Por Gary Galles. (Publicado el 8 de marzo de 2011)
Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/5092.
En la disputa laboral de Wisconsin, ahora extendiéndose cada vez más por toda la nación, he perdido la cuenta de las veces que los defensores de los sindicatos han justificado su posición basándose en poco más que la afirmación de que alguna sindicalización les beneficia a ellos o a algún miembro de su familia, seguida por la conclusión de que por tanto todos los estadounidenses ganan. Por desgracia, esa “lógica” no es válida. Una política que me da a mí más, no significa que el resultado sea mejor para todos. Y el efecto principal de los sindicatos y las políticas respaldadas por éstos es dañar a la amplia mayoría de los estadounidenses.
Los sindicatos tuvieron éxito en poderes especiales de influencia otorgados por el gobierno para eliminar la competencia de otros trabajadores dispuestos a realizar el mismo trabajo por menos. (Es una forma de colusión que sería perseguida legalmente si lo hiciera cualquier otro). Aquellos trabajadores desplazados o bien quedan desempleados o bien deben ir a otra parte a encontrar trabajo, aumentando la oferta de servicios de trabajo en el empleo no sindicalizado, empujando a la baja los salarios de todos los trabajadores en esos trabajos. La prima salarial resultante no proviene de los empresarios, como parecen decir los sindicatos, sino principalmente de los bolsillos de otros trabajadores. Porque solo en torno al 7% de la fuerza laboral de nuestro sector privado permanece sindicalizada, más de nueva de cada diez trabajadores del sector privado se ven dañados por ese poder sindical.
La abundante historia de violencia y amenazas de los sindicatos contra empresario y empleados “no cooperadores”, incluyendo miles de ataques registrados, también daña claramente a los miembros de los sindicatos en lugar de promover sus intereses. Pero los líderes están exentos de responsabilidad por la resolución Emmons de 1973, que según atestiguaba el antiguo Fiscal general Ed Meese: “permite a los cargos de los sindicatos (lo que es único entre cargos corporativos o asociativos en Estados Unidos) usar violencia y amenazas de violencia a la vida y la propiedad para alcanzar sus objetivos”.
Concientes de que su concesión especial de poder del gobierno se detiene en el límite, los sindicatos han sido los primeros ponente tras el proteccionismo gobierno de todos los colores socavando el bienestar de los trabajadores que se habrían beneficiado de las mayores exportaciones, así como de los que, como consumidores, se habrían beneficiado de importaciones de menos precio o mayor calidad o ambos.
La traición de los sindicatos a los intereses de los trabajadores ha incluido realizar campañas para acosar y regular programas de aprendizaje no sindicalizados para su desaparición, impidiendo así a otros trabajadores adquirir habilidades para ganar más y competir con los sindicatos en el futuro. También han utilizado alegaciones medioambientales para detener proyectos de construcción hasta que puedan obtenerse acuerdos laborales garantizando que los trabajos vayan a trabajadores sindicalizados.
Su apoyo a la Ley Davis-Bacon (de salario preponderante) ha hinchado los costes públicos de la construcción durante décadas, aumentando las cargas fiscales para todos los demás. También se las han arreglado para restringir el sentencia Beck del Tribunal Supremo de 1988 por la que los trabajadores sindicalizados pueden rechazar apoyar el activismo político con el que estén en desacuerdo.
Los sindicatos han sido asimismo grandes sostenedores de innumerables planes para imponer impuestos más altos y cargas regulatorias, reduciendo así la perspectivas de empleo de los demás. Además, como esas cargas reducen el ahorro y la inversión, reducen la acumulación de capital que aumente la productividad y con ello el crecimiento de las ganancias de los trabajadores con el tiempo. Y todo esto ha pasado a pesar de que más de un tercio de los miembros vota sistemáticamente contra las posturas a las que sus líderes sindicales les obligan a financiar con sus sueldos.
¿Qué cambia cuando nos centramos en los trabajadores públicos sindicalizados, ahora más de la mitad de los miembros de los sindicatos? Tienen más poder para imponer daños a otros.
En comparación con los trabajadores del sector privado, los sindicatos públicos no afrontan la disciplina de la competencia extranjera. También es más difícil cambiar equipamiento de capital para trabajadores demasiado bien pagados en esos sectores de “servicios”. Las agencias del gobierno son monopolios, que no necesitan competir con proveedores alternativos. Los sindicatos públicos donan cientos de millones de dólares en cada ciclo electoral, a menudo con pagos obligatorios (los sindicatos gastaron más de 100 millones de dólares en derrotar la iniciativa de California que habría eliminado ese poder de dañar a muchos de sus propios miembros) para controlar con quién negociarán. (Este poder se refuerza por los distritos “seguros” manipulados que convierten el control sindical de las primarias demócratas en un control sobre los resultados de las elecciones generales). Además de su influencia financiera, los miembros del sindicato también influyen directamente en el diseño e implantación de legislación y regulaciones.
Los sindicatos públicos también transforman mayorías políticas temporales en ganancias permanentes y en expansión, debido a sentencias judiciales por las que una vez que el gobierno ha prometido algo a sus trabajadores (como pensiones magníficas y acuerdos sanitarios) ya nunca pueden eliminarse, independientemente de los efectos adversos sobre los contribuyentes. Esto es particularmente importante, porque los sindicatos públicos tratan con políticos cuyos horizontes a corto plazo y “clientes” muy ignorantes les permiten realizar acuerdos especiales cuyos efectos solo se acaban revelando después de que están más allá de cualquier responsabilidad.
Quizá lo más importante sea que, al contrario que los empresarios privados, que deben encontrar a clientes dispuestos a pagar el coste de acuerdos laborales más generosos, los sindicatos públicos pueden usar el poder coactivo del gobierno para forzar incluso a los “clientes” no dispuestos a pagar los costes mediante sus impuestos (y cada vez más, a través de apropiarse de los gastos de otros programas del gobierno, ya que los impactos negativos de los acuerdos laborales en los presupuestos crecen con el tiempo).
Los sindicatos afirman actuar en interés de todos los hombres y mujeres trabajadores. Pero realmente dañan a la gran mayoría de los estadounidenses, tanto como trabajadores como como consumidores, al actuar en su propio interés. Los miembros de los sindicatos públicos, a pesar de congratularse con declaraciones como “lo hacemos por los niños” (aunque su sobre sueldo forzoso para ofrecer esos servicios y el sacrificio de aquéllos a quienes “sirven” siempre que haya conflicto con los que requiere su compensación hace más apropiado decir “lo hacemos a los niños”), ganan incluso más para sus miembros al imponer aún más daño a otros. Y los grupos que usan su poder en su propio beneficio a costa de otros (que también podrían incluir los envueltos en robos, fraudes y crimen organizado) socavan los intereses compartidos por los estadounidenses más de lo que contribuyen a ellos.
Gary M. Galles es profesor de economía en la Universidad de Pepperdine.