Mises Daily en español

Por Jarret B. Wollstein. (Publicado el 18 de marzo de 2010)

Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/4101.

[Este artículo se ha extraído de Society Without Coercion]

Hoy hay una idea comúnmente aceptada, pero completamente falsa de que de alguna manera la protección policial, el acceso a los tribunales e incluso el consejo legal es un “derecho” de ciudadanía en Estados Unidos. Sin embargo no hay mayor justificación para que esos servicios se proporcionen “gratis” (es decir, mediante impuestos) que para que se proporcionen televisores a color a todas y cada una de las personas de Estados Unidos “a costa del erario”. O una persona tiene derecho a la vida, la libertad y la propiedad o no lo tiene. Si lo tiene, nada puede justificar forzarle a subvencionar a otra persona para cualquier fin, incluyendo el de la protección policial.

O una persona tiene la responsabilidad de mantener su vida o no la tiene. Si la tiene, debe ganarse su propio dinero para pagar las necesidades y lujos de su propia existencia.

En una sociedad libre, la protección policial, como cualquier otro servicio, estaría disponible, bajo una base contractual, sólo para quienes estén dispuestos y sean capaces de pagarla. Hay cuatro formas principales en las que podría financiarse una fuerza de policía anarcocapitalista:

1. mediante contratos de servicios (similares a seguros);
2. mediante tarifas de investigación concretas;
3. mediante contratos especiales y
4. mediante multas.

Ahora comentaremos cada una de ellas.

Los contratos de servicios serían la principal fuente de ingresos para un departamento de policía en laissez-faire. Un contrato de servicios simplemente consistiría en un acuerdo contractual entre el departamento de policía y un individuo, mediante el cual el departamento de policía acordaría ofrecer al individuo determinados servicios (por ejemplo, investigación, defensa física de su propiedad, etc.) si los necesita, a cambio de una prima anual.

Estas pólizas funcionarían esencialmente como los seguros. Prácticamente todos en una sociedad concreta suscribirían y pagarían la póliza anual con el fin de estar seguros de que, si hubiera necesidad, estaría disponible la protección policial. Sin embargo, en un año concreto, sólo una pequeña fracción del total de los asegurados necesitaría realmente servicios policiales. Por tanto, el coste de la protección policial se distribuiría efectivamente sobre un gran número de suscriptores.

Tomemos un ejemplo concreto. Supongamos que el coste medio de una investigación policial en Brandenberg fuera de 5.000$. Si una persona que necesitara protección policial tuviera que pagar este coste de una vez, probablemente no podría pagarlo. Sin embargo, en lugar de pagar una alta “tasa de investigación concreta”, esta persona casi seguramente sería un suscriptor de protección policial, igual que millones de personas más. Digamos que hay mil suscriptores en Brandenberg pagando 100$ al año cada uno, siendo así el ingreso total de este pequeño departamento de policía local de 100.000$ al año.

Durante un año concreto, es poco probable que más de cuatro o cinco personas de estas mil necesiten protección policial. Si sus investigaciones cuestan 5.000$ cada una, esto hace un coste total investigativo de 25.000$ al año, dejando 75.000$ para otras funciones policiales. Como el individuo sólo paga 100$ al año, ha recibido de hecho el equivalente a 5.000$ en beneficios (por decirlo así) por una tarifa meramente nominal. Así es exactamente como funciona un seguro: bajo el principio de que sólo una fracción de los asegurados reclamará en un momento dado, mientras que muchos más estarán pagando las primas.

La segunda forma de ingreso de la policía es aún más fácil de explicar. En el extraño caso de que una persona necesitara protección policial, pero no haya firmado, ni quiera hacerlo, un contrato a largo plazo, o en el caso de que solicite servicios especiales (como tal vez buscar a una persona perdida), habría tarifas de investigación concretas. También estas tarifas serían bastante altas comparadas con el acuerdo contractual normal, pero en algunos casos puede haber personas que encuentren que merece la pena pagarlas.

La tercera forma de ingreso de la policía serían los contratos especiales. Así, por ejemplo, una empresa propietaria de una autopista probablemente contrataría a una fuerza de policía privada para patrullarla, pues le interesa racionalmente prevenir la conducción imprudente y otros actos que desanimen el uso de ésta y así disminuir sus beneficios.[1] O también una fábrica privada podría contratar policía para custodiar sus instalaciones.

Finalmente, las fuerzas de policía en una sociedad libre podrían financiarse mediante facturas por multas. Como condición contractual para obtener protección policial, los individuos puede dar poder a los departamentos de policía para imponer multas por las faltas cometidas. Esto asimismo ahorraría costosos gastos judiciales tanto para la empresa de justicia como para el individuo privado.

Consideremos ahora cómo podrían operar las fuerzas de policía anarcocapitalistas. Hay básicamente dos tipos operativos de delitos: los informados después del hecho y los informados (o descubiertos por la policía) durante el hecho.

En el primer caso, el procedimiento policial estaría bastante claro. Una familia que descubra después de salir que han robado en su casa llamaría a la policía y denunciaría el hecho, igual que ahora.

Luego (al contrario que ahora), la policía primero verificaría si ha firmado con ellos y tienen derecho a esta forma de asistencia en su contrato.. Esto podría hacer casi instantáneamente mediante sistemas electrónicos de almacenamiento de información. Si la familia hubiera firmado y tuviera derecho a este tipo de asistencia, se enviaría a un policía que procedería a la investigación. Si la familia no hubiera firmado o no tuviera derecho a este tipo de protección por contrato, probablemente se enviaría un vendedor de servicios de policía junto con un investigador.

El vendedor explicaría a la familia, que ahora se ha convertido en un alto riesgo, cómo podrían extender su contrato para cubrir esta situación si ya tuvieran un contrato o podría explicarles los tipos de contratos disponibles si no lo tuvieran o simplemente podría decirles el coste de la investigación específica que están solicitando si desearan pagarla. Naturalmente, si no habían contratado ya el tipo de póliza que ahora solicitan, tendrían esta vez que pagar más por ella de lo que hubieran tenido que pagar si ya estuvieran cubiertos por un contrato de servicios, igual que una persona debe pagar más por el seguro de automóvil después de que ha tenido un accidente que antes. Sin embargo, lo importante es que en los casos después del hecho es claramente posible verificar si una familia tiene un contrato no  con la policía, y si no, evaluar las tarifas apropiadas.

Los delitos descubiertos por la policía durante su comisión presentan una situación algo diferente. Si un policía acude a ayudar a una persona asaltada por un ladrón, por supuesto que no tendrá tiempo para verificar si la persona atacada tiene contratada protección policial o no, aunque esto sólo lleve unos minutos. Si la persona hubiera contratado, probablemente estaría algo estupefacta si el policía estuviera verificando su identidad mientras sufre heridas mortales. Si no tuviera contrato, la policía podría estar perdiendo una buena oportunidad. Por estas razones, entre otras, un policía que se encontrara en esta situación  debería acudir inmediatamente en ayuda de la aparente víctima.

Por supuesto, la persona atacada no tiene ningún “derecho” a demandar protección, no más del que tendría a ser alimentado si tuviera hambre. Tanto la policía como la comida son productos que han de comprarse en el mercado. El hecho de que una persona pueda ser una víctima inocente no altera su obligación de proveerse para su propia vida.

Sin embargo, hay varias razones por las que un policía acudiría automáticamente en ayuda de una persona en una situación así. Primera, como he mencionado antes, la víctima puede ser un cliente. Segundo, la victima sería un buen cliente potencial. Tercero, al policía le interesa que se vea que se responde a los criminales, pues esto aumenta los beneficios del departamento de policía o más directamente podría aumentar su propio salario. (En concebible que los aumentos y promociones se basarían en lo bien que realice el policía su función de proteger a la gente de los criminales).

¿Y qué pasa si la víctima no es de hecho cliente de éste o cualquier otro departamento de policía?  De nuevo hay dos posibilidades. Primero, la persona podría haber gritado “¡Ayuda, policía!” Si lo hizo, entonces habría realizado de hecho un contrato verbal por asistencia policial, igual que se hace un contrato implícito de pagar la cuenta cuando se entra en un restaurante y se pide una comida. En este caso, el policía enviaría a la víctima una factura y esperaría que le pagara.

En el segundo, la persona no grita “¡Ayuda, policía!” sino simplemente está ahí, sangrando mientras el ladrón le golpea. En este caso, no hay contrato verbal. Sin embargo, por las razones arriba mencionadas, el policía acudiría a ayudar a la persona.

Al ser racional, la fuerza de policía también enviaría una factura a esta persona, que se le pediría pero no estaría obligado a pagar. Como la policía le ha salvado la vida, es bastante probable que pague. O, si la fuerza de policía fuera inteligente, le enviaría un vendedor  y trataría de que le contrataran. Como ya se ha beneficiado de sus servicios, parecería bastante probable que al menos contratara el “paquete de protección de ahorro especial”. Si no es así, el pequeño gasto de salvar su vida bien podría financiarse con las facturas generales de la policía y seguramente nadie en Brandenberg protestaría porque un policía gastara unos minutos de su tiempo para salvar la vida de una víctima inocente.

Finalmente, hay al menos una forma más en la que podría financiarse la protección policial. Como la investigación de los delitos, la protección de la propiedad y otras actividades similares necesitan que haya criminales, podría parecer lógico que éstos paguen al menos parte del coste de dichas operaciones. Así, una de las deudas del criminal a la “sociedad” en una comunidad libre podría ser devolver los costes de la investigación necesaria.

De esta forma podría financiarse la protección policial a los pobres.[2] Sería interesante ver, si alguna vez creamos una sociedad libre, qué método de financiación funcionaría mejor (tarifas de servicio o pago de los criminales).

Consideraré un asunto más relacionado con los departamentos de policía: los arrestos. Algunos libertarios afirman que el arresto es inherentemente inmoral porque es de hecho la iniciación de fuerza contra personas cuya culpabilidad no se ha demostrado “más allá de una sombra de duda”. Sin embargo hay una justificación epistemológica para el arresto en una sociedad libre. Es la siguiente:

El hombre actúa necesariamente  basándose en su conocimiento. Como mucho, el hombre puede estar epistemológicamente seguro, es decir, seguro en un contexto concreto de conocimiento. El hombre puede raramente, o tal vez nunca, estar metafísicamente seguro, es decir, seguro de que no exista ninguna alternativa a su juicio en el universo. Para estar metafísicamente seguro, en la mayoría de los casos, hace falta omnisciencia, que el hombre claramente no posee. El hombre puede generalmente sólo estar seguro de que ha examinado todos los hechos relevantes que hay a su disposición y los ha integrado sin contradicción: lo que es relevante viene de nuevo dictado por su estado de conocimiento.

El conocimiento de la verdad de las proposiciones no es una condición de uno u otro, una función dicotómica. El conocimiento es una función continua, variando, en un extremo, de la completa ignorancia a, en el otro, la certidumbre completa (epistemológica).

Por tanto, al evaluar la culpabilidad o inocencia de un hombres acusado de cometer un delito, existe un continuo en las evidencias, que varía de la posibilidad de dicha culpabilidad a la certidumbre de la misma. Según los distintos niveles del continuo en las evidencias, distintas acciones serán las apropiadas.

Así, cuando se sospecha que un hombre posiblemente sea culpable de un delito, es apropiado que se le interrogue. Cuando se tengan evidencias de que un hombre probablemente sea culpable de un delito, es apropiado que se le arreste. Y cuando se esté convencido de que un hombre seguramente sea culpable de un delito, es apropiado que se le castigue. En general, la acción apropiada con respecto a los sospechosos de delitos depende de la cantidad de evidencias que se tengan. Luego el arresto se justifica cuando la culpabilidad es probable.

Por supuesto es no significa que la moralidad de las acciones dependa en último término de la validez contextual del juicio propio. El acierto o error en interrogar, arrestar o encarcelar a un hombre depende de si éste realmente a cometido un delito. Si en una sociedad libre la policía arresta o los tribunales condenan a una persona que resulta ser inocente, se les obligaría a indemnizar por sus errores de acuerdo con los daños y prejuicios que la hayan causado (salvo que la persona les haya liberado contractualmente de esta obligación).

Hay dos formas en que podría tratar el error policial y judicial una justicia anarcocapitalista. O bien la fuerza de policía en una sociedad libre podría acordar con sus clientes que puedan ser arrestados cuando la policía (o un magistrado) juzguen tener evidencias suficientes (librándoles así de la obligación de indemnizarles si arrestan a una persona que luego resulte ser inocente) o aceptaría pagar una indemnización si cometen un error.

De las dos posibilidades, yo prefiero la última. Si la policía y los tribunales cometen un error, deberían pagarlo. En un mercado libre de justicia, la policía que cometiera muchos errores sería eliminada rápidamente por ir a la quiebra.

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Jarret B. Wollstein trabaja como escritor independiente y especialista en marketing de correo directo. Es fundador y director de la International Society for Individual Liberty (ISIL), una organización internacional en red de derechos humanos y libre mercado con miembros en más de ochenta países. Es autor de cientos de artículos y cuatro libros, incluyendo Society Without Coercion (1969).

Este artículo se ha extraído del capítulo 3 de Society Without Coercion: A New Concept of Social Organization (Society for Rational Individualism, 1969).