natural.[4]

Los colonos americanos estaban familiarizados con la doctrina de los derechos naturales. De hecho, a la luz de su propia experiencia personal con los logros y efectos de la libertad natural y como disidentes religiosos que habían dejado a su madre patria en desacuerdo con el rey y la Iglesia de Inglaterra, eran particularmente receptivos a esta doctrina.[5]

Apoyándose en la doctrina de los derechos naturales, animados por la distancia del rey inglés y estimulados aún más por la censura puritana a la pereza, el lujo y la pompa real, los colonos americanos se levantaron para librarse del gobierno británico.

Como escribía Thomas Jefferson en la Declaración de Independencia, el gobierno se instituyó para proteger la vida, la propiedad y la búsqueda de la felicidad. Toma su legitimidad del consentimiento de los gobernados. Por el contrario, el gobierno real británico afirmaba que podía gravar con impuestos a los colonos sin su consentimiento. Si los gobiernos no hacen lo aquello para lo que fueron creados, declaraba Jefferson. “es derecho del pueblo cambiarlos o abolirlos e instituir un nuevo gobierno, estableciendo sus fundamentos en dichos principios y organizando sus poderes de la forma en que le parezca mejor para conseguir su seguridad y felicidad”.

III- La Constitución Estadounidense

¿Pero cuál fue el siguiente paso una vez que se obtuvo la independencia de Gran Bretaña? Esta pregunta lleva a la tercera fuente de orgullo nacional (la Constitución Estadounidense) y la explicación de por qué esta constitución, el lugar de ser una fuente legítima de orgullo, representa un funesto error.

Gracias a los grandes avances en teoría política y económica desde finales del siglo XVIII, en particular a manos de Ludwig von Mises y Murray Rothbard, somos hoy capaces de dar una respuesta precisa a esta cuestión. Según Mises y Rothbard, una vez que ya no hay libre entrada al negocio de la protección y la decisión, el precio de la protección y la justicia aumentará y su calidad bajará. En lugar de ser un protector y juez, un monopolista obligatorio se convertirá en un gángster de la protección, en el destructor e invasor de la gente y la propiedad que se supone que protege, un belicista y un imperialista.[6]

De hecho, el hinchado precio de la protección y la perversión de la antigua ley por parte del rey inglés, cosas ambas que llevaron a la revuelta a los colonos americanos, fueron la consecuencia inevitable del monopolio obligatorio. Habiéndose independizado y expulsado a los ocupantes británicos con éxito, solo habría hecho falta que los colonos americanos dejaran a las instituciones existentes de autodefensa que se crearon localmente y a la protección y decisión privadas (voluntarias y cooperativas) por parte de agentes y agencias especializados se ocuparan de la ley y el orden.

Pero esto no pasó. Los americanos no solo no dejaron que cayeran en el olvido las instituciones reales heredadas de las colonias y los gobiernos coloniales: los reconstruyeron con las antiguas fronteras políticas en forma de estados independientes, cada uno dotado de sus propios poderes coactivos (unilaterales) fiscales y legislativos.[7] Aunque esto ha sido bastante malo, los nuevos estadounidenses empeoraron las cosas adoptando la Constitución Estadounidense y reemplazando una vaga confederación de estados independientes por el gobierno central (federal) de los Estados Unidos.

La Constitución mantenía la sustitución de un rey no elegido por un parlamento y un presidente elegidos por el pueblo, pero no cambiaba en nada respecto de su poder de fijar impuestos y legislar. Por el contrario, los poderes del rey inglés de fijar impuestos sin consentimiento solo se habían asumido de forma no explícita y por tanto estaban en disputa,[8] la Constitución otorgaba explícitamente este mismo poder al Congreso. Además, mientras que los reyes (en teoría, incluso los reyes absolutos) no se consideraban como los creadores, sino solo los intérpretes y ejecutores de una ley preexistente e inmutable, es decir, como jueces en lugar de legisladores,[9] la constitución otorgaba explícitamente al Congreso el poder legislativo y al presidente y el Tribunal Supremo los poderes de ejecutar e interpretar dicho derecho legislado.[10]

En realidad, lo que hacía la Constitución Estadounidense era solo esto: En lugar de un rey que considerara a la América colonial como su propiedad privada y los colonos como sus arrendatarios, la Constitución ponía a encargados temporales e intercambiables al mando del monopolio de justicia y protección del país.

Estos encargados no poseían el país, sino que mientras estuvieran en el cargo, podían hacer uso de éste y de sus residentes para su propio provecho y el de sus protegidos. Sin embargo, como predice la teoría económica elemental, esta disposición institucional no eliminará la tendencia a seguir el propio interés de un monopolista de la ley y el orden hacia una creciente explotación. Por el contrario, solo tiende a hacer esta explotación menos calculadora, más miope y derrochadora. Como explicaba Rothbard:

mientras que un propietario privado, seguro de su propiedad y dueño de su valor de capital, planea el uso del recurso durante un largo periodo de tiempo, el dirigente debe exprimir la propiedad tan rápido como pueda, pues no tiene esa seguridad en la propiedad. (…)los dirigentes poseen el uso de los recursos, pero no su valor de capital (excepto en el caso de la “propiedad privada” de un monarca hereditario). Cuando sólo se puede poseer el uso actual, pero no el propio recurso, rápidamente se produce un agotamiento antieconómico de dichos recursos, pues a nadie le beneficia su conservación y beneficia a todos los propietarios utilizarlo tan rápido como sea posible. De la misma manera, los dirigentes consumirán su propiedad tan rápido como les sea posible. (…) El propietario individual, seguro de su propiedad y su recurso de capital, puede elegir la visión a largo plazo, pues quiere mantener el valor de capital de su recurso. Es el dirigente el que debe tomar el dinero y correr, el que debe arruinar la propiedad mientras aún esté al mando.[11]

Además, como la Constitución otorgaba explícitamente un “libre acceso” al gobierno del estado (cualquiera podía convertirse en miembro del Congreso, presidente o juez del Tribunal Supremo), disminuyó la resistencia contra las invasiones a la propiedad del estado y como consecuencia de la “libre competencia política” toda la estructura que caracterizaba a la sociedad se distorsionaba y cada vez peores personas ascendían a la cumbre.[12]

El libre acceso y la competencia no siempre son buenos. La competencia en la producción de bienes es buena, pero la competencia en la producción de males no lo es. La libre competencia en matar, robar, falsificar o estafar, por ejemplo, no es buena: es peor que mala. Aún así, esto es precisamente lo que se instituía con la libre competencia política, es decir, con la democracia.

En todas las sociedades existe gente que codicia la propiedad de otro hombre, pero en la mayoría de los casos la gente aprende a no seguir este deseo o incluso a lamentar pensarlo.[13] En una sociedad anarcocapitalista en concreto, cualquiera que actúe siguiendo ese deseo se consideraría un criminal y se reprimiría por violencia física. Por el contrario, bajo un gobierno monárquico, solo una persona (el rey) puede actuar siguiendo su deseo de la propiedad de otro hombre y eso es lo que le convierte en una amenaza potencial. Sin embargo, como solo él puede expropiar mientras que a todos los demás se les prohíbe actual de igual modo, toda acción del rey estará sujeta a la máxima sospecha.[14] Además, la selección de un rey se hace por el accidente de su noble cuna. Su única cualificación característica es su formación como rey futuro y preservador de la dinastía y sus posesiones. Por supuesto, esto no garantiza que no sea malvado, pero al mismo tiempo no impide que un rey pueda ser en realidad un diletante inocuo o incluso una persona decente.

Muy al contrario, al liberar la entrada en el gobierno, la Constitución permitía a cualquiera expresar abiertamente su deseo de la propiedad de otros hombres: de hecho, debido a la garantía constitucional de la “libertad de expresión”, todos están protegidos si lo hacen. Además, se permite a todos actuar siguiendo este deseo, siempre que entre en el gobierno; por tanto, bajo la Constitución, todo se convierten en una amenaza potencial.

Es verdad que hay gente que no se ve afectada por el deseo de enriquecerse a costa de otros y tratarlos con prepotencia, es decir, hay gente que solo quiere trabajar, producir y disfrutar de los frutos de su trabajo. Sin embargo, si se permite la política (la adquisición de bienes por medios políticos, como impuestos y legislación), incluso esta gente inofensiva se verá profundamente afectada.

Para defenderse contra ataques a su libertad y propiedad por parte de quienes tienen menos escrúpulos morales, incluso esta gente honrada y trabajadora debe convertirse en “animales políticos” y emplear cada vez más tiempo y energías en desarrollar sus habilidades políticas. Dado que las características y talentos requeridos para el éxito político (buena presencia, sociabilidad, oratoria, carisma, etc.) están distribuidos desigualmente entre los hombres, entonces quienes tengan esas características y talentos particulares tendrán una sólida ventaja en la competencia por los recursos escasos (éxito económico) en comparación con quienes no los tengan.

Peor aún, dado que en toda sociedad existen más personas que “no tienen” algo que valga la pena que los que “tienen”, el político con talento que tenga poca o ninguna inhibición contra tomar propiedades y tratar a otros con prepotencia tendrá una clara ventaja sobre los que tengan esos escrúpulos. Es decir, la competencia política abierta favorece a los talentos políticos agresivos, y por tanto peligrosos, frente a los defensivos, y por tanto inofensivos, y lleva así al cultivo y perfección de las habilidades peculiares de la demagogia, el engaño, la mentira, el oportunismo, la corrupción y el soborno. Por tanto, la entrada y el éxito en el gobierno será cada vez más imposible para quien tenga escrúpulos morales contra la mentira y el robo.

Así que, al contrario que los reyes, congresistas, presidentes y jueces del Tribunal Supremo no adquieren ni pueden adquirir sus cargos accidentalmente. Más bien alcanzan su posición a causa de su competencia como demagogos moralmente desinhibidos. Además, incluso fuera de la órbita del gobierno, dentro de la sociedad civil, los individuos ascienden cada vez más a la cumbre del éxito económico y financiero, no en razón de sus talentos productivos o empresariales o incluso sus superiores talentos políticos defensivos, sino más bien por sus superiores habilidades como empresario y cabilderos políticos con talento. Así que la Constitución prácticamente asegura que exclusivamente solo los hombres peligrosos llegarán a la cumbre del poder público y que el comportamiento moral y los estándares éticos tenderán a disminuir y deteriorarse en general.

Además, la “separación de poderes” dispuesta constitucionalmente no supone ninguna diferencia en este aspecto. Dos o tres errores no suponen un acierto. Por el contrario, llevan a la proliferación, acumulación, refuerzo y agravación del error. Los legisladores no pueden imponer su voluntad sobre sus desventurados súbditos sin la cooperación del presidente como cabeza del poder ejecutivo del gobierno y el presidente a su vez usará su cargo y los recursos a su disposición para influir en los legisladores y la legislación. Y aunque el Tribunal Supremo pueda estar en desacuerdo con actos concretos del Congreso o el presidente, los jueces del Tribunal Supremo son nombrados por el presidente y confirmados por el Senado y siguen dependiendo de ellos en su financiación. Como parte integrante de la institución del gobierno, no tienen ningún interés en limitar, sino todo el interés en expandir el gobierno y por tanto su propio poder.[15]

IV- Doscientos años después…

Después de más de dos siglos de “gobierno limitado constitucionalmente”, los resultados son claros e indiscutibles. Al principio del “experimento” estadounidense, la carga fiscal impuesta a los estadounidenses era ligera, de hecho casi despreciable. El dinero consistía en cantidades fijas de oro y plata. La definición de la propiedad privada estaba clara y era aparentemente inmutable y el derecho de autodefensa se consideraba sagrado. No existía un ejército permanente y, como se expresaba en el Discurso de despedida de George Washington, parecía existir un firme compromiso con el libre comercio y una política exterior no intervencionista. Doscientos años después, las cosas han cambiado radicalmente.[16]

Ahora año tras año el gobierno estadounidense expropia más del 40% de las rentas de los productores privados, haciendo que incluso la carga económica impuesta a esclavos y siervos parezca moderada en comparación. El oro y la plata han sido remplazados por papel moneda fabricado por el gobierno y a los estadounidenses de les roba continuamente mediante inflación monetaria. El significado de la propiedad privada, en un tiempo aparentemente claro y fijo, se ha hecho oscuro, flexible y viscoso. De hecho, todo detalle de vida, propiedad, comercio y contrato privados está regulado y reregulado por montañas cada vez más altas de leyes en papel (legislación). Con el crecimiento en la legislación, se ha creado cada vez más incertidumbre legal y riesgos morales y la falta del derecho ha reemplazado a la ley y el orden.

Para acabar, el compromiso con el libre comercio y el no intervencionismo han dado paso a una política de proteccionismo, militarismo e imperialismo. De hecho, casi desde sus inicios, el gobierno de EEUU se ha dedicado a un constante expansionismo agresivo y, empezando con la Guerra Hispano-Estadounidense y continuando tras la Primera y Segunda Guerras Mundiales hasta el presente, Estados Unidos se ha implicado en cientos de conflictos en el extranjero y ha ascendido al puesto de principal poder belicista e imperialista. Además, mientras que los ciudadanos estadounidenses se han hecho cada vez más indefensos, inseguros y empobrecidos y los extranjeros en todo el mundo se han visto más amenazados y acosados por el poder militar de EEUU, los presidentes, miembros del Congreso y jueces del Tribunal Supero de Estados Unidos se han hecho cada vez más arrogantes, moralmente corruptos y peligrosos.[17]

¿Qué puede hacerse acerca de este estado de cosas? Primero, debe reconocerse a la Constitución Estadounidense como lo que es: un error.

Como señalaba la Declaración de Independencia, se supone que el gobierno protege vida, propiedad y búsqueda de la felicidad. Aún así, al conceder al gobierno el poder de fijar impuestos y legislar sin consentimiento, la Constitución no puede asegurar este objetivo sino que es en realidad el mismo instrumento para invadir y destruir el derecho a la vida, propiedad y libertad. Es absurdo creer que una agencia que puede fijar impuestos sin consentimiento puede ser protectora de la libertad. Igualmente es absurdo creer que una agencia con poderes legislativos puede preservar la ley y el orden. Por el contrario, debe reconocerse que la propia Constitución es inconstitucional, es decir, incompatible con la misma doctrina de derechos humanos naturales que inspiró la Revolución Americana.[18]

De hecho, nadie que piense correctamente estaría de acuerdo con un contrato que permita al supuesto protector de uno determinar unilateralmente, sin consentimiento de uno e irrevocablemente, sin posibilidad de renuncia, cuánto cobrar por la protección y nadie que piense correctamente estaría de acuerdo con un contrato irrevocable que garantizara al supuesto protector de uno el derecho a tomar la decisión definitiva respecto de la persona y propiedad de uno, es decir, la creación de leyes unilateralmente.[19]

Segundo, es necesario ofrecer una alternativa positiva e inspiradora al sistema presente.

Aunque es importante que se mantenga viva la memoria del pasado de Estados Unidos como tierra de pioneros y de una sistema efectivamente anarcocapitalista basado en la autodefensa y las milicias populares, no podemos volver al pasado feudal o al momento de la Revolución Americana. Aún así, la situación no es desesperada. A pesar del continuo crecimiento del estatismo a lo largo de lo dos últimos siglos, ha continuado el desarrollo económico y nuestros niveles de vida han alcanzado nuevas alturas espectaculares. Bajo estas circunstancias, se ha hecho viable una opción completamente nueva: la provisión de ley y orden mediante aseguradoras privadas (pérdidas y ganancias) en libre competencia.[20]

Incluso intervenidas por el estado, las aseguradoras protegen a los dueños de propiedades privadas con el pago de una prima frente a multitud de desastres naturales y sociales, de inundaciones a huracanes al robo o fraude. Así, parecería que la producción de seguridad y protección es el mismo propósito del seguro. Además, la gente no se dirigiría simplemente a cualquiera por un servicio tan esencial como el de la protección. Más bien, como apuntaba de Molinari:

Antes de llegar a un acuerdo con [un] productor de seguridad (…) verificarán si es realmente fuerte como para protegerla (…) [y] si su carácter no les haría preocuparse porque esté instigando las mismas agresiones que se supone que ha de eliminar.[21]

En este aspecto, las aseguradoras también parecen cumplir. Son grandes en el uso de recursos (físicos y humanos) necesarios para cumplir con la tarea de ocuparse de los peligros, reales o imaginados, del mundo real. De hecho, las aseguradoras operan a una escala nacional e incluso internacional. Sus importantes pertenencias están dispersas en amplios territorios y más allá de los límites de los estados y por tanto tienen un interés manifiesto en la protección efectiva. Además, todas las aseguradoras están conectadas a través de una compleja red de acuerdos contractuales de asistencia mutua y arbitraje, así como de un sistema de agencias reaseguradoras internacionales que representan un poder económico combinado que empequeñece a la mayoría, si no a todos, los gobiernos contemporáneos. Han conseguido esta posición a causa de su reputación como negocios eficaces, fiables y honrados.

Aunque esto puede bastar para considerar a las aseguradoras como una posible alternativa al papel actualmente desempeñado por los estados como proveedoras de ley y orden, se necesita un examen más detallado para demostrar la principal superioridad de esta alternativa al status quo. Para hacerlo, basta con ver que las aseguradoras no pueden ni fijar impuestos ni legislar, es decir, la relación entre asegurador y asegurado es consensual. Ambos son libres de cooperar o no y este hecho tiene importantes implicaciones. En este aspecto, las aseguradoras son categóricamente distintas de los estados.

Las ventajas de hacer que las aseguradoras proporcionen la seguridad y la protección son las siguientes. Primero, la competencia entre aseguradoras por clientes solventes generará una tendencia a una continua caída de los precios de la protección por valor asegurado, haciendo la protección más asequible. Por el contrario, un protector monopolista que pueda fijar impuestos a los protegidos cobrará precios cada vez más altos por sus servicios.[22]

Segundo, las aseguradoras tendrían que indemnizar a sus clientes en caso de daños reales, por tanto deberían operar eficientemente. Respecto de los desastres sociales (el crimen) en particular, esto significa que la aseguradora debe preocuparse sobre todo por la prevención efectiva, pues si no impide el delito, tendrá que pagarlo. Además, si no puede impedirse un acto criminal, un aseguradora seguirá queriendo recuperar el botín, detener al delincuente y entregarlo a la justicia, pues al hacerlo así puede reducir sus costes y obligar al criminal (en lugar de a la víctima y su aseguradora) a pagar los daños y costes de indemnización. Es muy distinto lo que pasa con los estados monopolistas obligatorios que no indemnizan a las víctimas y pueden recurrir a los impuestos como fuente de financiación, que tienen poco o ningún incentivo para impedir el crimen y recuperar el botín y capturar a los criminales. Si consiguen atrapar a un criminal, normalmente obligan a la víctima a pagar por la encarcelación del delincuente, añadiendo así la burla al daño.[23]

Tercero y más importante, como la relación entre las aseguradoras y sus clientes es voluntaria, aquéllas deben aceptar la propiedad privada como algo dado y los derechos de propiedad como una ley inmutable. Es decir, para atraer y retener clientes, las aseguradoras tendrían que ofrecer contratos con descripciones específicas de la propiedad y el daño a la propiedad, normas de procedimiento, evidencia, indemnización, restitución y sanción, así como procedimientos de resolución y arbitraje de conflictos entre agencias.

Además, aparte de la constante cooperación entre las distintas aseguradoras en procesos de arbitraje entre ellas, se produciría una tendencia hacia la unificación de la ley, de una verdadera ley universal o internacional. Todos, por estar asegurados, se verían así unidos en un esfuerzo competitivo global por minimizar el conflicto y la agresión. Todo conflicto y reclamación de daños, independientemente de dónde y por quién o contra quién, caería en la jurisdicción de exactamente una o más aseguradoras concretas y innumerables y sus procedimientos de arbitraje acordados contractualmente, creando así una “perfecta” certidumbre legal.

En chocante contraste, como protectores monopolísticos financiados mediante impuestos, los estados no ofrecen a los consumidores de protección nada que se parezca remotamente a un contrato de servicios. Por el contrario, operan sin contrato, lo que les permite corregir y cambiar las reglas del juego con el tiempo. Lo más notable es que, mientras que las aseguradoras deben someterse a terceros árbitros independientes y procesos de arbitraje para atraer clientes que paguen voluntariamente, los estados, si es que permiten algún tipo de arbitraje, asignan esta tarea a otro juez financiado por el estado y dependiente de éste.[24]

Otras implicaciones de este contraste esencial entre aseguradoras como proveedores contractuales y estados como proveedores no contractuales de seguridad merecen especial atención.

Como no están sujetos ni obligados por contratos, los estados normalmente prohíben la posesión de armas por parte de sus “clientes”, aumentando así su propia seguridad a costa de dejar indefensos a sus supuestos clientes. Por el contrario, ningún comprador voluntario de seguros de protección estaría de acuerdo con un contrato que le obligara a renunciar a su derecho de autodefensa y a estar desarmado o indefenso. Por el contrario, las aseguradoras animarían as sus clientes a poseer armas de fuego y otros dispositivos de protección por medios de rebajas selectivas de precios, porque cuanto mejor sea la protección privada de sus clientes, menor será la protección de las aseguradoras y los costes de indemnización.

Además, como operan en un vacío contractual y son independientes del pago voluntario, los estados definen y redefinen arbitrariamente lo que es una “agresión” punible y lo que no lo es y lo que requiere indemnización y lo que no. Al imponer un impuesto de la renta proporcional o progresivo y redistribuir la renta de los ricos a los pobres, por ejemplo, los estados definen en la práctica a los ricos como agresores y a los pobres como víctimas. (De otra manera, si los ricos no fueran agresores y los pobres no fueran sus víctimas, ¿cómo podrían justificar quitar algo a los primeros y dárselo a los últimos?) O al aprobar leyes de acción afirmativa los estados definen en la práctica a blancos y varones como agresores y a negros y mujeres como sus víctimas. Para las aseguradoras, una conducta similar en los negocios sería imposible por dos razones fundamentales.[25]

Primero, todo seguro implica agrupar los riesgos concretos en clases. Esto implica que a algunos de los asegurados recibirán más de lo que pusieron y otros menos. Sin embargo (y esto resulta decisivo) nadie sabe por adelantado quiénes serán los “ganadores” y quiénes los “perdedores”. Ganadores y perdedores (y cualquier redistribución de rentas entre ellos) se distribuirán aleatoriamente. De otra manera, si ganadores y perdedores pudieran predecirse sistemáticamente, los perdedores no querrían aunar sus riesgos con los ganadores sino solo con otros perdedores, porque esto rebajaría su prima de seguro.

Segundo, no es posible asegurarse contra cualquier riesgo concebible. Más bien, solo es posible asegurarse contra accidentes, es decir, riesgos sobre cuyo resultado el asegurado no tiene ningún control y los que no contribuye en nada. Así que es posible asegurarse contra el riesgo de muerte o incendio, por ejemplo, pero no lo es contra el riesgo de cometer suicidio o quemarse la casa.

Igualmente, no es posible asegurarse contra el riesgo de fracaso en los negocios, de desempleo, de no hacerse rico, de que no te apetezca levantarte por las mañanas o de que no te gusten tus vecinos, compañeros o jefes, porque en cada uno de estos casos uno tiene control total o parcial sobre el evento en cuestión. Es decir, un individuo puede afectar a la probabilidad del riesgo. Por su misma naturaleza, evitar estos riesgos entra en el ámbito de la responsabilidad individual y cualquier agencia que asuma su seguro quedaría condenada a una bancarrota inmediata.

Más significativo para la materia en discusión, la inasegurabilidad de las acciones y sentimientos humanos (en contraste con los accidentes) implica que también es imposible asegurarse contra el riesgo de daños que sean el resultado de una agresión o provocación previa propia. Por el contrario, toda aseguradora debe restringir las acciones de sus clientes de forma que excluyan toda agresión y provocación por su parte. Es decir, cualquier seguro contra desastres sociales como el delito debe conllevar que los asegurados se sometan a normas concretas de conducta no agresiva y civilizada.

Igualmente, mientras que los estados como protectores monopolísticos pueden dedicarse a políticas redistributivas beneficiando a un grupo de gente a costa de otro, y mientras que como agencias financiadas por impuestos pueden incluso “asegurar” riesgos no asegurables y proteger a provocadores y agresores, a las aseguradoras financiadas voluntariamente se les impide sistemáticamente hacer ninguna de estas cosas. La competencia entre aseguradoras impediría cualquier forma de redistribución de renta y riqueza entre distintos grupos asegurados, pues una compañía que realizara estas prácticas perdería clientes frente a otras que no lo hicieran. Por el contrario, cada cliente pagaría exclusivamente por su propio riesgo, en relación con la gente con la misma exposición (homogénea) al riesgo que afronta.[26] Tampoco nuestras aseguradoras financiadas voluntariamente serían capaces de “proteger” a ninguna persona de las consecuencias de su propia conducta o sentimiento erróneo, estúpido, arriesgado o agresivo. Por el contrario, la competencia entre aseguradoras estimularía sistemáticamente la responsabilidad individual y cualquier provocador o agresor conocido sería excluido como un mal riesgo asegurador en cualquier cobertura de seguro y se consideraría un marginado económicamente aislado, débil y vulnerable.

Por fin, respecto de las relaciones exteriores, como los estados pueden externalizar los costes de sus propias acciones en los indefensos contribuyentes, tienden permanentemente a convertirse en agresores y belicosos. Consecuentemente, tienden a financiar y desarrollar armas de agresión y destrucción masiva. Por el contrario, las aseguradoras evitarían realizar ninguna forma de agresión externa, porque cualquier agresión es costosa y requiere primas de seguro más altas, lo que implica la pérdida de clientes ante otros competidores no agresivos. Las aseguradoras se dedicarían exclusivamente a la violencia defensiva y en lugar de adquirir armas de agresión y destrucción en masa, tenderían a invertir en el desarrollo de armas de defensa y de represalia concentrada.[27]

V- Revolución por medio de la secesión

Aunque todo esto esté claro, ¿cómo podríamos conseguir implantar una reforma constitucional tan esencial como ésa? Las aseguradoras están actualmente restringidas por incontables regulaciones que les impiden hacer lo que podrían hacer y naturalmente harían. ¿Cómo pueden liberarse de estas regulaciones?

Esencialmente, la respuesta a esta pregunta es la misma que dieron los revolucionarios americanos hace más de doscientos años: mediante la creación de territorios libres y por medio de la secesión.

De hecho, bajo las condiciones democráticas de hoy, esta respuesta es incluso más verdadera de lo que era en los tiempos de los reyes. Pues entonces, bajo condiciones monárquicas, los defensores de una revolución social liberal-libertaria antiestatista aún tenían una opción que se ha perdido desde entonces. Los liberales-libertarios de los viejos tiempos podían creer (y frecuentemente lo hacían) en la posibilidad de simplemente convertir al rey a su opinión, iniciando así una “revolución desde arriba”. No hacía falta un apoyo masivo, solo la idea de un príncipe ilustrado.[28]

Por muy realista que pudiera haber sido entonces, esta estrategia de revolución social desde arriba hoy sería imposible. Los líderes políticos se eligen hoy en día de acuerdo con su talento demagógico y está comprobado que son habitualmente inmorales, como se ha explicado antes; por consiguiente, la posibilidad de convertirles en liberales-libertarios debe considerarse incluso menor que la de convertir a un rey que simplemente heredó su cargo.

Además, el monopolio de la protección del estado se considera hoy propiedad pública en lugar de privada y el gobierno no está ya ligado a un individuo concreto, sino a funciones concretas ejercitadas por funcionarios anónimos. Por tanto, la estrategia de conversión de un solo hombre ya no puede funcionar. No importa si uno convierte a varios altos cargos (por ejemplo, al presidente y algunos senadores y jueces importantes) porque dentro de las reglas del gobierno democrático ningún individuo tiene el poder renunciar al monopolio de la protección del gobierno. Los reyes tenían este poder, pero lo presidentes no lo tienen. Por supuesto, el presidente puede renunciar a su cargo, pero solo lo asumiría otro. No puede disolver el monopolio gubernamental de la protección porque según las reglas de la democracia, “el pueblo”, no sus representantes electos, es considerado como “propietario” del gobierno.

Así que, en lugar de por medio de una reforma desde arriba, bajo las condiciones actuales, la estrategia debe ser la de una revolución desde abajo. En principio, la expresión de esta idea parecería hacer imposible la tarea de una revolución social liberal-libertaria, pues ¿no implicaría esto que uno tendría que convencer a una mayoría de gente a votar la abolición de la democracia y acabar con todos los impuestos y la legislación? ¿Y no es estos una completa fantasía, dado que las masas son siempre perezosas e indolentes, e incluso más dado que la democracia, comos e ha explicado antes, promueve la degeneración moral e intelectual? ¿Cómo puede alguien esperar que una mayoría de gente cada vez más degenerada acostumbrada al “derecho” a votar renuncie voluntariamente a la oportunidad de saquear la propiedad de otra gente? Dicho así, uno debe admitir que la perspectiva de una revolución social debe realmente considerarse como prácticamente nula. Por el contrario, solo con la segunda idea, de considerar a la secesión como parte integrante de una estrategia desde abajo, parece la tarea de una revolución social liberal-libertaria menos que imposible, aunque siga siendo de enormes dimensiones.

¿Cómo se ajusta la secesión a una estrategia de revolución social desde abajo? Más importante, ¿cómo puede un movimiento secesionista escapar al destino de la Confederación del Sur de ser aplastado por un gobierno central tiránico y peligrosamente armado?

En respuesta a estas preguntas, es primero necesario recordar que ni la Revolución Americana original ni la Constitución Estadounidense fueron el resultado de la voluntad de la mayoría de la población. Un tercio de los colonos americanos eran realmente tories y otro tercio estaba ocupado con sus trabajos diarios y no le preocupaba nada más. No más de un tercio de los colonos estaban realmente comprometidos y apoyaban la revolución y aún así tuvieron éxito. Y en lo que respecta a la Constitución, la abrumadora mayoría del público estadounidense se oponía a su adopción y su ratificación fue más un golpe de estado de una diminuta minoría que voluntad popular. Todas las revolución, buenas o malas, las inician minorías y la ruta secesionista hacia la revolución social, que implica necesariamente la separación de un número menor de gente que una mayor, tiene conocimiento explícito de este hecho importante.

Segundo, es necesario reconocer que el poder último de todo gobierno (ya sea de reyes o de cuidadores) se basa solamente en la opinión y no en la fuerza física. Los agentes del gobierno no son nunca más que una pequeña proporción de la población total bajo su control. Esto implica que ningún gobierno puede imponer por la fuerza su voluntad contra toda la población salvo que encuentre un amplio apoyo dentro del público no gubernamental. Esto implica igualmente que todo gobierno puede ser derrocado por un mero cambio en la opinión pública, es decir, por la pérdida del consentimiento y la cooperación del público.[29]

Y aunque es innegablemente cierto que, después de más de dos siglos de democracia, el público estadounidense se ha hecho tan degenerado, moral e intelectualmente, que dicha pérdida debe considerarse imposible a una escala nacional, no resultaría una dificultad insuperable conseguir una mayoría secesionista en distritos o regiones suficientemente pequeños del país.

De hecho, suponiendo una minoría enérgica de élites intelectuales inspiradas por la visión de una sociedad libre en la que la ley y el orden los proporcionan aseguradoras en competencia y suponiendo además que se sigue sosteniendo que la secesión es legítima (indudablemente los es en Estados Unidos, que debe su existencia a una ley secesionista) y de acuerdo con el ideal democrático “original” de autodeterminación (en lugar de la ley de la mayoría)[30] por una cantidad sustancial de gente, no parece haber nada no realista en asumir que esas mayorías secesionistas existan o puedan crearse en cientos de localidades en todo el país.

De hecho, bajo la suposición realista de que el gobierno central de EEUU así como los estados social-democráticos de Occidente en general están condenados a la bancarrota económica (igual que las democracias populares socialistas del Este se derrumbaron económicamente hace algunos años)las tendencias presentes hacia una desintegración política probablemente se fortalezcan en el futuro. Por consiguiente, el número potenciales regiones secesionistas continuará aumentando, incluso más allá de su nivel actual.

Finalmente, la idea del potencial secesionista extendido y creciente también permite una respuesta a la última pregunta relativa a los peligros de una ofensiva del gobierno central.

Aunque es importante en este aspecto que la memoria del pasado secesionista de Estados Unidos permanezca vivo, es aún más importante para el éxito de la revolución liberal-libertaria que evite los errores del segundo intento fallido de secesión. Por fortuna, el tema de la esclavitud, que complicó y oscureció la situación en 1861,[31] se ha resuelto. Sin embargo, debe aprenderse otra importante lección comparando el fracasado segundo experimento americano con la secesión con el primero con éxito.

La primera secesión americana fue facilita grandemente por el hecho de que en el centro del poder en Gran Bretaña, la opinión pública respecto de los secesionistas apenas estaba unificada. De hecho, muchas ilustres figuras británicas, como Edmund Burke y Adam Smith simpatizaban abiertamente con los secesionistas. Aparte de razones puramente ideológicas, que raramente afectan a más de un puñado de mentes filosóficas, está falta de oposición unificada a los secesionistas americanos en la opinión pública británica puede atribuirse a dos factores complementarios. Por un lado, existían multitud de afinidades regionales y religioso-culturales, así como lazos familiares entre Gran Bretaña y los colonos americanos. Por otro lado, los acontecimientos americanos se consideraban lejanos a casa y la pérdida potencial de las colonias como insignificante económicamente.

En ambos aspectos, la situación en 1861 era claramente diferente. Es verdad que, en el centro del poder político, que para entonces había cambiado hacia los estados del norte, la oposición a la secesionista Confederación no estaba unificada y la causa confederada también tenía defensores en el norte. Sin embargo, existían menos lazos culturales y de parentesco entre el norte y el sur de Estados Unidos de las que había habido entre Gran Bretaña y la colonias americanas y la secesión de la Confederación afectaba en torno a la mitad del territorio y un tercio de la población de todos los Estados Unidos y esto afectaba a la gente del norte por estar cerca de casa y por ser una pérdida económica significativa. Por tanto, era comparativamente más sencillo para la élite en el poder en el norte crear un frente unificado de cultura yanqui “progresista” frente un Dixieland culturalmente atrasado y “reaccionario”.

Ante estas consideraciones, parece, por tanto, estratégicamente recomendable no intentar de nuevo lo que fracasó tan dolorosamente en 1861: estados contiguos o incluso todo el sur tratando de alejarse de la tiranía de Washington DC.

En su lugar, una estrategia moderna liberal-libertaria de secesión debería seguir los pasos de la Edad Media europea, cuando, desde alrededor del siglo XII hasta bien entrado el XVII (con la aparición del estado centralizado moderno), Europa se caracterizó por la existencia de cientos de ciudades libres e independientes, entremezcladas en una estructura social predominantemente feudal.[32]

Al elegir este modelo y buscar crear unos Estados Unidos puntuados por un número grande y creciente de ciudades libres territorialmente desconectadas (una multitud de Hong Kongs, Singapures, Mónacos y Liechtensteins esparcidos por todo el continente) pueden lograrse dos objetivos de otra manera inalcanzables pero esenciales. Primero, además de reconocer el hecho de que el potencial liberal-libertario está distribuido de una forma muy uniforme en todo el país, esa estratega de separación poco a poco hace a la secesión menos amenazadora política, social y económicamente. Segundo, al seguir esta estrategia simultáneamente en un gran número de localidades en todo el país, se hace cada vez más difícil al estado central crear la oposición unificada en la opinión pública hacia los secesionistas que llevaría al nivel de apoyo popular y cooperación voluntaria necesario para aplastarlas por la fuerza con éxito.[33]

Si tenemos éxito en esta empresa, si procedemos luego a devolver toda la propiedad pública a las manos privadas apropiadas y adoptamos una nueva “constitución” que declare ilegal desde entonces todos los impuestos y la legislación y si finalmente permitimos a las aseguradoras hacer lo que están destinadas a hacer, verdaderamente podríamos enorgullecernos y Estados Unidos estaría justificado en afirmar que proporciona un ejemplo al resto del mundo.

[1] Sobre la influencia de Locke y la filosofía política de Locke en Estados Unidos, ver Edmund S. Morgan, The Birth of the Republic: 1763–89 (Chicago: University of Chicago Press, 1992), pp. 73–74:

Cuando Locke describió este estado de naturaleza, pudo explicarlo de la forma más vívida diciendo que “en el principio todo el mundo era América”. Y de hecho muchos americanos habían tenido la experiencia real de aplicar trabajo a terreno salvaje y hacerlo suyo. Algunos incluso participaron en agrupaciones sociales, estableciendo nuevos gobiernos en áreas salvajes donde no había existido nada previamente. (p. 74)

Sobre el delito, la protección y la defensa en particular, ver Terry Anderson y P.J. Hill, “The American Experiment in Anarcho-Capitalism: The Not So Wild, Wild West”, Journal of Libertarian Studies 3, nº 1 (1979); y Roger D. McGrath, Gunfighters, Highwaymen, and Vigilantes: Violence on the Frontier (Berkeley: University of California Press, 1984).

[2] Al contrario de lo que dice el popular mito multicultural, Estados Unidos no fue decididamente un “crisol” cultural. Más bien, la colonización del continente norteamericano confirmaba la idea sociológica elemental de que todas las sociedades humanas derivan de familias y sistemas de parentesco y por tanto se caracterizan por un algo grado de homogeneidad interna, es decir, que los “similares” normalmente se asocian con “similares” y se distancias y separan de los “disimilares”. Así, por ejemplo, de acuerdo con la tendencia general, los puritanos se establecían preferentemente en Nueva Inglaterra, los calvinistas holandeses en Nueva York, lo cuáqueros en Pennsylvania y el sur de Nueva Jersey, los católicos en Maryland y los anglicanos y hugonotes franceses en las colonias del sur. Ver más acerca de esto en David Hackett Fisher, Albion's Seed: Four British Folkways in America (Nueva York: Oxford University Press, 1989).

[3] Ver Fritz Kern, Kingship and Law in the Middle Ages (Oxford: Blackwell, 1948); Bertrand de Jouvenel, Sovereignty: An Inquiry into the Political Good (Chicago: University of Chicago Press, 1957) [publicado en España como La soberanía (Albolote, Granada: Comares, 2000)], especialmente el capítulo 10; ídem, On Power: The Natural History of its Growth (Nueva York: Viking, 1949) [publicado en España como Sobre el poder: historia natural de su crecimiento (Madrid: Unión Editorial, 2011)] y Robert Nisbet, Community and Power (Nueva York: Oxford University Press, 1962).

“Feudalismo”, resume Nisbet en otro lugar (ídem, Prejudices. A Philosophical Dictionary [Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982], pp. 125-131):

ha sido una invective, un palabra de vehemente abuso y vituperio durante los últimos dos siglos. (…) [especialmente] por intelectuales al servicio espiritual del moderno estado absoluto, ya sea monárquico, republicano o democrático. [En realidad,] el feudalismo es una extensión y adaptación de la relación de parentesco con una afiliación protectora ante las bandas guerreras o la caballería. (…) Contrariamente al estado político moderno con su principio de soberanía territorial, durante la mayoría de un periodo de mil años en Occidente, protección, derechos, bienestar, autoridad y devoción se basaban en una relación personal, no territorial. Ser el “hombre” de otro hombre, que a su vez es el “hombre” de otro hombre más y así sucesivamente hasta lo alto de la pirámide feudal, debiendo cada uno al otro servicio o protección, es tener una relación feudal. La obligación feudal tiene en sí misma mucho de la relación entre guerrero y comandante, pero tiene aún más que ver con la relación entre hijo y padre, entre familiar y patriarca. (…) [Así que las relaciones feudales son esencialmente] relaciones privadas, personales y contractuales. (…) La subordinación del rey al derecho era uno de los principios más importantes bajo el feudalismo.

Ver también a continuación las notas 8, 9 y 10.

[4] Ver Lord Acton, “The History of Freedom in Christianity”, en ídem, Essays in the History of Liberty (Indianapolis, Ind.: Liberty Classics, 1985), esp. p. 36.

[5] Sobre la herencia ideológica liberal-libertaria de los colonos americanos, ver Murray N. Rothbard, For A New Liberty (Nueva York: Collier, 1978), capítulo 1; ídem, Conceived in Liberty, 4 vols. (New Rochelle, N.Y.: Arlington House, 1975) y Bernard Bailyn, The Ideological Origins of the American Revolution (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1967).

[6] Esta idea fundamental se expuso claramente por primera vez por parte del economista franco-belga Gustave de Molinari en un artículo publicado en 1849 (“La producción de la seguridad”). De Molinari razonaba:

Que en todos los casos, para todos los productos que sirven para atender las necesidades tangibles o intangibles del consumidor, lo que más interesa al consumidor es que el trabajo y el comercio permanezcan libres, porque la libertad de trabajo y comercio tienen como resultado necesario y permanente la máxima reducción en el precio. (…) De donde se deduce: Que ningún gobierno debería tener derecho a impedir a otro gobierno que compita con él u obligue a los consumidores de seguridad a acudir exclusivamente a él para este producto (p. 3).

Si, por el contrario, el consumidor no es libre de comprar seguridad donde la plazca, vemos inmediatamente abierta una gran profesión dedicada a la arbitrariedad y la mala gestión. La justicia se convierte en lenta y costosa, la policía en vejatoria, la libertad individual ya no se respeta, el precio de la seguridad se hincha abusivamente y se proporciona de manera desigual, según el poder e influencia de esta o aquella clase de consumidores (pp. 13-14).

[7] Además, de acuerdo con su carácter real original, los nuevos estados independientes de Georgia, Carolina del Norte y del Sur, Virginia, Connecticut y Massachussets, por ejemplo, declaraban al Océano Pacífico como su frontera occidental y basándose es esas declaración de propiedad tan evidentemente sin fundamento y usurpatorias (y consecuentemente también sus herederos “legales”, el Congreso Continental y los Estados Unidos), procedieron a vender territorios occidentales a colonos y promotores privados para pagar sus deudas o financiar operaciones del gobierno de entonces.

[8] Ver Bruno Leoni, Freedom and the Law (Indianapolis, Ind.: Liberty Classics, 1991), p. 118. [Publicado en España como La libertad y la ley (Madrid: Unión Editorial, 2010)]. Aquí Leoni señala que varios comentaristas estudiosos de la Carta Magna , por ejemplo, han apuntado que una versión medieval temprana del principio “no a los impuestos sin representación” se consideraba como “no a los impuestos sin el consentimiento de los individuos gravados” y se nos dice que en 1221 el obispo de Winchester “requerido para consentir un impuesto al escuage, rechazó pagarlo después de que el concilio se lo autorizara, basándose en que estaba en desacuerdo, y el Canciller defendiera su alegación”.

[9] Ver Kern, Kingship and Law in the Middle Ages, que escribe que

no existía en la Edad Media la “primera aplicación de una regla legal”. La ley es antigua; una ley nueva es una contradicción; pues o la nueva ley deriva explícita o implícitamente de la antigua o está en conflicto con la antigua, en cuyo caso no es legal. La idea fundamental sigue siendo la misma: la ley antigua es la ley verdadera y la ley verdadera es la ley antigua. Según las ideas medievales, por tanto, la aprobación de una nueva ley no es posible en absoluto y toda legislación y reforma legal se conciben como una restauración de la buena ley antigua que ha sido violada (p. 151).

Opiniones similares respecto de la permanencia de lay y la inadmisibilidad de la legislación se sostenían aún por parte de los fisiócratas franceses del siglo XVIII, como Mercier de la Riviere, autor de un libro sobre L'Ordre Naturel y en un tiempo gobernador de la Martinica. A pedirle consejo sobre cómo gobernar, la zarina rusa Catalina la Grande, se dice que de la Riviere contestó que la ley debe basarse

solo en una [cosa], Señora, la naturaleza de las coas y del hombre. (…) Dar o crear leyes, Señora, es una tarea que Dios no ha otorgado a nadie. ¡Ah! ¿Quién es el hombre para pensar de sí mismo que es capaz de dictar leyes a seres de los que nada conoce? La ciencia del gobierno es estudiar y reconocer las leyes que Dios a grabado tan evidentemente en la misma organización del hombre, cuando le dio existencia. Pretender ir más allá de esto sería una gran desgracia y una tarea destructiva. (Citado en Murray N. Rothbard, Economic Thought Before Adam Smith: An Austrian Perspective on the History of Economic Thought [Cheltenham, U.K.: Edward Elgar, 1995], vol. 1, p. 371). [Publicado en España como Historia del pensamiento económico, vol. 1, El pensamiento económico hasta Adam Smith (Madrid: Unión Editorial, 1999)]

Ver también de Jouvenel, Sovereignty, pp. 172-173 y 189.

[10] La muy alabada opinión moderna, según la cual la adopción de un “gobierno constitucional” representa un gran avance civilizador del gobierno arbitrario al estado de derecho y al que atribuye a Estados Unidos un papel prominente e incluso preeminente en este logro histórico, debe por tanto considerarse seriamente defectuosa. Esta opinión no solo se contradice evidentemente por documentos como la Carta Magna (1215) o la Bula de Oro (1356), sino, lo que es más importante, representa incorrectamente la naturaleza de los gobiernos premodernos. A dichos gobiernos o bien les faltaba completamente el más arbitrario y tiránico de todos los poderes, es decir, el poder de fijar impuestos y legislar sin consentimiento, o incluso si poseían esos poderes se los consideraba generalizadamente como ilegítimos, es decir, como usurpados en lugar de justamente adquiridos. Muy al contrario, los gobiernos modernos se definen por el hecho de que los poderes de fijar impuestos y legislar están reconocidos explícitamente como legítimos, es decir, todos los gobiernos “constitucionales”, tanto en Estados Unidos como en cualquier otro lugar, constituyen gobiernos estatales. Así que Robert Nisbet tiene razón al indicar que

un rey pre-moderno puede haber gobernado a veces con un grado de irresponsabilidad del que pocos funcionaros modernos pueden disfrutar, pero es dudoso que, en términos de poderes y servicios efectivos, ningún rey, ni siquiera las “monarquías absolutas” del siglo XVII otorgaran al rey el tipo de autoridad que ahora conlleva el cargo de muchos funcionarios de alto rango en las democracias. Había entonces demasiadas barreras sociales entre el poder proclamado del monarca y la ejecución efectiva de este poder sobre los individuos. El mismo prestigio e importancia funcional de iglesia, familia, gremio y comunidad local como filiaciones limitaban lo absoluto del poder del Estado. (Community and Power, pp. 103-104).

[11] Murray N. Rothbard, Power and Market: Government and the Economy (Kansas City: Sheed Andrews and McMeel, 1977), pp. 188-189. Ver más en sus capítulos 1-3. Ante estas consideraciones (y frente a la idea común sobre el tema), uno llega a la misma conclusión respecto del “éxito” en último término de la Revolución Americana que H.L. Mencken, A Mencken Chrestomathy (Nueva York: Vintage Books, 1982):

Las revoluciones políticas habitualmente no consiguen nada de genuino valor: su único efecto indiscutible es derrocar a una banda de ladrones y poner a otra en su lugar. (…) Incluso la Revolución Americana consiguió poco de su rebelión en 1776. Pues veinticinco años después de la Revolución estaban en una condición mucho peor como estados libres de lo que habrían estado como colonias. Su gobierno era más expansivo, más ineficiente, menos honrado y más tiránico. Fue solo el gradual progreso material del país el que lo salvó del hambre y el colapso y ese progreso material se debió, no a las virtudes de su nuevo gobierno, sino a la generosidad de la naturaleza. Bajo el yugo británico también hubiera llegado y probablemente bastante mejor (pp. 145-146).

[12] Ver sobre lo que sigue Hans-Hermann Hoppe, Eigentum, Anarchie und Staat. Studien zur Theorie des Kapitalismus (Opladen: Westdeutscher Verlag, 1987), pp. 182 y ss.

[13] Helmut Schoeck, Envy: A Theory of Social Behavior (Nueva York: Harcourt, Brace and World, 1970). [Publicado en España como La envidia y la sociedad (Madrid: Unión Editorial, 1999)].

[14] Ver de Jouvenel, On Power, pp. 9-10.

[15] Ver sobre esto el brillante y realmente profético análisis de John C. Calhoun, A Disquisition on Government (Nueva York: Liberal Arts Press, 1953), esp. pp. 25–27. [Publicado en España como Disquisición sobre el gobierno (Madrid: Tecnos, 1996)]. Ahí Calhoun apunta que una

constitución escrita ciertamente tiene muchas ventajas, pero es un gran error suponer que la mera inserción de provisiones para restringir y limitar los poderes del gobierno, sin investir a quienes para cuya protección se ha insertado con los medios de aplicar su observancia, serán suficientes como para impedir que el partido mayoritario y dominante abuse de sus poderes. Estando el partido en posesión del gobierno, (…) estarán a favor de los poderes otorgados por la constitución y se opondrán a las restricciones que pretenden limitarlos. Como partidos mayoritarios y dominantes, no necesitan estas restricciones para su protección. (…) El partido minoritario o más débil, por el contrario, tomará la dirección opuesta y los considerará como esenciales para su protección contra el partido dominante. (…) Pero donde no hay medios por los que puedan obligar al partido mayoritario a observar estas restricciones, el único recurso que les queda sería una interpretación estricta de la constitución. (…) A lo cual el partido mayoritario opondrá una interpretación liberal, una que dé a las palabras de concesión su significado más amplio del que sean susceptibles. Sería entonces interpretación contra interpretación, una para disminuir y otra para agrandar los poderes del gobierno al máximo. ¿Pero qué posibilidades podría tener la interpretación estricta del partido minoritario frente a la interpretación liberal del mayoritario cuando uno tendría todos los poderes del gobierno para poner en práctica su interpretación y el otro estaría privado de todo medio de aplicar su interpretación? En una liza tan desigual, el resultado no ofrecería dudas. El partido a favor de restringir se vería superado. (…) El final de la liza sería la subversión de la constitución (…) las restricciones acabarían siendo anuladas y el gobierno se convertiría en uno de poderes ilimitados. (…) Tampoco la división del gobierno en departamentos separados e independientes unos respecto de otros, impediría este resultado (…) ya que todos y cada uno de los departamentos (y por supuesto todo el gobierno) estarían bajo el control de la mayoría numérica y está demasiado claro como para que haga falta explicarlo que una mera distribución de sus poderes entre sus agentes o representantes podría hacer poco o nada para contrarrestar su tendencia a la opresión y el abuso de poder.

Luego, en resumen, Rothbard ha comentado sobre este análisis:

la Constitución ha probado ser un instrumento de ratificación de la expansión del poder del Estado en lugar de lo contrario. Como demostró Calhoun, cualquier límite escrito que deje al gobierno que interprete sus propios poderes está condenado a ser interpretado como autorizaciones para expandir y no limitar esos poderes. En un sentido profundo, la idea de limitar el poder con las cadenas de una constitución escrita ha probado ser un noble experimento fracasado. La idea de un gobierno estrictamente limitado ha probado ser utópica; deben encontrarse otros medios, más radicales, para impedir el crecimiento del Estado agresivo. (For A New Liberty, p. 67).

Ver también Anthony de Jasay, Against Politics: On Government, Anarchy, and Order (Londres: Routledge, 1997), especialmente el capítulo 2.

[16] Robert Higgs, Crisis and Leviathan: Critical Episodes in the Growth of American Government (Nueva York: Oxford University Press 1987), p. ix, compara la primera experiencia estadounidense con la actualidad:

Hubo un tiempo, hace mucho, en que el estadounidense medio podía dedicarse a sus asuntos diarios sin apenas ser consciente del gobierno, especialmente del gobierno federal. Como granjero, comerciante o fabricante, podía decidir qué, cómo, cuándo y dónde producir y vender sus bienes, limitado por poco más que las fuerzas del mercado. Piénsenlo: ni subsidios agrícolas, ni soporte a los precios o controles de acres; ni Comisión Federal de Comercio, ni leyes antitrust, ni Comisión Interestatal de Comercio. Como empleado, empresario, consumidor, inversor, prestamista, prestatario, estudiante o profesor, podía proceder en general siguiendo sus impulsos. Piénsenlo: ni Consejo de Relaciones Laborales, ni leyes federales de “protección” al consumidor, ni Comisión de Valores e Intercambio, ni Comisión de Iguales Oportunidades en el Empleo, ni Departamento de Salud y Servicios Humanos. Al no haber un banco central emitiendo divisa nacional en papel moneda usaba normalmente moneda de oro para sus compras. No había impuestos generales a las ventas, ni impuestos de Seguridad Social, ni impuesto sobre la renta. Aunque los funcionarios eran tan corruptos como ahora (tal vez más) tenían mucho menos para corromper. Los ciudadanos privados gastaban alrededor de quince veces más que todos los gobiernos combinados. Sin embargo, esos días pasaron hace tiempo.

[17] Sobre el crecimiento del gobierno de EEUU y en particular el papel de la guerra en esta evolución, ver John V. Denson, ed., The Costs of War: America's Pyrrhic Victories (New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 1997); Higgs, Crisis and Leviathan; Eckehart Krippendorff, Staat und Krieg (Frankfurt/M.: Suhrkamp, 1985), esp. pp. 90-116; Ronald Radosh y Murray N. Rothbard, eds., A New History of Leviathan (Nueva York: Dutton, 1972); Arthur A. Ekirch, The Decline of American Liberalism (Nueva York: Atheneum, 1967).

[18] Para la declaración más vigorosa en este sentido, ver Lysander Spooner, No Treason: The Constitution of No Authority (Colorado Springs, Colo.: Ralph Myles, 1973); también Murray N. Rothbard, The Ethics of Liberty (Nueva York: New York University Press, 1998), especialmente los capítulos 22 y 23.

[19] De hecho, un contrato de protección como ése no solo es empíricamente improbable, sino praxeológicamente imposible. Al “acordar ser gravado y legislado para ser protegido”, una persona entregaría o renunciaría en la práctica a toda su propiedad en favor de la autoridad fiscal y se sometería a una esclavitud permanente respecto de la agencia legislativa. Pero un contrato como ése sería desde el principio intolerable y por tanto nulo, porque contradice la misma naturaleza de los contratos de protección, que es que se proteja la autopropiedad de uno y la existencia de algo en posesión del protegido (en lugar de la de su protector), es decir, la propiedad privada separada.

Curiosamente, a pesar del hecho de que ninguna constitución estatal conocida ha sido aprobada por todos sobre los que recae su jurisdicción y a pesar de la aparente imposibilidad de que este hecho pueda ser nunca diferente, la filosofía política, de Hobbes a Locke hasta el presente, abunda en intentos de ofrecer una justificación contractual para el estado. La razón de estos esfuerzos aparentemente inacabables es evidente: o bien el estado puede justificarse como el resultado de contratos o no puede justificarse en absoluto. Sin embargo, de forma poco sorprendente, esta búsqueda, como la de la cuadratura del círculo o el perpetuum mobile, ha resultado vana y simplemente ha generado una larga lista de pseudojustificaciones poco ingeniosas, si no fraudulentas, por medio de trucos semánticos: un “no contrato” es realmente un contrato “implícito” o “tácito” o “conceptual”. En resumen, “no” realmente significa “sí”. Para un prominente ejemplo moderno de esta “neolengua” orveliana, ver James M. Buchanan y Gordon Tullock, The Calculus of Consent (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1962) [Publicado en España como El cálculo del consenso: fundamentos lógicos de la democracia constitucional (Madrid: Espasa-Calpe, 1980)]; James M. Buchanan, The Limits of Liberty (Chicago: University of Chicago Press, 1975) [Publicado en España como Los límites de la libertad: entre la anarquía y el Leviatán (Madrid: Katz Barpal, 2009)] e ídem, Freedom in Constitutional Contract (College Station: Texas A&M University Press, 1977). Para una crítica de Buchanan y la llamada Escuela de la Elección Pública, ver Murray N. Rothbard, The Logic of Action Two (Cheltenham, U.K.: Edward Elgar, 1997), caps. 4 y 17 y Hans-Hermann Hoppe, The Economics and Ethics of Private Property (Boston: Kluwer, 1993), capítulo 1.

[20] Ver para lo que sigue también el capítulo 12; Morris y Linda Tannehill, The Market for Liberty (Nueva York: Laissez Faire Books, 1984), especialmente el capítulo 8.

[21] De Molinari, The Production of Security, p. 12.

[22] Como ha explicado Rothbard, incluso

si el gobierno se limitara a la “protección” de la persona y la propiedad y los impuestos se “limitaran” a ofrecer solo ese servicio, ¿cómo va a decidir el gobierno cuánta protección proporcionar y cuántos impuestos recaudar? Pues, frente a lo que dice la teoría del gobierno limitado, la “protección” no es más una “cosa” colectiva y en bloque que cualquier otro bien o servicio en la sociedad. (…) De hecho, la “protección” podría implicar cualquier cosa de un policía para todo un país a proporcionar un guardaespaldas armado y un tanque a cada ciudadano (una propuesta que haría quebrar inmediatamente a la sociedad). ¿Pero quién va a decidir cuánta protección, ya que es innegable que toda persona estaría mejor protegida del robo y el ataque si se le proporciona un guardaespaldas armado que si no es así? En el mercado libre, las decisiones sobre cuánto y de qué calidad debería ser cualquier bien o servicio proporcionado a cada persona se hace por medio de compras voluntarias por parte de cada individuo, pero ¿qué criterio puede aplicarse cuando la decisión la toma el gobierno? La respuesta es que ninguno en absoluto y que esas decisiones gubernamentales solo pueden ser puramente arbitrarias. (The Ethics of Liberty, pp. 180-181)

Ver también Murray N. Rothbard, For A New Liberty: The Libertarian Manifesto, ed. rev. (Nueva York: Collier, 1978), pp. 215 y ss.

[23] Rothbard comenta:

La idea de la primacía de la reparación a la víctima tiene muchos precedentes en el derecho; de hecho es un principio antiguo del derecho que se ha permitido que se desvanezca al agrandarse el Estado y monopolizar las instituciones de la justicia. (…) En realidad, en la Edad Media en general, la reparación a la víctima era el concepto dominante del castigo; solo cuando el estado se hizo más poderoso (…) se trasladó el énfasis de la reparación a la víctima, (…) al castigo de supuestos delitos cometidos “contra el Estado”. (…) Lo que ocurre hoy es el siguiente absurdo: A roba 15.000$ a B. El gobierno localiza, juzga y condena a A, todo a costa de B, como uno de los numerosos contribuyentes que son víctimas de este proceso. Así que el gobierno, en vez de obligar a A a indemnizar a B o a realizar trabajos forzados hasta que se pague la deuda, obliga a B, la víctima a pagar impuestos para mantener al delincuente en prisión durante diez o veinte años. ¿Dónde está aquí la justicia? (The Ethics of Liberty, pp. 86-87)

[24] Las aseguradoras, al entrar en un contrato bilateral con cada uno de sus clientes, cumplen completamente con el deseo antiguo y original del gobierno “representativo” del que ha señalado Bruno Leoni que “la representación política estaba conectada íntimamente en su origen con la idea de que los representantes actúan como agente de otra gente y de acuerdo con la voluntad de estos últimos” (Freedom and the Law, pp. 118-119) [ver también la nota 8 anterior]. Muy al contrario, el gobierno democrático moderno implica la completa perversión (de hecho, la anulación) de la idea original de gobierno representativo. Hoy a una persona se la considera políticamente “representada” sin que importe nada, es decir, independientemente de su propia voluntad y acciones o las de su representante. Se considera que una persona está representada si vota, pero también si no vota. Se considera representada si el candidato por el que ha votado a sido elegido, pero también si se ha elegido otro candidato. Está representada, haga o no el candidato que votó o no lo que quería que hiciera. Y se la considera políticamente representada, encuentre “su” representante una mayoría de apoyo entre todos los representantes electos o no. “En realidad”, como ha apuntado Lysander Spooner,

votar no ha de tomarse como prueba de consentimiento (…) Por el contrario, ha de considerarse que, sin haberse pedido su consentimiento un hombre se encuentra rodeado por un gobierno al que no puede resistirse, un gobierno que le obliga a pagar dinero, prestar servicios y renunciar al ejercicio de muchos de sus derechos naturales, bajo el peligro de duras sanciones. Ve también que otros hombres practican esta tiranía sobre él mediante el uso del voto. Ve además que, si quiere usar él mismo el voto, tiene alguna posibilidad de aliviar su tiranía respecto de otros, sometiéndolos a él mismo. En resumen, se encuentra, sin su consentimiento, situado de tal manera, si usa su voto, puede convertirse en amo y, si no lo usa, debe convertirse en esclavo. Y no tiene otra alternativa que esas dos. Para defenderse, intenta la primera. Su caso se similar a de un hombre al que se la ha obligado a combatir, donde debe matar a otros o que le maten. Como, para salvar su propia vida en la batalla, un hombre trata de quitar las vidas de sus oponentes, no debe deducirse que él haya elegido la batalla. (…) (15) [Por consiguiente, los cargos electos] no son ni nuestros servidores, ni agentes, ni abogados, ni representantes (…) [pues] no nos hacemos responsables de sus actos. Si un hombre es mi servidor, agente o abogado, necesariamente me hago responsable de todos sus actos dentro de los límites del poder que le he otorgado. Si he confiado en él como mi agente, ya sea con poder absoluto o con cualquier otro, sobre las personas o propiedades de otros hombres distintos de mí, me estoy haciendo así necesariamente responsable ante esas otras personas de cualquier daño que pueda hacerles, siempre que actúe dentro de los límites del poder que le he otorgado. Pero ningún individuo que puede ser dañado en su persona o propiedad por actos del Congreso puede dirigirse a los electores individuales y hacerles responsables de estos actos de sus llamados agentes o representantes. Este hecho demuestra que estos pretendidos agentes del pueblo, de todos, son realmente agentes de nadie (29). (Spooner, No Treason, pp. 15 y 29)

[25] Sobre la “lógica” del seguro, ver Ludwig von Mises, Human Action: A Treatise on Economics, Scholar's Edition (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 1998), capítulo 6 [Publicado en España como La acción humana: tratado de economía (Madrid: Unión Editorial, 2011)]; Murray N. Rothbard, Man, Economy, and State, 2 vols. (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 1993), pp. 498 y ss. [Publicado en España como El hombre, la economía y el estado (Madrid: Unión Editorial, 2011)] y Hans-Hermann Hoppe, “On Certainty and Uncertainty, Or: How Rational Can Our Expectations Be?” Review of Austrian Economics 10, nº 1 (1997).

[26] Al ser obligadas, por un lado, a ubicar a individuos con un riesgo igual o similar en el mismo grupo de riesgo y cobrara a cada uno de ellos el mismo precio por valor asegurado y al ser obligadas, por el otro, a distinguir adecuadamente entre las distintas clases de individuos con grupos de riesgo objetivamente (factualmente) distintos y a cobrar un precio distinto por valor asegurado a miembros de distintos grupos de riesgo (con los diferenciales de precios reflejando adecuadamente el grado de heterogeneidad entre los miembros de tales grupos diferentes), las aseguradoras promoverían sistemáticamente la tendencia natural humana antes mencionada (ver la anterior nota 2) de asociarse la “gente similar” y a discriminar y separarse físicamente de los “disimilares”. Sobre la tendencia de los estados a romper y destruir los grupos y asociaciones homogéneas mediante una política de integración forzosa, ver capítulos 7, 9 y 10.

[27] Ver también el capítulo 12 y Tannehill y Tannehill, The Market for Liberty, capítulos 11, 13 y 14.

[28] Sobre esto, ver Murray N. Rothbard, “Concepts of the Role of Intellectuals in Social Change Toward Laissez-Faire”, Journal of Libertarian Studies 9, nº 2 (1990).

[29] Sobre la importancia fundamental de la opinión pública para el poder del gobierno, ver Etienne de la Boetie, Discurso de la servidumbre voluntaria; David Hume “On the First Principles of Government”, en ídem, Essays: Moral, Political and Literary (Oxford: Oxford University Press, 1971) y Mises, Human Action, capítulo 9 sección 3.Allí apunta Mises (p. 198):

Quien quiera aplicar violencia necesita la cooperación voluntaria de alguna gente. (…) El tirano debe tener un séquito de partisanos que obedezcan sus órdenes voluntariamente. Su obediencia espontánea le proporciona el aparato que necesita para conquistar a otra gente. El que tenga éxito o no en hacer que dure su influencia depende de la relación numérica de los grupos, los que le apoyen voluntariamente y los que muestren sumisión. Aunque un tirano puede gobernar temporalmente con una minoría si ésta está armada y la mayoría no, a largo plazo, una minoría no puede mantener en la servidumbre a una mayoría.

[30] Ver sobre esta “vieja” concepción liberal, por ejemplo, Ludwig von Mises, Liberalism: In the Classical Tradition (Irvington-on-Hudson, N.Y.: Foundation for Economic Education, 1985). [Publicado en España como Liberslismo: La tradición clásica (Madrid: Unión Editorial, 2010)]. “El derecho de autodeterminación respecto de la cuestión de se miembro de un estado”, escribe Mises,

significa así: siempre que los habitantes de un territorio concreto, ya sea una sola villa, todo un distrito o una serie de distritos adyacentes, den a conocer, mediante un plebiscito realizado libremente, que ya no quieren permanecer unidos al estado al que pertenecen en ese momento, sino que quieren o bien formar un estado independiente o unirse a algún otro estado, hay que respetar sus deseos y cumplirlos. Es la única forma viable y efectiva de impedir revoluciones y guerras civiles e internacionales. (p. 109)

[31] Para un análisis detallado de los asuntos que afectaron a la Guerra de la Independencia del Sur, ver Thomas J. DiLorenzo, “The Great Centralizer. Abraham Lincoln and the War Between the States”, Independent Review 3, nº 2 (1998).

[32] Sobre la importancia de las ciudades libres en la Europa medieval en el subsiguiente desarrollo de la tradición propiamente europea del liberalismo (clásico), ver Charles Tilly y Wim P. Blockmans, eds., Cities and The Rise of States in Europe, A.D. 1000 to 1800 (Boulder, Colo.: Westview Press, 1994).

[33] El peligro de un aplastamiento por el gobierno es máximo durante la etapa inicial de este escenario secesionista, es decir, mientras el número de territorios de ciudades libres siga siendo pequeño. Por tanto, durante esta fase es recomendable evitar cualquier confrontación directa con el gobierno central. En ligar de denunciar totalmente su legitimidad parecería prudente, por ejemplo, garantizar la “propiedad” publica de los edificios federales, etc. dentro del territorio libre y “solo” denegar su derecho a fijar impuestos y legislaciones futuras respecto a nadie ni nada dentro de este territorio. Siempre que esto se haga con el tacto diplomático apropiado y dada la necesidad de un nivel sustancial de apoyo en la opinión pública, es difícil imaginar cómo el gobierno central se atrevería a invadir un territorio y aplastar a un grupo de gente que no ha cometido otro pecado que ocuparse de sus propios asuntos. Por consiguiente, una vez que el número de territorios secesionistas llegara a una masa crítica (y todo éxito en una localidad promovería la imitación de otras), las dificultades de aplastar a los secesionistas aumentarían exponencialmente y el gobierno central se declararía pronto impotente y se desplomaría bajo su propio peso.

Emprendimiento con propiedad fiduciaria

euribe — Sun, 18 Dec 2011 17:04:00 GMT

Por Hans-Hermann Hoppe (Publicado el 18 de noviembre de 2011)

Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/5817.

[Lo que sigue es la transcripción de un discurso pronunciado en el Simposio Edelweiss Holdings acontecido en Zurich, Suiza, el 17 de Setiembre de 2011]

* Traducción de Matt Martínez

Déjenme empezar con una breve descripción de lo que hace un capitalista-emprendedor, y luego explicar cómo se modifica el trabajo del capitalista-emprendedor bajo condiciones estatistas.

Lo que el capitalista hace es esto: ahorra (o pide prestado fondos previamente ahorrados), contrata personal, compra o alquila bienes de capital y tierras y compra materias primas. Entonces procede a producir su producto o servicio, el que sea, y espera con esto realizar un beneficio.

El beneficio se define simplemente como un exceso de los ingresos de las ventas sobre el coste de producción. Los costes de producción sin embargo, no determinan los ingresos. Si los costes de producción determinaran el precio y los ingresos, todo el mundo sería un capitalista. Nadie fracasaría jamás. Más bien, son los precios e ingresos previstos los que determinan los costes de producción que el capitalista puede permitirse.

El capitalista no sabe cuáles serán los precios futuros o qué cantidad de su producción se comprará a dichos precios. Eso depende de los consumidores, y el capitalista no tiene ningún control sobre ellos. El capitalista debe especular con cuál será la demanda futura por sus productos, y puede equivocarse en esta especulación, en cuyo caso no genera ningún beneficio, sino una perdida.

Arriesgar tu propio dinero en anticipación de una demanda futura incierta es obviamente una tarea difícil. Grandes beneficios pueden esperarte, aunque también tu ruina total. Pocas personas están dispuesta a correr el riesgo, y a menos aún se les da bien y consiguen mantenerse durante algún tiempo.

De hecho, lo de ser capitalista tiene aún más miga.

Todo capitalista está en permanente competencia con los demás por la invariablemente limitada cantidad de dinero que se puede gastar en sus productos y servicios por parte de los consumidores. Todo producto compite con todos los demás productos. Cuando los consumidores gastan más (o menos) en algo, deben gastar menos (o más) en otra cosa. Incluso si el capitalista ha producido un producto exitoso y ganado un beneficio, nada garantiza que esto continúe. Otros hombres de negocios pueden copiar su producto, producirlo más barato, ofrecerlo a menor precio y sacarlo del mercado. Para prevenir esto, el capitalista debe por tanto continuamente intentar reducir sus costes de producción. Pero incluso tratar de producir lo que sea que produzcas más barato puede no ser suficiente.

El mix de productos ofrecidos por varios capitalistas está en constante cambio, y también la evaluación de estos productos que hacen los consumidores. Continuamente productos nuevos o mejorados se ofrecen en el mercado y los gustos del consumidor cambian constantemente. Nada permanece constante. La incertidumbre sobre el futuro que afronta cada capitalista nunca desaparece. El aliciente de los beneficios siempre está presente, así como la amenaza de las pérdidas. Por eso entonces es muy difícil ser continuamente exitoso como hombre de negocios y no retroceder al rango de empleado.

Durante todo esto, realmente solo hay una cosa con que el hombre de negocios puede contar, y es su propiedad real y física - e incluso ni siquiera eso es seguro, como veremos.

Su propiedad viene en dos formas. Primero, están los recursos físicos, los medios de producción, incluyendo la mano de obra, que el capitalista ha comprado o alquilado por un tiempo y que combina para producir lo que sea que produce. El valor de todos estos factores es variable como ya hemos explicado. Depende en última instancia de las valoraciones del consumidor. Lo que es estable es solo su carácter físico y sus capacidades. Pero sin esta estabilidad física de su propiedad productiva, el capitalista no podría producir.

Segundo, además de sus medios de producción, el capitalista puede contar con la propiedad de su dinero real. El dinero no es ni un bien de consumo ni un bien de capital. Es el medio común de intercambio. Como tal, es el bien más y más fácilmente demandado. Y se usa como unidad de cuenta. Para calcular beneficios y pérdidas, el capitalista necesita recurrir al dinero. Los factores productivos, los productos que produce, son inconmensurables, como manzanas y naranjas. Se hacen medibles solamente cuando pueden ser expresados en términos monetarios. Sin dinero, el cálculo económico es imposible, como ha explicado mejor que nadie Ludwig von Mises. El valor del dinero también es variable, como el valor de todo lo demás. Pero el dinero también tiene características físicas. Es dinero no fiduciario, como el oro y la plata, y beneficios monetarios los que están reflejados en un incremento de la oferta de estos elementos, oro o plata, a disposición del capitalista.

Lo que podemos decir entonces acerca de los medios de producción del capitalista y su dinero es esto: sus características físicas no determinan su valor pero sin sus características físicas no tendrían valor alguno, y los cambios en la calidad física y cantidad de sus propiedades afectan al valor de su propiedad, cualesquiera otros factores (tales como las volubles valoraciones del consumidor) pueden afectar también el valor de su propiedad.

Ahora déjeme introducir al estado y veremos cómo afecta el negocio del capitalista.

El estado se define convencionalmente como una institución que posee un monopolio territorial en la toma de decisiones en caso de conflicto, incluyendo conflictos que involucran al estado y sus agentes, y por añadidura, el derecho a cobrar impuestos – es decir, a determinar unilateralmente el precio que sus súbditos deben pagar por desarrollar esta tarea de tomar decisiones últimas.

Actuar bajo estas restricciones - o mejor dicho, falta de restricciones - es lo que constituye la política y la acción política, y debería estar claro que la política entonces por su propia naturaleza siempre implica malicia.

Más específicamente podemos hacer dos predicciones interrelacionadas sobre el efecto del estado en los negocios. Primero, y más fundamental, bajo condiciones estatistas la propiedad real se transformará en lo que llamaremos propiedad fiduciaria. Y segundo y más específicamente, el dinero real se transformará en dinero fiduciario.

Primero, al ser el estado el árbitro último en todo caso de conflicto, incluyendo los conflictos en que está involucrado, el estado se ha convertido en el propietario último de toda propiedad. Por principio, puede provocar un conflicto con un hombre de negocios y entonces decidir en su contra y expropiarle quedándose el estado (o alguien de su esfera) con la propiedad física del empresario. O puede, si es que no quiere llegar tan lejos, hacer leyes o regulaciones que supongan una expropiación solo parcial. Puede reducir los usos que el empresario puede hacer de su propiedad física. Algunas cosas ya no le estarían permitidas al empresario de hacer con su propiedad.

El estado no puede incrementar la calidad y cantidad de propiedad real. Pero puede redistribuirla como le plazca. Puede reducir la propiedad real a disposición del empresario o puede limitar su grado de control; y puede entonces con ello incrementar su propiedad (y la de sus aliados) e incrementar su grado de control sobre todas las cosas físicas existentes.

La propiedad del empresario solo es suya sobre el papel. Se les garantiza por el estado, y existe solo mientras al estado no se le antoje otra cosa. Constantemente, la espada de Damocles cuelga sobre las cabezas de los empresarios. La ejecución de sus planes de negocios está basada en la presunción de la existencia, a su disposición, de ciertos recursos físicos con sus capacidades físicas, y todas sus especulaciones sobre el valor se sustentan en esto. Pero estas presunciones sobre estas bases físicas pueden tornarse incorrectas en cualquier momento - y cálculos de valor también viciados – en cuanto el estado decida cambiar su actual legislación.

La existencia del estado por tanto aumenta la incertidumbre que afronta el empresario. Hace que el futuro sea más incierto de lo que sería en caso de no existir. Al comprender esto, mucha gente que podría convertirse en empresario, decide no intentarlo en absoluto. Y muchos hombres de negocios verán sus planes fracasar - no por no anticipar correctamente la futura demanda del consumidor, sino porque las bases físicas sobre las cuales sus planes estaban hechos, fueron alteradas por un cambio inesperado en la legislación.

Segundo, más que meterse con el capital productivo del empresario confiscándolo y regulándolo, sin embargo el estado prefiere meterse con el dinero. Como el dinero es el bien con más mercado, permite a los operadores del estado la mayor libertad para gastar sus ingresos como quieran. De ahí que el estado prefiera cobrar impuestos en dinero, también la confiscación de ingresos dinerarios y beneficios monetarios. El dinero real se confisca a diferentes tasas. Así es como el dinero se vuelve fiduciario bajo las condiciones del estado. La gente solo posee su dinero siempre y cuando y mientras que el estado les deje conservarlo.

Aunque hay una segunda manera, incluso más malvada, en la que el dinero se vuelve fiduciario bajo condiciones estatistas.

Los estados en todas partes han descubierto una manera incluso más sutil de enriquecerse a costa de la gente productiva: monopolizar la producción de dinero reemplazando el dinero y el crédito reales con dinero y crédito fiduciarios.

En su territorio, por ley, solo al estado le está permitido producir dinero. Aunque esto no es suficiente. Mientras que el dinero sea un bien real, por ejemplo una materia costosa de producir, el estado no obtiene nada excepto costes. Es importante pues que el estado use su monopolio para reducir el coste de producción y la calidad de la moneda hasta prácticamente cero. En lugar de dinero de calidad como oro y plata, al estado le interesa que pedacitos de papel sin valor se conviertan en dinero.

En condiciones de competencia – es decir si cualquiera es libre de producir dinero - una moneda que pueda ser fabricada a coste cero, lo sería en cantidades tales que su utilidad marginal igualaría su coste marginal. Y como el coste marginal es cero, su ingreso marginal, es decir, el poder adquisitivo de este dinero, sería también cero. De ahí la necesidad de monopolizar la producción de papel moneda, para poder limitar su oferta y así evitar condiciones hiperinflacionarias y la desaparición de este dinero del mercado para siempre (y una huída refugio hacia "valores reales”)- y tanto más cuanto más barato el dinero producido.

Habiendo monopolizado la producción de dinero y reducido su coste de producción y calidad a prácticamente cero, el estado ha conseguido algo fantástico. Crear dinero no cuesta casi nada y uno puede comprarse con ello algo realmente valioso, como una casa o un Mercedes.

¿Cuáles son los efectos de tal dinero fiduciario, en particular para los negocios? Primero y más general, más dinero no afecta la cantidad o calidad de los demás bienes no monetarios. Más bien lo que consigue la cantidad de dinero adicional es doble. Por una parte, los precios serán más altos de lo que habrían sido y el poder adquisitivo por unidad de dinero será menor. Y segundo, con la inyección de liquidez adicional, la riqueza existente será redistribuida en favor de aquéllos que reciben y gastan este dinero nuevo antes que nadie a expensas de aquéllos a los que les llega más tarde o al final.

Y específicamente para el capitalista entonces, el dinero nuevo le añade otra dosis de incertidumbre a su actividad. Mientras que se use oro y plata como dinero, puede que no sea "fácil" predecir la oferta futura y el poder de compra del dinero. Sin embargo, basándonos en información de los actuales costes de producción y beneficios industriales, es muy posible llegar a una estimación realista. En cualquier caso, la tarea no es pura conjetura. Y mientras que es concebible que usando oro y plata como dinero, los beneficios nominales puede que no sean siempre iguales a los beneficios "reales", al menos es imposible que el beneficio nominal llegue nunca a ser cero. Siempre queda algo: cantidad de oro y plata.

En contraste con lo anterior, en caso del dinero fiduciario, la producción del cual no está restringida por ninguna clase de limitación o escasez física natural sino que depende exclusivamente de la voluntad subjetiva (del emisor de moneda), entonces sí que la predicción de la futura oferta monetaria y su poder adquisitivo se convierten en conjeturas. ¿Qué hará el emisor del dinero? Y no es solo concebible sino una posibilidad muy real que los beneficios nominales terminen representando literalmente nada más que montones de papel sin valor.

Además, de la mano del dinero fiduciario viene el crédito fiduciario, y esto crea todavía más incertidumbre.

Si el estado puede crear dinero de la nada, también puede crear crédito de la nada. Y porque esto es así, sin contar con ahorros previos, puede ofrecer préstamos más baratos que cualquier otro, a tipos de interés por debajo del mercado, incluso a tipo de interés cero. El tipo de interés se distorsiona y falsifica, y el volumen de inversión se desliga del volumen de ahorro. Se generan malas inversiones de forma sistemática, inversiones que no respalda el volumen de ahorro. Comienza una bonanza inversora, a la que sigue necesariamente una crisis, reveladora de errores empresariales a masiva escala.

Por último, bajo condiciones estatistas, es decir, bajo un régimen de propiedad y dinero fiduciarios, el carácter de los empresarios y su manera de emprender cambian, y este cambio introduce otro elemento de riesgo en el mundo.

Sin intervención estatal, los consumidores determinan lo que se va a producir, en qué calidad y cantidad, y quiénes entre los empresarios tendrán éxito o fracasarán. Con intervención estatal, la situación de los empresarios cambia completamente. Es ahora el estado y sus operadores, no los consumidores, los que determinan finalmente quién sale adelante y quién no. El estado puede mantener a cualquier empresario vivo subsidiándolo o rescatándolo, y también puede arruinar a quien quiera investigándolo o simplemente encontrándolo culpable de no cumplir las regulaciones estatales o federales.

Además, el estado está a rebosar de impuestos y dinero fiduciario y puede gastar más dinero que nadie. Puede hacer a un empresario rico (o arruinarlo). Y el estado tiene un patrón de consumo diferente del de los consumidores normales. El estado no gasta su dinero sino el dinero de los demás, y en la mayoría de casos, no para sus propósitos personales sino los de terceros anónimos. De forma acorde, se comportan de forma frívola y derrochadora en su gasto. Ni el precio ni la calidad de lo que compran les preocupa demasiado.

Además de esto, el estado puede hacerse empresario a sí mismo. Y como no necesita obtener beneficios y evitar pérdidas, ya que siempre puede compensar sus ganancias con impuestos o dinero recién creado, está en disposición de competir mejor que cualquier productor privado del mismo bien o servicio.

Finalmente, gracias a su capacidad de legislar, el estado puede garantizar privilegios a algunas empresas, blindándolas de la competencia, y conseguir así expropiar parcialmente a otras.

En este entorno, es imperativo para todo hombre de negocios prestar atención constante a la política. Para sobrevivir y a lo mejor prosperar, debe gastar tiempo en estos asuntos que no tienen nada que ver con la satisfacción de sus consumidores, sino con el politiqueo. Y basándose en su comprensión de la naturaleza del estado y la política debe entonces hacer una elección: una elección moral.

Puede unirse y convertirse en parte de la empresa criminal que es el estado. Puede untar políticos, partidos políticos o empleados públicos, con dinero o en especie (incluyendo promesas de un futuro empleo en el "sector privado" como "miembros del consejo" o "consultores”), para granjearse ventajas con respecto a otras empresas. O lo que es lo mismo, puede pagar sobornos para asegurarse contratos y subsidios del gobierno excluyendo a la competencia. O puede pagar sobornos para que se hagan o se mantengan leyes que le aseguren sus privilegios y beneficios monopolísticos (y ganancias de capital) a la vez que expropian y dañan a su competencia. No hace falta decir que innumerables empresarios han escogido este camino. En particular la gran banca y las grandes corporaciones se han involucrado con el gobierno y muchos empresarios ahora ricos deben su fortuna más a sus habilidades políticas que a la satisfacción de sus clientes.

O bien el empresario puede escoger el camino honorable pero al mismo tiempo duro. Este empresario es consciente de la naturaleza del estado. Sabe que el estado y sus operadores van a intentar intimidarlo, confiscar su propiedad y su dinero e incluso peor, sabe que son arrogantes, inmorales, altaneros y pagados de sí mismos. Basándose en este entendimiento, esta clase de empresario intenta entonces anticipar y adaptarse a los maliciosos jugadas del estado lo mejor que puede. Sin unirse a la banda. No paga sobornos para asegurarse contratos o privilegios del estado. En vez de eso, intenta lo mejor que puede defender lo que le queda de su propiedad y derechos de propiedad y obtener beneficios con su actividad empresarial.

Este artículo, originalmente publicado en LewRockwell.com, es el texto de de un discurso pronunciado en el Simposio Edelweiss Holdings acontecido en Zurich, Suiza, el 17 de Setiembre de 2011.

Justificación de la privatización total

euribe — Fri, 18 Nov 2011 16:05:00 GMT

Por Hans-Hermann Hoppe (Publicado el 14 de marzo de 2011)

Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/5042.

[Libertarian Papers (2011)]

Tengo tres objetivos. Primero, quiero aclarar la naturaleza y función de la propiedad privada. Segundo, quiero aclarar la distinción entre bienes y propiedades “comunes” y bienes y propiedades “públicos” y explicar el error de construcción propio de la institución de los bienes y propiedades públicos. Tercero, quiero explicar la justificación y principio de la privatización

I. Preliminares teóricos

Empezaré con algunas consideraciones abstractas por esenciales respecto de las fuentes de conflictos el propósito de las normas sociales. Si no hubiera conflictos interpersonales, no habría necesidad de normas. El propósito de las normas es evitar conflictos de otra forma inevitables. Una norma que genere conflictos, en lugar de ayudar a evitarlos, es contraria al propósito de las normas, es decir, es una norma disfuncional o una perversión.

Se piensa a veces que aparecen conflictos del mero hecho de que distinta gente tenga distintos intereses o ideas. Pero esto es falso, o al menos es algo muy incompleto. A partir solo de la diversidad de intereses e ideas individuales no se deduce que deban aparecer conflictos. Yo quiero que llueva y mi vecino que brille el sol. Nuestros intereses son contrarios. Sin embargo, como ni yo ni mi vecino controlamos el sol o las nubes, nuestros intereses en conflicto no tienen consecuencias prácticas. No hay nada que podamos hacer con el tiempo. Igualmente, yo puedo creer que A causa B y tú que B es causado por C, o yo creer y rezar a Dios y tú no. Pero si ésta es toda la diferencia que hay entre nosotros, no se deduce nada de consecuencias prácticas. Diferentes intereses y creencias pueden llevar al conflicto solo cuando se ponen en práctica, cuando nuestros intereses e ideas están ligados o son implantados en objetos controlados físicamente, es decir, en bienes económicos o medios de acción.

Aunque nuestros intereses e ideas estén ligados y son implantados en bienes económicos, no se produce ningún conflicto mientras nuestros intereses e ideas se refieran a bienes distintos (separados físicamente). El conflicto solo se produce si nuestros diferentes intereses e ideas están ligados e invertidos en el mismo bien. En Jauja, con sobreabundancia de bienes, no puede haber conflictos (excepto los relativos al uso de nuestros cuerpos físicos que encarnan nuestros propios intereses e ideas). Hay suficiente a nuestro alrededor como para satisfacer los deseos de todos.

Para que distintos intereses e ideas entren en conflicto, los bienes deben ser escasos. Solo la escasez hace posible que distintos intereses e ideas puedan ligarse e invertirse en la misma existencia de bienes. Por tanto, los conflictos son enfrentamientos físicos respecto del control de la misma existencia de bienes. La gente se enfrenta porque quiere usar los mismos bienes de formas distintas e incompatibles.

Sin embargo, incluso bajo condiciones de escasez, cuando son posibles los conflictos, no son necesarios o inevitables. Todos los conflictos respecto del uso de cualquier bien puede evitarse con que cada bien sea de propiedad privada, es decir, esté controlado exclusivamente por algún individuo o individuos y siempre quede claro qué cosa tiene dueño y quién es éste y qué cosa no. Los intereses e ideas de distintos individuos pueden por tanto ser tan diferentes como sea posible y aún así no aparecer conflictos siempre que sus intereses e ideas se refieran única y exclusivamente a su propiedad distinguible.

Por tanto, lo único que se necesita para evitar todo conflicto es una norma relativa a la privatización de cosas escasas (bienes). Más en concreto, para evitar todos los conflictos desde el mismo principio de la humanidad, la norma requerida debe referirse a la privatización original de los bienes (la primera transformación de las “cosas” dadas por la naturaleza en “bienes económicos” y propiedad privada). Además, la privatización original de los bienes no pudo producirse por declaración verbal, es decir, por la mera expresión de palabras, solo porque esto pudiera funcionar y no llevar a un conflicto permanente e irresoluble si, al contrario que nuestra suposición inicial de distintos intereses e ideas, existiera una armonía preestablecida de los intereses e ideas de toda la gente. (¡En ese caso ni siquiera harían falta normas!)

Más bien, para evitar todo conflicto de otro modo inevitable, la privatización original de bienes debió ocurrir mediante acciones: mediante actos de apropiación original de lo que eran previamente “cosas”. Solo mediante acciones que tengan lugar en el tiempo y el espacio, puede establecerse un enlace objetivo (discernible intersubjetivamente) entre una persona concreta y un bien concreto. Y solo el primero que se apropie de una cosa previamente sin propietario puede adquirir esto son conflicto. Pues, por definición, como primero que se apropia no puede haber entrado en conflicto con nadie al apropiarse del bien en cuestión, ya que todos los demás aparecieron en escena más tarde. Por tanto, toda la propiedad debe remontarse, directa o indirectamente, a una cadena de transferencias de títulos de propiedad mutuamente beneficiosas y por tanto igualmente libres de conflictos, hasta los apropiadores originales y los actos de apropiación original.

Por cierto, que esta respuesta es verdad apodícticamente, es decir no hipotéticamente. En ausencia de una armonía preestablecida de todos los intereses individuales, solo la propiedad privada puede ayudar a evitar el en otro caso inevitable conflicto (bajo condiciones de escasez). Y solo el principio de adquisición de la propiedad por medio de la apropiación original o la transferencia mutuamente beneficiosa de un propietario anterior a otro posterior hace posible que pueda evitarse todo conflicto, desde el mismo principio de la humanidad hasta el fin. No existe otra solución. Cualquier otra reglamentación va en contra de la naturaleza del hombre como actor racional.

En conclusión, incluso bajo condiciones de escasez completa es posible que la gente con intereses e ideas divergentes pueda coexistir pacíficamente (sin conflictos), siempre que reconozca la institución de la propiedad privada (es decir, exclusiva) y su fundamento último y mediante actos de apropiación original.

II. Propiedad privada, bienes comunes y propiedad pública

Pasemos ahora de la teoría a la práctica y la aplicación. Supongamos una pequeña villa con casas, jardines y campos de propiedad privada. En principio, todos los conflictos relativos al uso de estos bienes puede evitarse, porque está claro quién posee y tiene el control exclusivo de qué casa, jardín y campo y quién no.

Pero además hay una calle “pública” delante de las casas privadas y un camino “público” que lleva a través de los bosques desde la villa hasta un lago. ¿Cuál es el estatus de esta calle y este camino? No son propiedad privada. De hecho, suponemos que nadie declara que es el propietario privado de la calle o el camino. Más bien, la calle y el camino son parte del entorno natural en el que actúan todos. Todos usan la calle, pero nadie la posee o ejercita un control exclusivo respecto de su utilización.

Puede concebirse que este estado de cosas con calles públicas sin dueño pueda continuar eternamente sin llevar a ningún conflicto. Sin embargo, no es muy realista, porque esto requiere suponer una economía estacionaria. Pero con el cambio y el crecimiento económico, y en particular con una población creciente, los conflictos respecto de uso de la calle pública están destinados a aumentar. Aunque los “conflictos de calle” inicialmente podían ser tan infrecuentes y fáciles de resolver como para que nadie se preocupara, ahora se hacen ubicuos e intolerables. La calle está constantemente congestionada y en mal estado permanente. Hace falta una solución. La calle debe abandonar el ámbito del entorno (de las “cosas” externas o la propiedad común) y entrar en el ámbito de los “bienes económicos”. Así, la economización creciente de cosas previamente consideradas y tratadas como “bienes gratuitos” es la fórmula de la civilización y el progreso.

Se propuesto y probado dos soluciones al problema de gestionar conflictos crecientemente intolerables respecto del uso de la “propiedad común”. La primera (y correcta) solución es privatizar la calle. La segunda (e incorrecta) solución es convertir a las calles en lo que hoy se llama “propiedad pública” (que es muy distinta de los bienes y propiedades “comunes” anteriores y sin dueño). El por qué la segunda solución es incorrecta o disfuncional puede apreciarse mejor en contradisitinción con la opción alternativa de la privatización.

¿Cómo es posible que las calles comunes antes sin propietario puedan privatizarse sin generar así conflicto con otros? La respuesta rápida es que puede hacerse siempre que la apropiación de la calle no infrinja los derechos previamente establecidos (las servidumbres) de los propietarios privados a usar esas calles “gratis”. Todos deben seguir siendo libres de andar por la calle de una casa a otra, a través del bosque y hasta el lago, igual que antes. Todos retienen un derecho de paso y por tanto nadie puede reclamar haber empeorado por la privatización de la calle.

Es verdad que para objetivar (y validar) su demanda de que la calle hasta ahora común es ahora privada y que él (y nadie más) es su propietario, el apropiador (sea cual sea) debe realizar algún mantenimiento visible y obras de reparación en la calle. Luego, como propietario, él (y nadie más) puede desarrollar y mejorar más las calles como le parezca. Él establece las reglas y regulaciones respecto del uso de su calle para evitar todo conflicto en ella. Puede construir un puesto de perritos calientes o de salchichas de Frankfurt en su calzada, por ejemplo, e impedir que otros hagan lo mismo; o puede prohibir echar basura en su calle y poner una tasa de recogida de basuras. Ante forasteros o extraños, el propietario de la calle puede determinar las reglas de entrada respecto de extraños no invitados. Por fin, como propietario privado puede vender la calle a cualquier otro (manteniendo intactos todos los derechos de paso previamente establecidos).

En todo esto, es más importante que la privatización tenga lugar que la forma concreta que asuma. En un extremo del espectro de posibles privatizaciones, podemos imaginar un solo propietario. Por ejemplo, un habitante rico de la villa, que asuma mantener y reparar la calle y por tanto se convierta en su propietario. En el otro extremo del espectro, podemos imaginar que el mantenimiento o reparación inicial de la calle es resultado de un genuino esfuerzo de la comunidad. En ese caso, no hay solo un propietario de la calle, sino que todo miembro de la comunidad es (inicialmente) su copropietario por igual.

En ausencia de una armonía estable previa de todos los intereses e ideas, dicha copropiedad requiere un mecanismo de toma de decisiones respecto de la posterior evolución de la calle. Supongamos que, como en una sociedad anónima, sea la mayoría de los propietarios de la calle la que determine que hacer y qué no hacer con ella. Esta regla mayoritaria huele a conflicto, pero no es así en este caso. Todo propietario que esté insatisfecho con las decisiones tomadas por la mayoría de los propietarios, que crea que las cargas que le impone la mayoría son mayores que los beneficios que puede obtener de su propiedad (parcial) de la calle, puede siempre y en cualquier momento abandonarla o “irse”. Puede vender su parte de la propiedad a otro, abriendo así la posibilidad de la concentración de títulos de propiedad, seguramente en una sola mano, reteniendo al tiempo su derecho original de paso.

Por el contrario, se crea un tipo muy distinto de propiedad si la opción de salida no existe, es decir, si no se permite a una persona vender su participación de la propiedad de la calle o se le quita su antiguo derecho de paso.

Sin embargo, esto es precisamente lo que define y caracteriza la segunda opción de propiedad “pública”. La calle pública en este sentido moderno de la palabra “pública” no tiene propiedad como tuvo una vez. Hay un propietario de la calle (ya sea un individuo concreto, el rey de la carretera o un gobierno de la calle democráticamente elegido) que tiene un poder de decisión exclusivo para establecer las reglas del tráfico y determinar la evolución futura de la calle.

Pero el gobierno de la calle no permite a sus electores, es decir, al pueblo, que supuestamente son los propietarios por igual de la calle, vender su participación de la propiedad (así que el hace propietarios forzosos de algo de lo que podrían por el contrario querer desprenderse). Y ni el gobierno ni el rey permiten a los residentes de la villa los antes libres acceso y paso sin restricciones por la calle, sino que hace su uso futuro condicional al pago de alguna tasa o contribución del usuario (haciendo así a los residentes de la villa propietarios obligatorios de la calle de nuevo si es que quieren continuar utilizándola como antes).

El resultado de estas disposiciones es previsible. Al denegar la opción de “salida”, el propietario de la calle “pública” ha conseguido un poder absoluto sobre la población de la villa. Por consiguiente, las tasas y otras condiciones impuestas a los residentes de la villa para continuar usando la calle antes “libre” tenderán a hacerse cada vez más gravosas.

No se evitarán los conflictos; muy al contrario, los conflictos se institucionalizarán. Como la opción de salida se cierra, es decir, como los usuario de la calle pública deben ahora pagar por lo que antes tenían gratis y ningún residente puede vender y deshacerse de su supuesta propiedad de la calle, sino que sigue continuamente obligado por las decisiones tomadas por el gobierno o rey de la calle, no solo conflictos hay respecto del uso sino que mantenimiento y evolución futuros de la propia calles se hacen permanentes y ubicuos.

Lo más importante es que, con calles “públicas” también se introduce en el conflicto a áreas en donde antes no lo había. Pues si los propietarios privados de casas, jardines y campos a lo largo de la calle deben pagar contribuciones al propietario de la calle para continuar haciendo lo que habían hecho hasta ahora, es decir, si deben pagar impuestos al propietario de la calle, entonces, por la misma razón, el propietario de la calle ha conseguido el control sobre sus propiedades privadas. El control del propietario privado respecto del uso de su propia casa ya no es por tanto exclusivo.

Por el contrario, el propietario de la calle adyacente puede interferir en las decisiones del propietario de la cas respecto de su propia casa. Puede decir al propietario de la casa qué hacer o no hacer con su casa si quiera salir o entrar de ella como antes. Es decir, el propietario de la calle pública está en una situación en la que puede limitar, y en último término incluso eliminar, es decir, expropiar, toda propiedad privada y derecho de propiedad y así hacer inevitable y completo el conflicto.

III. La justificación de la privatización

Ahora debería estar claro por qué la institución de la propiedad privada es disfuncional. Las instituciones y las normas subyacentes a ellas se supone que ayudan a evitar el conflicto. Pero la institución de la propiedad “pública” (de las calles “públicas”) crea y aumenta los conflictos. Por tanto, para evitar los conflictos (para la cooperación humana pacífica) debe desaparecer la propiedad pública. Toda propiedad pública debe convertirse en propiedad privada.

¿Pero cómo privatizar en el “mundo real”, que ha evolucionado mucho más allá del simple modelo de la villa que he explicado hasta ahora? En este “mundo real” no tenemos solo calles públicas, sino parques, terrenos, ríos, lagos, costas, viviendas, escuelas, universidades, hospitales, cuarteles, aeropuertos, puertos, bibliotecas, museos y muchas más cosas públicas.

Además, por encima de los gobiernos locales tenemos una jerarquía de gobierno provinciales “superiores” y en último término nacionales o centrales “supremos” como propietarios de dichos bienes. Además, como es previsible, en paralelo a la extensión y expansión territorial del dominio de lo bienes públicos, en la que los propietarios privados se han visto implicados sin ninguna “vía de escape”, el rango de alternativas que queda a la gente respecto de su propiedad privada se ha venido limitando y estrechando cada vez más. Solo queda un ámbito pequeño y cada vez menor de su propiedad privada en el que los propietarios privados puedan aún tomar decisiones libres, es decir, libres de posibles intrusiones o interferencias de alguna autoridad pública. Ni siquiera la cuatro paredes de nuestra casa quedan libres y podemos en ellas ejercitar un control exclusivo sobre nuestra propiedad. Hoy, en nombre de lo público y como propietario de todos los “bienes públicos”, los gobiernos pueden invadir tu casa, confiscar parte o todo de tus pertenencias e incluso secuestrar a tus hijos.

Evidentemente, en el “mundo real”, la pregunta de cómo privatizar es más difícil que en el sencillo modelo de la villa. Pero el modelo de la villa y la teoría social elemental nos puede ayudar a reconocer el principio (si no todos los detalles complicados) implícito y a aplicarlo a esta tarea. La privatización de bienes “públicos” debe producirse de una forma que no infrinja los derechos preestablecidos de los propietarios privados (de la misma forma que el primer apropiador de una calla común antes sin dueño no infringiría los derechos de nadie siempre y cuando reconociera los derechos de paso sin restricciones a todos los residentes).

Como las calles “públicas” son las plataformas desde las que derivan todos los demás “bienes públicos”, el proceso de privatización debería empezar por las calles. Con la trasformación de calles antes comunes en calles “públicas”, empezaron la expansión del dominio de los bienes públicos y de los poderes del gobierno y aquí debería empezar su solución.

La privatización de las calles “públicas” tiene un doble resultado. Por un lado, ningún residente se ve forzado por ello a pagar ningún impuesto por el mantenimiento o desarrollo de ninguna calle local, provincial o federal. La financiación futura de todas las calles es solamente responsabilidad de sus nuevos propietarios privados (sean quienes sean). Por otro lado, en lo que se refiere a los derechos de paso de los residentes, la privatización debe dejar en peor situación a nadie de lo que estaba originalmente (aunque tampoco pueda hacer que todos mejoren).

Originalmente, todo residente de la villa podía moverse libremente en la calle local junto a su propiedad y podía dirigirse desde allí igualmente con libertad ya que las cosas que le rodeaban no tenían dueño. Si embargo, si en sus movimientos llegaba a algo que tenía visiblemente un propietario, ya fuera una casa, un campo o una calle, su entrada estaba condicionada al permiso o invitación del propietario. Igualmente, si un extranjero no residente llegaba a una calle local, la entrada en esta calle estaba sujeta al permiso de su propietario (local). El extranjero tenía que haber sido invitado por algún residente a su propiedad. Es decir, esta gente podía moverse, pero nadie tenía un derecho de paso completamente irrestricto. Nadie era libre de moverse a cualquier sitio sin requerirse nunca el permiso o la invitación de alguien. La privatización de las calles no puede cambiar este hecho y eliminar estas restricciones originales naturales a la “libertad de movimientos”.

Aplicado al mundo de las calles locales, provinciales y federales, esto significa que como resultado de la privatización de las calles a cada residente se le debe permitir moverse libremente por cualquier calle o carretera, local, provincial y federal igual que antes. La entrada a calles de estados o provincias distintos y especialmente de localidades distintas, no es sin embargo igualmente libre, sino que está condicionado al permiso o invitación de los propietarios de dichas calles. Las calles locales siempre (praxeológicamente) preceden a cualquier calle entre localidades o travesía y por tanto la entrada en distintas localidades nunca fue libre, sino siempre y en todas partes condicional a algún permiso o invitación local. Este datum original se reincorpora y refuerza con las calles privadas.

Hoy en las calles “públicas”, donde esencialmente a todos se les permite ir a todas partes sin ninguna restricción de acceso “discriminatoria”, el conflicto en forma de “integración forzada”, es decir de tener que aceptar extraños no invitados en medio de nosotros y en nuestra propiedad, se ha convertido en algo generalizado.

En un contraste evidente, con cada calle y en particular cada calle local privatizada, los barrios y comunidades recuperan su derecho original de exclusión, que es un elemento definitorio de la propiedad privada (igual que el derecho de inclusión, es decir, el derecho de invitar a otro a la propiedad propia). Los propietarios de calles de barrios y comunidades, mientras no infrinjan cualquier derecho de paso de los residentes a invitar, puede determinar el requisito de entrada a extraños no invitados (extranjeros indocumentados) en sus calles y así impedir el fenómeno de la integración forzosa.

Entonces, ¿quiénes son los propietarios de las calles? ¿Quién puede reclamar y validar su reclamación de que posee las calles locales, provinciales o federales? Estas calles no son resultado de algún tipo de trabajo comunitario, ni son el resultado del trabajo de alguna persona o grupo de personas claramente identificable.

Es verdad que hablando literalmente, los obreros construyeron las calles. Pero eso no les hace propietarios de las calles porque hubo que pagarles para que hicieran su trabajo. Sin financiación, no habría calle. Y los fondos pagados a los trabajadores son el resultado de pagos de impuestos por varios contribuyentes. Por tanto, las calles deberían considerarse como propiedad de estos contribuyentes. Los antiguos contribuyentes, de acuerdo con los impuestos locales, estatales y federales pagados, deberían obtener títulos de propiedad en calles locales, estatales y federales. Pueden o bien quedarse con estos títulos como inversión o pueden deshacerse de su propiedad en las calles y venderla, siempre manteniendo el derecho de paso sin restricciones.

Lo mismo se aplica esencialmente a la privatización de todos los demás bienes públicos, como escuelas, hospitales, etc. Como consecuencia, se detendrían todos los pagos de impuestos para el mantenimiento y operación de dichos bienes. La financiación y desarrollo de escuelas y hospitales, etc. correspondería desde entonces exclusivamente a sus nuevos propietarios privados. Igualmente, los nuevos propietarios de bienes antes “públicos” son aquellos residentes que realmente los financiaron. De acuerdo con la cantidad de impuestos que pagaron, se les debería otorgar participaciones vendibles en escuelas, hospitales, etc.

Sin embargo, al contrario que en el caso de las calles, los nuevos propietarios de escuelas y hospitales no tienen restricciones por ninguna servidumbre o derecho de paso en los usos futuros de su propiedad. Las escuelas y hospitales, al contrario que las calles, no eran bienes comunes antes de convertirse en bienes “públicos”. Las escuelas y hospitales sencillamente no existían en absoluto anteriormente como bienes, es decir, hasta que no se produjeron por primera vez y por tanto nadie (excepto los productores) puede haber adquirido una servidumbre previa o derecho de paso respecto de su uso. Por tanto, los nuevos propietarios privados de escuelas, hospitales, etc., tienen libertad para establecer los requisitos de entrada a sus propiedades y determinar si quieren continuar operando estas propiedades como escuelas y hospitales o prefieren usarlos para un propósito distinto.

Apéndice

Privatización: Principio y aplicaciones

La única solución efectiva al problema del conflicto, es decir, la única regla o norma que puede asegurar evitar los conflictos desde el principio de la humanidad en adelante y producir una “paz eterna” es la institución de la propiedad privada, basada en último término en actos de apropiación original de recursos antes sin dueño o “comunes”. Por el contrario, la institución de la propiedad pública empieza con un conflicto, es decir, con un acto original de expropiación de alguna propiedad hasta entonces privada (en lugar de la apropiación de bienes previamente sin dueño) y la propiedad pública no acaba con los conflictos y las expropiaciones, sino que los institucionaliza y los hace permanentes.

De aquí se deduce lo imperativo de la privatización, y por tanto del principio de la restitución, es decir, la idea de que la propiedad pública puede devolverse qua propiedad privada a aquéllos de quienes se tomó por la fuerza. Es decir, los bienes públicos deberían convertirse en la propiedad privada de quienes financiaron o aportaron fondos de alguna manera para estos bienes y pueden establecer una demanda objetiva (discernible intersubjetivamente) en este sentido.

Aplicar este principio al mundo existente es a menudo complicado y requiere un esfuerzo legal considerable. Solo consideraré tres casos realistas de privatizaciones para ocuparme de algunas cuestiones y decisiones esenciales.

El primer caso, el más parecido a la antigua Unión Soviética, es el de una sociedad en la que todas y cada una de las propiedades son propiedades públicas, administradas por un gobierno del estado. Todos son funcionarios públicos y trabajan en oficinas, empresas, fábricas y tiendas públicas y todos se mueven y viven en terrenos y viviendas públicas. No hay propiedad privada excepto en los bienes de consumo inmediato, en su ropa interior, cepillo de dientes, etc. Además, todos los registros respecto del pasado legal se han perdido o destruido de forma que nadie, basándose en esos registros, puede presentar una reclamación de cualquier parte identificable de la propiedad pública.

En este caso, el principio de que toda reclamación de propiedad pública debe basarse en “datos” objetivos, discernibles intersubjetivamente llevarían a uno a obtener propiedad privada (y títulos de propiedad vendibles) se basa en la ocupación presente o pasada: las oficinas van a los oficinistas que las ocupan, las fábricas a los operarios, los campos a los granjeros y las casas a los residentes. Los trabajadores jubilados obtienen títulos de sus antiguos lugares de trabajo de acuerdo con la duración de sus empleos. Como ocupantes presentes o pasados de la propiedad en cuestión, solo ellos tienen un enlace objetivo con esta propiedad. Son los que han mantenido la propiedad como tal mientras otros trabajaban en otros lugares en otras ubicaciones laborales públicas.

Todo los demás, es decir, toda la propiedad pública que no esté actualmente ocupado o sea mantenida por alguien (por ejemplo, las tierras “vírgenes”) se convierte en propiedad “común” y se abre a todos los miembros de la sociedad para su privatización por medio de apropiación original.

La solución solo deja una cuestión importante. Todos los documentos legales se suponen perdidos. Pero la gente no ha perdido su memoria. Siguen recordando crímenes pasados. Son víctimas y testigos de actos de asesinato, agresión, tortura y encarcelamiento. ¿Qué hacer con quienes cometieron estos delitos, que los ordenaron o encargaron o cooperaron en su ejecución?

¿Deberían los torturadores de la policía secreta y la nomenklatura comunista, por ejemplo, estar incluidos en este plan de privatización y convertirse en propietarios privados de las comisarías de policía y palacios públicos donde administraron y planificaron sus crímenes? La justicia requiere por el contrario que todo presunto criminal sea denunciado en un juicio por su supuesta víctima y, si se le sentencia y condena, no solo sea excluido de obtener ninguna propiedad pública en absoluto, sino asimismo que se le aplique un castigo mucho más severo.

El segundo caso se diferencia del primero en solo un aspecto: el pasado legal no ha desaparecido. Existen documentos y registros que prueban las expropiaciones pasadas y basándose en esos documentos, personas concretas puede presentar una demanda objetiva de parte concretas de propiedad pública. Éste fue esencialmente el caso en los antiguos estados vasallos de la Unión Soviética, como Alemania Oriental, Checoslovaquia, Polonia, etc., donde la apropiación comunista tuvo lugar durante solo unos 40 años o una generación antes (en lugar de 70 años, como en la Unión Soviética).

En este caso, los propietarios originales expropiados de sus herencias legales deberían ser restaurados como propietarios privados de la propiedad pública en cuestión. ¿Pero qué pasa con las mejoras de capital? Más en concreto, ¿qué pasa con estructuras (de casas o fábricas) erigidas ex novo, que se convertirían en propiedad privada de sus ocupantes actuales o pasados y se construyeron en terrenos devueltos a su propietario original y distinto? ¿Cuántas participaciones en la propiedad debería recibir el propietario del terreno y cuántas los propietarios de la estructura? Las estructuras y el terreno no pueden dividirse físicamente. En términos de teoría económica, son factores de producción absolutamente específicos y complementarios, cuya contribución relativa a su producto de valor conjunto no puede desentrañarse. En este caso no existe más alternativa a las partes en conflicto que negociar.

El tercer caso es el de las llamadas economías mixtas. En estas sociedades, existe un sector público junto con un sector nominalmente privado. Hay bienes y funcionarios públicos junto a propiedad nominalmente privada y propietarios y empleados en empresas privadas. Normalmente los funcionarios públicos que administran propiedades públicas no producen bienes o servicios que se vendan en el mercado. (Para el caso atípico de empresas públicas con valor productivo, ver más adelante).

Sus beneficios por ventas e ingresos del mercado son cero. Sus salarios y todos los demás costes implicados en la operación de bienes públicos los pagan por el contrario otros. Estos otros son los propietarios y empleados de empresas privadas. Las empresas privadas y sus empleados, frente a sus equivalentes públicos, producen bienes y servicios que se venden en el mercado y por tanto obtienen una renta. Con esta renta, las empresas privadas no solo pagan los salarios de sus propios empleados y proveen el mantenimiento de su propia propiedad: también pagan (en forma de impuestos a la renta o la propiedad) los salarios (netos) de todos los empleados públicos y los costes operativos de toda la propiedad pública.

En este caso, el principio de que la propiedad pública debería restaurarse qua propiedad privada a aquéllos que realmente la financiaron debería llevar a asignar títulos de propiedad exclusivamente a los propietarios, fabricantes y empleados privados de acuerdo con su propiedad pasada y pagos de impuestos sobre rentas, mientras que los directores y empleados públicos deberían estar excluidos. Todas las oficinas y palacios del gobierno, por ejemplo, tendrían que vaciarse por parte de sus ocupantes actuales. Los salarios del sector públicos se pagaron solo (y la propiedad pública existe solo) a causa de la financiación proporcionada por los propietarios de empresas privadas y sus empleados. Por tanto, aunque los empleados públicos pueden mantener su propiedad privada, no tienen derecho a la propiedad pública que usaron y administraron.

(Esto solo es distinto en el caso atípico en el que una empresa pública, como una fábrica de automóviles propiedad del gobierno, fabrique bienes y servicios vendibles y gane por tanto una renta en el mercado. En ese caso, los empleados públicos pueden tener un derecho legítimo de propiedad, dependiendo de las circunstancias. Tienen derecho de propiedad plena de la fábrica, si no existe un propietario previamente expropiado que pueda reclamar la fábrica y si la fábrica nunca recibió ninguna subvención fiscal. Si existe un propietario previo, los empleados de la fábrica pueden reclamar en el mejor de los casos una propiedad parcial y deben negociar con el propietario respecto de su porción relativa de títulos de propiedad. Y si la fábrica ha sido subvencionada, y en la medida en que lo haya sido, los trabajadores tendrían que dividir más o menos su proporción de títulos de propiedad con los empleados del sector privado qua contribuyentes).

Simultáneamente con la privatización de toda propiedad pública, toda propiedad nominalmente privada sería devuelta a su estado original como propiedad privada real. Es decir, toda propiedad nominalmente privada sería liberada de todo impuesto a la propiedad o la renta y de todas las restricciones legislativas en su uso (aunque los acuerdos previamente cerrados respecto al uso de propiedad entre partes privadas sigan en efecto). Por tanto, sin impuestos no hay gastos gubernamentales y sin gatos gubernamentales todos los empleados públicos dejarían de percibir salarios y deberían buscar un trabajo productivo para ganarse la vida. Igualmente, todo receptor de concesiones, subvenciones u órdenes de compra del gobierno verá sus ingresos reducidos o desaparecidos completamente y deberá buscar alternativas.

Esta solución deja sin resolver una cuestión importante. Una vez que se hayan asignado a todos los contribuyentes netos su cantidad apropiada de participaciones en la propiedad pública, ¿cómo se adueñarán de esta propiedad y ejercerán sus derechos como propietarios privados? Aunque exista un inventario de toda la propiedad pública, la mayoría de la gente no tiene ni la más remota idea de qué es aquello de lo que es (parcialmente) dueña. La mayoría de la gente tiene una idea bastante buena de la propiedad pública local, pero acerca de la misma propiedad pública en otros lugares distantes, no sabe prácticamente nada, excepto respecto de unos pocos “monumentos nacionales”.

Es prácticamente imposible que alguien llegue a una valoración realista del precio “correcto” de toda la propiedad pública y por tanto tampoco del precio “correcto” de una participación individual en esta propiedad. Por consiguiente, los precios solicitados y pagados por dichas participaciones serían altamente indeterminados y ampliamente fluctuantes y divergentes, al menos inicialmente y sería bastante pesado y largo el plazo hasta que algún inversor o grupo de inversores comprara la mayoría de todas las participaciones para empezar luego a operar o vender partes de esta propiedad para obtener retornos en su inversión.

Esta dificultas puede superarse recuperando la idea de la apropiación original. Los títulos en manos de los contribuyentes no serían solo títulos vendibles. Es más importante que permiten a sus propietarios reapropiarse de propiedades anteriormente públicas y ahora sin dueño. La propiedad pública se abriría a una apropiación original y los títulos serían derechos a propiedades públicas actualmente sin dueño. Todos podrían llevar sus títulos a lugares concretos de propiedad privada y registrarlos como su propietario.

Como el primero en registrar una propiedad concreta sería su propietario inicial, se asegura que todas las propiedades públicas tendrían nuevo dueño casi inmediatamente. Más en concreto, la mayoría de la propiedad pública sería, al menos inicialmente, propiedad de los residentes locales, es decir, de gente que viva muy cerca de una propiedad concreta y con mejor conocimiento de su potencial valor productivo.

Además, como el valor por participación en la propiedad cae cada vez más a medida que los poseedores de títulos se registren en la misma propiedad, se evitará y eliminará rápidamente cualquier sobreinscripción o infrainscripción en propiedades concretas. Muy rápidamente, cada propiedad se valorará realistamente de acuerdo con su valor productivo.

Lecturas recomendadas

Hans-Hermann Hoppe, The Economics and Ethics of Private Property (Auburn, Ala.: Ludwig von Mises Institute, 2006).

———, “De-Socialization in a United Germany”, Review of Austrian Economics, Vol. 5, Nº 2, 1991.

Murray N. Rothbard, The Ethics of Liberty (Nueva York: New York University Press, 2003).

———, “How and How Not to Desocialize”, Review of Austrian Economics, Vol. 6, No. 1, 1992.

¿Por qué Mises (y no Hayek)?

euribe — Mon, 10 Oct 2011 17:01:00 GMT

Por Hans-Hermann Hoppe (Publicado el 10 de octubre de 2011)

Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/5747.

Déjenme empezar con una cita de un artículo que mi viejo amigo Ralph Raico escribió hace unos 15 años:

Ludwig von Mises y F.A. Hyek están ampliamente considerados los más eminentes pensadores liberales clásicos de este siglo. También son los dos economistas austriacos más conocidos. Fueron grandes intelectuales y grandes hombres. Tuve la suerte de tener a ambos como maestros. (…) Aún así, está claro que el mundo los trata de forma muy diferente. A mises se le negó el Premio Nobel de economía, que ganó Hayek el años siguiente a la muerte de Mises. De Hayek se hacen ocasionalmente antologías y se estudia en cursos universitarios, cuando es imposible evitar un portavoz de la libre empresa; Mises es prácticamente un desconocido para la academia estadounidense. Incluso entre organizaciones que defienden el libre mercado en general, es Hayek el honrado e invocado, mientras que Mises es ignorado o enviado al fondo.

Quiero especular (y presentar una teoría) de por qué es así y explicar por qué yo (y entiendo que la mayoría de nosotros) tenemos una opinión distinta. Por que yo (y supuestamente usted) somos misesianos y no hayekianos.

Mi teoría es que la mayor preeminencia de Hayek tiene poco o nada que ver con la economía. Hay poca diferencia entre la economía de Mises y la de Hayek. De hecho, la mayoría de las ideas económicas asociadas con Hayek se originaron en Mises y solo este hecho haría que Mises estuviera muy por encima de Hayek como economista. Pero la mayoría de los hayekianos declarados de hoy en día no son economistas de formación. Pocos han leído realmente los libros responsables de la fama inicial de Hayek como economista, es decir, su Monetary Theory and the Trade Cycle y su Precios y producción. Y me aventuro a decir que no hay más de diez personas vivas hoy que hayan estudiado, de principio a fin, su Pure Theory of Capital.

Por el contrario, lo que explica la mayor preeminencia de Hayek es su obra, principalmente en la segunda parte de su vida profesional, en el campo de la filosofía política, y aquí, en este campo, la diferencia entre Hayek y Mises es realmente chocante.

Mi teoría es esencialmente la misma que avanzaba mi amigo Ralph Raico: Hayek no es un liberal clásico en absoluto, o un “Radikalliberaler” como le había calificado el NZZ, despistado como es habitual. Hayek es realmente un socialdemócrata moderado, y como vivimos en la época de la socialdemocracia, esto le hace un intelectual “respetable” y “responsable”. Hayek, como recordarán, dedico su Camino de servidumbre a “los socialistas de todos los partidos”. Y los socialistas en todos los partidos ahora le pagan utilizando a Hayek para presentarse como “liberales”.

Para probarlo, me basaré principalmente en Los fundamentos de la libertad y en sus tres volúmenes de Derecho, legislación y libertad, que se consideran por lo general como las contribuciones más importantes de Hayek al campo de la teoría política.

Según Hayek, el gobierno es “necesario” para cumplir las siguientes tareas: no solo para la “aplicación de la ley” y la “defensa contra enemigos externos”, sino que “un gobierno de una sociedad avanzada tendría que usar su poder para obtener fondos mediante impuestos para proveer algunos servicios que por distintas razones no puedan ser suministrados o no puedan suministrarse adecuadamente, por el mercado”. (Como en todo momento existen un número infinito de bienes y servicios que el mercado no provee, Hayek da al gobierno un cheque en blanco).

Entre estos bienes y servicios están

protección contra violencia, epidemias o fuerzas naturales como inundaciones o avalanchas, pero también muchas de las amenidades que hacen tolerable la vida en las ciudades modernas, la mayoría de las carreteras (…) la provisión de patrones de medida y de muchos tipos de información que van de los registros territoriales, mapas y estadísticas a la certificación de la calidad de algunos bienes o servicios ofrecidos en el mercado.

Las funciones adicionales del gobierno incluyen “la garantía de cierta renta mínima para todos”; el gobierno debería “distribuir sus gastos en el tiempo de una manera tal que actúa cuando decaiga la inversión privada”; debería financiar escuelas e investigación, así como aplicar “regulaciones en la construcción, leyes alimentarias, la certificación de ciertas profesiones, la restricción en la venta de ciertos bienes peligrosos (como armas, explosivos, venenos y drogas), así como algunas regulaciones de seguridad y salud para los procesos de producción y la provisión de instituciones públicas como teatros, campos de deportes, etc.” y debería hacer uso del poder de “dominio eminente” para mejorar el “bien público”.

Además, sostiene en general que “hay razones para creer que con el aumento de la riqueza general y la densidad de la población, continuará aumentando la porción de todas las necesidades que solo pueden satisfacerse por medio de la acción colectiva”.

Además, el gobierno debería implantar un extenso sistema de seguros obligatorios (“coacción que pretende evitar una coacción mayor”), las viviendas públicas subvencionadas son una posible tarea del gobierno e igualmente la “planificación urbana” y la “urbanización” se consideran funciones propias del gobierno (siempre que “la suma de las ganancias exceda la suma de las pérdidas”). Y finalmente, “la provisión de amenidades y oportunidades de recreo o la preservación de la belleza natural o de lugares históricos o de interés científico (…) Parques naturales, reservas de la naturaleza, etc.” son tareas legítimas del gobierno.

Además, Hayek insiste en que reconozcamos que es irrelevante lo grande que sea el gobierno o si crece y lo rápido que lo hace. Lo único importante es que las acciones del gobierno cumplan ciertos requisitos formales. “Es el carácter más que el volumen de la actividad del gobierno lo que importa”. Los impuestos como tales y el nivel absoluto de impuestos no son un problema para Hayek. Los impuestos (e igualmente el servicio militar obligatorio) pierden su carácter de medidas coactivas,

si al menos son predecibles y se aplican sin considerar cómo emplearía el individuo sus energías en otro caso; esto les priva en buena medida de la naturaleza perjudicial de la coacción. Si la necesidad conocida de pagar cierta cantidad de impuestos se convierte en la base de todos mis planes, si un periodo de servicio militar es una parte previsible de mi carrera, entonces puedo seguir un plan general de vida hecho por mí mismo y soy tan independiente de la voluntad de otra persona al haber aprendido los hombres a vivir en sociedad.

¡Pero por favor, debe ser un impuesto proporcional y un servicio militar general!

Podría seguir y seguir, citando las definiciones entremezcladas y contradictorias de libertad y coacción de Hayek, pero eso basta para explicarme. Simplemente pregunto: ¿Qué socialista y qué verde podrían tener problems con todo esto? Siguiendo a Hayek, todos pueden orgullosamente llamarse a sí mismos liberales.

En un contraste evidente, ¡qué refrescantemente claro (y muy distinto) es Mises! Para él, la definición de liberalismo puede condensarse en un solo término: propiedad privada. El estado, para Mises, es la fuerza legalizada y su única función es defender la vida y la propiedad sometiendo a los elementos antisociales. Respecto del resto, el gobierno es “el empleo de hombres armados, de policías, gendarmes, soldados, guardias de prisiones y verdugos. La característica esencial del gobierno es la aplicación de sus decretos mediante golpes, muertes y encarcelamientos. Quienes piden más interferencia del gobierno están pidiendo en definitiva más compulsión y menos libertad”.

Además (y esto es para quienes no hayan leído mucho a Mises pero invariablemente dicen “pero ni siquiera Mises era un anarquista”), está claro que el joven Mises admitía la secesión limitada, hasta el nivel de individuo, si llegamos a la conclusión de que la gobierno no está haciendo lo que se supone que ha de hacer: proteger la vida y la propiedad. Y el Mises mayor nunca rechazó esta postura. Mises, por tanto, como apuntaba mi propio maestro intelectual, Murray Rothbard, es un radical del laissez-faire: un extremista.

Seguridad sin estado

euribe — Sun, 04 Sep 2011 11:42:00 GMT

Por David Gordon. (Publicado el 23 de septiembre de 2009)

Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/3719.

[The Myth of National Defense: Essays on the Theory and History of Security Production • Hans-Hermann Hoppe, ed. • Ludwig von Mises Institute, 2003 • x + 453 páginas]

La invasión de Iraq de la administración Bush ofrece una nueva confirmación, si hacía falta, de la sentencia de Randolph Bourne: “la guerra es la salud del estado”. Ante un ejemplo tan masivo de agresión, surge la pregunta: ¿podemos arreglarnos sin ningún estado? Su eliminación acabaría con la principal fuente de violencia destructiva en el mundo.

Por muy atractiva que pueda ser esta línea de pensamiento, pocos están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. No cabe duda de que las depredaciones del estado son una amenaza siempre presente, pero ¿cómo podemos arreglárnoslas sin esta institución? ¿No caería una comunidad libertaria sin estado fácilmente presa de primer estado que decida atacarla?

La historia muestra que no puede existir ninguna comunidad civilizada de cierto tamaño sin un estado y los argumentos de la teoría política y la economía muestran que el estado es una necesidad para una defensa adecuada. El estado puede ser malo, pero es un mal necesario.

Los contribuidores a The Myth of National Defense disienten completamente de la línea de pensamiento que acabo de apuntar. Aportan una serie de objeciones a la opinión convencional, en mi opinión, con un completo éxito. El lector de este brillante libro verá que toda afirmación hecha por el estado en los dos párrafos precedentes es falsa.

Jeffrey Hummel presenta sucintamente el argumento de que la historia demuestra la necesidad del estado:

Si la defensa privada es mejor que la defensa pública, ¿por qué ha estado ganando la pública a lo largo de los siglos? En realidad, la destreza militar del estado ha más que impedido la emergencia moderna de cualquier sociedad anarcocapitalista. (…)

¿Cómo pueden [libertarios radicales como Rothbard] atribuir los orígenes del gobierno a la conquista con éxito y mantener simultáneamente que una sociedad completamente libre, sin gobierno, podría evitar dicha conquista? (pp. 276, 278).

Tanto Hummel como el equipo formado por Luigi Marco Bassani y Carlo Lottieri intentan responder distintas maneras al argumento expuesto. De acuerdo con Hummel, la aparición de la Revolución Agrícola alrededor del año 11000 a de C., creó una gran población rica y sedentaria. La gente que se benefició de esta revolución fue conquistada por bandas merodeantes que buscaban beneficiarse. En estas conquistas se encuentra el origen del estado.

¿Pero por qué la gran población agrícola no hizo uso de su número superior para expulsar a los invasores? Hummel mantiene que aunque rebelarse era ventajoso para casi todo en la población, los costes de la resistencia eran demasiado altos para los individuos concretos.

Si alguien se resiste al estado, puede morir.

Aunque prefiriera que se fueran los invasores, cada persona no arriesgará racionalmente su vida y posesiones para expulsarlos. Más bien esperará que resista alguna otra persona o grupo, en cuyo caso se beneficia sin riesgo. Como todos pensarán de esta manera, no habrá resistencia efectiva.[1] “El problema del oportunista, presentado desde hace mucho por los economistas como justificación normativa del estado, es en realidad una explicación positiva de por qué el estado apareció en primer lugar y luego persistió” (p. 280).

Hummel ha defendido una versión de la teoría de la conquista del estado, pero ¿no hace imposible esta misma explicación una resistencia con éxito al estado contemporáneo? ¿No explicará de nuevo el problema del oportunista la persistencia del estado?

Hummel tiene una respuesta ingeniosa. Desde la Revolución Industrial, la riqueza se ha convertido en mucho más importante en el conflicto militar. Esto da a los grupos sin estado una mayor posibilidad de éxito que antes, dado el indudable hecho de que el libre mercado promueve el crecimiento económico más eficientemente que una sociedad controlada por el estado.

¿Pero qué pasa con el problema del oportunista? Hummel mantiene que no descarta completamente la acción colectiva: puede superarse si la gente tiene suficiente compromiso con la justicia de su causa. Joseph Stromberg lo expresa bien:

Respecto de los “oportunistas”, la independencia de Estados Unidos lo explica. Si los hubiéramos dejado, nunca habrían luchado. Hummel lanza un gran “¿Y qué?” rothbardiano ante el problema. Apunta que sin oportunismo la civilización no existiría (p. 237).

Bassani y Lottieri responden de forma diferente. Rechazan la teoría de la conquista del estado, así como otras explicaciones que postulan una enorme antigüedad para el estado. Muy al contrario, afirman que el estado empezó solo cuando la Edad Media llegó a su fin. Hasta entonces la gente no sufrió esa torva evolución, una autoridad centralizada manteniendo un monopolio de la fuerza a lo largo de un territorio nacional.

Muchos libertarios no han apreciado este punto, dicen, porque han estado demasiado influidos por Franz Oppenheimer y sus seguidores. Estos escritores contrastan los medios económicos de obtener bienes y servicios, que benefician a todos los dedicados a ellos, con los medios políticos, el que algunos toman por la fuerza bienes a otros.

El contraste es sin duda muy útil, pero Bassani y Lottieri encuentran en él una fuente de errores. Los medios políticos no deben hacerse equivalentes al estado. Pensar lo contrario hace de cada bandido un estado. Aunque el estado puede ser una banda criminal, no toda banda criminal es un estado.

Una vez que entendemos los orígenes del estado, ¿no se hace más fácil nuestra tarea de resistencia a éste? Ya no tenemos que ver al estado como fijo e inamovible. Si no existió siempre, tenemos alguna esperanza de eliminarlo.[2]

Si la historia no nos obliga a aceptar la necesidad del estado, ¿qué pasa con la teoría política? Hobbes argumenta que sin un estado, los individuos se encontrarían en constante conflicto. Con el fin de evitar la “guerra de todos contra todos”, ¿no deberíamos todos entregar nuestras armas al soberano que así nos protegería? Hans Hoppe encuentra este argumento menos que convincente:

[Según Hobbes] para instituir una cooperación pacífica entre ellos, dos individuos, A y B, necesitan a una parte independiente, S, como juez y pacificador último. (…) Es verdad que S hará la paz entre A y B, pero solo para poder él mismo robarles más rentablemente. Sin duda S está mejor protegido, pero cuando más protegido está, menos protegidos están A y B ante los ataques de S (p. 336).

Hobbes no demuestra que el soberano mejore el estado de naturaleza.

El excelente apunte de Hobbes golpea el centro de la justificación hobbesiana del estado, pero se repite la objeción anterior. Incluso si el estado actúa como depredador, ¿no se necesita para la defensa contra otros estados?

Aquí debemos recurrir a argumentos de la teoría económica. Se alega frecuentemente que la defensa nacional es un “bien público” que el mercado no puede atender en cantidad adecuada. Tanto Larry Sechrest y Walter Block discrepan de esta ortodoxia. ¿Por qué deberíamos pensar que la defensa en un bien único que debe proporcionarse en una base igual para todos los residentes en una nación? “No es imposible ni excluir a los que no paguen ni es cierto que poner una persona adicional bajo el paraguas de seguridad no coste recursos adicionales” (p. 323). Con su habitual estilo imaginativo, Block ofrece numerosos ejemplos ingeniosos para apoyar su desafío a la opinión habitual.[3]

Si estos autores tienen razón, una sociedad anarcolibertaria podría ofrecer defensa de una forma completamente adecuada. Joseph Stromberg refuerza la defensa con un punto esencial. En modo algunos se deduce que una sociedad libre para defenderse eficazmente deba igualar los hinchados gastos del estado Leviatán.

Supongo que estados mínimos y anarquías pueden arreglárselas sin bombas nucleares, misiles de crucero, bombarderos invisibles y “sistemas” caros apropiados para la conquista del mundo o la intervención universal. Respecto de la “estructura de fuerza” de la mera defensa, creo que veríamos una cruda combinación de milicias y “empresas aseguradoras” (tal vez no tan mutuamente exclusivas como pensamos) recurriendo a una guerra de guerrillas basada en la masa, aunque fuera organizada in extremis por quien sea (p. 237).

El argumento a favor de la defensa libertaria se basa en dos puntos. Primero, una sociedad libertaria tendría un programa mucho menos ambicioso que el de los estados en el mundo contemporáneo. Murray Rothbard, con su característica incisividad, deja claro los límites drásticos de las circunstancias en las que se justifica la guerra. En concreto, no hay un mandato universal para imponer una buena sociedad en todo el mundo: las naciones deben ocuparse de sus propios asuntos.

Una variante especialmente peligrosa de la política a la que se opone Rothbard desea extender la democracia a todos sin excepción. Como documentan exhaustivamente Erik von Kuehnelt-Leddihn y Gerard Radnitzky, es una receta para el desastre. Las democracias, plenas de superioridad moral, tienden a entablar guerra sin límite que ignoran las limitaciones humanas.

Guido Hülsmann lleva el argumento un paso más allá. Igual que la expansión del estado es pecado mortal incluso en la búsqueda de “buenos” objetivos políticos en el exterior, debe evitarse el uso del poder del estado para realizar reformas internas. Indica que el liberalismo clásico de los siglos XVIII y XIX fracasó porque recurrió a la fuerza para imponer los objetivos que sus defensores consideraban deseables. “En lugar de poner coto al poder político, [los liberales clásicos] simplemente los cambiaron y centralizaron” (p. 379). Por el contrario, los libertarios tendrían que confiar en la secesión pacífica.

Segundo, como destacan tanto Stromberg como Hülsmann, hay buenas razones para pensar que si una sociedad libertaria se encuentra siendo víctima de una invasión, una guerra de guerrillas resultaría ser una respuesta exitosa. Stromberg concluye:

Empezamos con la evidencia de que la defensa tiene ventaja. (…) Y una vez que el pueblo se dedique a tácticas de guerrilla derrotándoles aumenta la relación entre atacantes y defensores a entre 4 a 1 y 6 a 1 o superior. Una “pacificación” y ocupación exitosas pueden requerir una superioridad de 10 a 1 (pp. 235-236).[4]

Este libro revolucionario nos obliga a deshacernos de las suposiciones sobre defensa que casi todos damos por sentadas. La idea de que solo el estado puede ofrecer una defensa adecuada no es sino un mito estatista, tal vez el más pelirgroso de todos.

David Gordon hace crítica de libros sobre economía, política, filosofía y leyes para The Mises Review, la revista cuatrimestral de literatura sobre ciencias sociales, publicada desde 1955 por el Mises Institute. Es además autor de The Essential Rothbard, disponible en la tienda de la web del Mises Institute.

Este artículo fue publicado por primera vez en Mises Review, Primavera de 2004, Volumen 10, Número 1.

[1] Gordon Tullock da una versión bien conocida de este argumento en The Social Dilemma (Center for Study of Public Choice, 1974).

[2] Bassani y Lottieri nos suficientemente amables como para citarme como un ejemplo de alguien que adopta la definición libertaria usual, y errónea, del estado. Pero yo he pretendido contrastar la nociónd e estado de Weber como agencia monopolística de fuerza con la opinión de Van Creveld de que el estado es una entidad independiente, distinta de la personalidad del gobernante. No creo haberme implicado en la opinión de que cualquier uso de los medios políticos suponga un estado.

[3] Además de su detallada y convincente crítica del argumento de que la defensa es un bien público, Block atribuye gran importancia a otra consideración. Afirma que es inconsistente lógicamente que el estado afirme protegernos mientras él mismo viola derechos, por ejemplo, mediante los impuestos y la prohibición de agencias rivales. La aportación es excelente, pero no demuestra que sea contradictorio afirmar que el estado proteja a toda la gente de todos menos de sí mismo.

[4] Elaine Scarry argumenta en un estilo similar que la gente, actuando espontáneamente en respuesta al peligro, puede ser mucho más eficaz que las disposiciones públicas de defensa. Ver su Who Defended the Country? (Beacon Press, 2003).

Hoppe en una lección, con un ejemplo en la economía del bienestar

euribe — Mon, 04 Jul 2011 16:06:00 GMT

Por Jeffrey M. Herbener. (Publicado el 8 de enero de 2010)

Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/4014.

[Extraído de Property, Freedom and Society: Essays in Honor of Hans-Hermann Hoppe]

Todo escolar aprende que, para llegar a una conclusión verdadera, debe empezar con premisas verdaderas y usar una lógica válida. Por desgracia, esta lección se olvida bastante en la vida posterior. A la mayoría le falta la inteligencia, el interés o el coraje para aplicar rigurosamente la lección. Muchos rompen o retuercen las reglas para avanzar en sus planes o carreras. Otros solo pueden esbozar la voluntad de seguir las reglas en algunos lugares y casos. Rara es la persona que aprende la lección.

Hans-Hermann Hoppe ha demostrado la altura intelectual que puede alcanzarse empleando la lección con una mente brillante, una ferviente devoción por la verdad y un irredento coraje moral. Lo que sigue es una breve explicación de cómo pones las cosas claras en el campo de la economía del bienestar.[1]

La antigua economía del bienestar trataba de dar la vuelta a las conclusiones de laissez faire de la Escuela Clásica basándose en la teoría de la utilidad marginal aportada por la revolución marginalista. Si la utilidad puede comprarse interpersonalmente, con varias suposiciones como la utilidad cardinal o los planes de utilidad idénticos o la utilidad del dinero entre la gente, los antiguos economistas del bienestar argumentaban que la utilidad marginal decreciente implicaba una ganancia en el bienestar social, entre otras intervenciones del estado, en la redistribución de riqueza de los ricos a los pobres. Esta línea de argumentación se vino abajo por la demostración de que l subjetividad del valor impide comparaciones de utilidad interpersonal. Por tanto, solo puede decirse que el bienestar social se mejore sin ambages por un cambio si hace que al menos una persona mejore y ninguna empeore. La regla de Pareto impide a los economistas reclamar mejoras en el bienestar social mediante intervenciones del estado, ya que hacen que algunos mejoren y otros empeoren.

La nueva economía del bienestar trataba de elaborar una defensa de la intervención del estado dentro de las limitaciones de la regla de Pareto. Las conclusiones de la nueva economía del bienestar pueden derivarse de sus principales teoremas. El primer teorema del bienestar dice que un equilibrio general perfectamente competitivo es el óptimo de Pareto. A partir de este teorema, los nuevos economistas del bienestar concluyen que una divergencia de la economía real respecto de esta condición hipotética justifica la intervención del estado para mejorar el bienestar social. Las revistas económicas están repletas de casos que demuestran cómo la economía de mercado no consigue lograr un equilibrio general perfectamente competitivo y qué intervencionismo del estado debería utilizarse para eliminar la ineficiencia del mercado.

El segundo teorema del bienestar dice que la cualquier solución del óptimo de Pareto puede alcanzarse por medio de un equilibrio general perfectamente competitivo: Para cada patrón de dotación de renta entre personas, la economía de mercado que funcione perfectamente llegará a un resultado óptimo de Pareto distinto de producción e intercambio. A partir de este teorema, los nuevos economistas del bienestar concluyen que estado puede distribuir rentas, de cualquier forma que quiera, por ejemplo, para alcanzar una concepción concreta de la igualdad, sin perjudicar la propiedad de maximización del bienestar social de la economía de mercado que funcione perfectamente.

En su artículo sobre la utilidad y la economía del bienestar de 1956, Murray Rothbard demostraba que los nuevos economistas del bienestar se equivocaban al pensar que podría construirse una defensa del laissez faire basándose en la subjetividad del valor.[2] Argumentaba que los nuevos economistas del bienestar tenían razón en inferir la imposibilidad de comparaciones de utilidad interpersonal a partir de la subjetividad del valor. El valor no es un estado mental sin una propiedad extensiva que pueda ser analizada objetivamente. Como tal, no existe ninguna unidad común entre personas en la que los estados mentales pudieran medirse y, por tanto, compararse.

Una vez aceptada la subjetividad del valor como razón para la imposibilidad de las comparaciones interpersonales de la utilidad, a las que hicieron un pilar de la economía del bienestar, los nuevos economistas del bienestar se comprometen con otros corolarios del valor subjetivo. En particular, indicaba Rothbard, debe adoptar el concepto de la preferencia demostrada. Como las preferencias solo existen en la mente de una persona, otra persona no puede adquirir conocimiento objetivo acerca de ellas salvo infiriéndolo de sus acciones. Como no existe ningún otro conocimiento objetivo de las preferencias de una persona, solo la preferencia demostrada puede utilizarse en el análisis de la economía del bienestar.

Tanto la imposibilidad de las comparaciones interpersonales de utilidad como la preferencia demostrada se deducen directamente de la subjetividad del valor y por tanto los nuevos economistas del bienestar no pueden aceptar válidamente una o rechazar la otra. La imposibilidad de las comparaciones interpersonales de utilidad limita a la economía del bienestar por la regla de Pareto, haciendo más difícil justificar la intervención estatal que en caso contrario, pero la preferencia demostrada sube mucho más las exigencias para justificar la intervención del estado. De acuerdo con los nuevos economistas del bienestar, el nivel establecido por la regla dePareto está determinado por la desviación del mercado del resultado óptimo de un modelo de equilibrio general perfectamente competitivo, pero la preferencia demostrada elimina cualquier uso de valores hipotéticos, incluyendo las funciones de utilidad de los agentes económicos que subyacen a dichos modelos. Para ser científica, la economía del bienestar debe confinarse a declaraciones acerca de las preferencias que las personas reales demuestran en sus acciones. Rothbard escribía:

La preferencia demostrada, como recordamos, elimina las imaginaciones hipotéticas acerca de las escalas de valores individuales. La economía del bienestar ha considera hasta ahora los valores como valoraciones hipotéticas de “estados sociales” hipotéticos. Pero la preferencia demostrada solo trata a los valores como revelados a través de la acción elegida.[3]

El primer teorema del bienestar, reconstruido siguiendo la línea de Rothbard, no se refiere al estado de equilibrio general de modelos inventados por economistas. Se refiere a la economía real, para la cual es más difícil demostrar mejoras en el bienestar social por intervención del estado. Si se comparan los resultados del mercado con otras condiciones perceptibles alcanzadas en los sistemas económicos reales, en lugar de en los resultados imperceptibles de modelos ficticios que funcionen perfectamente, entonces el fracaso del mercado parece improbable. Y, como demostró Rothbard, el mercado sí sobrepasa los niveles de bienestar social alcanzados en otros sistemas económicos reales.

Sin embargo el segundo teorema del bienestar para indemne a la crítica de Rothbard. Los nuevos economistas del bienestar podrían seguir defendiendo una intervención del estado. Sin afectar a la eficiencia del mercado en producir un punto óptimo de Pareto, el estado aún podría distribuir rentas para alcanzar su idea de equidad. Rothbard respondía que la propiedad privada era la distribución inicial apropiada de la riqueza de la cual la actividad de mercado produce un resultado óptimo de Pareto. Y como las distribución inicial de la propiedad privada no es arbitraria, sino que sigue las líneas de la autopropiedad del trabajo, la propiedad de la tierra por ocupación y la propiedad de los bienes producidos, la intervención del estado en la propiedad no podría producir un resultado comparable en el bienestar social con el resultado del óptimo de Pareto del laissez faire.

Sin embargo, los nuevos economistas del bienestar, al no seguir la teoría de los derechos naturales de Rothbard, negaron que la distribución de la propiedad por parte del estado llevaría a un resultado de mercado inferior en bienestar social a la del mercado no intervenido. Incluso algunos economistas que favorecían el laissez faire estaban de acuerdo en que el patrón de propiedad en la sociedad es arbitrario respecto del mercado que consiga un resultado óptimo de Pareto y, por tanto, el estado puede reordenarlo sin consecuencias perjudiciales sobre el bienestar social.

Quedó para Hoppe el desarrollo de la lógica del argumento de Rothbard y alacanzar una conclusión definitiva acerca del efecto en el bienestar social de la distribución de la propiedad por parte del estado.[4] Al hacerlo, redirige la economía del bienestar hacia su verdadero rumbo. Aunque latente en el análisis de Rothbard, Hoppe fue el que demostró que la aproximación de la regla de Pareto a la economía del bienestar lleva, no a un punto final de optimización, sino a un proceso superior paso a paso de Pareto con un punto de partida objetivo.

Como había hecho Rothbard antes, Hoppe presenta a los nuevos economistas del bienestar una inconsistencia lógica en su argumento. Habían aceptado un principio básico, esta vez la autopropiedad, de la cual inferían consecuencias del intercambio voluntario en el bienestar social, es decir, proclamaban sobre el bienestar social consecuencias del intercambio voluntario desde el punto de vista de los propios intercambiadores. Pero al aceptar la autopropiedad también deben aceptar su corolario lógico, que es la adquisición lockeana de propiedad. Hoppe apuntaba que la autopropiedad es una precondición necesaria para toda adquisición y uno de propiedad y no solo para el intercambio voluntario. Por tanto, es el punto de partida para cada paso con éxito de la interacción social.

Al criticar la opinión de Kirzner de la economía del bienestar, Hoppe escribe:

Sin embargo, si el criterio de Pareto está firmemente ligado con la noción de preferencia demostrada, de hecho puede emplearse para producir dicho punto de partida y servir, entonces, como un criterio de bienestar perfectamente inobjetable: la apropiación original de una persona de recursos sin dueño, como se demuestra por esta misma acción, aumenta su utilidad (al menos ex ante). Al mismo tiempo, no perjudica a nadie, porque al apropiárselos no toma nada de otros. Pues es evidente que otros se habrían apropiado también de esos recursos si los hubieran percibido como escasos. Pero en la realidad no lo hicieron, lo que demuestra que no les dieron ningún valor y por tanto no puede decirse que hayan perdido ninguna utilidad por este acto. Por tanto, partiendo de esta base de óptimo de Pareto, cualquier posterior acto de producción, utilizando recursos apropiados, es igualmente un óptimo de Pareto sobre bases de la preferencia demostrada, siempre que no perjudique inadvertidamente la integridad de los recursos apropiados o producidos con medios apropiados por otros. Y finalmente, todo intercambio voluntario que empiece por esta base debe asimismo considerarse como un óptimo de Pareto, porque solo puede tener lugar si ambas partes esperan beneficiarse de él. Así que, contra lo que dice Kirzner, el óptimo de Pareto no solo es compatible con el individualismo metodológico: junto con la noción de ola preferencia demostrada, también ofrece la clave de la economía (austriaca) del bienestar y su prueba de que el mercado libre, operando de acuerdo con la reglas recién descritas, siempre, e invariablemente, aumenta la utilidad social, mientras que cualquier desviación la disminuye.[5]

Hoppe demostró que la regla de Pareto tenía que aplicarse a las consecuencias en el bienestar social de la adquisición de propiedad y no solo a su uso. La autopropiedad es el punto de partida inmutable para el proceso de adquirir y luego usar la propiedad. La distribución de la renta del estado para alcanzar una dotación “inicial” ostensible más equilibrada entre personas no satisface la regla de Pareto. En otras palabras, el segundo teorema del bienestar, reconstruido siguiendo las líneas de Hoppe, es falso. Solo la dotación inicial, la lockeana, es capaz de producir un resultado óptimo de Pareto.

Además, el argumento de Hoppe acaba completamente con la idea de optimalidad de Pareto como un estado final de maximización del bienestar social. La economía del bienestar comienza con el hecho objetivo de la autopropiedad y luego demuestra que cada caso de adquisición voluntaria y uso de la propiedad beneficia a algunos y daña a otros y, por tanto, mejora el bienestar social. Además, cada caso de intervención estatal en la adquisición voluntaria o uso de la propiedad beneficia a algunos y daña a otros y por tanto no mejora el bienestar social. Por tanto, el mercado real no se compara con algún punto final que pueda acabar alcanzando pero aún no se ha logrado. Si fuera el caso, podría decirse que algunas intervenciones del estado podrían facilitar que el mercado real alcanzase los niveles más altos de bienestar social en este punto final. Por el contrario, la economía del bienestar está limitada a comparar el mercado real con la intervención real del estado. No se deja espacio para la afirmación de que el mercado fracasa en alcanzar algún ideal que podría usarse para justificar la intervención del estado. Hoppe estableció definitivamente que el mercado no intervenido es superior en mejorar el bienestar social.

Es verdad que la economía del bienestar es el menor de los logros de Hoppe al emplear la lección. En todos los campos a los que ha dirigido su atención, como Ludwig von Mises y Murray Rothbard antes que él, ha ejemplificado el razonamiento sólido en el análisis social. Mejoró el edificio que éstos construyeron aclarando principios básicos y llegando incansablemente y sin miedo las implicaciones lógicas desde estas premisas hasta sus conclusiones. Es un ejemplo para todos lo que aman las verdad.

Jeffrey Herbener enseña economía en el Grove City College.

Este artículo se ha extraído de Property, Freedom and Society: Essays in Honor of Hans-Hermann Hoppe.

[1] Sobre el desarrollo de la economía del bienestar, ver Mark Blaug, “The Fundamental Theorems of Welfare Economics, Historically Considered”, History of Political Economy 39, nº 2 (2007): 185-207 y Jeffrey M. Herbener, “The Pareto Rule and Welfare Economics”, Review of Austrian Economics 10 (1997): 79-106.

[2] Murray N. Rothbard, “Toward a Reconstruction of Utility and Welfare Economics”, The Logic of Action, One (Cheltenham, U.K.: Edward Elgar, 1997), pp. 211-254.

[3] Ibíd., p. 240.

[4] Hans-Hermann Hoppe, “Review of Man, Economy, and Liberty”, Review of Austrian Economics 4 (1990): 249-263.

[5] Ibíd., pp. 257-258.

Tras leer a Hoppe, nada es lo mismo

euribe — Fri, 10 Jun 2011 14:46:00 GMT

Por Stephan Kinsella. (Publicado el 10 de junio de 2011)

Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/5372.

El austrolibertarismo empieza con Murray Rothbard. Su mentor Ludwig von Mises sistematizó la economía austriaca y la asentó sobre un cimientos modernos y rigurosos. Rothbard construyó encima y extendió este marco austriaco praxeológico-misesiano y lo integró con su propio anarcocapitalismo radical para producir la superestructura del pensamiento austrolibertario moderno.

El Profesor Hans-Hermann Hoppe, que estudió y trabajó con Rothbard desde la década de 1980 hasta la prematura muerte de Rothbard en 1995, fue el principal alumno de Rothbard, después de la muerte de Rothbard, Hoppe se convirtió en el editor del Journal of Libertarian Studies, coeditor de la Review of Austrian Economics y luego en coeditor del Quarterly Journal of Austrian Economics. Sus libros importantes incluyen A Theory of Socialism and Capitalism, The Economics and Ethics of Private Property, Democracy: The God that Failed y The Myth of National Defense.

Combinando la praxeología misesiana con las ideas rothbardianas, Hoppe ha desarrollado un edificio de pensamiento racional magnífico e integrado. Este edificio incluye trabajos sobre sociología, economía, filosofía y epistemología, libertarismo y filosofía política e historia. Hoppe es hoy el principal teóricos social austrolibertario del mundo.

Por tanto no sorprende que los escritos del Profesor Hoppe hayan inspirado a intelectuales del todo el mundo a seguir sus pasos y ofrecer unos cimientos científicos para la libertad individual y la sociedad libre (sus obras se han traducido al menos a 22 idiomas). Su influencia se extendió cuando fundó la internacional Property and Freedom Society (PFS) en 2006 como una alternativa más radical a la hoy aguada Sociedad Mont Pèlerin.

Este vídeo es una buena demostración del poder de las ideas de Hoppe. Es una charla que dio el Profesor Hoppe en abril de 2011 en la Segunda Conferencia de la Escuela Austriaca, en el Instituto Mises de Brasil, en Porto Alegre, titulada “State or Private Law Society?”[1] Es una presentación realmente magistral de la defensa austrolibertaria de lo que Hoppe llama la “sociedad de la ley privada”. Por ejemplo, Hoppe argumenta aquí brillante y sucintamente que no hay sino un respuesta correcta al problema del orden social: la regla libertario-lockeana (empieza en 7:30 en la Parte 1; ver también las partes 2, 3, 4, 5). Explica por qué la única respuesta a quién posee tu cuerpo es tú: ¿quién podía ser si no? Todas las demás reglas son o bien incoherentes, contradictorias o evidentemente injustas. Y además, si te apropias de un recurso sin dueño, ningún otro puede tener un derecho mejor que tú, la persona que lo tuvo primero.

Fernando Chiocca, del Mises Brasil, me dijo que la audiencia estaba fascinada y le encantó: le ovacionaron puestos en pie

y una reacción en concreto fue bastante interesante. Solo tenemos un par de profesores austriacos en Brasil, y no de ellos no conocía la obra de Hoppe. (Es lo que solíamos llamar “un austriaco de la vieja escuela”, cuyas ideas tomaron forma antes del sitio web de moderno Instituto Mises y principalmente influidas por Hayek). En segundos, tras el discurso de Hoppe, estaba en nuestra librería comprando todos los libros de Hoppe que teníamos en venta, pidiendo autógrafos al Dr. Hoppe, repitiendo lo maravilloso que era Hoppe y declarando a todo el mundo su instantánea conversión al “hoppeanismo”.

Esto me recuerda lo que escribió Lew Rockwell de Hoppe en el festschrift escrito en honor de Hoppe (Property, Freedom, and Society: Essays in Honor of Hans-Hermann Hoppe):

Este mismo efecto hoppeano (la sensación de haber sido ilustrado de forma profunda por un medio completamente nuevo de entender algo) ha ocurrido muchas veces durante años. Ha hecho contribuciones a la ética, a la economía política internacional, a la teoría del origen del estado, a los sistemas comparativos, a la cultura y su relación económica, a la antropología y la teoría y práctica de la guerra. Incluso sobre un asunto en el que todos piensan pero nadie parece entender (el sistema de la democracia) aclara el asunto de una forma que te ayuda a ver el funcionamiento del mundo bajo una óptica completamente nueva. No hay muchos pensadores que tengan este tipo de efecto. Mises fue uno. Rothbard es otro. Hoppe indudablemente está en esa línea. Es el tipo de pensador que te recuerda que las ideas son cosas reales que te modelan cómo comprendemos el mundo a nuestro alrededor. (…)

De vez en cuando, cuando oyes por primera vez lago que dice, te resistes. Recuerdo cuando habló en una conferencia que dio sobre historia estadounidense y presentó un escrito sobre la Constitución de EEUU. No podríamos pensar que un economista alemán pudiera añadir nada a nuestro conocimiento en este tema. Argumentaba que representaba un gran aumento de poder del gobierno y que ése era su verdadero propósito. Creaba un poderoso gobierno central, con la cobertura de la libertad como excusa. Lo usaba como ejemplo y continuaba argumentando que todas las constituciones son del mismo tipo. En nombre de la limitación del gobierno (que es lo que supuestamente hace) invariablemente aparecen en momentos de la historia en que las élites se están reagrupando para emerger de lo que consideran que está cerca de la anarquía. La Constitución, por tanto, representa la afirmación del poder.

Cuando acabó, se podía oír el vuelo de una mosca. No estoy seguro de que nadie estuviera convencido inmediatamente. Había desafiado todo lo que pensábamos que sabíamos de nosotros mismos. El aplauso fue educado, pero no entusiasta. Pero sus comentarios permanecieron. Con el tiempo, pienso que todos los que estábamos allí recorrimos un trayecto intelectual. La Constitución se vio precedida por los Artículos de la Confederación, que Rothbard había descritos varias veces como casi anarquistas en la práctica. ¿Quiénes eran estos tipos que redactaron juntos esta Constitución? Eran las sobras de la guerra: líderes militares, financieros y otros elitistas: un grupo de gente muy distinto de la gente que firmó la Declaración de Independencia. Jefferson estaba fuera del país cuando se aprobó la Constitución. ¿Y cuál fue el efecto de la Constitución? ¿Restringir el gobierno? No. Fue precisamente lo contrario, tal y como dijo Hoppe. Creó un gobierno nuevo y más poderoso que no solo no se restringió (¿qué gobierno ha hecho eso?), sino que creció y creció hasta convertirse en la monstruosidad que tenemos hoy. Hace falta una revisión completa de la historia, pero lo que había dicho Hoppe y sacudió a todos resulto ser exactamente correcto, y esto es solo un ejemplo entre muchos.

Si nos interesan las ideas de Mises y Rothbard, es esencial estudiar la obra del Profesor Hoppe. A partir del 11 de julio, impartiré un curso en línea de seis semanas en la Academia Mises para presentar y explicar las ideas y teorías más importantes del Profesor Hoppe, incluyendo su brillante crítica de la metodología positivista aplicada a las ciencias sociales, su innovadora aproximación praxeológica de la “ética de la argumentación” a la filosofía política,[2] su análisis comparativo englobador de socialismo y capitalismo, su profunda crítica a la democracia y una serie de otras ideas y contribuciones a áreas como la teoría del monopolio, la teoría de los bienes públicos, la sociología de los impuestos, la producción privada de seguridad, la naturaleza de la propiedad y la escasez, la inmigración, la metodología y epistemología económicas y la evolución de las instituciones monetarias y su impacto en las relaciones internacionales.

Decidí impartir este curso por varias razones. Primero, como apunté antes, había necesidad de este curso a causa del creciente interés por la ideas de Hoppe y el creciente número de austrolibertarios más jóvenes o nuevos que están empezando a absorber el pensamiento de los maestros. Segundo, aunque no me gustaba enseñar derecho cuando era profesor adjunto de derecho en una facultad local de derecho hace unos años, he disfrutado y me he beneficiado de los tres cursos en línea de la Academia Mises que he impartido hasta ahora (dos veces Rethinking Intellectual Property y una Libertarian Legal Theory). Y por lo que me han comentado los estudiantes, éstos han disfrutado del formato de la Academia Mises en general y de mis cursos en particular (ver por ejemplo, los comentarios en mis artículos “Teaching an Online Mises Academy Course”, “Introduction to Libertarian Legal Theory” y “Rethinking IP”).

Tercero, aparte del propio Hoppe, me siento el único cualificado para presentar esta visión general de la obra de Hoppe. He sido colaborador cercano y alumno (informal) de Hoppe desde 1994: fui editor de reseñas de libros para el JLS durante cinco años con Hoppe como editor, fundé y edité Libertarian Papers, la revista sucesora del JLS (el Profesor Hoppe está en su consejo editorial) y, con Guido Hülsmann, dirigí el festschrift en honor de Hoppe, Property, Freedom, and Society: Essays in Honor of Hans-Hermann Hoppe. También construí a partir de la obra de Hoppe en mi propia teoría libertaria (por ejemplo, Against Intellectual Property, “Punishment and Proportionality: The Estoppel Approach”, “A Libertarian Theory of Contract: Title Transfer, Binding Promises, and Inalienability”).

Cuando propuse este curso al profesor Hoppe, aunque fue humilde en su reacción, apoyó completamente la idea. Se ha ofrecido amablemente a ofrecer una respuesta por escrito a preguntas que se envíen cerca del final del curso.

El material de estudio consistirá principalmente en A Theory of Socialism and Capitalism y The Economics and Ethics of Private Property (ambos gratis en línea en formatos ePub y PDF), varios otros artículos seleccionados del Profesor Hoppe y artículos de otros comentando el pensamiento de Hoppe (como mis propios “Ética de la argumentación y libertad: una guía breve”, “New Rationalist Directions in Libertarian Rights Theory” y “Defending Argumentation Ethics: Reply to Murphy & Callahan”), que también están disponibles gratis en línea.

Será un curso divertido y estimulante intelectualmente. Lo estoy esperando.

Stephan Kinsella es abogado en Houston, director del Center for the Study of Innovative Freedom y editor de Libertarian Papers

[1] El texto de este discurso se publicó en Mises Daily como “State or Private-Law Society”.

[2] Ver mi artículo reciente “Ética de la argumentación y libertad: una guía breve”.

Ética de la argumentación y libertad: una guía breve

euribe — Mon, 30 May 2011 19:02:00 GMT

Por Stephan Kinsella. (Publicado el 27 de mayo de 2011)

Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/5322.

El Profesor Hans-Hermann Hoppe apareció en la escena austrolibertaria a finales de la década de 1980, cuando se mudó a Estados Unidos para estudiar y trabajar con su mentor Murray Rothbard. Desde su llegada, el Profesor Hoppe ha producido una corriente continua de contribuciones pioneras a la teoría económica y libertaria. Una contribución clave del Profesor Hoppe es su provocativa defensa de la “ética de la argumentación” de los derechos libertarios.

Al preparar la escena, Hoppe observa primero lo que le falta al argumento habitual de los derechos naturales:

Ha habido una discrepancia común respecto de la postura de los derechos naturales, incluso por parte de lectores simpatizantes, en que el concepto de naturaleza humana es “demasiado difuso y variado como para ofrecer una serie concreta de contenidos de derecho natural”. Además, su descripción de la racionalidad es igualmente ambigua en que no parece distinguir entre el papel de la razón a la hora de establecer leyes empíricas de la naturaleza por un lado y leyes normativas de la conducta humana por el otro. (The Economics and Ethics of Private Property [EEPP], p. 313; también A Theory of Socialism and Capitalism [TSC], p. 156n118).

La solución de Hoppe es centrarse en la naturaleza de la argumentación en lugar de en la acción en general:

La aproximación praxeológica resuelve este problema reconociendo que no es el más amplio concepto de la naturaleza humana sino el más estrecho de los intercambios proposicionales y la argumentación el que debe servir como punto de partida para deducir una ética. (EEPP, p. 345).

Aquí nos dirige a la obra de su director de tesis doctoral, el famoso filósofo europeo Jürgen Habermas, y a su colega filósofo alemán Karl-Otto Apel, que había desarrollado una teoría de “ética del discurso” o “ética de la argumentación”. Como explica Hoppe esta aproximación básica:

Cualquier afirmación de verdad conectada con cualquier proposición que sea cierta, objetiva o válida (aquí, todos los términos se usan como sinónimos) es y debe ser plantada en el curso de una argumentación. Como no puede discutirse que sea así (uno no puede comunicarse y argumentar que no puede comunicarse y argumentar) y como debe asumirse que todos saben qué significa afirmar que algo es verdad (no puede denegarse esta afirmación sin afirmar que su negación es cierta), este mismo hecho ha sido calificado apropiadamente “el a priori de la comunicación y la argumentación” (EEPP, p. 314).

Es decir, hay ciertas normas presupuestas por la misma actividad de argumentar. Apel y Habermas continúan argumentando que la ética presupuesta como legítima por el discurso como tal justifica la serie habitual de políticas de socialismo suave. Pero Hoppe, aunque reconoce el valor de la aproximación básica, rechaza su aplicación de esta teoría y conclusiones socialistas. En su lugar, Hoppe toma lo que es valioso en la aproximación de Apel-Habermas y lo mezcla con las ideas de Mises y Rothbard para ofrecer un giro hacia una ética del discurso praxeológico sobre la defensa habitual de los derechos de la ley natural.

En esencia, la opinión de Hoppe es que la argumentación, o el discurso, es por naturaleza una forma de interactuar libre de conflictos, que requiere el control individual de los recursos escasos. En un discurso genuino, las partes tratan de persuadir a las otras por la fuerza de sus argumentos, no por fuerza real:

La argumentación es una forma de interactuar libre de conflictos. No en el sentido de que haya siempre acuerdo en las cosas dichas, sino en el sentido de que mientras la discusión está en progreso es siempre posible estar de acuerdo en el hecho de que hay desacuerdo acerca de la validez de lo dicho. Y esto no es sino decir que debe presuponerse un mutuo reconocimiento del control exclusivo de cada persona de su propio cuerpo, ya que hay una argumentación (advirtamos de nuevo que es imposible negar esto y afirmar que esta negación es verdad sin tener que admitir implícitamente su verdad) (TSC, p. 158).

Así que la argumentación presupone la autopropiedad. Luego Hoppe demuestra que la argumentación también presupone el derecho a poseer recursos escasos por ocupación. El idea básica es que el cuerpo es “el prototipo de un bien escaso para cuyo uso tienen que haberse establecido de alguna forma derechos de propiedad, es decir, derechos de propiedad exclusiva, con el fin de evitar conflictos” (TSC, p. 19). Como explica Hoppe:

La compatibilidad de este principio con el de no agresión puede demostrarse por medio de un argumento a contrario. Primero, debe advertirse que si nadie tiene el derecho a adquirir y controlar nada excepto su propio cuerpo (…) entonces todos dejaríamos de existir y el problema de la justificación de las declaraciones normativas (…) simplemente no existiría. La existencia de este problema solo es posible porque estamos vivos y nuestra existencia se debe al hecho de no aceptamos, ni podemos aceptar, una norma que prohíba la propiedad en otros bienes escasos cercanos y adicionales al propio cuerpo físico. De ahí que deba suponerse la existencia del derecho a adquirir dichos bienes (TSC, p. 161).

Hoppe continúa demostrando, siguiendo la lógica de Rotbard,[1] que la única regla de propiedad que es compatible con la autopropiedad y los presupuestos del discurso es la regla lockeana de la apropiación original (TSC, pp. 160-169). En su reseña del libro Man, Economy, and Liberty: Essays in Honor of Murray N. Rothbard (Walter Block and Llewellyn H.Rockwell, Jr., eds., Mises Institute, 1988), Hoppe resume concisamente su aproximación de la ética de la argumentación (elaborada con mayor detalle en su propio capítulo del volumen) como sigue:

al implicarse en discusiones acerca de los criterios del bienestar que pueden acabar o no en un acuerdo y en realidad llegar a un mero acuerdo sobre el hecho de que hay continuos desacuerdos (como en cualquier empresa intelectual) un actor demuestra invariablemente una preferencia concreta por la regla de la adquisición de la propiedad por primer uso como el criterio definitivo de bienestar: sin ella, nadie podría actuar independientemente ni decir nada en ningún momento, y nadie más podría actuar independientemente al mismo tiempo y aceptar o rechazar independientemente lo que haya sido dicho o propuesto inicialmente. Es el reconocimiento del principio de ocupación el que hace posibles las investigaciones intelectuales, es decir, la evaluación independiente de proposiciones y afirmaciones de verdad. Y en virtud de ser un “intelectual”, uno demuestra la validez del principio de ocupación como el criterio racional definitivo del bienestar. (énfasis añadido)

Hoppe asimismo atribuye a Rothbard el reconocimiento, en un breve párrafo, de las ideas que Hoppe construyó posteriormente más sistemáticamente:

Esta defensa de la propiedad privada es esencialmente también la de Rothbard. A pesar de su lealtad a la tradición de los derechos naturales, Rothbard, en el que considero su argumento más importante en defensa de la ética de la propiedad privada, no solo elige esencialmente el mismo punto de partida (argumentación) sino asimismo da justificación por medio de un razonamiento a priori casi idéntico al que acabamos de desarrollar. Para probarlo no puedo hacer nada mejor que citarle: “Ahora, cualquier persona que participe en cualquier tipo de discusión, incluyendo una sobre valores, está, por el mero hecho de participar, vivo y afirmando vivir. Pues si realmente se opusiera a la vida no tendría sentido que continuara vivo. Por tanto, el supuesto oponente a la vida está realmente afirmándola en el mismo proceso de discusión y por tanto la presentación y promoción de la propia vida adopta el rango de un axioma incontestable” (EEPP, p. 321-322, citando a Rothbard, The Ethics of Liberty, p. 32)

No es sorprendente que cuando apareció la ética de la argumentación de Hoppe a finales de la década de 1980, por ejemplo en un simposio en Liberty y otras publicaciones,[2] Rothbard estuviera entusiasmado con esta nueva aproximación:

En un deslumbrante avance para la filosofía política general y para el libertarismo en particular, se las ha arreglado para trascender a la famosa dicotomía del ser/deber ser, hecho/valor, que ha plagado la filosofía desde los tiempos de los escolásticos y que ha llevado al libertarismo moderno a un tedioso punto muerto. No sólo eso: Hans Hoppe se las ha arreglado para establecer la defensa de los derechos anarcocapitalistas lockeanos de una forma radical sin precedentes, que hace que en comparación mi propia postura de ley y derechos naturales parezca casi cobarde.[3]

Tentadoramente, Rothbard concluye su artículo:

Un futuro programa de investigación para Hoppe y otros filósofos libertarios sería (a) ver hasta dónde puede extenderse esta axiomática en otras esferas de la ética o (b) ver si podría integrarse y cómo esta axiomática en la postura iusnaturalista estándar. Estas cuestiones ofrecen fascinantes oportunidades filosóficas. Hoppe ha levantado al movimiento estadounidense de décadas de debate estéril y punto muerto y nos ofrece una vía para el futuro desarrollo de la disciplina libertaria.

Desde la aparición de la innovadora teoría de los derechos de Hoppe, ésta ha obtenido continuamente más atención y partidarios (y controversias). Yo basé mi propia teoría relacionada de los “actos propios” en la obra de Hoppe empezando en 1991 (ver, por ejemplo, “Punishment and Proportionality: The Estoppel Approach”, 1996) y acabando escribiendo un análisis detallado de teorías relacionadas en “New Rationalist Directions in Libertarian Rights Theory” (1996). Entretanto ha aparecido más material a partir de la monumental teoría de los derechos de Hoppe, tanta que me tienta recogerla para una “antología de la ética de la argumentación”.

A causa de la logística, los derechos de autor y otros asuntos, aún no he acabado este proyecto, pero como la mayoría de estas obras está en línea, pensé que tendría sentido dar un esqueleto de esquema, con enlaces cuando los haya, de un libro así. Está a continuación.[4] La ética de la argumentación de Hoppe y otras obras económicas, filosóficas y políticas académicas se explicarán en mi próximo curso en la Academia Mises, The Social Theory of Hoppe.

Ética del discurso y libertad: Esqueleto de un libro

Parte uno: Visión general

Introducción: “"New Rationalist Directions in Libertarian Rights Theory”, por Stephan Kinsella.
“Ética del discurso” (Wikipedia – también en inglés).

Parte dos: Ética de la argumentación de Hoppe

Precursores de Hoppe: “Is the Ethics of the Ideal Communication Community a Utopia? On the Relationship between Ethics, Utopia, and the Critique of Utopia”, por Karl-Otto Apel.
“From the Economics of Laissez Faire to the Ethics of Libertarianism”, por Hans-Hermann Hoppe.
“The Justice of Economic Efficiency”, por Hoppe.
“On the Ultimate Justification of the Ethics of Private Property”, por Hoppe.
“Appendix: Four Critical Replies”, por Hoppe.

Parte tres: Comentarios y extensiones de la ética de la argumentación de Hoppe

“Más allá del ser y el deber ser”, por Murray N. Rothard.
“Hoppephobia”, por Rothbard.
“Defending Argumentation Ethics: Reply to Murphy & Callahan”, por Stephan Kinsella.
“Argumentation Ethics and The Philosophy of Freedom”, by Frank Van Dun.
“Revisiting Argumentation Ethics”, por Kinsella.
“Hülsmann on Argumentation Ethics”, por Kinsella.
“The A Priori Foundations of Property Economics”, por Guido Hülsmann.
“Praxeology, Economics, and Law: Issues and Implications”, por Larry Sechrest.
“A Reply to the Current Critiques Formulated Against Hoppe's Argumentation Ethics”, por Marian Eabrasu.
“Hopp(e)ing Onto New Ground: A Rothbardian Proposal for Thomistic Natural Law as the Basis for Hans-Hermann Hoppe's Praxeological Defense of Private Property”, por Jude Chua Soo Meng.

Parte cuatro: Otras aproximaciones relacionadas con la ética del discurso

“Punishment and Proportionality: The Estoppel Approach”, por Kinsella.
“The Basis and Content of Human Rights”, por Alan Gewirth.
“Ordering Rights Consistently: Or, What We Do and Do Not Have Rights To”, por Roger Pilon.
“A Theory of Rights: Toward Limited Government”, por Pilon.
“Mises and Argumentation Ethics”, por Kinsella.
“Habermas: A Critical Approach”, por Jeremy Shearmur.
“Economics and the Limits of Value-Free Science”, por Van Dun.
“On the Philosophy of Argument and the Logic of Common Morality”, by Van Dun.
“Individualism and Political Dialogue”, por Tibor R. Machan.
Selecciones de “The Logic of Liberty”, por G.B. Madison.
“Political Legitimacy and Discourse Ethics”, por Douglas B. Rasmussen.
“From Dialogue Rights to Property Rights: Foundations for Hayek's Legal Theory”, por Jeremy Shearmur.

Stephan Kinsella es abogado en Houston, director del Center for the Study of Innovative Freedom y editor de Libertarian Papers.

[1] Ver el artículo de Rothbard “Justice and Property Rights”. Éste fue publicado en dos formas en 1974: primero, en Egalitarianism as a Revolt Against Nature and Other Essays y también en The Logic of Action One:

tenemos dos reclamantes mutuamente exclusivos de la propiedad del aro. Si el economista está de acuerdo en apoyar solo la venta del aro de Z, entonces está de acuerdo implícitamente en que Z tiene el justo derecho al aro e Y el injusto. E incluso si continúa apoyando la venta de Y, entonces está manteniendo implícitamente otra teoría de los títulos de propiedad que es que el robo está justificado. De cualquier forma que decida, el economista no puede escapar a un juicio, una teoría de la justicia en la propiedad. (…)

Consideremos el primer principio: el derecho a la autopropiedad. Este principio afirma el derecho absoluto de cada hombre, por el mero hecho de ser un ser humano, a “poseer” su propio cuerpo, es decir, a controlar ese cuerpo libre de interferencias coactivas. Como la naturaleza del hombre es tal que cualquier persona debe usar su mente para aprender acerca de sí mismo y el mundo, para seleccionar valores y para elegir fines y medios con el fin de sobrevivir y florecer, el derecho de autopropiedad da a cada hombre el derecho a realizar estas actividades vitales sin verse obstaculizado y restringido por molestias coactivas.

Consideremos, entones, las alternativas – las consecuencias de negar a cada hombre el derecho a poseer su propia persona. Solo hay dos alternativas: o bien

1. cierta clase A de gente, tiene derecho a poseer otra clase B o

2. todos tienen derecho a poseer su parte alícuota de todos los demás.

La primera alternativa implica que, mientras que la clase A merece todos los derechos de ser humana, la clase B es en realidad subhumana y, por tanto, no merece dichos derechos. Pero como son en realidad seres humanos, la primera alternativa se contradice a sí misma al denegar derechos humanos a un grupo de humanos, Además, permitir a la clase A poseer la clase B significa que se permite a la primera explotar y, por tanto, vivir parasitariamente a costa de la segunda; pero, como puede indicarnos la economía, este mismo parasitismo viola el requisito económico básico para la supervivencia humana: la producción y el intercambio.

La segunda alternativa, a la que podríamos llamar “comunalismo participativo” o “comunismo”, sostiene que todo hombre debería tener derecho a poseer su parte alícuota de todos los demás. Si hay tres mil millones de personas en el mundo, entonces todos tienen el derecho a una tres mil millónesima parte de cualquier otra persona. En primer lugar, este ideal se basa en algo absurdo: proclamar que todo hombre tiene derecho a poseer una parte de todos los demás y aún así no tiene derecho a poseerse a sí mismo. Segundo, podemos imaginar la viabilidad de un mundo así: un mundo en que ningún hombre es libre para realizar ninguna acción sin aprobación previa u orden de todos los demás miembros de la sociedad. Debería estar claro que en ese tipo de mundo “comunista” nadie sería capaz de hacer nada y la raza humana perecería rápidamente.

(…) Ocupémonos ahora del caso más complejo de la propiedad de objetos materiales. Pues incluso si todo hombre tiene derecho a la autopropiedad, la gente no son fantasmas flotantes, no son entidades que se sostienen por sí mismas, solo puede sobrevivir y florecer forcejeando con la tierra que les rodea. Debe, por ejemplo, estar en terrenos fértiles, deba asimismo transformar los recursos que le da la naturaleza en “bienes de consumo”, en bienes más adecuados para su uso y consumo, para sobrevivir. El alimento debe cultivarse y comerse, los minerales deben excavarse y luego transformarse en capital y finalmente en bienes útiles de consumo, etc. El hombre, en otras palabras, debe poseer no solo su propia persona, sino también objetos materiales para su control y uso.

[2] Hoppe, “The Ultimate Justification of the Private Property Ethic”, Liberty (Septiembre de 1988); “The Justice of Economic Efficiency”, Austrian Economics Newsletter, Vol. 9, Nº 2 (Invierno de 1988); TSC, 1ª ed. (1989), cap. 7.

[3] Rothbard, “Más allá del ser y el deber ser”, publicado originalmente en Liberty (Noviembre de 1988); ver asimismo Rothbard, “Hoppephobia”. Ver también este vídeo de Rothbard compensando sobre la ética de la argumentación en mayo de 1989, tras la publicación de TSC de Hoppe, que tiene comentarios de Rothbard que recuerda sus comentarios positivos en Liberty. Ver asimismo esta divertida anécdota de David Gordon donde recuerda una broma que le hizo Rothbard acerca de la ética de la argumentación de Hoppe: David Gordon habla con la Sociedad de Empresarios Libertarios (parte 2).

[4] Ver asimismo mis posts del blog “Revisiting Argumentation Ethics” y “Extreme Praxeology”. Mi post “Quotes on the Logic of Liberty” contiene varias citas de ideas de pensadores famosos y libertarios que complementan los temas y argumentos de Hoppe.

Auge y Caída de la Ciudad

euribe — Fri, 22 Oct 2010 15:22:00 GMT

Rodrigo Díaz me comunica la publicación en su blog de la traducción de Auge y Caída de la Ciudad, de Hans-Hermann Hoppe, publicado el 23 de nivembre de 2005, aquí: http://mises.org/Community/blogs/rodrigodiaz/archive/2010/10/21/auge-y-ca-237-da-de-la-ciudad.aspx

El original, en http://mises.org/daily/1959.

Más allá del ser y el deber ser

euribe — Thu, 26 Aug 2010 14:50:00 GMT

Por Murray N. Rothbard. (Publicado el 24 de agosto de 2010)

Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/4629.

[De Liberty, 1988]

El profesor Hans Hoppe, un inmigrante bastante reciente procedente de Alemania Occidental ha dado un enorme regalo al movimiento libertario estadounidense. En un deslumbrante avance para la filosofía política general y para el libertarismo en particular, se las ha arreglado para trascender a la famosa dicotomía del ser/deber ser, hecho/valor, que ha plagado la filosofía desde los tiempos de los escolásticos y que ha llevado al libertarismo moderno a un tedioso punto muerto. No sólo eso: Hans Hoppe se las ha arreglado para establecer la defensa de los derechos anarcocapitalistas lockeanos de una forma radical sin precedentes, que hace que en comparación mi propia postura de ley y derechos naturales parezca casi cobarde.

En el movimiento libertario moderno, sólo los libertarios de los derechos naturales han conseguido satisfactoriamente conclusiones libertarias absolutas. Las diferentes ramas de los “consecuencialistas” (ya sean emotivistas, utilitaristas, Stirnerianos u otros) han tendido a torcerse por las costuras. Después de todo, si uno tiene que esperar a las consecuencias para tomar una decisión firme, difícilmente puede adoptarse una postura consistente e inflexible a favor de la libertad en todo caso concebible.

Hans Hoppe se formó en la tradición filosófica moderna (en este caso, kantiana), en lugar de en la ley natural, doctorándose en filosofía en la Universidad de Francfort. Luego se ocupó de una tesis sobre la filosofía de la economía para su “segundo doctorado” o Grado de Habilitación. Se convirtió ahí en una ardiente y devoto seguidor de Ludwig von Mises y su aproximación “praxeológica”, así como del sistema de teoría económica que creó Mises sobre esta aproximación, que llega a conclusiones absolutas derivadas lógicamente de axiomas autoevidentes.

Hans ha demostrado ser un praxeólogo notablemente productivo y creativo, en parte porque es el único praxeólogo (que yo conozca) que llegó a la doctrina desde la filosofía, en lugar de desde la economía. Por tanto brinda a la tarea credenciales filosóficas especiales.

El avance más importante de Hoppe ha sido empezar con una serie de axiomas praxeológicos (por ejemplo, que todo ser humano actúa, es decir, emplea medios para alcanzar objetivos) y, sorprendentemente, llegar a una ética política anarco-lockeana inflexible. Durante más de 30 años he venido predicando a los economistas que no podía hacerse: que los economistas no podían llegar estrictamente a ninguna conclusión política (por ejemplo, que el gobierno debería hacer X o no debería hacer Y)a partir de una economía libre de valores.

Con el fin de llegar a una conclusión política, he mantenido por mucho tiempo que los economistas deben adoptar algún tipo de sistema ético. Adviertan que todas las ramas de la “economía del bienestar” moderna han intentado hacer justamente eso: continuar siendo “científicas” y por tanto libres de valores y aún así hacer todo tipo de pronunciamientos políticos de su gusto (pues a la mayoría de los economistas les gustaría en algún momento ir más allá de sus modelos matemáticos y llegar a conclusiones políticamente relevantes). La mayoría de los economistas no elegirían jamás ningún sistema o principio ético, creyendo que esto les quitaría su rango “científico”.

Y aún así, sorprendente y extraordinariamente, Hans Hoppe ha demostrado que yo estaba equivocado. Lo ha hecho: ha deducido una ética de derechos anarco-lockeanos a partir de axiomas autoevidentes. No sólo eso: ha demostrado que, igual que el propio axioma de la acción, es imposible negar o no estard e acuerdo con la ética de derechos anarco-lockeanos sin caer inmediatamente en la autocontradicción y la autorrefutación.

En otras palabras, Hans Hoppe ha traído a la ética política lo que era familiar a los misesianos en la praxeología y a los aristotélico-randianos en la metafísica: lo que podríamos llamar la “axiomática radical”. Es autocontradictorio y por tanto autorrefutable que alguien niegue el axioma misesiano de la acción (que todos actúan), pues el mismo intento de negarlo es en sí mismo una acción. Es autocontradictorio y por tanto autorrefutable que alguien niegue el axioma randiano de la consciencia, pues tiene que haber alguna consciencia para hacer este intento de negación. Pues si alguien no puede intentar negar una proposición sin emplearla, no sólo se ve atrapado en una autocontradicción irresoluble: también está otorgando a esa proposición la categoría de axioma.

Hoppe fue alumno de famoso filósofo alemán neomarxista Jurgen Habermas y su aproximación a la ética política se basa en el concepto de Habermas-Apel de la “ética de la discusión”. De acuerdo con esta teoría, el mismo hecho de discutir, o tratar de persuadir a un lector u oyente, implica ciertos preceptos éticos: por ejemplo, reconocer puntos válidos en la discusión. En resumen, la dicotomía hecho/valor puede trascenderse: la búsqueda de los hechos implica lógicamente que adoptemos ciertos valores o principios éticos.

Muchos teóricos libertarios se han venido interesando recientemente en este tipo de ética (por ejemplo, el teórico legal anarquista belga Fran van Dun y el popperiano británico Jeremy Shearmur). Pero la suya es un tipo “blando” de ética argumentativa, pues siempre puede aparecer la pregunta de por qué alguien querría mantener una discusión o un diálogo. Hoppe ha ido mucho más allá de esto desarrollando un giro praxeológico y axiomático radical a la explicación.

A Hoppe no le interesa tanto mantener la discusión, sino demostrar que cualquier discusión en general (incluyendo, por supuesto, las anti-anarco-lockeanas) debe implicar la autopropiedad del cuerpo tanto del argumentante como de los oyentes, así como un derecho a la ocupación de la propiedad de forma que argumentadores y oyentes estén vivos para escuchar el argumento y seguir adelante.

En un sentido, la teoría de Hoppe es similar al fascinante argumento de Gewirth-Pilon, en el que Gewirth y Pilon (el primero liberal, el segundo libertario minarquista) intentaron explicar lo siguiente. El hecho de que X actúa demuestra que está diciendo que tiene derecho a esa acción (¡hasta aquí, bien!) y que X está también concediendo implícitamente a todos los demás el mismo derecho. Esa conclusión, aunque satisfactoria anímicamente para los libertarios y similar a la praxeología al centrarse en la acción, por desgracia no tiene éxito, pues, como apuntaba el filósofo iusnaturalista Henry Veatch en su crítica a Gewirth: ¿por qué debería X otorgar derechos a cualquier otro? Al destacar la autocontradicción en los argumentos de los no anarco-lockeanos, Hoppe ha resuelto el antiguo problema de generalizar una ética para la humanidad.

Sin embargo, al aparecer con una teoría verdaderamente nueva (lo que es asombroso por sí mismo, considerando la larga historia de la filosofía política), Hoppe corre el riesgo de dañar los intereses intelectuales creados del campo libertario. Los utilitaristas, que deberían estar contentos de que se preservara la libertad de valores, se horrorizarán al descubrir que los derechos hoppeanos son aún más absolutos y “dogmáticos” que los derechos naturales. Los iusnaturalistas, aunque contentos por el “dogmatismo”, no estarán dispuestos a aceptar una ética no basada en la naturaleza general de las cosas.

Los randianos estarán especialmente preocupados porque el sistema de Hoppe se basa (como se basaba Mises) en el satánico Immanuel Kant y sus “sintéticos a priori”. Sin embargo, los randianos podrían aplacarse al saber que Hoppe se ve influido por un grupo de kantianos alemanas (encabezado por el matemático Paul Lorenzen) que interpretan a Kant como un aristotélico profundamente realista, en contraste con la interpretación idealista común en Estados Unidos.

Como iusnaturalista, no veo aquí ninguna contradicción real ni por qué no pueden defenderse al mismo tiempo los derechos naturales y la ética de los derechos hoppeanos. Después de todo, ambas éticas de derechos se basan, como la versión realista del kantismo, en la naturaleza de la realidad. También la ley natural ofrece una ética personal y social fuera del libertarismo: es un área que no afecta a Hoppe.

Murray N. Rothbard (1926-1995) fue decano de la Escuela Austriaca. Fue economista, historiador de la economía y filósofo político libertario.