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Leyes del salario mínimo

Rodrigo Diaz — Thu, 10 Sep 2009 01:36:00 GMT

Por Henry Hazlitt

Hemos examinado anteriormente algunos de los perniciosos resultados que producen los arbitrarios esfuerzos realizados por el Estado para elevar el precio de aquellas mercancías que desea favorecer. La misma especie de daños se derivan cuando se trata de incrementar los sueldos mediante las leyes del salario mínimo. Esto no debe sorprendernos, pues un salario es en realidad un precio. En nada favorece la claridad del pensamiento económico que el precio de los servicios laborales haya recibido un nombre enteramente diferente al de los otros precios. Esto ha impedido a mucha gente percatarse de que ambos son gobernados por los mismos principios.

Las opiniones acerca de los salarios se formulan con tal apasionamiento y quedan tan influidas por la política, que en la mayoría de las discusiones sobre el tema se olvidan los más elementales principios. Gentes que serían las primeras en negar que la prosperidad pueda ser producida mediante un alza artificial de los precios y no vacilarían en afirmar que las leyes del precio mínimo, en vez de proteger, perjudican las industrias que tratan de favorecer, abogarán, no obstante, por la promulgación de leyes de salario mínimo e increparán con la máxima acritud a sus oponentes.

No obstante, debería quedar bien sentado que una ley de salario mínimo, en el mejor de los casos, constituye arma poco eficaz para combatir el daño derivado de los bajos salarios y que el posible beneficio a conseguir, mediante tales leyes, sólo superará el posible mal en proporción a la modestia de los objetivos a alcanzar. Cuanto más ambiciosa sea la ley, cuantos más obreros pretenda proteger y en mayor proporción aspire al incremento de los salarios, tanto más probable será que el perjuicio supere los efectos beneficiosos.

Lo primero que ocurre cuando, por ejemplo, se promulga una ley en virtud de la cual no se pagará a nadie menos de treinta dólares por una semana laboral de cuarenta y ocho horas, es que nadie cuyo trabajo no sea valorado en esa cifra por un empresario volverá a encontrar empleo. No se puede sobrevalorar en una cantidad determinada el trabajo de un obrero en el mercado laboral por el mero hecho de haber convertido en ilegal su colocación por cantidad inferior. Lo único que se consigue es privarle del derecho a ganar lo que su capacidad y empleo le permitirían, mientras se impide a la comunidad beneficiarse de los modestos servicios que aquél es capaz de rendir. En una palabra, se sustituye el salario bajo por el desempleo. Se causa un mal general, sin compensación equivalente.

La única excepción se registra cuando un grupo de obreros recibe un salario efectivamente por debajo de su valor en el mercado. Esto puede ocurrir sólo en circunstancias o lugares especiales donde las fuerzas de la competencia no funcionen libre o adecuadamente; pero casi todos estos casos especiales podrían remediarse con igual efectividad, más flexiblemente y con menor daño potencial, a través del actuar de los sindicatos.

Cabe pensar que si la ley obliga a pagar mayores salarios en una industria dada, pueda ésta elevar sus precios de tal suerte que el incremento pase a gravitar sobre los consumidores. Sin embargo, tal desviación no es tan hacedera ni se escapa con tanta sencillez a las consecuencias de una artificiosa elevación de sueldos. Muchas veces no es posible aumentar el precio de sus productos, pues quizá se induzca al consumidor a la búsqueda de un sustitutivo. O bien, si continúan adquiriéndolo, los nuevos precios les obliguen a comprar menos cantidad. En su consecuencia, aunque algunos obreros de la industria en cuestión se han beneficiado del alza de salarios, otros por ello perderán sus empleos. Por otra parte, si no se aumenta el precio del producto, los fabricantes marginales son desplazados del negocio. En realidad se habrá provocado una reducción en la producción y el consiguiente paro, recorriendo camino distinto.

Cuando se mencionan estas consecuencias, siempre hay alguien que replica: «Perfectamente; si para conservar la industria X es ineludible pagar salarios ínfimos, justo es que los salarios mínimos obliguen a su cierre.» Ahora bien, tan audaz afirmación prescinde de ciertas realidades. En primer lugar, no advierte que los consumidores han de soportar la pérdida del producto. Olvida también que los obreros que trabajaban en la industria en cuestión quedan condenados al desempleo. Finalmente, ignora que por bajos que fueran los emolumentos abonados, eran los mejores entre todas las posibilidades que se ofrecían a los obreros de la tantas veces aludida industria X, pues de lo contrario habrían acudido a otra. Por lo tanto, si la industria X es suprimida por una ley de salarios mínimos, quienes en ella trabajaban se verán constreñidos a aceptar empleos que reputaron menos interesantes que los que por fuerza han de abandonar. Su demanda de trabajo hará descender todavía más los salarios de las ocupaciones alternativas que ahora les son ofrecidas. No cabe eludir la consecuencia: siempre que se imponen salarios mínimos se provoca un incremento del desempleo.

Además, los programas de asistencia destinados a aliviar el paro originado por la ley del salario mínimo crean un serio problema. Mediante un salario mínimo de $7,50 por hora, verbigracia, se prohíbe a cualquiera trabajar cuarenta horas semanales por menos de trecientos dólares. Supongamos ahora que se ofrece una asistencia de sólo ciento ochenta dólares semanales. Ello equivale a haber prohibido que una persona emplee su tiempo eficazmente ganando, por ejemplo, doscientos cincuenta dólares semanales, manteniéndole en cambio inactivo percibiendo un subsidio de ciento ochenta dólares a la semana. Hemos privado a la sociedad del valor de sus servicios; al hombre, de la independencia y dignidad que se derivan de la autosuficiencia económica, incluso a bajo nivel, separándole de la tarea más de su agrado, y, al propio tiempo, recibe una remuneración menor a la que podía haber ganado por su propio esfuerzo.

Estas consecuencias se producirán siempre que el socorro sea inferior en un centavo a los trescientos dólares. Sin embargo, cuanto más elevado sea el mismo, tanto peor será la situación en otros aspectos. Si se ofrece un subsidio de trescientos dólares, se facilita a muchos igual cantidad sin trabajar que trabajando. En fin, cualquiera que sea la cantidad a que ascienda el subsidio, provoca una situación en la que cada cual trabaja sólo por la diferencia entre su salario y el importe del socorro. Si éste, por ejemplo, es de trescientos dólares semanales, los obreros a quienes se ofrece un salario de un 10 dólares por hora o cuatrocientosa dólares a la semana, ven que de hecho se les pide que trabajen por cien dólares a la semana tan sólo, puesto que el resto pueden obtenerlo sin hacer nada.

Cabría pensar en la posibilidad de escapar a estas consecuencias ofreciendo ese socorro en forma de trabajo remunerado, en lugar de hacerlo a cambio de nada; pero esto es tan sólo cambiar la naturaleza de las repercusiones. La asistencia en forma de trabajo significa pagar a los beneficiarios más de lo que el mercado hubiera ofrecido libremente. Por tanto, sólo una parte del salario de ayuda proviene de su actividad (ejercida, por lo general, en trabajos de dudosa utilidad), mientras que el resto es una limosna disfrazada.

Probablemente hubiera sido mejor, en todo evento que el Estado, inicialmente, hubiera subvencionado francamente el sueldo percibido en las tareas privadas que ya venían realizando. No queremos alargar más este asunto, pues nos llevaría al examen de cuestiones que de momento no interesan. Ahora bien, conviene tener presentes las dificultades y consecuencias de los subsidios al considerar la promulgación de leyes del salario mínimo o el incremento de los mínimos ya fijados.

De cuanto antecede no se pretende deducir la imposibilidad de elevar los salarios. Lo único que se desea es señalar que el método aparentemente sencillo de incrementarlo mediante disposiciones del poder público es el camino peor y más equivocado.

Parece oportuno advertir ahora que lo que distingue a muchos reformadores de quienes rechazan sus sugerencias no es la mayor filantropía de los primeros, sino su mayor impaciencia. No se trata de si deseamos o no el mayor bienestar económico posible para todos. Entre hombres de buena voluntad tal objetivo ha de darse por descontado. La verdadera cuestión se refiere a los medios adecuados para conseguirlo, y al tratar de dar una respuesta a tal cuestión, no el lícito olvidar unas cuantas verdades elementales; no cabe distribuir más riqueza que la creada; no es posible, a la larga, pagar al conjunto de la mano de obra más de lo que produce.

La mejor manera de elevar, por lo tanto, los salarios es incrementando la productividad del trabajo. Tal finalidad puede alcanzarse acudiendo a distintos métodos: por una mayor acumulación de capital, es decir, mediante un aumento de las máquinas que ayudan al obrero en su tarea; por nuevos inventos y mejoras técnicas; por una dirección más eficaz por parte de los empresarios; por mayor aplicación y eficiencia por parte de los obreros; por una mejor formación y adiestramiento profesional. Cuanto más produce el individuo, tanto más acrecienta la riqueza de toda la comunidad. Cuanto más produce, tanto más valiosos son sus servicios para los consumidores y, por lo tanto, para los empresarios. Y cuanto mayor es su valor para el empresario, mejor le pagarán. Los salarios reales tienen su origen en la producción, no en los decretos y órdenes ministeriales.

Tomado del libro de Henry Hazlitt Economía en una Lección

Oro y libertad económica

Rodrigo Diaz — Sun, 16 Aug 2009 23:43:00 GMT

Artículo elaborado por Alan Greenspan en 1966

(tomado de Tribuna Libre en Libertad Digital )

El abandono del patrón oro hizo posible que los estatistas utilizaran el sistema bancario como instrumento para una expansión ilimitada del crédito. Sin patrón oro, no hay forma de proteger los ahorros contra la inflación.

Un antagonismo prácticamente histérico contra el patrón oro es un nexo que une a los estatistas de toda condición. Parecen apreciar -quizás más clara y profundamente que muchos defensores del laissez faire- que el oro y la libertad económica son inseparables, que el patrón oro es un instrumento del laissez faire, y que el uno implica y requiere al otro. Para entender la razón de este antagonismo, primero es necesario entender el papel específico que juega el oro en una sociedad libre.

El dinero es el común denominador de todas las transacciones económicas. Es ese bien que sirve como medio de intercambio, es universalmente aceptado por todos los participantes en una economía de intercambio como pago por los bienes y servicios, y por tanto, puede ser usado como referencia del valor de mercado y como depósito de valor, es decir, como medio de ahorro.

La existencia de tal bien es una precondición de una economía en la que existe división del trabajo. Si los hombres no dispusieran de algún bien de valor objetivo que fuera generalmente aceptado como dinero, tendrían que recurrir al primitivo trueque o ser forzados a vivir en granjas auto-suficientes y renunciar a las inestimables ventajas de la especialización. Si los hombres no tuvieran un medio para almacenar el valor, es decir, ahorrar, ni la planificación a largo plazo ni el intercambio serían posibles.

Qué medio de intercambio será aceptado por todos los participantes de una economía no es una cuestión que se determine arbitrariamente. Primero, el medio de intercambio debería ser duradero. En una sociedad primitiva de escasa riqueza, el trigo podría ser suficientemente duradero para servir como medio, debido a que todos los intercambios tendrían lugar solo durante e inmediatamente después de la cosecha, no dejando ningún excedente que almacenar.

Pero las consideraciones de depósito de valor son cada vez más importantes a medida que las sociedades son más ricas y civilizadas. En éstas, el medio de intercambio debe ser un bien duradero, normalmente un metal. Un metal es generalmente elegido porque es homogéneo y divisible: cada unidad es idéntica a la otra y puede ser mezclado o formado en cualquier cantidad. Las joyas preciosas, por ejemplo, no son ni homogéneas ni divisibles.

Más importante aún, el bien escogido como medio debe ser un bien de lujo. Los deseos humanos para los lujos son ilimitados y, por tanto, los bienes de lujo siempre son demandados y siempre serán aceptados. El trigo es un lujo en civilizaciones infra-alimentadas, pero no en una sociedad próspera. Los cigarrillos en condiciones normales no servirían como dinero, pero sí sirvieron en la Europa de después de la II Guerra Mundial donde eran considerados un lujo.

El término “bien de lujo” implica escasez y un alto valor unitario. El que tenga un alto valor unitario implica que ese bien es fácilmente transportable; por ejemplo, una onza de oro (alrededor de 28,35 gramos) vale como media tonelada de lingotes de hierro.

En las etapas iniciales de una economía monetaria en desarrollo, se podrían usar varios medios de intercambio, dado que una amplia variedad de bienes cumplirían las condiciones anteriores. Sin embargo, uno de los bienes desplazará gradualmente a los otros, siendo más ampliamente aceptado.

El concepto de dinero

Las preferencias acerca de qué mantener como depósito de valor, cambiarán hacia el bien más ampliamente aceptado, lo que a su vez, lo hará todavía más aceptado. El cambio es progresivo hasta que ese bien se convierta en el único medio de intercambio. El uso de un solo medio es altamente ventajoso, por las mismas razones por las que una economía monetaria es mejor que una economía de trueque: permite la posibilidad de intercambios a una escala incalculablemente superior.

Que el único dinero sea el oro, la plata, las conchas, el ganado o el tabaco es opcional, dependiendo del contexto y desarrollo de una economía determinada. De hecho, todos han sido empleados, en diferentes fechas, como medio de intercambio. Incluso en el presente siglo, dos bienes como el oro y la plata han sido usados como medio de intercambio a nivel internacional, convirtiéndose el oro en el predominante.

El oro, teniendo usos tanto artísticos como funcionales y siendo relativamente escaso, tiene ventajas significativas sobre todos los demás medios de intercambio. Desde principios de la Primera Guerra Mundial, ha sido prácticamente el único patrón de intercambio internacional. Si todos los bienes y servicios tuvieran que ser pagados en oro, grandes pagos serían difíciles de llevar a cabo y esto tendería a limitar el grado de división del trabajo y especialización de una sociedad.

Así, una extensión lógica de la creación de un medio de intercambio es el desarrollo de un sistema bancario y de instrumentos de crédito (billetes de banco y depósitos) que actúen como sustituto del oro, siendo convertibles al metal amarillo.

Un sistema bancario libre basado en el oro es capaz de conceder crédito y así crear billetes de banco (moneda) y depósitos, según las necesidades productivas de la economía. Los propietarios individuales de oro son inducidos, por los pagos de interés, a depositar su oro en un banco (contra el que pueden girar cheques).

Pero dado que es muy raro que se dé el caso de que todos los depositantes quieran sacar todo su oro al mismo tiempo, el banquero necesita guardar solo una fracción del total de los depósitos en oro como reservas. Esto permite al banquero prestar más de la cantidad de sus depósitos de oro (lo que significa que no tiene oro como garantía de sus depósitos, sino derechos de cobro de oro). Pero la cantidad de préstamos que el banquero se pueda permitir conceder no es arbitraria: tiene que evaluarla en relación a sus reservas y a la situación de sus inversiones.

El sistema crediticio

Cuando los bancos prestan dinero para financiar proyectos productivos y rentables, los préstamos son pagados rápidamente y el crédito bancario continúa estando disponible. Pero cuando estos negocios empresariales financiados por el crédito bancario son menos rentables y les cuesta saldar las deudas, los banqueros pronto se dan cuenta de que sus préstamos pendientes de pago son excesivos en relación a sus reservas de oro, y empiezan a reducir los nuevos préstamos, normalmente exigiendo tasas de interés más altas.

Esto tiende a restringir la financiación de nuevos proyectos y requiere que los prestatarios actuales mejoren su rentabilidad antes de que puedan obtener crédito para nuevas expansiones. Así, bajo el patrón oro, un sistema bancario libre se erige como el protector de la estabilidad de la economía y el crecimiento equilibrado.

Cuando el oro es aceptado como medio de intercambio por la mayoría o todas las naciones, un patrón oro internacional libre y sin restricciones sirve para impulsar una división del trabajo a escala mundial y promueve la máxima extensión del comercio internacional.

Aunque las unidades de intercambio (el dólar, la libra, el franco, etc.) difieran de país a país, cuando todas están definidas en términos de oro, las economías de diferentes países actúan como una -siempre y cuando no existan restricciones sobre el comercio o el movimiento de capitales-.

El crédito, los tipos de interés, y los precios tienden a seguir patrones similares en todos los países. Por ejemplo, si los bancos de un país conceden créditos demasiado alegremente, los tipos de interés en ese país tenderán a caer, induciendo a los depositantes a que cambien su oro a bancos de otros países que paguen mayor interés. Esto generará inmediatamente una escasez de reservas bancarias en el país del “dinero fácil”, provocando condiciones crediticias más estrictas y una vuelta a tasas de interés competitivas más altas.

Un sistema bancario totalmente libre y un patrón oro totalmente coherente no se han alcanzado todavía. Pero antes de la Primera Guerra Mundial, el sistema bancario en los Estados Unidos (y en la mayoría del mundo) estaba basado en el oro y aunque los gobiernos intervenían ocasionalmente, la banca estaba más libre que controlada.

Periódicamente, como resultado de expansiones de crédito demasiado rápidas, los bancos alcanzaban el límite de préstamos de sus reservas de oro, los tipos de interés subían abruptamente, el nuevo crédito se cortaba, y la economía entraba en una recesión brusca pero corta. (Comparadas con las depresiones de 1920 y 1932, las contracciones anteriores a la Primera Guerra Mundial fueron realmente suaves).

Expansión crediticia

La limitación de las reservas de oro era lo que ponía freno a las expansiones insostenibles en la actividad empresarial, antes de que pudieran convertirse en el tipo de desastre que suponen las posteriores a la Primera Guerra Mundial. Los periodos de reajuste eran cortos y las economías rápidamente reestablecían una base sólida para reanudar la expansión.

Pero el proceso de cura fue erróneamente diagnosticado como la enfermedad: si la escasez de reservas bancarias estaba causando una contracción económica -argüían los intervencionistas económicos- ¡por qué no encontrar una manera de proporcionar crecientes reservas a los bancos para que nunca se queden cortos! Si los bancos pueden continuar prestando dinero indefinidamente -se decía- nunca tendrá que haber recesiones en la actividad empresarial. Y así es como se creó el Sistema de la Reserva Federal en 1913.

El origen de la Reserva Federal de EEUU

Consistía en doce bancos regionales de la Reserva Federal, nominalmente poseídos por banqueros privados, pero en realidad patrocinados, controlados y apoyados por el gobierno. El crédito concedido por estos bancos es en la práctica (aunque no legalmente) respaldado por el poder impositivo del gobierno federal.

Técnicamente, permanecimos en el patrón oro; los individuos todavía eran libres de poseer oro, y éste seguía siendo usado como reservas bancarias. Pero ahora, además del oro, el crédito extendido por los bancos de la Reserva Federal (“reservas de papel moneda”) podía servir como curso legal para pagar a los depositantes.

Cuando la economía de Estados Unidos sufrió una suave contracción en 1927, la Reserva Federal creó más reservas de papel moneda, con la esperanza de prevenir cualquier posible escasez de reservas en los bancos. Más desastroso, sin embargo, fue el intento de la Reserva Federal de ayudar a Gran Bretaña, quien había estado perdiendo oro en favor de EE.UU. debido a que el Banco de Inglaterra se negó a permitir que los tipos de interés subieran cuando las fuerzas del mercado se lo dictaban (era políticamente difícil de digerir).

El razonamiento de las autoridades involucradas fue como sigue: si la Reserva Federal inyectara gran cantidad de reservas de papel en los bancos americanos, los tipos de interés en Estados Unidos caerían a un nivel comparable con los de Gran Bretaña; esto serviría para parar la pérdida de oro de Gran Bretaña y evitar el bochorno político de tener que subir los tipos de interés.

Los efectos de la intervención monetaria

Las acciones de la FED surtieron efecto; pararon la pérdida de oro, pero en el intento casi destruyeron las economías del mundo. El excesivo crédito que la Fed inyectó en la economía se desbordó en el mercado de valores -provocando un fantástico boom especulativo-.

Más tarde, los oficiales de la Reserva Federal intentaron absorber el exceso de reservas y finalmente tuvieron éxito en frenar el boom. Pero ya era demasiado tarde: antes de 1929 los desequilibrios especulativos habían llegado a ser tan extremos que el intento produjo una brusca reducción y consiguiente desaliento de la confianza empresarial.

Como resultado, la economía americana colapsó. A Gran Bretaña le fue incluso peor, y en vez de asimilar todas las consecuencias de su anterior locura, abandonó el patrón oro completamente en 1931, partiendo en dos lo que quedaba del tejido de confianza e induciendo una serie de quiebras a nivel mundial. Las economías del mundo se sumieron en la Gran Depresión de los años 30.

Con una lógica que recuerda a la generación anterior, los estatistas arguyeron que el patrón oro era el principal culpable de la debacle crediticia que llevó a la Gran Depresión. Si el patrón oro no hubiera existido, sostenían, el abandono de Gran Bretaña de los pagos en oro en 1931 no habría causado la quiebra de bancos por todo el mundo. (La ironía fue que desde 1913 no habíamos estado en un patrón oro, sino en lo que se podría llamar un “patrón oro mixto”; con todo es el oro el que se llevó la culpa).

La Gran Depresión

Pero la oposición al patrón oro en cualquier forma -por parte de un creciente número de defensores del estado del bienestar- era provocada por una idea mucho más sutil: la comprensión de que el patrón oro es incompatible con el gasto deficitario crónico (la nota distintiva del estado del bienestar).

Despojado de su jerga académica, el estado del bienestar no es nada más que un mecanismo por el que los gobiernos confiscan la riqueza de los miembros productivos de una sociedad para apoyar una amplia variedad de esquemas de prestaciones sociales. Una parte sustancial de esta confiscación se efectúa mediante los impuestos.

Pero los estatistas defensores de este sistema reconocieron rápidamente que si deseaban retener el poder político, la cantidad de impuestos tenía que estar limitada y que debían acudir a programas de gasto público deficitario masivos. Es decir, tenían que pedir prestado dinero, mediante la emisión de bonos del gobierno, para financiar los gastos en prestaciones sociales a gran escala.

Bajo el patrón oro, la cantidad de crédito que puede financiar una economía está determinada por los activos tangibles de la misma, ya que cada instrumento de crédito es en última instancia un derecho de cobro sobre un activo real. Sin embargo, la deuda pública no está respaldada con riqueza real, sino tan sólo con la promesa del gobierno de pagarla con lo obtenido de impuestos futuros y por tanto su absorción por los mercados financieros se hace problemática si su cantidad empieza a ser apreciable.

Un gran volumen de nuevos bonos solo se puede vender al público a tasas de interés crecientemente altas. Así, el déficit público bajo un patrón está estrictamente limitado. El abandono del patrón oro hizo posible que los estatistas utilizaran el sistema bancario como instrumento para una expansión ilimitada del crédito.

Ellos han creado reservas de papel moneda en forma de bonos gubernamentales que -a través de una serie de complejas etapas- los bancos aceptan en lugar de activos tangibles, y los tratan como si fueran un depósito real, es decir, como el equivalente a lo que antes era un depósito de oro.

Un límite al intervencionismo económico

El tenedor de un bono del gobierno o de un depósito de banco creado con reservas de papel, piensa que tiene un derecho válido sobre un activo real. Pero el hecho es que ahora hay más derechos de cobro pendientes de pago que activos reales. No se debe ir en contra de la ley de la oferta y la demanda.

A medida que la oferta de dinero (de derechos de cobro) aumenta en relación con la oferta de activos tangibles de la economía, los precios deben subir eventualmente. Así los ingresos de los miembros productivos de la sociedad pierden valor en términos de los bienes.

Cuando los balances de la economía son finalmente equilibrados, uno se encuentra con que esta pérdida de valor representa los bienes que han sido comprados por el gobierno para prestaciones sociales u otros propósitos, con el dinero recaudado de los bonos financiados por la expansión de crédito bancario.

En ausencia del patrón oro, no hay ninguna manera de proteger los ahorros de la confiscación que supone la inflación. No hay ningún depósito de valor seguro. Si lo hubiera, el gobierno tendría que hacer ilegal su posesión, como se hizo en el caso del oro. Si todo el mundo decidiera, por ejemplo, convertir todos sus depósitos bancarios en plata, cobre o cualquier otro bien, y a partir de entonces rechazara aceptar cheques como pago por los bienes, los depósitos bancarios perderían su poder de compra y el crédito bancario creado por el gobierno se quedaría sin valor como derecho de cobro sobre los bienes.

La política financiera del estado del bienestar requiere que no haya ninguna forma de que los propietarios de riqueza puedan protegerse a sí mismos. Este es el mezquino secreto de los ataques de los estatistas contra el oro. El déficit público es sencillamente un ardid para la oculta confiscación de la riqueza.

El oro se interpone en este insidioso proceso como protector de los derechos de propiedad. Si uno entiende esto, no debería tener dificultad en comprender la causa del antagonismo frente al oro de los estatistas.

Artículo elaborado por Alan Greenspan en 1966.
Una de las muchas webs donde puede leerse el artículo en inglés:
http://www.usagold.com/gildedopinion/greenspan.html

Autogolpe en Honduras

Rodrigo Diaz — Sun, 16 Aug 2009 19:26:00 GMT

Por Jaime Raul Molina en la Página de la Fundación Libertad (http://www.fundacionlibertad.org.pa/)

En Honduras, el Presidente Manuel Zelaya intentaba subvertir el orden constitucional, pero la institucionalidad fue preservada por valientes hombres que se negaron a permitirle a Zelaya constituirse en tirano.

Zelaya pretendía violentar la Constitución haciendo un referéndum sobre la posible convocación en noviembre a una Asamblea Constituyente. El problema es que la Constitución hondureña no permite la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente como método para reformar la Constitución, de modo que el tal referéndum es ilegal desde su concepción. Así se lo hizo saber el Tribunal Supremo Electoral. Entonces Zelaya decidió proseguir de todos modos, y por eso llamó al ejercicio 'encuesta' y no referéndum, y pretendía llevarlo a cabo con el Instituto Nacional de Estadísticas (controlado por el Ejecutivo), entidad a la que claramente no le corresponde una consulta popular como ésta. Pretendía además hacerlo de tal manera que las fuerzas armadas colaboraran en el ejercicio, y cuando el jefe de las Fuerzas Armadas conjuntas Romeo Vásquez Velásquez se negó a cooperar, alegando (correctamente) que se trata de un acto inconstitucional, el Presidente Zelaya decidió destituirlo. El Ministro de Defensa, Edmundo Orellana, renunció en protesta, y así lo hicieron también los jefes de las tres ramas militares, Naval, Aérea y Ejército.

Entonces, Vásquez recurrió contra la decisión ante la Corte Suprema de Justicia y ésta resolvió de forma unánime (5-0) declarar nula la destitución y por tanto restituir a Vásquez.

Ante la advertencia de parte del Tribunal Supremo Electoral sobre la ilegalidad de la encuesta, posición ratificada por la Corte Suprema de Justicia, garante de la Constitución, el Presidente Zelaya decidió proseguir de todas maneras. La llamada 'encuesta' tendría lugar el pasado domingo 28 de junio. Ante este evidente rompimiento del orden constitucional de parte de Zelaya, el Fiscal General Luis Rubí ordenó a las fiscalías bajo su mando, a acudir hoy a los centros de votación ilegales para tomar evidencia del delito. Así se hizo y paralelamente las F.F.A.A. fueron ordenadas por la propia Corte Suprema de Justicia, a detener al Presidente. Esto se hizo y en efecto el Presidente fue detenido y puesto en un avión hacia San José, Costa Rica.

Análisis: En una República, gobierna la Constitución y la Ley, no los hombres. Ningún hombre, ni siquiera el Presidente en funciones, está por encima de la Constitución y las leyes. Cualquier acto de insubordinación contra el orden constitucional establecido, es en sí un golpe de estado. En este caso, es harto claro que ha sido el Presidente Manuel Zelaya quien ha violentado el orden constitucional, con un acto consumado (al iniciar los actos para el referéndum declarado ilegal por todas las instancias judiciales y autoridades electorales de Honduras).

Ante esto, ¿qué debían hacer las demás autoridades del país (Órgano Judicial, Ministerio Público, Tribunal Supremo Electoral y F.F.A.A.)? ¿Debían quedarse de brazos cruzados viendo cómo el Presidente violentaba la Constitución? ¿No es acaso el deber de todo ciudadano (y con mayor razón, la de los ciudadanos investidos con funciones de guarda de la Constitución y las leyes), el usar los medios que estén a su alcance para proteger la República, la Constitución y las Leyes?

A mi modo de ver, la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Supremo Electoral, la Fiscalía General y los demás fiscales bajo su mando, al igual que las F.F.A.A. hondureñas, han actuado cívicamente para proteger la Constitución el día domingo. Actuaron con valentía para proteger a su República del intento golpista de su Presidente Manuel Zelaya.

Sin embargo, veo con tristeza cómo todos los gobiernos del mundo corren a condenar dichas actuaciones, y en cambio a respaldar al golpista Zelaya. ¿Qué clase de diletantes nos gobiernan a todos, que corren a defender a un Presidente que tan abiertamente pretendía subvertir el orden constitucional de su país?

Proporciones guardadas (y ni tanto), el abandono que los gobiernos actuales de todo el mundo le están dando hoy al pueblo hondureño y a sus instituciones, me recuerdan el abandono que del pueblo checoslovaco hicieron las potencias europeas en 1938 en Munich. En esto, lamentablemente debo incluir al gobierno saliente de mi país Panamá, del Presidente Martín Torrijos, que ha corrido también a respaldar a Zelaya y a desconocer la actuación del resto de las instituciones republicanas hondureñas.

Duro contra las drogas

Rodrigo Diaz — Wed, 15 Jul 2009 13:32:00 GMT

por Mauricio García Villegas – tomado de EL ESPECTADOR – Julio 11 de 2009

Profesor de la U. Nacional e investigador de Dejusticia.

Luego de cuarenta años de lucha infructuosa contra las drogas ilícitas —todo empezó cuando Richard Nixon la emprendió contra los hippies y los jóvenes libertarios de los sesentas—, hoy las opiniones de los partidarios de la legalización empiezan a ser tomadas en serio.

¿Qué ha pasado para que esto finalmente suceda? ¿Fueron acaso los argumentos de los académicos y científicos sociales que durante años pusieron en evidencia la estupidez de esa guerra? ¿O tal vez fue el dolor de las innumerables víctimas que ha dejado esa cruzada puritana? ¿O fue quizás el efecto devastador de las mafias en países como Colombia, Afganistán, Rusia o México?

Pues no, nada de eso. La convicción de los prohibicionistas no tambalea hoy por esas evidencias en su contra, sino por otra cosa: por el dinero que cuesta mantener a los prisioneros de esa guerra.

El caso más dramático se vive en California, un Estado que tiene un déficit de 24 mil millones de dólares, ocasionado por la desastrosa combinación de dos políticas conservadoras: la reducción de los impuestos, por un lado, y la decisión de actuar con dureza frente al consumo de drogas (Get tough on drugs), por el otro. Resultado: mientras hace treinta años el presupuesto destinado a las prisiones era la quinta parte del presupuesto destinado a la educación, hoy ambos presupuestos son iguales y eso debido a que la población carcelaria pasó de 30 mil, a más de 150 mil. Algo parecido sucede en estados como Michigan, Vermont, Oregon, Delaware y Connecticut, entre otros.

Ante semejante descalabro, muchos altos funcionarios están hoy dispuestos a discutir políticas de legalización. Se estima que si los actuales consumidores de marihuana pagaran un pequeño impuesto al consumo, el Estado recolectaría mil trescientos millones de dólares anuales. Eso no acabaría con el déficit actual, pero si a eso se le suma la liberación de todos los que están en la cárcel por fumarse un varillo, la solución estaría muy cerca. Por eso, el gobernador Arnold Schwarzenegger —republicano— ha dicho que el Estado de California está dispuesto a estudiar los méritos de las propuestas de legalización de la marihuana.

Las razones que tiene Schwarzenegger para decir eso son, desde luego, muy distintas a las esgrimidas por los promotores de la legalización: no están fundadas en la defensa de la libertad, no tienen nada que ver con las razones humanitarias que han llevado a los jueces a exigir una mejoría en las condiciones de vida de los presos y tampoco tienen nada que ver con la lucha contra la discriminación de los negros (mientras los consumidores blancos son cinco veces más numerosos que los negros, éstos últimos representan el 62% de los presos por drogas). Son razones simplemente económicas, las mismas que se esgrimen hoy en muchos estados para eliminar la pena de muerte, la cual, aunque no parezca, es mucho más costosa que la cadena perpetua.

Pero a los defensores de la legalización les tiene sin cuidado que los prohibicionistas no crean en principios humanitarios o de libertad. Les basta con que, finalmente, los prohibicionistas sean consecuentes con lo que piensan, es decir, que reconozcan que la mejor manera de ser duros contra las drogas, es legalizándolas.

P.D. Mientras tanto, en Colombia avanza el proyecto de reforma constitucional para penalizar la dosis personal.

Seis conferencias dictadas por el Profesor Ludwig von Mises en Buenos Aires, Argentina, en 1959 - Intervencionismo

Rodrigo Diaz — Tue, 14 Jul 2009 02:38:00 GMT

Estamos presentando el ciclo de 6 conferencias dictadas por el Profesor Ludwig von Mises en 1959 en Buenos Aires, Argentina. La tercera conferencia:

Intervencionismo

Una frase famosa, citada muy a menudo, dice: ‘El mejor gobierno, es el que gobierna menos’ Yo no creo que esto sea una correcta descripción de las funciones de un buen gobierno. El Gobierno debiera hacer todas las cosas para las cuales se lo necesita y para las cuales fue establecido. El Gobierno debiera proteger a los habitantes del país contra los violentos e ilegales ataques de los bandidos y debiera defender el país contra los enemigos foráneos. Estas son las funciones del Gobierno dentro de un sistema de libertad, dentro del sistema de economía de mercado. Bajo el socialismo, desde luego, el Gobierno es totalitario, y no hay nada fuera de su esfera y de su jurisdicción. Pero en la economía de mercado la principal tarea del Gobierno es proteger el aceitado funcionamiento de la economía de mercado contra el fraude y la violencia que provengan de adentro o de fuera del país.

La gente que no esté de acuerdo con esta definición de las funciones del Gobierno podría decir: ‘Este hombre odia el Gobierno’ Nada estaría más lejos de la verdad. Si yo dijera que la gasolina es un líquido muy útil, útil para muchos propósitos, pero que nunca bebería gasolina porque creo que no sería un uso correcto, no soy un enemigo de la gasolina, y no odio la gasolina. Digo solamente que la gasolina es muy útil para ciertos propósitos, pero no es adecuada para otros. Si digo que es el deber del Gobierno arrestar a los asesinos y a otros criminales, pero que no es su deber manejar los ferrocarriles y dilapidar dinero en cosas inútiles, entonces no odio el gobierno porque declare que es adecuado para hacer ciertas cosas pero no es apropiado para hacer otras.

Se ha dicho que bajo las condiciones actuales ya no tenemos más una economía de libre mercado. Bajo las condiciones actuales tenemos algo llamado la ‘economía mixta’. Y como evidencia de nuestra ‘economía mixta’ la gente señala las muchas empresas que son propiedad del Gobierno, y por él son operadas. La economía es mixta, dice la gente, porque en muchos países hay ciertas entidades – como los teléfonos, el telégrafo, los ferrocarriles – que son propiedad del y son operadas por el Gobierno. Que algunas de estas entidades y empresas son operadas por el Gobierno, ciertamente es verdad. Pero este solo hecho no cambia el carácter de nuestro sistema económico. Ni siquiera significa que hay un ‘pequeño socialismo’ dentro de la que – de cualquier otra manera – es una economía no socialista, de mercado libre. Ya que el Gobierno, operando estas empresas, está sujeto a la supremacía del mercado, lo que significa que está sujeto a la supremacía de los consumidores. El Gobierno – si opera, digamos, el correo o los ferrocarriles – tiene que contratar gente para trabajar en cestas empresas. También debe comprar las materias primas y otros bienes que necesite para el manejo de estas empresas. Y, por otra parte, ‘vende’ estos servicios o bienes al público. Pero, aún cuando opera estas entidades utilizando los métodos del sistema económico libre, el resultado – como norma – es un déficit. El Gobierno, sin embargo, está en situación de financiar dicho déficit – al menos los miembros del Gobierno o del partido gobernante así lo creen.

Ciertamente, es diferente para un individuo. El poder del individuo para operar algo, con déficit, es limitado. Si el déficit no es rápidamente eliminado, y si la empresa no se convierte en rentable (o al menos muestra que no se incurrirá en pérdidas adicionales, debidas a un déficit), el individuo va a la quiebra y la empresa debe liquidarse. Pero para el Gobierno las condiciones son diferentes. El Gobierno puede tener permanentemente un déficit, porque tiene el poder de gravar con impuestos a la gente. Y si los contribuyentes están dispuestos a pagar más altos impuestos para hacer posible al Gobierno operar una empresa a pérdida – esto es, de una manera menos eficiente en que lo haría una institución privada – y si el público acepta esta pérdida, entonces desde luego la empresa continuará.

En los años recientes, los Gobiernos han incrementado la cantidad de entidades y empresas nacionalizadas en muchos países, de manera tal que los déficit han crecido más allá del monto de los impuestos que podrían cobrarse a los ciudadanos. Lo que ocurre entonces no es asunto de la charla de hoy. Es la inflación, y la trataremos en la próxima conferencia. He mencionado esto solamente porque la economía mixta no debe confundirse con el problema del intervencionismo, sobre el cual deseo hablar hoy.

¿Qué es el intervencionismo? Intervencionismo significa que el gobierno no restringe su actividad a la preservación del orden, o – como la gente solía decir un siglo atrás – a ‘la producción de seguridad’. Intervencionismo significa que el gobierno desea hacer más.

Desea interferir en los fenómenos del mercado.

Si uno objeta y dice que el gobierno no debería interferir en los negocios, la gente a menudo contesta: ‘Pero el gobierno necesariamente siempre interfiere. Si hay policías en la calle, el gobierno interfiere. Interfiere con un ladrón robando una tienda o cuando impide a un hombre robar un auto’. Pero cuando se considera el intervencionismo, y definiendo lo que significa el intervencionismo, estamos hablando sobre la interferencia del gobierno en el mercado. (Que se espere del gobierno y de la policía que protejan al ciudadano, lo cual incluye a los empresarios, y desde ya a sus empleados, contra los ataques de bandidos domésticos o extranjeros, es de hecho una expectativa normal, necesaria a tener de cualquier gobierno; dicha protección no es una intervención, ya que la única legítima función del gobierno es, precisamente producir seguridad) Lo que tenemos in mente cuando hablamos sobre intervencionismo es el deseo del gobierno de hacer más que prevenir los ataques y el fraude. El intervencionismo significa que el gobierno no sólo falla en proteger el aceitado funcionamiento de la economía de mercado, sino que interfiere en los distintos fenómenos del mercado; interfiere en los precios, en los salarios, en las tasas de interés, en las utilidades.

El gobierno desea interferir con el propósito de forzar a los empresarios a conducir sus asuntos de una manera diferente a la que hubieran elegido si hubieran obedecido solamente a los consumidores. Así, todas las medidas de intervencionismo que toma el gobierno están dirigidas a restringir la supremacía de los consumidores. El gobierno desea arrogarse el poder, o por lo menos una parte del poder, que en una economía de mercado libre, está en manos de los consumidores.

Consideremos un ejemplo de intervencionismo, muy popular en muchos países, intentado una y otra vez por muchos gobiernos, en especial en épocas de inflación. Me refiero al control de precios.

Los gobiernos usualmente recurren al control de precios cuando han inflado la oferta de dinero y la gente ha comenzado a quejarse del resultante incremento en los precios. Hay muchos ejemplos históricos famosos de métodos de control de precios que fracasaron, pero me referiré solamente a dos de ellos porque, en ambos de estos casos, los gobiernos fueron muy enérgicos en hacer espetar o en tratar de hacer respetar sus controles de precios.

El primer ejemplo famoso es el caso del Emperador Romano Diocleciano, muy conocido como el último de los emperadores romanos que persiguieron a los Cristianos. El emperador Romano en la segunda parte del Siglo III tenía un sólo método financiero, y éste era la degradación de la moneda. En esas épocas primitivas, antes de la invención de la imprenta, aún la inflación era, digamos, primitiva. Suponía la degradación de las monedas, en especial las de plata. El gobierno mezclaba más y más cobre en la plata hasta que el color de las monedas de plata cambió, y el peso de las mismas se redujo considerablemente. El resultado de esta degradación de las monedas fue un incremento en los precios, seguido de un edicto para controlar los precios. Y los emperadores romanos no eran demasiado benignos cuando hacían respetar una ley, y no consideraban la muerte como una pena demasiado benigna para un hombre que había requerido un precio más alto. Impusieron el control de precios pero fallaron en mantener unida la sociedad. La consecuencia fue la desintegración del Imperio Romano y del sistema de la división del trabajo.

Entonces, 1500 años más tarde, la misma degradación de la moneda tuvo lugar durante la Revolución Francesa. Pero esta vez se usó un método diferente. La tecnología para producir monedas había progresado considerablemente. No era ya necesario para los franceses recurrir a la degradación de las monedas metálicas: ya disponían de la imprenta.

Y la imprenta era muy eficiente. Otra vez, la consecuencia fue una suba de precios sin precedentes. Pero en la Revolución Francesa no se hacían respetar los precios máximos por el mismo método de la pena capital que el Emperador Diocleciano había usado. Había habido también un mejoramiento en la técnica de matar ciudadanos. Todos recordarán el famoso Doctor J.I.Guillotin (1738-1814) quien abogaba por el uso de la guillotina. A pesar de la guillotina, los franceses también fracasaron con sus leyes de precios máximos.

Cuando el propio Robespierre era acarreado hacia la guillotina, la gente gritaba: ‘Ahí va el roñoso Máximo’ Deseaba mencionar esto porque la gente a menudo dice: ‘Lo que se necesita para hacer un control de precios efectivo y eficiente es simplemente más brutalidad y más energía’.

Ciertamente, Diocleciano era bastante brutal tal como lo era la Revolución Francesa. Sin embargo, las medidas de control de precios, en ambas épocas, fracasaron por completo.

Analicemos ahora las razones de este fracaso. El Gobierno oye que la gente se queja que el precio de la leche se ha ido para arriba. Y la leche, ciertamente, es muy importante, especialmente para la generación en crecimiento, paras los niños. Por consiguiente, el gobierno establece un precio máximo para la leche, un precio máximo que es menor que lo que sería el potencial precio de mercado. Y dice ahora el gobierno: ‘Ciertamente hemos hecho todo lo necesario para hacer posible a los pobres padres comprar todas la leche que necesiten para alimentar a sus niños’ ¿Pero qué pasa? Por un lado, el menor precio de la leche incrementa la demanda por la leche; la gente para quien no era asequible comprar leche a un mayor precio, puede ahora comprarla al precio más bajo que el gobierno ha decretado. Y por el otro lado, algunos productores, aquellos que estaban produciendo a los más altos costos – esto es, los productores marginales – empiezan ahora a sufrir pérdidas ya que el precio que el gobierno ha decretado es menor que sus costos. Este es el punto importante en la economía de mercado. El empresario privado, el productor privado, no puede tener pérdidas por largo tiempo. Y como no puede tener pérdidas en la producción de leche, restringe la producción de la misma con destino al mercado. Puede vender algunas de sus vacas al matadero, o, en vez de leche, puede vender otros productos hechos con leche, por ejemplo yogurt, manteca o queso.

Así, la interferencia del gobierno en el precio de la leche resultará en una menor cantidad de leche que la que existía antes, y al mismo tiempo habrá una mayor demanda. Alguna gente que está dispuesta a pagar el precio decretado por el gobierno, no puede comprar la leche. Otra consecuencia será que la gente ansiosa se apresurará para estar entre los primeros en las tiendas. Tendrán que esperar afuera. Las largas colas de gente esperando en las tiendas siempre aparecen como un fenómeno familiar en una ciudad en la cual el gobierno ha decretado precios máximos para los productos que el gobierno considera importantes. Esto ocurrió en cualquier lugar donde el precio de la leche fue puesto bajo control. Esto fue siempre pronosticado por los economistas. Desde luego, solamente por economistas serios, cuyo número no es muy grande.

Pero, ¿cuál es el resultado del control de precios impuesto por el gobierno? El gobierno queda decepcionado. Deseaba aumentar la satisfacción de los bebedores de leche. Pero en realidad los ha dejado insatisfechos. Antes que el gobierno interfiriera la leche era cara, pero la gente podía comprarla. Ahora hay solamente una cantidad insuficiente de leche disponible. Por lo tanto, el consumo total de leche, cae. La siguiente medida a la que puede recurrir el gobierno, es el racionamiento. Pero el racionamiento significa sólo que cierta gente tiene privilegios y consigue leche mientras que otra gente no consigue leche en absoluto. Quién consigue leche y quién no, es algo determinado siempre de una manera muy arbitraria. Se puede determinar, por ejemplo, que los niños menores a cuatro años pueden obtener leche, y que los niños de más de cuatro años, o de entre cuatro y seis años de edad, pueden obtener solamente la mitad de la ración que reciben los niños de hasta cuatro años.

Haga lo que haga el gobierno, el hecho es que hay solamente una menor cantidad de leche disponible. Así la gente está aún más insatisfecha que lo que estaba antes.

Entonces el gobierno les pregunta a los productores de leche (porque el gobierno no tiene suficiente imaginación para averiguarlo por sí mismo): ‘¿Por qué no producen la misma cantidad de leche que producían antes?’ El gobierno recibe la respuesta: ‘No podemos hacerlo, dado que los costos de producción son mayores al precio de venta máximo que el gobierno ha establecido’. Entonces el gobierno estudia los costos de los diferentes bienes de producción y descubre que uno de los bienes es el forraje.

‘OH,’ dice el gobierno, ‘el mismo control que hemos aplicado a la leche lo aplicaremos ahora al forraje. Determinaremos un precio máximo al forraje y entonces podrán alimentar a sus vacas a un menor precio, con un gasto total menor. Todo estará bien, y podrán producir más leche y vender más leche’ Pero, ¿qué pasa ahora? La misma historia se repite con el forraje y, como pueden entender, por las mismas razones. La producción de forraje cae y el gobierno está otra vez enfrentado a un dilema. Así que el gobierno organiza nuevas reuniones para averiguar que está mal con la producción de forraje. Y obtiene una explicación de los productores de forraje precisamente igual a la que había recibido de los productores de leche. Así es que el gobierno debe avanzar otro paso, dado que no desea abandonar el principio de control de precios. Estable precios máximos para los productos que son necesarios para la producción de forraje. Y la historia se repite otra vez.

El gobierno, al mismo tiempo, comienza a controlar, no solamente la leche, pero también los huevos, la carne y otros productos de primera necesidad. Y en cada oportunidad, el gobierno obtiene el mismo resultado, en todos los casos la consecuencia es la misma.

Cada vez que el gobierno fija un precio máximo para los bienes de consumo, tiene que ir hacia atrás hacia los bienes de producción, y limitar los precios de los bienes de producción necesarios para producir los bienes de consumo sujetos a control de precios.

Así es que el gobierno, habiendo comenzado con unos pocos controles de precios, va más y más atrás en el proceso de producción, fijando precios máximos para todo tipo de bienes de producción incluyendo, desde luego, el precio del trabajo, porque sin control de salarios, el ‘control de costos’ del gobierno carecería de sentido.

Más aún, el gobierno no puede limitar su interferencia en el mercado, solamente en los bienes que considere de primera necesidad, como leche, manteca, huevos y carne.

Necesariamente debe incluir los artículos de lujo, porque si no limita estos precios, el capital y el trabajo abandonarían la producción de artículos de vital necesidad y se volcarían a producir esos bienes que el gobierno considera artículos lujosos innecesarios.

Y así, la aislada interferencia con uno o unos pocos precios de bienes de consumo, siempre provoca efectos – y es importante comprender esto – que son aún menos satisfactorios que las condiciones que predominaban antes. Antes que el gobierno interfiriera la leche y los huevos eran caros; después de la interferencia del gobierno, comenzaron a desaparecer del mercado. El gobierno consideraba estos bienes tan importantes que se decidió a intervenir; deseaba incrementar la cantidad y mejorar la provisión. El resultado fue totalmente opuesto: la aislada intervención provocó una situación que – desde el punto de vista del gobierno – es aún más indeseable que la situación previa que el gobierno deseaba modificar. Así que el gobierno vaya más y más allá, finalmente llegará a un punto en el cual todos los precios, todos los salarios, todas las tasas de interés, en pocas palabras todas las cosas en el sistema económico total, son fijadas por el gobierno. Y esto, claramente, es socialismo.

Lo que he dicho aquí, esta esquemática y teórica explicación, es precisamente lo que ocurrió en aquellos países que trataron de hacer respetar un control de precios máximos, donde los gobiernos fueron tan testarudos como para ir paso a paso hasta llegar al final.

Esto sucedió durante la Primera Guerra Mundial en Alemania e Inglaterra.

Analicemos la situación en ambos países. Ambos países experimentaron inflación. Los precios subieron, t los dos gobiernos impusieron controles de precios. Empezando con unos pocos precios, comenzando solamente con leche y huevos, tuvieron que seguir más y más allá. Cuanto más se alargaba la guerra, más inflación se generaba. Y después de tres años de guerra, los alemanes – en forma sistemática, como siempre – elaboraron un gran plan. Lo denominaron el Plan Hindenburg: a cualquier cosa en Alemania, considerada buena por el gobierno de ese momento, se le daba el nombre de Hindenburg.

El Plan Hindenburg significaba que todo el sistema económico alemán sería controlado por el gobierno: precios, salarios, utilidades..... todo. Y la burocracia inmediatamente comenzó a poner esto en funcionamiento. Pero antes que hubieran terminado, vino el descalabro: El Imperio Alemán se vino abajo, el aparato burocrático completo desapareció, la revolución trajo consecuencias sangrientas – todo se terminó.

En Inglaterra comenzaron de igual manera, pero después de un tiempo, en la primavera de 1917, los EEUU entraron en la guerra y suministraron a los Británicos suficientes cantidades de todo. Y por lo tanto el camino al socialismo, el camino de servidumbre, fue interrumpido.

Antes que Hitler llegara al poder, el Canciller Brüning nuevamente introdujo los controles de precios en Alemania por las razones habituales. Hitler los impuso, aún antes que la guerra comenzara. Por que en la Alemania de Hitler no había ninguna empresa privada o iniciativa privada. En la Alemania de Hitler existía un sistema de socialismo que difería del sistema de Rusia solamente en que todavía se mantenían la terminología y las etiquetas de un sistema de libertad económica. Existían todavía ‘empresas privadas’, tal como se las denominaba. Pero el propietario no era más un empresario, al propietario se le denominaba ‘gerente de negocio’ (Betriebsführer) Toda Alemania estaba organizada como una jerarquía de führers; estaba el Supremo Führer, Hitler desde ya, y había führers hacia abajo hasta las muchas jerarquías de pequeños führers. Y la cabeza de una empresa era el Betriebsführer. Y los trabajadores de una empresa eran designados por una palabra que, en la Edad Media, se usaba para designar la comitiva de un señor feudal: Gefolgschaft. Y toda esta gente debía obedecer las órdenes emitidas por una entidad que tenía un nombre terriblemente largo: Reichsführerwirtschaftsministerium 6 a cuya cabeza estaba el bien conocido gordo, llamado Goering, adornado con joyas y medallas.

Y de este cuerpo de ministros con el largo nombre venían todas las órdenes para cada empresa: qué producir, en qué cantidad, dónde obtener las materias primas, cuánto pagar por ellas, a quién vender los productos y a qué precios debían ser vendidos. Los trabajadores recibían órdenes de trabajar en una determinada fábrica y recibían los sueldos que el gobierno decretaba. Todo el sistema económico era ahora regulado en cada detalle por el gobierno.

El Betriebsführer no tenía derecho a quedarse con las ganancias; recibía lo que ascendía a un salario, y si deseaba obtener más debía, por ejemplo, decir: ‘Estoy muy enfermo, necesito una operación inmediatamente, y la operación costará 500 Marcos’ Entonces debía pedir al Führer del distrito (el Gauführer o Gauleiter) si tenía derecho a retirar más que el salario que se le daba. Los precios no eran más precios, los salarios no eran más salarios, todos eran términos cuantitativos en un sistema de socialismo.

Permítanme ahora decirles cómo este sistema se destrozó. Un día, después de años de guerrear, los ejércitos extranjeros llegaron a Alemania. Trataron de preservar este sistema económico dirigido por el gobierno, pero habría sido necesaria la brutalidad de Hitler para preservarlo, y sin ella no funcionaba.

Y mientras esto ocurría en Alemania, Gran Bretaña – durante la Segunda Guerra Mundial – hizo precisamente lo mismo que había hecho Alemania. Comenzando con el control de precios de solamente algunos productos, el gobierno Británico empezó paso a paso (de la misma manera en que Hitler lo había hecho durante el tiempo de paz, aún antes del comienzo de la guerra) a controlar más y más de la economía hasta que, en el momento en que la guerra terminó, habían llegado a algo que era casi puro socialismo.

Gran Bretaña no fue llevada al socialismo por el gobierno Laborista establecido en 1945.

Gran Bretaña se convirtió en socialista durante la guerra, por medio del gobierno del cual Sir Winston Churchill era el primer ministro. El gobierno Laborista solamente retuvo el sistema de socialismo que el gobierno de Sir Winston Churchill ya había introducido. Y esto, a pesar de la gran resistencia de la gente.

Las nacionalizaciones en Gran Bretaña no significaron mucho; la nacionalización del Banco de Inglaterra fue meramente nominal ya que el Banco se encontraba ya bajo el total control del gobierno. Y fue lo mismo con la nacionalización de los ferrocarriles de la industria del acero. El ‘socialismo de guerra’, como fue llamado – significando el sistema de intervencionismo que procedía paso a paso – ya había virtualmente nacionalizado el sistema.

La diferencia entre los sistemas de Alemania y de Gran Bretaña no era importante ya que la gente que los operaba había sido designada por el gobierno y en ambos casos debían obedecer las órdenes del gobierno en todos los aspectos. Como he dicho antes, el sistema de los nazis alemanes retuvieron las etiquetas y la terminología de una economía capitalista de libre mercado. Pero significaban algo bastante diferente: ahora eran solamente decretos del gobierno.

Esto era también cierto para el sistema Británico. Cuando el Partido Conservador retornó al poder en Gran Bretaña, algunos de dichos controles fueron eliminados. Tenemos ahora en Gran Bretaña intentos de un lado para retener esos controles, y del otro lado para abolirlos (No debe olvidarse que, en Inglaterra, las condiciones eran muy diferentes de las condiciones en Rusia) Lo mismo es cierto para otros países que dependen de la importación de alimentos y materias primas y por lo tanto deben exportar productos manufacturados. Para países que dependen marcadamente del comercio de exportación, un sistema de control gubernamental simplemente no funciona.

Así, en tanto exista un resto de libertad económica (y hay todavía una substancial libertad económica en algunos países, tal como Noruega, Inglaterra, Suecia), existe por la necesidad de mantener el comercio de exportación. Antes, elegí el ejemplo de la leche, no porque tenga una especial preferencia por ese alimento sino porque prácticamente todos los gobiernos – o un buen número de ellos – en las décadas recientes han regulado el precio de la leche, de los huevos o de la manteca.

Deseo referirme, en pocas palabras, a otro ejemplo que es el control de los alquileres. Si el gobierno controla los alquileres, una de las consecuencias es que la gente que, de otra forma, se hubiera mudado de departamentos más grandes a departamentos más pequeños cuando hubieran cambiado las condiciones familiares, ahora no lo hará. Por ejemplo, padres cuyos hijos dejaron el hogar cuando llegaron a los veinte y tantos años, porque se casaron o fueron a vivir a otra ciudad por trabajo. Dichos padres solían cambiar su departamento y tomar otra más pequeño o más barato. Esta necesidad desapareció cuando se impusieron controles a los alquileres.

En Viena, Austria, a principios de los años veinte, cuando el control de alquileres era muy firme, el monto de dinero que un propietario recibía como renta por un departamento promedio, equivalía a dos boletos de tranvía. Pueden imaginar que la gente no tenía incentivo alguno en cambiar sus departamentos. Y, por otra parte, no había construcción de casas nuevas. Condiciones similares prevalecían en los EEUU después de la Segunda Guerra Mundial y continúan en muchas ciudades aún hoy en día.

Una de las razones por la cual muchas ciudades en los EEUU están en tan graves dificultades financieras es que tienen control de alquileres y, como consecuencia, una escasez de viviendas. Así que el gobierno ha gastado billones en la construcción de nuevas casas. Pero, ¿por qué hay tal escasez de viviendas? La escasez de viviendas se desarrolló por las mismas razones que produjeron la escasez de leche cuando la misma tuvo controles de precio. Esto significa: cuando el gobierno interfiere en el mercado es más y más llevado hacia el socialismo.

Y esta es la respuesta a aquella gente que dice: ‘No somos socialistas, no queremos que el gobierno controle todo. Pero ¿por qué no debería el gobierno interferir un poquito en el mercado? ¿Por qué no debería el gobierno eliminar algunas cosas que nos gustan? Esta gente habla de la política de ‘mitad del camino’ Lo que no ven es que una interferencia aislada, que significa la interferencia con solamente una pequeña parte del sistema económico, provoca una situación que el propio gobierno – y la gente que pide una intervención gubernamental – se dan cuenta que es peor que las condiciones que deseaban abolir. La gente que pide por un control de los alquileres se enfurecen cuando se dan cuenta que hay escasez de departamentos, escasez de viviendas. Pero esta escasez de viviendas fue creada precisamente por la interferencia del gobierno, por la imposición de alquileres debajo del nivel que la gente debería haber pagado en un mercado libre.

La idea que existe un tercer sistema – entre el socialismo y el capitalismo – como sus sostenedores dicen, un sistema tan alejado del socialismo como lo está del capitalismo pero que retiene las ventajas y evita las desventajas de cada uno, es puro disparate. La gente que cree en tan mítico sistema puede convertirse en realmente poética cuando elogian la gloria del intervencionismo. Se puede decir, solamente, que están equivocados.

La interferencia del gobierno, que ellos elogian, provoca condiciones que a ellos mismos les disgustan. Uno de los problemas que trataré más adelante es el proteccionismo. El gobierno trata de aislar el mercado doméstico respecto al mercado mundial. Impone tarifas que elevan el precio doméstico de un producto por sobre el precio en el mercado mundial, haciendo posible a los productores domésticos formar cárteles. Los cárteles entonces son atacados por el gobierno declarando: ‘Bajo estas condiciones, es necesaria una legislación anti - cártel’ Esta es precisamente la situación con la mayoría de los gobiernos europeos. En los EEUU, hay además otras razones para la legislación anti – trust y la campaña del gobierno contra el fantasma del monopolio Es absurdo ver al gobierno – que crea por su propia intervención las condiciones que hacen posible la emergencia de cárteles domésticos – señalar con el dedo a las empresas, diciendo: ‘Hay cárteles, por lo tanto la interferencia del gobierno en los negocios es necesaria’. Sería mucho más simple evitar los cárteles terminando la interferencia del gobierno en el mercado – una interferencia que hace posibles estos cárteles.

La idea de la interferencia del gobierno como una ‘solución’ a los problemas económicos lleva, en cada país, a condiciones que, por lo menos, son bastante insatisfactorias y, a menudo, caóticas. Si el gobierno no se detiene a tiempo, fomentará el socialismo.

Sin embargo, la interferencia del gobierno en los negocios es todavía muy popular. Tan pronto como a alguien no le gusta algo que sucede en el mundo, dice: ‘El gobierno debería hacer algo al respecto. ¿Para qué tenemos un gobierno? El gobierno debería hacerlo.’ Y este es un resabio de pensamiento característico de épocas pasadas, de épocas que precedían a la libertad moderna, al moderno gobierno constitucional, antes del gobierno representativo o del republicanismo moderno.

Por siglos existió la doctrina – sostenida y aceptada por todos – que un rey, un rey ungido – era el mensajero de Dios; tenía más sabiduría que sus súbditos; y tenía poderes sobrenaturales. Tan recientemente como a principios del Siglo XIX, la gente que sufría de ciertas enfermedades esperaba ser curada por el toque real, por la mano del rey. Los doctores eran generalmente mejores; sin embargo, hacían que sus pacientes se trataran con el rey.

Esta doctrina de la superioridad del gobierno paternal, de los poderes sobrenaturales y sobrehumanos de los reyes hereditarios, ha desaparecido gradualmente – o por lo menos eso creíamos. Pero apareció nuevamente. Hubo un profesor alemán llamado Werner Sombart (lo conocí muy bien), que era conocido en todo el mundo; era doctor honorario de muchas universidades y miembro honorario de la American Economic Association. Ese profesor escribió un libro que se encuentra disponible en una traducción al inglés, publicada por la Princeton University Press; también existe una traducción al francés, y probablemente exista una versión en español. Y espero que exista porque deseo que verifiquen lo que estoy diciendo. En este libro – publicado en nuestro siglo y no en la Edad Media – Werner Sombart, profesor de Economía, simplemente dice: ‘ El Führer, nuestro Führer,’ - desde ya se refiere a Hitler – ‘recibe sus órdenes directamente de Dios, el Führer del Universo’ Antes ya mencioné esta jerarquía de Führers, y en esta jerarquía mencioné a Hitler como el ‘Supremo Führer’... Pero existe, de acuerdo con Werner Sombart, un más alto Führer: Dios, el Führer del Universo. Y Dios, escribió, le da Sus órdenes directamente a Hitler.

Desde ya, el Profesor Sombart dijo, bastante modestamente; ‘No sabemos cómo Dios se comunica con el Führer. Pero el hecho no puede negarse’ Ahora, si oyen que dicho libro puede ser publicado en idioma alemán, el idioma de una nación que una vez fue aclamada como ‘la nación de los filósofos y de los poetas’, y ven que puede ser traducido al inglés y al francés, no podrán asombrarse del hecho que un pequeño burócrata se considere a sí mismo mejor y más inteligente que los ciudadanos y desee interferir en todo, aunque sea solamente un pobre minúsculo burócrata, y no el famoso Profesor Werner Sombart, miembro honorario de lo que sea.

¿Existe un remedio contra estas cosas? Yo diría que sí, que hay un remedio. Y este remedio es el poder los ciudadanos; tienen que impedir que se establezca un régimen tan autocrático que se arroga una mayor sabiduría que la del ciudadano común. Esta es la diferencia fundamental entre la libertad y la servidumbre.

Las naciones socialistas han usurpado para sí mismas el término democracia. Los rusos llaman a su sistema Democracia Popular, probablemente sostienen que la gente está representada en la persona del dictador. Creo que a un dictador, Juan Perón aquí en la Argentina, se le dio una buena respuesta cuando se lo forzó al exilio en 1955. Esperemos que otros dictadores, en otras naciones, se les dé una respuesta similar.

6 Führer del Ministerio de Economía del Reich, esto es del Imperio

El Derecho a No Obedecer - XVII - Previas estas explicaciones, se entenderá fácilmente el sentido en que soy partidario de la Escuela Liberal

Rodrigo Diaz — Thu, 09 Jul 2009 21:18:00 GMT

Presentamos este documento, escrito en el año 1919, por el Maestro Fernando González, conocido como el Filósofo de Otraparte, o también como el Filósofo de Envigado (Colombia). Veremos la coincidencia de sus ideas con las de la Escuela Austríaca de Economía. El Maestro dividió su escrito en 18 capítulos. Hoy presentamos el capítulo décimo séptimo:

XVII. Previas estas explicaciones, se entenderá fácilmente el sentido en que soy partidario de la Escuela Liberal

La necesidad de gobierno es proporcional al grado de civilización. El pueblo en donde menos necesidad haya de gobernar será el más civilizado. La máxima, dejad hacer, dejad pasar los acontecimientos, dejad obrar las leyes de la naturaleza, es el ideal al cual tienden las sociedades. El anarquismo, que es la supresión de todo gobierno, es un ideal hermoso, pero muy lejano aun de nuestra época. El anarquismo tiene una base científica, y no es otra cosa que los principios de la escuela liberal llevados a la exageración. Podemos afirmar que la intervención del gobierno en el movimiento de la vid social de hoy, debe ser lo más débil posible. Y el representante del pueblo no es el privilegiado que conversa con los dioses, y que tiene secretos poderosísimos para hacer venir la desgracia o la felicidad a los hombres; hoy los gobernantes son hombres como todos, sujetos a engaños y generalmente representantes de las pasiones más exageradas. Las sociedades han salido ya de la menor edad; son capaces de ejercer muchas de las funciones que antes tenía el representante divino. Eso de querer intervenir los representantes en todos los fenómenos sociales es una pretensión descaminada. Las leyes naturales rigen la vida actual y las leyes humanas no son otra cosa que obstáculos, cuando van en oposición con aquéllas, como sucede generalmente. El papel del Estado debe reducirse a la administración de justicia y a la conservación del orden interior y exterior; y puede afirmarse que vendrá un tiempo en que esto no sea necesario, en que sea una realidad la anarquía. Para proteger estas afirmaciones cito algunas frases de Herbert Spencer, una de las mentalidades más altas de los tiempos modernos:

“Aunque las transformaciones del suelo en superficie productiva de alimentos, provista de cercados, y cubierta de viviendas, se ha realizado por hombres que trabajan para su provecho personal, el Estado cree ser el autor de todo”.

Y más adelante agrega:

“Muchos ignoran las leyes del desenvolvimiento, y no reconocen un orden natural en los cambios por los que pasa la sociedad”.

El Derecho a No Obedecer - XVI - De cómo el Estado está sometido a la misma ley de la evolución

Rodrigo Diaz — Thu, 09 Jul 2009 21:12:00 GMT

XVI. De cómo el Estado está sometido a la misma ley de la evolución

Pues bien, la ley del paso de lo homogéneo a lo heterogéneo es también el proceso de las sociedades. Los pueblos parten de lo simple a lo múltiple, y su actividad, antes acumulada en uno o varios individuos, (reyes o sacerdotes), la van recobrando poco a poco para ejercerla los individuos que componen la sociedad. En las sociedades primitivas el Estado absorbía todas las funciones de la vida social. El Estado en esas sociedades corresponde en la escala evolutiva al hematococus polar. Remontándonos a las épocas más antiguas de la historia vemos que en esos tiempos, ya muy adelantados, el rey era sacerdote, médico, profeta, juez etc. etc. Lo mismo sucede en las tribus salvajes. El poder absoluto era necesario para defender la sociedad de las fuerzas centrípetas que tendían a disolverla. Las sociedades de hoy presentan un grado de especialización muy grande: las funciones están bastante divididas, pero el Estado aún conserva un poderío inmenso. Con este principio de la especialización de las actividades directivas de la sociedad, se hace luminoso el aforismo ya tan viejo, en fuerza de repetirse, de que todas las formas de gobierno son buenas para su época.

Una Declaración de Independencia del Gran Gobierno

Rodrigo Diaz — Wed, 08 Jul 2009 13:05:00 GMT

por Richard Ebeling en Libertad Digital

"Cada 4 de julio EEUU celebra que cada ser humano tiene derecho a su vida y libertad, y a su libre capacidad para perseguir la felicidad como considere oportuno sin que el gobierno paternalista y confiscatorio se entrometa en su camino". Richard Ebeling.

La Declaración de Independencia, firmada por los miembros del Congreso Continental el 4 de Julio de 1776, es el documento fundacional del experimento Americano de un gobierno libre. Lo que se olvida con demasiada frecuencia es que los Padres Fundadores a lo que se opusieron fue a la pesada e intrusiva mano del gran gobierno.

La mayoría de los Americanos recuerdan con facilidad esas elocuentes palabras con las que los Padres Fundadores expresaron los fundamentos de su reclamación para la independencia de Gran Bretaña en 1776:

“Sostenemos como evidentes por sí mismas dichas verdades: que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre éstos están la Vida, la Libertad y la búsqueda de la Felicidad. Que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla, o abolirla, e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrezca las mayores probabilidades de alcanzar su Seguridad y Felicidad.”

Pero lo que no se recuerda normalmente es la larga lista de motivos de queja que conforma la mayoría del texto de la Declaración de Independencia. Los Padres Fundadores explicaron cuán intolerable se había convertido el gobierno absolutista y altamente centralizado de la lejana Londres. Este gobierno distante violaba las libertades personales y civiles de la gente que vivía en las 13 colonias de la costa este de Norteamérica.

Además, los ministros del rey imponían rígidas y opresivas regulaciones económicas y controles sobre los colonos, que fueron parte del sistema de gobierno de planificación central del siglo XVIII conocido como mercantilismo.

“La historia del presente Rey de Gran Bretaña es una historia de repetidas injurias y usurpaciones, todas ellas con el objetivo directo de establecer una Tiranía absoluta sobre estos Estados”, declararon los firmantes.

Con cada paso, la Corona Británica había concentrado el poder político y la toma de decisiones en sus propias manos, dejando a los colonos Americanos con poca capacidad para gestionar sus propios asuntos mediante los gobiernos locales y estatales. Las leyes y reglas eran impuestas sin el consentimiento de los gobernados; las leyes y procedimientos locales que pretendían limitar la arbitrariedad y abusos del gobierno fueron ignoradas o anuladas.

El rey también había intentado manipular el sistema legal mediante el nombramiento arbitrario de jueces que compartieran sus deseos de poder o estuvieran abiertos a ser influenciados para servir los objetivos políticos del monarca. Los oficiales del rey injustamente ponían a colonos bajo arresto en violación de la orden de habeas corpus, y les sentenciaban a prisión sin juicio mediante un jurado. Con frecuencia, los colonos eran violentamente reclutados para servir en las fuerzas armadas del rey y obligados a luchar en guerras extranjeras.

A los colonos se les impuso, sin el consentimiento de los legisladores locales, importantes cargas financieras derivadas de un ejército regular. Los soldados eran a menudo alojados entre las casas de los colonos sin su aprobación o permiso. Asimismo, los autores de la Declaración afirmaron que el rey promovía disturbios civiles al crear tensiones y conflictos entre los diferentes grupos étnicos en su dominio colonial (los colonos ingleses y las tribus nativas indio-americanas).

Pero lo que estuvo en el centro de muchas de sus quejas y reclamaciones en contra del Rey George III fueron los controles económicos que limitaban su libertad y los impuestos que confiscaban su riqueza y su renta honestamente ganada.

La premisa fundamental detrás del sistema de planificación mercantilista era la idea de que era el deber y la responsabilidad del gobierno gestionar y dirigir los asuntos económicos de la sociedad. La Corona Británica constreñía las actividades comerciales de los colonias con una maraña de regulaciones y restricciones. El gobierno Británico dictaba lo que podían producir, los recursos y las tecnologías que podían ser empleadas.

El gobierno evitaba que el mercado libre fuera el que fijara precios y salarios, y manipulaba qué bienes estarían disponibles para los consumidores de las colonias. Dictaba qué bienes podían ser importados o exportados entre las 13 colonias y el resto del mundo, evitando así que los colonos se beneficiaran de las ganancias que podrían haber obtenido bajo el libre comercio.

Por todas partes, el rey nombraba distintos “zares” para controlar y dirigir buena parte de las cuestiones cotidianas con las que la gente se ganaba la vida. Se imponían multitud de nuevas burocracias sobre cada faceta de la vida. “Él ha erigido una multitud de Nuevas Oficinas, y enviado aquí a un enjambre de Oficiales para oprimir a nuestro pueblo, y empobrecerlo con sus estafas y rapiñas”, explicaron los Padres Fundadores.

Además, el rey y su gobierno imponían tributos sobre los colonos sin su consentimiento. Sus rentas eran sujetas a impuestos para financiar los costosos y crecientes proyectos que el rey quería y que había considerado que eran buenos para el pueblo, independientemente de que el pueblo mismo los quisiera o no.

En las décadas de 1760 y 1770 aparecieron una serie de impuestos reales que sobrecargaron a los colonos Americanos y despertaron su ira: la Ley del Azúcar de 1764, la Ley del Sello de 1765, las Leyes Townsend de 1767, la Ley del Té de 1773 (que resultó en la Boston Tea Party), y una gran variedad de otras imposiciones fiscales.

Los colonos Americanos eran a menudo extremadamente creativos a la hora de evitar y evadir las regulaciones e impuestos de la Corona, a través del contrabando y los sobornos.

La respuesta del gobierno Británico a esta “desobediencia civil” de los colonos americanos en contra de sus regulaciones e impuestos era severa y violenta. El ejército y la marina del rey asesinaron a civiles y arruinaron gratuitamente la propiedad privada de la gente. “Él ha saqueado nuestros mares, asolado nuestras costas, quemado nuestras ciudades, y destruido las vidas de nuestros conciudadanos”, lamenta la Declaración.

Después de enumerar éstas y otras quejas, los Padres Fundadores dijeron en la Declaración:

“A cada grado de estas opresiones hemos suplicado por la reforma en los términos más humildes; nuestras súplicas han sido contestadas con repetidas injurias. Un príncipe cuyo carácter está marcado por todos los actos que definen a un tirano no es apto para ser el gobernador de un pueblo libre”.

Así, se tomó el trascendental paso en el que las colonias declararon su independencia de la Corona Británica. Los firmantes de la Declaración escribieron así que “nosotros empeñamos mutuamente nuestras vidas, nuestras fortunas y nuestro sagrado honor” en su causa común de establecer un gobierno libre y la libertad individual de los, por entonces, tres millones de habitantes de las 13 colonias originales.

Nunca antes en la historia un pueblo había declarado y luego establecido un gobierno basado en los principios de los derechos individuales a la vida, la libertad, y la propiedad. Nunca antes una sociedad fue fundada en el ideal de la libertad económica, bajo la cual hombres libres pueden producir e intercambiar pacíficamente con el prójimo en los términos que ellos encuentren mutuamente beneficiosos, sin la influencia de un gobierno regulador y planificador.

Nunca antes un pueblo había dejado claro que el auto-gobierno no sólo significaba el derecho a elegir a aquellos que ocuparían los cargos políticos y aprobarían las leyes del territorio, sino que también significaba que cada ser humano tenía el derecho a la autonomía y auto-gobierno sobre su propia vida. En efecto, en esas palabras inspiradoras en la Declaración, los Padres Fundadores estaban insistiendo en que cada hombre debería ser considerado como propietario de sí mismo, y no ser visto como la propiedad del Estado para ser manipulado por el rey o por el Parlamento.

Vale la pena recordar, por tanto, que lo que estamos celebrando cada 4 de Julio es la idea de que cada ser humano tiene derecho a su vida y libertad, y a su libre capacidad para perseguir la felicidad como considere oportuno sin que el gobierno paternalista y confiscatorio se entrometa en su camino.

Artículo elaborado por Richard Ebeling, y publicado originalmente en el American Institute for Economic Research (AIER).

El Derecho a No Obedecer - III - De cómo no tienen razón algunos críticos

Rodrigo Diaz — Sun, 28 Jun 2009 03:18:00 GMT

Presentaremos este documento, escrito en el año 1919, por el Maestro Fernando González, conocido como el Filósofo de Otraparte, o también como el Filósofo de Envigado (Colombia). Veremos la coincidencia de sus ideas con las de la Escuela Austríaca de Economía. El Maestro dividió su escrito en 18 capítulos. Hoy presentamos el capítulo tercero:

III. De cómo no tienen razón algunos críticos

He dicho que mi propósito no era inculpar sino exponer; he dicho que el hombre estaba encerrado en la irremediabilidad del desenvolvimiento universal. Este concepto es importantísimo y de vastas consecuencias prácticas; por eso quiero desarrollarlo en este capítulo.

En los expositores de la política y de asuntos económicos se observa que parten del principio del hombre-causa; en las disertaciones sobre lo que se debe hacer en Colombia, por ejemplo, se ve que tienen por base el concepto fundamental de que en los pueblos se puede hacer lo que se quiera. Eso es muy cierto, si por ello se entiende que los deseos de los pueblos son realizables porque una necesidad los hace nacer, pero es falso si se entiende que un gobernante puede modificar a su amaño una nación, aunque ésta no esté necesitada a ello por las leyes de la naturaleza.

Los pueblos pueden hacer lo que quieren, pero no pueden querer libremente.

Constantemente leemos que en Colombia son necesarios gobernantes prácticos; que urgen ferrocarriles; que precisa alejar la metafísica, que los pueblos deben ser gobernados aún contra su voluntad, según frase de Bonaparte. Estos escritos y prédicas deben alegrarnos grandemente porque de ellos se induce que en Colombia las necesidades han hecho nacer deseos de mejoramiento material, deseos que se cumplirán ya irremediablemente, no porque lo quiera un individuo, sino porque son una necesidad, porque la conciencia pública está necesitada. Desde que en un pueblo se diga: debe gobernarse a las naciones aun contra su voluntad, es señal de que la voluntad del pueblo ya está modificándose. Se dice en esa frase un absurdo, pero un absurdo consolador. Por eso dije yo al principio de este ensayo que era para alegrarse mucho el ver que para las últimas tesis han servido asuntos prácticos y de interés cercano.

De ese principio que puede llamarse de la negación del hombre-causa, se deducen consecuencias importantísimas cuya amplia disquisición no es de este lugar, pero de las cuales enumeraré algunas: la causa del fermentar de las democracias americanas, está en la adopción inconsulta de principios europeos; cuando la ley no es expresión de la necesidad, es absurda y entraba el progreso. Por último seré algo extenso en el capítulo siguiente, en el cual trato de un asunto bien importante.

El papel de la Sociedad "Propiedad y Libertad" en un Mundo Loco

Rodrigo Diaz — Fri, 05 Jun 2009 03:35:00 GMT

por Hans-Hermann Hoppe*

Vivimos en la era del Imperio Americano. Este Imperio se puede estar desmoronando, pero va a mantenerse en el futuro próximo, no sólo por su poderío militar, sino, y es más importante aún, a causa de su poder ideológico. Porque el Imperio Americano ha logrado algo realmente notable: que sus creencias fundamentales han sido internalizadas en la mente de la mayoría de las personas como tabúes intelectuales. Para estar seguros, todos los gobiernos se basan en la violencia y la agresión y el gobierno de los EE.UU. no es una excepción. Ciertamente no duda en aplastar cualquier resistencia a sus caprichos legislativos. Sin embargo, sorprendentemente, el gobierno de los EE.UU. necesita en realidad poca violencia para lograr obediencia a sus órdenes, porque la inmensa mayoría de la población y en particular la de los intelectuales, quienes moldean la opinión, han adoptado un sistema de valores - y creencias - subyacente al imperio, como suyo propio.

Según el sistema de creencias, aprobado por los EE.UU., todos somos personas inteligentes y razonables frente a la misma dura realidad y comprometidos con los hechos y la verdad. Es bastante cierto que, incluso en el centro del imperio americano, en los EE.UU., las personas no vivimos en el mejor de los mundos posibles. Todavía hay muchos defectos que se deben arreglar. Sin embargo, con el sistema americano de gobierno democrático, la humanidad ha encontrado definitivamente el lugar perfecto para el marco institucional que permita el progreso continuo en el camino hacia un mundo cada vez más perfecto, y si sólo el sistema democrático americano fuese adoptado a escala mundial, el camino a la perfección sería claro y abierto en todas partes.

La única forma verdadera de gobierno legítimo es la democracia. Cualquier otra forma de gobierno es inferior. Existen monarquías, dictaduras y teocracias, y existen los señores feudales de tierras y los señores de la guerra, y puesto que cualquier gobierno es absolutamente preferible al no gobierno, los gobiernos democráticos deben a veces, por necesidad, cooperar con otros, gobiernos no democráticos. En última instancia, sin embargo, todos los gobiernos deben cambiarse de acuerdo al ideal americano, porque sólo la democracia permite el cambio pacífico y el progreso continuado.

Los gobiernos democráticos, como los de los EE.UU. y los de sus aliados europeos son inherentemente pacíficos y no van a la guerra unos contra otros. Si acaso deben ir a la guerra, sus guerras son guerras de defensa contra regímenes no democráticos agresivos, es decir, guerras con causa justa.

Por lo tanto, todos los países y territorios actualmente ocupados por las tropas americanas o las de sus aliados europeos han sido culpables de agresión, y su ocupación por tropas extranjeras es un acto de autodefensa y de liberación por parte del Occidente democrático.

La agresividad del mundo islámico, en particular, se demuestra por el hecho mismo de que gran parte del mencionado mundo islámico se encuentran bajo ocupación americana-occidental y todavía existen más zonas que provocan tal liberalizadora ocupación.

Los gobiernos democráticos son del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

En las democracias nadie gobierna sobre nadie, pero la gente se gobierna a sí misma y, por tanto, son libres. Los impuestos son contribuciones y pagos por servicios prestados por el gobierno, y evasores de impuestos son, por tanto, ladrones, que reciben los servicios sin pagar.

Albergar ladrones fugitivos es, pues, un acto de agresión contra el pueblo de quien ellos tratan de huir.

La propiedad privada, los mercados y el ánimo de lucro son instituciones buenas y útiles, pero un gobierno democrático debe procurar, a través de una legislación adecuada, que la propiedad privada y los beneficios adquiridos sean utilizados de manera socialmente responsable y que los mercados funcionen de forma eficiente. Además, los mercados y los negocios con ánimo de lucro no pueden producir bienes públicos y, por tanto, satisfacer las necesidades sociales, y no pueden cuidar de aquellos verdaderamente necesitados. Las necesidades sociales y los necesitados sólo pueden ser atendidos por el gobierno.

El gobierno por sí solo, a través de la financiación de bienes públicos y el apoyo dado a los necesitados, puede mejorar el bienestar de la población y reducir, si no eliminar la necesidad y el número de necesitados.

En particular, la política social del gobierno debe controlar el vicio privado de la especulación y la codicia. La codicia y la especulación también fueron la causa fundamental de la actual crisis económica. Financistas imprudentes crearon una exuberancia irracional en la opinión pública que ha naufragado en la realidad. Manifiestamente el mercado ha fallado, y sólo el gobierno estuvo dispuesto a salvar la situación, y sólo el gobierno, a través de una adecuada regulación y supervisión del sector bancario y los mercados financieros, puede evitar que jamás vuelva a ocurrir algo así. Los bancos y las empresas se declararon en quiebra. Pero los gobiernos y los bancos centrales estuvieron a la altura y protegieron el dinero de los ahorradores y el empleo de los trabajadores.

Asesorados por los mejores y mejor pagados economistas del mundo, los gobiernos han descubierto la causa de la crisis y ha determinado que para salir de la actual situación económica la gente debe al mismo tiempo consumir más e invertir más. Cada centavo guardado bajo el colchón es un centavo perdido para el consumo y la inversión actuales y esta manera disminuye el consumo y la inversión futuros. En una recesión, en todas circunstancias y, sobre toda consideración, el gasto debe incrementarse, y si las personas no gastan lo suficiente de su dinero, entonces el gobierno debe hacerlo por ellos con su dinero. Sabiamente, los gobiernos están preparados para hacerlo, porque sus bancos centrales pueden producir todo la liquidez necesaria. Si miles de millones de dólares o euros no lo hacen, los billones si lo harán y si los billones todavía no logran el truco entonces los trillones lo harán con seguridad. Sólo el gasto público masivo puede evitar un colapso económico que de otra manera es inevitable.

El desempleo, en particular, es el resultado del bajo consumo: cuando la gente no tiene suficiente dinero para comprar bienes de consumo ser curada, dándoles salarios más altos o más prestaciones por desempleo.

Una vez que la actual crisis económica se haya resuelto, los gobiernos pueden y deben a su vez retornar a los restantes problemas, a los verdaderamente acuciantes que enfrenta la humanidad: a la eliminación de toda injusta discriminación como último desiderátum de la igualdad democrática, y al control del medio ambiente global y, en particular, del clima mundial.

Esencialmente, todos los seres humanos somos iguales. Las diferencias son sólo aparentes, insignificantes y a flor de piel: algunos son de color blanco, otros color marrón, y negros son los de más allá, y algunos son altos y los otros cortos, algunos son hombres y las demás mujeres, algunos hablan Inglés o polaco o chino, algunos tienen cáncer o SIDA y los otros no. Estas son características humanas accidentales. A algunas personas les sucede y a otros no. Sin embargo, de esas diferencias accidentales sólo se derivan consecuencias triviales, tales como que los altos pueden alcanzar más que arriba, sólo las mujeres pueden tener hijos o que algunas personas se mueren antes que otras. Pero diferencias accidentales como éstas no tienen incidencia sistemática en los rasgos mentales, tales como la energía de motivación, la preferencia temporal o la destreza intelectual, y, como tales, carecen de poder explicativo en lo relacionado al éxito económico y social: en particular, ingresos, situación profesional y posición social. Los rasgos mentales no tienen una base física, biológica o étnica y son infinitamente maleables. Todos, a excepción de algunos casos patológicos, son como todo el mundo a este respecto, y todos los pueblos, a través de la historia, han hecho igual contribución a la civilización. Aparentemente las evidentes diferencias son únicamente el resultado de diferentes circunstancias externas y de oportunidades de entrenamiento. Si se está adecuadamente localizado y entrenado, todo el mundo es capaz de los mismos logros. Todas las diferencias en ingresos y logros entre blancos, asiáticos y negros, hombres y mujeres, latinos, anglos y tailandeses, e hindúes, protestantes y musulmanes se desvanecerían. Los blancos podrían ser llevados a competir a la par de los negros por los más altos premios en la NBA, en las competencias de 100 metros y en carreras de larga distancia, y los negros podían competir con los blancos y los asiáticos en matemáticas, ajedrez e ingeniería. Si en cambio se comprueba que la representación y distribución de los diversos grupos sociales accidentales en diversas posiciones de renta, patrimonio o status profesional es desigual entonces se demuestra una discriminación injustificada, y ese tipo de discriminación debe ser rectificado con programas de acción afirmativa, por medio de los cuales los discriminadores deben indemnizar a la injustamente discriminados.

Sólo hay una posible excepción a este principio general de la igualdad humana y el demonio de la discriminación. Porque, más allá de toda duda razonable, hubo un crimen en la historia, cometido por una gente en particular contra otra gente en particular, que no es comparable a ningún otro delito. No se puede excluir que esta especifica disposición criminal por parte de una gente tenga raíces genéticas, y en la medida en que esta posibilidad no puede descartarse, es justo que quienes son colectivamente culpables continúen compensando a las víctimas colectivas.

De la mano con los esfuerzos para erradicar el mal de la discriminación, los gobiernos democráticos deben hacer frente a la tarea fundamental de superar el particularismo excesivo humanos - el individualismo, localismo, provincialismo, regionalismo y nacionalismo - todavía arraigados en las mentes de la mayoría de las personas y promover en su lugar el ideal del universalismo, del hombre universal y de los intereses de la humanidad como tal. La necesidad de esta política se demuestra más dramática por los peligros del cambio climático global. Como resultado de innumerables actos egoístas: la producción y la utilización no reguladas de varias fuentes no renovables de energía, el globo está amenazado por catástrofes inimaginables: maremotos, el brusco y repentino aumento del nivel del mar y la aparición de trascendentales desequilibrios y desbalances ecológicos.

Sólo a través de una acción gubernamental concertada y, en última instancia la creación de un gobierno mundial supra-nacional, y a través de minuciosas regulaciones al comportamiento en la producción y el consumo, validadas científicamente, de cumplimiento forzoso y administradas por todo el orbe, podrían evitarse tan amenazantes y mortales peligros. Gemeinwohl (bienestar público) geht vor (viene antes) Eigenwohl (bienestar privado) - esto, sobre todo, es lo que el problema del cambio climático demuestra, y es el gobierno quien finalmente tendrá que poner este principio en acción.

La Sociedad Propiedad y Libertad - y sin duda yo, personalmente - consideramos todo esto no sólo una locura: sino un total absurdo y una peligrosa falta de sentido común. Sin embargo, esto es esencialmente lo que podemos escuchar y leer día tras día en los principales medios de comunicación y lo que es proclamado por cada experto y respetable eminencia. Sólo pocas personas pueden ver a través de toda la farsa y muchos menos tienen la valentía de hablar en contra de ella. Es el objetivo de la Sociedad Propiedad y Libertad y sus encuentros es reunir a estas personas, atacar frontalmente toda esta locura y a la clase dominante que la perpetra contra nosotros - y divertirnos haciéndolo, al menos mientras aún se nos permita la diversión.

* Hans-Hermann Hoppe (www.HansHoppe.com) es Presidente de la Sociedad Propiedad y Libertad. El presente ensayo fue entregado como discurso introductorio y pronunciado en la Sociedad Propiedad y Libertad en la reunión anual, en Bodrum, Turquía, el 21 de mayo de 2009.

TRADUCIDO POR RODRIGO DIAZ