Rodrigo Diaz : Seguridad

El papel de la Sociedad "Propiedad y Libertad" en un Mundo Loco

Rodrigo Diaz — Fri, 05 Jun 2009 03:35:00 GMT

por Hans-Hermann Hoppe*

Vivimos en la era del Imperio Americano. Este Imperio se puede estar desmoronando, pero va a mantenerse en el futuro próximo, no sólo por su poderío militar, sino, y es más importante aún, a causa de su poder ideológico. Porque el Imperio Americano ha logrado algo realmente notable: que sus creencias fundamentales han sido internalizadas en la mente de la mayoría de las personas como tabúes intelectuales. Para estar seguros, todos los gobiernos se basan en la violencia y la agresión y el gobierno de los EE.UU. no es una excepción. Ciertamente no duda en aplastar cualquier resistencia a sus caprichos legislativos. Sin embargo, sorprendentemente, el gobierno de los EE.UU. necesita en realidad poca violencia para lograr obediencia a sus órdenes, porque la inmensa mayoría de la población y en particular la de los intelectuales, quienes moldean la opinión, han adoptado un sistema de valores - y creencias - subyacente al imperio, como suyo propio.

Según el sistema de creencias, aprobado por los EE.UU., todos somos personas inteligentes y razonables frente a la misma dura realidad y comprometidos con los hechos y la verdad. Es bastante cierto que, incluso en el centro del imperio americano, en los EE.UU., las personas no vivimos en el mejor de los mundos posibles. Todavía hay muchos defectos que se deben arreglar. Sin embargo, con el sistema americano de gobierno democrático, la humanidad ha encontrado definitivamente el lugar perfecto para el marco institucional que permita el progreso continuo en el camino hacia un mundo cada vez más perfecto, y si sólo el sistema democrático americano fuese adoptado a escala mundial, el camino a la perfección sería claro y abierto en todas partes.

La única forma verdadera de gobierno legítimo es la democracia. Cualquier otra forma de gobierno es inferior. Existen monarquías, dictaduras y teocracias, y existen los señores feudales de tierras y los señores de la guerra, y puesto que cualquier gobierno es absolutamente preferible al no gobierno, los gobiernos democráticos deben a veces, por necesidad, cooperar con otros, gobiernos no democráticos. En última instancia, sin embargo, todos los gobiernos deben cambiarse de acuerdo al ideal americano, porque sólo la democracia permite el cambio pacífico y el progreso continuado.

Los gobiernos democráticos, como los de los EE.UU. y los de sus aliados europeos son inherentemente pacíficos y no van a la guerra unos contra otros. Si acaso deben ir a la guerra, sus guerras son guerras de defensa contra regímenes no democráticos agresivos, es decir, guerras con causa justa.

Por lo tanto, todos los países y territorios actualmente ocupados por las tropas americanas o las de sus aliados europeos han sido culpables de agresión, y su ocupación por tropas extranjeras es un acto de autodefensa y de liberación por parte del Occidente democrático.

La agresividad del mundo islámico, en particular, se demuestra por el hecho mismo de que gran parte del mencionado mundo islámico se encuentran bajo ocupación americana-occidental y todavía existen más zonas que provocan tal liberalizadora ocupación.

Los gobiernos democráticos son del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

En las democracias nadie gobierna sobre nadie, pero la gente se gobierna a sí misma y, por tanto, son libres. Los impuestos son contribuciones y pagos por servicios prestados por el gobierno, y evasores de impuestos son, por tanto, ladrones, que reciben los servicios sin pagar.

Albergar ladrones fugitivos es, pues, un acto de agresión contra el pueblo de quien ellos tratan de huir.

La propiedad privada, los mercados y el ánimo de lucro son instituciones buenas y útiles, pero un gobierno democrático debe procurar, a través de una legislación adecuada, que la propiedad privada y los beneficios adquiridos sean utilizados de manera socialmente responsable y que los mercados funcionen de forma eficiente. Además, los mercados y los negocios con ánimo de lucro no pueden producir bienes públicos y, por tanto, satisfacer las necesidades sociales, y no pueden cuidar de aquellos verdaderamente necesitados. Las necesidades sociales y los necesitados sólo pueden ser atendidos por el gobierno.

El gobierno por sí solo, a través de la financiación de bienes públicos y el apoyo dado a los necesitados, puede mejorar el bienestar de la población y reducir, si no eliminar la necesidad y el número de necesitados.

En particular, la política social del gobierno debe controlar el vicio privado de la especulación y la codicia. La codicia y la especulación también fueron la causa fundamental de la actual crisis económica. Financistas imprudentes crearon una exuberancia irracional en la opinión pública que ha naufragado en la realidad. Manifiestamente el mercado ha fallado, y sólo el gobierno estuvo dispuesto a salvar la situación, y sólo el gobierno, a través de una adecuada regulación y supervisión del sector bancario y los mercados financieros, puede evitar que jamás vuelva a ocurrir algo así. Los bancos y las empresas se declararon en quiebra. Pero los gobiernos y los bancos centrales estuvieron a la altura y protegieron el dinero de los ahorradores y el empleo de los trabajadores.

Asesorados por los mejores y mejor pagados economistas del mundo, los gobiernos han descubierto la causa de la crisis y ha determinado que para salir de la actual situación económica la gente debe al mismo tiempo consumir más e invertir más. Cada centavo guardado bajo el colchón es un centavo perdido para el consumo y la inversión actuales y esta manera disminuye el consumo y la inversión futuros. En una recesión, en todas circunstancias y, sobre toda consideración, el gasto debe incrementarse, y si las personas no gastan lo suficiente de su dinero, entonces el gobierno debe hacerlo por ellos con su dinero. Sabiamente, los gobiernos están preparados para hacerlo, porque sus bancos centrales pueden producir todo la liquidez necesaria. Si miles de millones de dólares o euros no lo hacen, los billones si lo harán y si los billones todavía no logran el truco entonces los trillones lo harán con seguridad. Sólo el gasto público masivo puede evitar un colapso económico que de otra manera es inevitable.

El desempleo, en particular, es el resultado del bajo consumo: cuando la gente no tiene suficiente dinero para comprar bienes de consumo ser curada, dándoles salarios más altos o más prestaciones por desempleo.

Una vez que la actual crisis económica se haya resuelto, los gobiernos pueden y deben a su vez retornar a los restantes problemas, a los verdaderamente acuciantes que enfrenta la humanidad: a la eliminación de toda injusta discriminación como último desiderátum de la igualdad democrática, y al control del medio ambiente global y, en particular, del clima mundial.

Esencialmente, todos los seres humanos somos iguales. Las diferencias son sólo aparentes, insignificantes y a flor de piel: algunos son de color blanco, otros color marrón, y negros son los de más allá, y algunos son altos y los otros cortos, algunos son hombres y las demás mujeres, algunos hablan Inglés o polaco o chino, algunos tienen cáncer o SIDA y los otros no. Estas son características humanas accidentales. A algunas personas les sucede y a otros no. Sin embargo, de esas diferencias accidentales sólo se derivan consecuencias triviales, tales como que los altos pueden alcanzar más que arriba, sólo las mujeres pueden tener hijos o que algunas personas se mueren antes que otras. Pero diferencias accidentales como éstas no tienen incidencia sistemática en los rasgos mentales, tales como la energía de motivación, la preferencia temporal o la destreza intelectual, y, como tales, carecen de poder explicativo en lo relacionado al éxito económico y social: en particular, ingresos, situación profesional y posición social. Los rasgos mentales no tienen una base física, biológica o étnica y son infinitamente maleables. Todos, a excepción de algunos casos patológicos, son como todo el mundo a este respecto, y todos los pueblos, a través de la historia, han hecho igual contribución a la civilización. Aparentemente las evidentes diferencias son únicamente el resultado de diferentes circunstancias externas y de oportunidades de entrenamiento. Si se está adecuadamente localizado y entrenado, todo el mundo es capaz de los mismos logros. Todas las diferencias en ingresos y logros entre blancos, asiáticos y negros, hombres y mujeres, latinos, anglos y tailandeses, e hindúes, protestantes y musulmanes se desvanecerían. Los blancos podrían ser llevados a competir a la par de los negros por los más altos premios en la NBA, en las competencias de 100 metros y en carreras de larga distancia, y los negros podían competir con los blancos y los asiáticos en matemáticas, ajedrez e ingeniería. Si en cambio se comprueba que la representación y distribución de los diversos grupos sociales accidentales en diversas posiciones de renta, patrimonio o status profesional es desigual entonces se demuestra una discriminación injustificada, y ese tipo de discriminación debe ser rectificado con programas de acción afirmativa, por medio de los cuales los discriminadores deben indemnizar a la injustamente discriminados.

Sólo hay una posible excepción a este principio general de la igualdad humana y el demonio de la discriminación. Porque, más allá de toda duda razonable, hubo un crimen en la historia, cometido por una gente en particular contra otra gente en particular, que no es comparable a ningún otro delito. No se puede excluir que esta especifica disposición criminal por parte de una gente tenga raíces genéticas, y en la medida en que esta posibilidad no puede descartarse, es justo que quienes son colectivamente culpables continúen compensando a las víctimas colectivas.

De la mano con los esfuerzos para erradicar el mal de la discriminación, los gobiernos democráticos deben hacer frente a la tarea fundamental de superar el particularismo excesivo humanos - el individualismo, localismo, provincialismo, regionalismo y nacionalismo - todavía arraigados en las mentes de la mayoría de las personas y promover en su lugar el ideal del universalismo, del hombre universal y de los intereses de la humanidad como tal. La necesidad de esta política se demuestra más dramática por los peligros del cambio climático global. Como resultado de innumerables actos egoístas: la producción y la utilización no reguladas de varias fuentes no renovables de energía, el globo está amenazado por catástrofes inimaginables: maremotos, el brusco y repentino aumento del nivel del mar y la aparición de trascendentales desequilibrios y desbalances ecológicos.

Sólo a través de una acción gubernamental concertada y, en última instancia la creación de un gobierno mundial supra-nacional, y a través de minuciosas regulaciones al comportamiento en la producción y el consumo, validadas científicamente, de cumplimiento forzoso y administradas por todo el orbe, podrían evitarse tan amenazantes y mortales peligros. Gemeinwohl (bienestar público) geht vor (viene antes) Eigenwohl (bienestar privado) - esto, sobre todo, es lo que el problema del cambio climático demuestra, y es el gobierno quien finalmente tendrá que poner este principio en acción.

La Sociedad Propiedad y Libertad - y sin duda yo, personalmente - consideramos todo esto no sólo una locura: sino un total absurdo y una peligrosa falta de sentido común. Sin embargo, esto es esencialmente lo que podemos escuchar y leer día tras día en los principales medios de comunicación y lo que es proclamado por cada experto y respetable eminencia. Sólo pocas personas pueden ver a través de toda la farsa y muchos menos tienen la valentía de hablar en contra de ella. Es el objetivo de la Sociedad Propiedad y Libertad y sus encuentros es reunir a estas personas, atacar frontalmente toda esta locura y a la clase dominante que la perpetra contra nosotros - y divertirnos haciéndolo, al menos mientras aún se nos permita la diversión.

* Hans-Hermann Hoppe (www.HansHoppe.com) es Presidente de la Sociedad Propiedad y Libertad. El presente ensayo fue entregado como discurso introductorio y pronunciado en la Sociedad Propiedad y Libertad en la reunión anual, en Bodrum, Turquía, el 21 de mayo de 2009.

TRADUCIDO POR RODRIGO DIAZ

Sobre la Imposibilidad de un Gobierno Limitado y Perspectivas de una Segunda Revolución en América

Rodrigo Diaz — Wed, 06 May 2009 03:44:00 GMT

Por Hans-Hermann Hoppe Artículo publicado en Inglés en el Blog del Instituto Mises - Articulo Diario – Junio 28 de 2008

· Introducción

I - Un País de Pioneros

II - La Revolución Americana

III - La Constitución Americana

IV - Doscientos Años Después…

V - Revolución por Medio de Secesión

· Notas

[Este ensayo fue publicado originalmente en Inglés en Reassessing the Presidency: The Rise of the Executive State and the Decline of Freedom (Reevaluando la Presidencia: El Avance del Estado Ejecutivo y el Ocaso de la Libertad). Editado por John V. Denson, pp. 667-696.]

En una encuesta reciente, se preguntó a personas de diferentes nacionalidades si sentían orgullo de ser americanos, alemanes, franceses, etc., y si creían o no que el mundo sería un lugar mejor si otros países fueran igual al suyo propio. Los países con más alto rango en términos de orgullo nacional fueron los Estados Unidos y Austria. Sería interesante considerar el caso de Austria, pero aquí vamos a concentrarnos en los Estados Unidos y la pregunta es si puede justificarse y hasta qué punto, la respuesta de los americanos.

En seguida, vamos a identificar las tres principales fuentes de orgullo nacional en América, de las cuales las dos primeras fuentes se justifican, mientras que la tercera realmente representa un fatídico error. Y por último, vamos a ver cómo se podría reparar este error.

I - Un país de Pioneros

La primera fuente de orgullo nacional es el recuerdo de un no muy lejano pasado colonial de América como país de pioneros.

De hecho, los colonos ingleses que llegaron a América del Norte fueron el último ejemplo del logro glorioso de lo que Adam Smith ha llamado como "un sistema de libertad natural": la capacidad del hombre para crear una comunidad libre y próspera a partir de cero. Contrariamente a la visión hobbesiana de la naturaleza humana - homo homini lupus est - los colonos Ingleses han demostrado no sólo la viabilidad sino también la vitalidad y el atractivo de una organización social anarco-capitalista y sin estado. Demostraron cómo, de acuerdo con las opiniones de John Locke, la propiedad privada, naturalmente, se originó a través de la apropiación original personal de terrenos baldíos (en estado salvaje) - su transformación y uso con un propósito firme - los cuales no habían sido utilizados previamente. Además, demostró que, sobre la base del reconocimiento de la propiedad privada, la división del trabajo, y el intercambio contractual, los hombres eran capaces de protegerse eficazmente contra los agresores antisociales - en primer lugar y muy importante, por medio de la auto-defensa (menos delincuencia existía entonces de la que existe ahora), a medida que la sociedad crecía cada vez más en prosperidad y complejidad, a través de la especialización, es decir, con instituciones y organismos tales como registros de propiedad, notarios, abogados, jueces, tribunales, jurados, sheriffs, asociaciones de defensa mutua, y milicias populares [1].

Por otra parte, los colonos manifestaron la fundamental importancia sociológica de la institución de alianzas: de asociaciones lingüísticas, étnicas, religiosas y culturalmente homogéneas encabezadas por los colonos y sujetos a la jurisdicción interna de un dirigente popular – líder fundador – que garantizaba la cooperación humana pacífica y mantenía la ley y el orden. [2]

II - La Revolución Americana

La segunda fuente de orgullo nacional es la Revolución Americana.

En Europa no ha habido apertura de fronteras durante siglos, y la experiencia colonizadora intra-europea descansa en un pasado lejano. Con el crecimiento de la población, las sociedades fueron asumiendo cada vez más una estructura jerárquica: de hombres libres (terratenientes) y vasallos, señores feudales y reyes. Mientras estaban más claramente estratificadas y eran más aristocráticas que la América colonial, las llamadas sociedades feudales de la Europa medieval eran también típicamente órdenes sociales sin estado.

"Los Colonos Ingleses demostraron no sólo la viabilidad sino también la vitalidad y el atractivo de un orden social anarco-capitalista sin aparato estatal".

El estado, de conformidad con la terminología generalmente aceptada, se define como un monopolio territorial obligatorio de ley y orden (de toma de decisiones de última instancia). Los señores feudales y los reyes no solían cumplir con los requisitos de un estado, sólo podían imponer gravámenes con el consentimiento de los gravados, y en su propia terreno cada hombre libre era tan soberano (en la toma de una decisión final) como lo era el rey feudal en el suyo. [3] Sin embargo, en el curso de muchos siglos, estas sociedades originalmente sin estado se fueron transformado gradualmente en monarquías absolutas estatistas. Aunque inicialmente los reyes de europeos eran voluntariamente reconocidos como protectores y jueces, por fin lograron establecerse como cabezas de estado hereditarias. Con la resistencia de la aristocracia, pero con la ayuda de la "gente común", se convirtieron en monarcas absolutos con poder de gravar con impuestos sin consentimiento y de tomar decisiones de última instancia en relación a la propiedad de hombres libres.

Estos avances europeos tuvieron un doble efecto en América. Por una parte, Inglaterra también estaba gobernada por un rey absoluto, por lo menos hasta 1688, y cuando los colonos Ingleses llegaron al nuevo continente, el imperio del rey se extendió a América. A diferencia de una fundación de propiedad privada por colonos y su obtención de seguridad y de administración de justicia - voluntarias y cooperativas -, sin embargo, el establecimiento de colonias y administraciones reales no fue el resultado de apropiación original (asentamiento) ni de contrato, - de hecho, ningún rey Inglés había puesto un pie en el continente americano, - sino mediante usurpación (declaración) e imposición.

Por otro lado, los colonos trajeron otra cosa con ellos de Europa. Allí, el desarrollo del feudalismo al absolutismo real no sólo había sido resistido por la aristocracia, sino que también hipotéticamente se hacía oposición, con el recurso de la teoría de los derechos naturales originada dentro de la filosofía escolástica. De acuerdo con esta doctrina, el gobierno se suponía que era contractual, y cada agente del gobierno, incluido el rey, estaba sujeto a los mismos derechos y leyes universales que regían para los demás. Si bien esto puede haber sido el caso en épocas anteriores, sin duda ya no valía para los modernos reyes absolutos. Los reyes absolutos eran usurpadores de los derechos humanos y, por tanto, ilegítimos. Por tanto, la insurrección no sólo era permitida sino que se había convertido en una obligación ratificada por la ley natural [4].

"Creemos en estas verdades por ser evidentes, que todos los hombres fueron creados iguales, dotados por su Creador con ciertos Derechos inalienables, entre los cuales están la Vida, la Libertad y la búsqueda de la Felicidad.… Que siempre que alguna forma de Gobierno llegue a ser destructiva de estos propósitos, es Derecho del Pueblo alterarlo o abolirlo, e instituir un nuevo Gobierno fundado en tales principios, y organizar sus poderes en forma tal que a ellos pudiera parecer la más probable para lograr su Seguridad y Felicidad." - Declaración de Independencia

Los colonos estaban familiarizados con la doctrina de los derechos naturales. De hecho, a la luz de su propia experiencia personal con los logros y los efectos naturales de la libertad y como disidentes religiosos que habían abandonado su país en desacuerdo con el rey y la Iglesia de Inglaterra, eran especialmente receptivos a esta doctrina [5].

Amparados en la doctrina de los derechos naturales, alentados por la distancia que los separaba del Rey Inglés, y aún más estimulados por la censura puritana del ocio real, del lujo y la pompa, los colonos se levantaron para liberarse de la dominación británica.

Como escribió Thomas Jefferson en la Declaración de Independencia, el gobierno fue instituido para proteger la vida, la propiedad y la búsqueda de la felicidad. Toma su legitimidad del consentimiento de los gobernados. En contraste, el gobierno real británico alegaba que podía gravar con impuestos a los colonos sin su consentimiento. Si el gobierno fallara en hacer aquello para lo que fue diseñado, declaró Jefferson, " es derecho del pueblo alterarlo o abolirlo, e instituir un nuevo gobierno, poniendo su fundación en tales principios, y organizando sus poderes en una forma tal que a ellos pueda parecer la más viable para lograr su seguridad y su felicidad."

III - La Constitución Americana

Pero ¿cuál es el siguiente paso una vez se había ganado la independencia de Gran Bretaña? Esta cuestión nos lleva a la tercera fuente de orgullo nacional - la Constitución americana - y a la explicación de por qué esta Constitución, en lugar de ser un legítimo motivo de orgullo, representa un error fatal.

Gracias a los grandes avances en materias de teoría económica y política desde finales del 1700, en particular, a manos de Ludwig von Mises y Murray N. Rothbard, estamos ahora en condiciones de dar respuesta precisa a esta pregunta. De acuerdo con Mises y Rothbard, dado que no hay libre acceso al negocio de producción de protección y adjudicación, el precio de la protección y la justicia se elevará y bajará su calidad. En lugar de ser protector y juez, un monopolio obligatorio se convertirá en un gánster de la protección, en invasor y destructor de las personas y de los bienes que se supone debe proteger, un belicista y un imperialista .

De hecho, los inflados precios de la protección y la perversión de la ley ancestral por parte del rey Inglés, que habían llevado a los colonos a la rebelión, fueron resultado inevitable del forzoso monopolio. Habiendo logrado con éxito la secesión y la expulsión de la ocupación británica, sólo era necesario que los colonos dejaran que las instituciones domésticas existentes de auto-defensa, de protección privada (de carácter voluntario y cooperativo) y de adjudicación por agentes y organismos especializados, se encargaran de la ley y el orden.

Esto no sucedió, sin embargo. Los americanos no sólo no dejaron que las instituciones reales heredadas por las colonias y los gobiernos coloniales se marchitaran en el olvido, sino que las reconstituyeron dentro de las antiguas fronteras políticas en forma de estados independientes, cada una equipada con su propia coerción impositiva (unilateral) y con poderes legislativos.[7] Si bien ya esto era suficientemente malo, los nuevos americanos empeoraron la situación al adoptar la Constitución Americana que sustituía una vaga confederación de estados independientes por un gobierno central (federal) en los Estados Unidos.

Esta Constitución previó la sustitución de un rey no elegido por un parlamento y un presidente elegido por el pueblo, pero nada mencionó en cuanto a la facultad de legislar y gravar con impuestos. Por el contrario, mientras que el poder del rey Inglés, de gravar con impuestos sin consentimiento era sólo una suposición en lugar de un hecho establecido explícitamente, en la controversia , la Constitución concedió este poder al Congreso en forma concreta. Más aún, si bien los reyes - en teoría, inclusive los reyes absolutos - no eran considerados autores, sino solo intérpretes y ejecutores de las leyes preexistentes e inmutables, es decir, más bien jueces que legisladores, [9], la Constitución explícitamente otorgó al Congreso el poder de legislar, y al Presidente y a la Corte Suprema de Justicia las facultades de ejecutar e interpretar tales leyes [10].

En efecto, lo que la Constitución Americana hizo fue solamente esto: En lugar de un rey que consideraba las colonias americanas como su propiedad privada y a los colonos como sus inquilinos, la Constitución puso a cuidadores temporales e intercambiables a cargo del monopolio de la justicia y de la protección del país.

Estos cuidadores no eran los dueños del país, pero siempre y cuando estuvieran en el cargo, podrían disponer de él y de sus habitantes para ventaja de ellos mismos y de sus protegidos. Sin embargo, como lo predice la teoría económica elemental, esta configuración institucional no elimina la tendencia hacia una mayor explotación originada en el interés personal del monopolista de la ley y el orden. Por el contrario, sólo tiende a hacer esa explotación menos racional, más miope y despilfarradora. Como Rothbard explica,

“mientras que un propietario privado, seguro de su propiedad y dueño de su patrimonio, hace planes para el uso de sus recursos durante un período largo de tiempo, y el funcionario público debe ordeñar la propiedad tan rápidamente como pueda, ya que no tiene asegurada la continuidad del uso de la misma… Los funcionarios tienen acceso al uso de los recursos, pero no son dueños del patrimonio (excepto en el caso de la "propiedad privada" de un monarca hereditario). Cuando sólo se puede tener el uso actual de la propiedad, pero no se es dueño del recurso mismo, rápidamente se llega al agotamiento antieconómico de los recursos, puesto que no será de beneficio para nadie el conservarlos durante un período de tiempo y es una ventaja para cada titular consumirlos a la mayor brevedad posible. … La persona privada, segura de su propiedad y de sus recursos, puede escoger el largo plazo, porque prefiere mantener el valor patrimonial de sus recursos. Es el funcionario de gobierno quien tiene que apurarse, quien prefiere dilapidar la propiedad mientras esté al mando [11].”

Por otra parte, debido a que la Constitución prevé expresamente "entrada abierta" al gobierno estatal - cualquier persona puede llegar a ser miembro del Congreso, presidente, o magistrado de la Corte Suprema - la resistencia contra las invasiones a la propiedad del estado se redujo, y como resultado de "la competencia política abierta" toda la estructura del carácter de la sociedad se distorsionó, y así llegaron personajes cada vez más malos a la cúpula superior [12].

Entrada libre y competencia no son siempre buenas. La competencia en la producción de bienes es buena, pero la competencia en la producción de males no lo es. La libre competencia en el asesinato, robo, falsificación, estafa, por ejemplo, no es buena, es peor que mala. Sin embargo, esto es precisamente lo que está instituido en la política de competencia abierta, es decir, en la democracia.

"Los americanos no sólo no dejaron que las instituciones reales heredadas de colonias y gobiernos coloniales se marchitaran enseguida en el olvido, sino que las reconstituyeron dentro de las antiguas fronteras políticas en forma de estados independientes, cada una equipada con sus propios poderes, el coercitivo de los impuestos (unilateral) y el legislativo".

En toda sociedad existen personas que codician la propiedad de otros, pero en la mayoría de los casos las personas no aprenden a actuar bajo este deseo, o incluso se sienten avergonzados de tal pensamiento. [13] En una sociedad anarco-capitalista en particular, cualquier persona que actúe bajo tal deseo es considerada un criminal y es reprimida con violencia física. Bajo el gobierno monárquico, por el contrario, una sola persona - el rey - puede codiciar la propiedad de otro, y esto es lo que lo convierte en una amenaza potencial. Sin embargo, debido a que sólo él puede expropiar mientras que a todos los demás les está prohibido hacer lo mismo, cada acción de un rey es considerada con máxima sospecha.[14] Por otra parte, la selección de un rey se hace accidentalmente por su noble nacimiento. Su única calificación característicamente es su crianza como futuro rey y conservador de la dinastía y sus posesiones. Esto no asegura que no va a ser malo, por supuesto, al mismo tiempo, sin embargo, no se opone tampoco a que el rey pueda ser un diletante inofensivo o incluso una persona decente.

En agudo contraste, al liberar la entrada al gobierno, la Constitución permitió a toda persona expresar abiertamente su deseo por la propiedad de otras personas y, de hecho, debido a la garantía constitucional de la "libertad de expresión", toda persona está protegida al hacerlo. Por otra parte, todo el mundo está autorizado a actuar bajo este deseo, a condición de que las ganancias ingresen al gobierno, por lo cual en virtud de la Constitución, todo el mundo se convierte en una amenaza potencial.

Para estar seguro, hay personas que no las aflige el deseo de enriquecerse a expensas de los demás menos aún convertirse en déspotas, es decir, hay personas que sólo desean trabajar, producir y disfrutar de los frutos de su trabajo. Sin embargo, si la política - la adquisición de bienes por medios políticos (impuestos y leyes) - está permitida, incluso estas personas inofensivas se verá profundamente afectadas.

Con el fin de defenderse de los ataques a su libertad y a sus bienes por aquellos que tienen menos escrúpulos morales, incluso estos honestos personajes, gente trabajadora debe convertirse en "animales políticos" y gastar más y más tiempo y energía en el desarrollo de sus habilidades políticas. Teniendo en cuenta que las características y aptitudes necesarias para tener éxito en la política - buena apariencia, sociabilidad, poder de oratoria, carisma, etc., - se distribuyen de manera desigual entre los hombres, entonces las personas con estas características y habilidades particulares tendrán una sólida ventaja en la competencia por los escasos recursos (el éxito económico) en comparación con aquellos que no los tienen.

Peor aún, dado que, en todas las sociedades, existen más personas que 'no tienen' de todo lo que vale la pena tener, que personas que sí 'tienen', los que tienen talento político y poca o ninguna inhibición moral para tomar una propiedad y enseñorearse de los demás tendrán una clara ventaja sobre los que tienen esos escrúpulos. Así que, una competencia política favorece talentos agresivos, es decir peligrosos, más que talentos defensivos, es decir inofensivos, y por lo tanto, dan lugar al cultivo y perfeccionamiento a las peculiares habilidades de la demagogia, el engaño, la mentira, el oportunismo, la corrupción y el soborno. Por lo tanto, entrar y tener éxito dentro del gobierno será cada vez más difícil, casi que imposible, para personas con escrúpulos morales contra la mentira y el robo.

"En lugar de un rey que consideraba la América de la época colonial como su propiedad privada y a los colonos como a sus inquilinos, la Constitución puso a cargo del monopolio de la justicia y de la protección del país a cuidadores temporales e intercambiables."

Entonces, a diferencia de los reyes, los congresistas, los presidentes y los magistrados de la Corte Suprema no logran, y no podrán lograr, sus posiciones accidentalmente. Por el contrario, llegan a su posición debido a su aptitud como demagogos moralmente desinhibidos. Por otra parte, aún por fuera de la órbita del gobierno, dentro de la sociedad civil, algunos individuos ascenderán cada vez más a lugares prominentes de la vida económica y al éxito financiero, no en razón de su actividad productiva, empresarial o incluso de su talento político defensivo superior, sino más bien debido a sus habilidades superiores en la política como empresarios o como grupos de presión sin escrúpulos. Así, la Constitución asegura que, casi exclusivamente, lleguen a la cima del poder gubernamental personas peligrosas y sobretodo que la conducta moral y las normas éticas tiendan a relajarse y a deteriorarse.

Por otra parte, la separación de poderes prevista en la constitución no significa ninguna diferencia en este sentido. Dos o aún tres errores no se convierten en un hecho correcto. Por el contrario, conducen a la proliferación, a la acumulación, a la consolidación, y al agravamiento del error. Los legisladores no pueden imponer su voluntad sobre sus desventurados súbditos sin la cooperación del presidente como jefe de la rama ejecutiva del gobierno, y el presidente, a su vez, utiliza su posición y los recursos a su disposición para influir en los legisladores y en la legislación. Y aunque la Corte Suprema puede estar particularmente en desacuerdo con los actos del Congreso o del Presidente, los Jueces de la Corte Suprema son nombrados por el Presidente y confirmados por el Senado y siguen dependiendo de ellos para su financiación. Como parte integral de la institución de gobierno, no tienen interés en limitar, sino más bien en expandir el gobierno y, por ende, su propio poder [15].

IV - Doscientos años más tarde…

Después de más de dos siglos de "gobierno constitucionalmente limitado", los resultados son claros e incontrovertibles. Al inicio del "experimento" americano, la carga fiscal impuesta a los estadounidenses fue leve, de hecho casi insignificante. El dinero consistía en cantidades fijas de oro y plata. La definición de la propiedad privada era clara y aparentemente inmutable, y el derecho a la legítima defensa se consideraba sagrado. No existía un ejército permanente y, tal como lo expresa George Washington en su discurso de despedida, parecía existir un firme compromiso con el libre comercio y una política exterior no intervencionista. Doscientos años más tarde, las cosas han cambiado radicalmente [16].

Ahora, año tras año, el gobierno expropia más de 40 por ciento de los ingresos de los productores privados, lo que hace que incluso la carga económica impuesta a los esclavos y siervos parezca moderada en comparación. El oro y la plata han sido reemplazados por dinero de papel fabricado por el gobierno, y a los estadounidenses se les roba continuamente su dinero a través de la inflación. El significado de la propiedad privada, alguna vez aparentemente claro y fijo, se ha convertido en oscuro, flexible y fluido. De hecho, cada detalle de la vida privada, la propiedad, el comercio y la contratación está regulado y re-regulado por una creciente montaña de leyes de papel (la legislación). Con el aumento de la legislación, se ha creado cada vez más inseguridad jurídica y riesgos morales, y el caos ha sustituido a la ley y al orden.

"El significado de la propiedad privada, alguna vez aparentemente claro y fijo, se ha convertido en oscuro, flexible y fluido. De hecho, cada detalle de la vida privada, la propiedad, el comercio y el contrato está regulado y re-regulado por una creciente montaña de leyes de papel".

Por último, pero no por ello menos importante, el compromiso con el libre comercio y no intervencionismo ha dado paso a una política de proteccionismo, militarismo e imperialismo. De hecho, casi desde sus inicios el gobierno de los EEUU ha practicado un implacable y agresivo expansionismo y, a partir de la Guerra Hispano-Americana, pasando por la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, hasta la actualidad, cuando los Estados Unidos se han visto mezclados en cientos de conflictos externos para ascender a la categoría de potencia más belicista e imperialista del mundo. Además, mientras sus ciudadanos pasan a ser cada vez más indefensos, inseguros, y empobrecidos, los extranjeros de todo el mundo se ven cada vez más intimidados y amenazados por el poder militar de los EEUU, los Presidentes americanos, los miembros del Congreso, y los jueces de la Corte Suprema se muestran cada vez más arrogantes, moralmente corruptos, y peligrosos [17].

¿Qué se puede hacer con este estado de cosas? En primer lugar, se debe reconocer lo que es la Constitución Americana - un error.

Como reza la Declaración de la Independencia, el gobierno se supone que debe proteger la vida, la propiedad, y la búsqueda de la felicidad de los americanos. Sin embargo, al concederse al gobierno la facultad de legislar y de gravar con impuestos sin previo consentimiento, la Constitución no puede servir para lograr este objetivo, sino que es precisamente el instrumento para invadir y destruir los derechos a la vida, a la propiedad y a la libertad. Es absurdo creer que un organismo que puede gravar sin consentimiento puede ser un protector de la propiedad. Del mismo modo, es absurdo creer que un organismo con poder legislativo puede preservar la ley y el orden. Por el contrario, hay que reconocer que la Constitución es en sí misma inconstitucional, es decir, incompatible con la doctrina de los derechos humanos que inspiraron la Revolución Americana [18].

De hecho, nadie en su sano juicio estaría de acuerdo en un contrato que permita a un presunto protector determinar , sin el consentimiento de uno, y de manera irrevocable, sin posibilidad de escape, cuánto se va a cobrar por la protección, y nadie en sano juicio podría estar de acuerdo con un contrato irrevocable que concede al presunto protector el derecho a la última instancia en la toma de decisiones con respecto a la misma persona y sus bienes, es decir, legislando unilateralmente [19].

En segundo lugar, es necesario ofrecer una alternativa positiva y estimulante al sistema actual.

Si bien es importante que se mantenga viva la memoria del pasado americano como una tierra de pioneros y de un sistema anarco-capitalista eficiente basado en la auto-defensa y las milicias populares, no podemos volver al pasado feudal ni a la época de la Revolución Americana. Sin embargo, la situación no es desesperada. A pesar del incesante crecimiento del estatismo en el transcurso de los últimos dos siglos, el desarrollo económico ha seguido, y nuestro nivel de vida han alcanzado espectaculares nuevas alturas. Bajo estas circunstancias, empieza a ser viable una nueva opción: la provisión de ley y orden por medio de agencias privadas de seguros que compitan libremente (con pérdidas y ganancias) [20].

Aunque obstaculizadas por el estado, las agencias de seguros protegen la propiedad privada a los propietarios mediante el pago de una prima contra una multitud de desastres, naturales y sociales, desde inundaciones y huracanes hasta robo y fraude. Así pues, parecería que la producción de seguridad y protección es el propósito mismo de los seguros. Además, la gente no entregaría a cualquier entidad un servicio tan esencial como el de la protección. Por el contrario, como señalaba de Molinari,

“antes de alcanzar un acuerdo con [un] productor de seguridad… se comprobaría si realmente es lo suficientemente fuerte como para protegerlos… si su carácter es tal que no tendrán que preocuparse por comportamientos tales como instigar las mismas agresiones que se supone debe reprimir [21].”

En este sentido las agencias de seguros también parecen adecuadas para tal papel. Son grandes y están en comando de los recursos - materiales y humanos - necesarios para el cumplimiento de la tarea de hacer frente a los peligros, reales o imaginarios, del mundo real. De hecho, las compañías de seguros operan en el ámbito nacional e inclusive a escala internacional. Son dueños de grandes holdings de propiedad dispersos en amplios territorios más allá de las fronteras de un único estado y, por tanto, tienen manifiesto interés en una protección efectiva. Además, todas las compañías de seguros están conectados a través de una compleja red de acuerdos contractuales en materia de asistencia mutua y arbitraje, así como un sistema de organismos internacionales de reaseguros que representa una combinación de poder económico que aventaja la mayoría de, si no todos los gobiernos contemporáneos. Han adquirido esta posición debido a su reputación como empresas eficientes, confiables y honestas.

"Es absurdo creer que un organismo que puede gravar sin consentimiento puede ser un protector de la propiedad. Del mismo modo, es absurdo creer que un organismo con poder legislativo puede preservar la ley y el orden".

Si bien esto puede ser suficiente para establecer que las agencias de seguros son una posible alternativa a la función que actualmente desempeñan los estados como proveedores de la ley y el orden, es necesario un examen más detallado para demostrar la primordial superioridad de este tipo de alternativa sobre el statu quo. Para ello, sólo es necesario reconocer que las compañías de seguros no pueden legislar ni gravar con impuestos, es decir, la relación entre el asegurador y el asegurado es consensual. Ambos son libres de cooperar o no cooperar, y este hecho tiene implicaciones trascendentales. En este sentido, las agencias de seguros son categóricamente distintas a los Estados.

Las ventajas de hacer que las compañías de seguros sean proveedoras de servicios de seguridad y protección son los siguientes. En primer lugar, la competencia entre las aseguradoras por las primas de los clientes provocará una tendencia hacia una continua reducción en el precio de la protección por valor asegurado, lo cual hace que la protección sea más asequible. En contraste, un monopolio de la protección que puede gravar a sus protegidos, cobrará precios cada vez más altos por sus servicios [22].

En segundo lugar, las aseguradoras tendrán que indemnizar a sus clientes en el caso de daños reales, por lo que deben funcionar de manera eficiente. En cuanto a desastres sociales - delincuencia - en particular, esto significa que el asegurador debe considerar, más que todo, una prevención eficaz, porque si no puede impedir un delito, tendría que pagar. Además, si no puede impedir un acto criminal, la aseguradora aún tendría que recuperar el botín, aprehender al delincuente, y llevarlo a la justicia, porque de este modo puede el asegurador reducir sus costos y forzar al criminal a pagar por los daños y perjuicios y el costo de la indemnización - en lugar de que sean la víctima y la empresa de seguros quienes lo hagan. En agudo contraste, ya que el estado como monopolio obligatorio no indemniza a las víctimas y además porque pueden recurrir a los impuestos como fuente de financiación, tienen poco o ningún incentivo para prevenir la delincuencia o para recuperar el botín y capturar a los delincuentes Si logran aprehender al criminal, por lo general obligan a la víctima a pagar por el encarcelamiento del criminal, por lo tanto, añaden insulto a la injuria [23].

Tercero y más importante, ya que la relación entre aseguradoras y clientes es voluntaria, las compañías de seguros deben aceptar la propiedad privada como premisa imprescindible y el derecho a la propiedad privada como ley inmutable. Es decir, a fin de atraer o retener clientes, los aseguradores tendrán que ofrecer contratos donde se especifica la descripción de la propiedad, la descripción de los daños a la propiedad, reglas de procedimiento, pruebas, indemnización, restitución, y multas, así como resolución de conflictos intra- e inter-institucionales y procedimientos de arbitraje.

Por otra parte, debe surgir una tendencia a la unificación de la ley de carácter verdaderamente universal o de derecho internacional, con los procedimientos de arbitraje resultantes de la constante cooperación entre los diferentes aseguradores en mutuo. Toda persona, por el hecho de estar asegurada, por lo tanto estará ligado a un esfuerzo competitivo global para reducir al mínimo los conflictos y la agresión. Todos y cada uno de los conflictos y la reclamación por daños y perjuicios, independientemente de dónde y por quien o en contra de quien, debe caer en la jurisdicción de una o más agencias de seguros específicas y numerables con sus procedimientos de arbitraje acordados contractualmente, con lo que se lograría la creación de una "perfecta" seguridad jurídica.

"Bajo estas circunstancias, empieza a ser viable una nueva opción: la provisión de ley y orden por medio de agencias privadas de seguros que compiten libremente (con pérdidas y ganancias)".

En agudo contraste, los estados, como todo monopolio protector financiado por impuestos, no ofrecen a los consumidores ni siquiera algo ligeramente parecido a un contrato de servicios de protección. En lugar de ello, operan en un vacío contractual que les permite hacer y cambiar las reglas del juego a medida que avanzan. Muy notablemente, mientras que las aseguradoras deben someterse al dictamen de árbitros independientes y a procedimientos de arbitraje a fin de atraer el pago de primas voluntarias de sus clientes, los Estados, en la medida en que permiten el arbitraje en todo, asignar esta tarea a un juez dependiente y financiado por el Estado [24].

Además merecen atención especial las ulteriores implicaciones de este contraste fundamental entre proveedores contractuales de seguridad, frente a los estados como proveedores no contractuales de seguridad.

Debido a que no están sujetos a, ni obligados por contratos, los Estados generalmente prohíben la propiedad de armas a sus "clientes", aumentando así su propia seguridad a expensas de la indefensión de sus presuntos clientes. En cambio, ningún comprador voluntario de seguros de protección estaría de acuerdo en un contrato que le exige renunciar a su derecho a la autodefensa y estar por tanto desarmado o indefenso. Por el contrario, los organismos de seguros estimularían la propiedad de armas de fuego y otros dispositivos de protección entre sus clientes por medio de recortes selectivos de precios, porque mientras mejor protegidos estén sus clientes, menores serían los costos de los seguros de protección y de indemnización.

Por otra parte, porque operan en un vacío contractual y son independientes del pago voluntario, establecen arbitrariamente definiciones y redefiniciones de lo que es y lo que no es una "agresión" punible y lo que requiere o no compensación. Mediante el impuesto proporcional o progresivo sobre la renta y con la redistribución de los ingresos de los ricos a los pobres, por ejemplo, el estado en efecto define a los ricos como agresores y a los pobres como sus víctimas. (En caso contrario, si los ricos no fueran los agresores y los pobres no fueran sus víctimas, ¿cómo se podría justificar el tomar algo de los primeros para dárselo a los últimos?). O al aprobar leyes de acción afirmativa, los Estados de manera eficaz definen a los blancos y al género masculino como agresores y a los negros y a las mujeres como sus víctimas. Para las agencias de seguros, este tipo de conducta empresarial sería imposible por dos razones fundamentales [25].

En primer lugar, los seguros deben agrupar ciertos riesgos y clasificarlos por clases de riesgo. Esto implica que a algunos de los asegurados, se les pagará más de lo que pagan, y a otros, menos. Sin embargo - y esto es decisivo - no se sabe de antemano quienes vayan a ser los "ganadores" y quienes los "perdedores". Ganadores y perdedores - y cualquier redistribución de los ingresos entre ellos - serán repartidos al azar. De lo contrario, si los ganadores y los perdedores pudieran ser previstos sistemáticamente, los perdedores no querrían poner sus riesgos en común con los ganadores, sino sólo con otros perdedores, porque ello reduciría sus primas de seguro.

"Ya que el estado como monopolio obligatorio no indemniza a las víctimas y además porque pueden recurrir a los impuestos como fuente de financiación, tienen poco o ningún incentivo para prevenir la delincuencia o para recuperar el botín y capturar a los delincuentes".

En segundo lugar, no es posible asegurarse a sí mismo contra todo riesgo. Por el contrario, sólo es posible asegurarse a sí mismo contra accidentes, es decir, contra riesgos sobre cuyos resultados el asegurado no tiene control alguno y a los que en nada contribuye. Por lo tanto, es posible asegurarse a sí mismo contra el riesgo de muerte o incendio, por ejemplo, pero no es posible asegurarse a sí mismo contra el riesgo de cometer suicidio o de prender fuego a su propia casa.

Del mismo modo, es imposible asegurarse a sí mismo contra el riesgo de fracaso empresarial, de desempleo, de no ser rico, de no sentirse con deseos de levantarse y salir de la cama por la mañana, o de ser rechazado por los vecinos, compañeros o superiores, porque en cada uno de estos casos la persona tiene, ya sea total o parcialmente, control sobre el acontecimiento en cuestión. Esto es, el individuo puede influir en las probabilidades del riesgo. Por su propia naturaleza, el evitar riesgos de este tipo cae en el ámbito de la responsabilidad individual, y cualquier agencia que los cubra con un seguro podría decirse que iría a la quiebra de inmediato.

Es más importante para el tema objeto de debate, la imposibilidad de asegurar acciones y sentimientos individuales (en contraposición a los accidentes) implica que también es imposible asegurarse a sí mismo contra el riesgo de daños y perjuicios resultantes de un comportamiento agresivo o de una provocación previos. Por el contrario, cada asegurador debe limitar las acciones de sus clientes a fin de excluir toda agresión y provocación de su parte. Es decir, todos los seguros contra desastres sociales tal como el crimen debe ser contingente a que el asegurado se someta a normas específicas de conducta civilizada y no agresiva.

En consecuencia, si bien el Estado como monopolio protector puede participar en políticas redistributivas en beneficio de un grupo de personas a expensas de otro, y mientras que agencias con apoyo fiscal pueden incluso "asegurar" riesgos no asegurables y proteger a provocadores y agresores, los aseguradores financiados con primas voluntarias estarían sistemáticamente impedidos para hacer tal cosa. La competencia entre aseguradores excluiría cualquier forma de redistribución de ingresos y de riqueza entre diversos grupos de asegurados, ya que una empresa que participara en tales prácticas perdería sus clientes ante otras firmas que se abstengan de ello. Por el contrario, cada cliente pagará exclusivamente por sus propios riesgos, respectivamente, de lo que pagan personas con la misma (homogénea) exposición a los riesgos que aquellos corren [26]. Tampoco podrían "proteger" las agencias financiadas con primas de seguros voluntarias, a cualquier persona de las consecuencias de sus propios errores, tonterías, sentimientos o conductas arriesgadas, o agresivas. La competencia entre aseguradores más bien fomentaría sistemáticamente la responsabilidad individual, y cualquier provocador o agresor conocido sería excluido como un mal riesgo de seguro en cualquier tipo de cobertura y llegaría a ser, económicamente, como un paria aislado, débil y vulnerable.

Por último, en lo que respecta a las relaciones exteriores, como los Estados pueden externalizar los costos de sus propias acciones sobre sus desgraciados contribuyentes, están permanentemente inclinados a convertirse en agresores y belicistas. Por consiguiente, tienden a financiar y a desarrollar armas de agresión y destrucción masivas. En claro contraste, los aseguradores estarán impedidos para participar en cualquier tipo de agresión externa, ya que cualquier agresión es costosa y requeriría mayores primas de seguros, lo que implicaría la pérdida de clientes a otros competidores no agresivos. Las aseguradoras participarán exclusivamente en la violencia defensiva, y en lugar de adquirir armas de agresión y destrucción masiva, tenderán a invertir en el desarrollo de armas de defensa y de represalia selectiva [27].

V - Revolución por medio de la secesión.

A pesar de todo esto está claro, ¿cómo podemos lograr implementar, con éxito, una reforma constitucional tan fundamental? Las agencias de seguros están actualmente restringidas por un sinnúmero de regulaciones que les impide hacer lo que pueden y naturalmente harían. ¿Cómo pueden liberarse de estas regulaciones?

"Más que por medio de una reforma de arriba hacia abajo, en las condiciones actuales, la estrategia de uno debe ser la de una revolución de abajo hacia arriba".

Básicamente, la respuesta a esta pregunta es la misma dada por los revolucionarios de América más de doscientos años atrás: a través de la creación de territorios libres y por medio de la secesión.

Para entonces, en virtud de las condiciones monárquicas, los partidarios de una revolución social anti-estatista liberal-libertaria todavía había una opción que desde entonces se ha perdido. Los Liberales - libertarios en los viejos tiempos podían - y con frecuencia lo hacían - creer en la posibilidad de simplemente convencer al rey de su punto de vista, y por lo tanto iniciar una "revolución desde arriba". No era necesario un apoyo masivo para ello - sólo la idea de un príncipe progresista [28].

No obstante lo sensata que esta podría haber sido entonces, esta estrategia de revolución social de arriba hacia abajo sería imposible hoy en día. Los líderes políticos hoy en día son seleccionados de acuerdo a sus talentos demagógicos y a su hoja de vida con registros probados de inmoralidad habitual, como se ha explicado anteriormente, por consiguiente, la posibilidad de convertirlos al punto de vista liberal-libertario deben ser considerados incluso más poco probable que la conversión de un rey quien simplemente heredó su posición.

Por otra parte, el monopolio estatal de protección es ahora considerado público y no propiedad privada, y el gobierno ya no está atado a un determinado individuo, sino a determinadas funciones ejercidas por funcionarios anónimos. Por lo tanto, la estrategia de convertir a uno o a unos pocos personajes ya no dará resultado. No importa si uno convierte algunos funcionarios del gobierno - el presidente y algunas de las principales senadores o jueces, por ejemplo -, porque dentro de las normas de un gobierno democrático ningún individuo tiene la facultad de abdicar al monopolio del gobierno. Los reyes tenían esta facultad, pero los presidentes no. El presidente puede renunciar a su cargo, por supuesto, pero sólo para ser reemplazado por alguien más. No tampoco puede disolver el monopolio gubernamental de protección, ya que, según las reglas de la democracia, "el pueblo", no sus representantes electos, son considerados los "propietarios" del gobierno.

Por lo tanto, más que por medio de una reforma de arriba hacia abajo, en las condiciones actuales, la estrategia debe ser la de una revolución de abajo hacia arriba. En primer lugar, la realización de esta visión parecería que hace imposible la tarea de una revolución social liberal-libertaria, porque, ¿no implicaría esto que uno tendría que persuadir a la mayoría de los ciudadanos a votar a favor de la abolición de la democracia y del fin de todos los impuestos y de la legislación? Y esto no es pura fantasía, dado que las masas son siempre indolentes y aburridas, y más aún teniendo en cuenta que la democracia, como se explicó anteriormente, promueve la degeneración moral e intelectual? ¿Cómo puede ser posible que alguien pueda esperar que la mayoría de un pueblo cada vez más degenerado, acostumbrado al "derecho" de votar pueda renunciar voluntariamente a la oportunidad de saquear la propiedad de otras personas? Puesto de esta manera, hay que admitir que la perspectiva de una revolución social debe ser considerada como prácticamente imposible. Por el contrario, sólo si se piensa dos veces, al mirar la secesión como una parte integral de cualquier estrategia de abajo hacia arriba, la tarea de una revolución liberal-libertaria parece menos imposible, aunque sigue siendo abrumadora.

"Todas las revoluciones, ya sean buenas o malas, las inician minorías; y la ruta secesionista hacia la revolución social reconoce explícitamente la importancia de este hecho".

¿Cómo encaja la secesión en una estrategia de revolución social de abajo hacia arriba? Más importante aún, ¿cómo puede un movimiento secesionista escapar a la suerte de la Confederación Sureña de ser aplastada por un gobierno central tiránico y peligrosamente armado?

En respuesta a estas preguntas, es necesario recordar que ni la Revolución Americana original ni la Constitución norteamericana fueron el resultado de la voluntad de la mayoría de la población. Un tercio de los colonos eran en realidad “Tories”, y otro tercio estaban ocupados con la rutina diaria y no les importaba uno u otro. No más de un tercio de los colonos estaban realmente comprometidos y apoyaban la revolución, sin embargo, se salieron con la suya. Y en lo que a la Constitución se refiere, la inmensa mayoría del público se oponía a su aprobación, y su ratificación representó más un golpe de Estado de una pequeña minoría sobre la voluntad general. Todas las revoluciones, ya sean buenas o malas, las inician minorías; y la ruta secesionista hacia una revolución social, que implica necesariamente la ruptura por parte de un número pequeño de personas, de un grupo más grande, reconoce explícitamente la importancia de este hecho.

En segundo lugar, es necesario reconocer que, en última instancia el poder de cada gobierno - ya sea de reyes o de cuidanderos - recae exclusivamente en opinión y no en fuerza física. Los agentes del gobierno no son más que una pequeña proporción del total de la población bajo su control. Esto implica que ningún gobierno pueda hacer cumplir su voluntad a toda la población a no ser que encuentre un amplio apoyo y cooperación voluntaria entre el público no gubernamental. Implica también que cada gobierno puede ser derribado por un simple cambio en la opinión pública, es decir, por la retirada de la cooperación y de la anuencia públicas [29].

Y si bien es innegablemente cierto que, después de más de dos siglos de democracia, el público americano ha llegado a tal estado de degeneración, moral e intelectual, que cualquier retirada debe ser considerada imposible a escala nacional, no parece insuperablemente difícil lograr una mayoría de mentalidad secesionista en regiones o distritos suficientemente pequeños del país.

De hecho, habida cuenta de una minoría muy enérgica de elites intelectuales inspiradas por la visión de una sociedad libre, en la que la ley y el orden sean proporcionados por aseguradoras en franca competencia, y teniendo en cuenta, además, que como - realmente los Estados Unidos, deben su propia existencia a un acto secesionista – la secesión sigue siendo considerada legítima y de acuerdo con el ideal democrático "original" de la libre determinación (en lugar de la ley de la mayoría) [30] por un número importante de personas, no parece irreal el supuesto de que tales mayorías secesionistas existan o puedan crearse en cientos de ubicaciones en todo el país.

"Es necesario reconocer que, en última instancia el poder de todo gobierno - ya sea de reyes o cuidadores - recae exclusivamente en la opinión y no en la fuerza física".

De hecho, en virtud de la asunción realista de que el gobierno central de los EEUU, así como los estados social-democráticos de Occidente, en general, están condenados a la quiebra económica (muy similar al derrumbe económico de hace algunos años de las democracias populares socialistas del Este), las tendencias actuales hacia la desintegración política es probable que se fortalezcan en el futuro. En consecuencia, el número de posibles regiones secesionistas seguirá aumentando, incluso más allá de su nivel actual.

Por último, la idea de un amplio y creciente potencial secesionista también permite dar respuesta a la última pregunta relacionada con los peligros de una represión del gobierno central.

Si bien es importante a este respecto que la memoria del pasado secesionista de los Estados Unidos se mantenga viva, es aún más importante para el éxito de una revolución liberal-libertaria, a fin de evitar los errores de un segundo intento fallido de secesión. Afortunadamente, la cuestión de la esclavitud, lo que complica y oscurece la situación en 1861, [31] se ha resuelto. Sin embargo, otra lección importante debe ser aprendida al comparar el fallido experimento americano de la segunda secesión con el éxito de la primera.

La primera secesión americana se vio facilitada considerablemente por el hecho de que en el centro del poder en Gran Bretaña, la opinión pública en relación con los secesionistas estaba dividida. De hecho, muchos británicos, figuras destacadas tales como Edmund Burke y Adam Smith, simpatizaba abiertamente con los secesionistas. Aparte de razones puramente ideológicas, que rara vez afectan a más de un puñado de mentes filosóficas, esta falta de una oposición unificada a los secesionistas de América en la opinión pública británica se puede atribuir a dos factores complementarios. Por un lado, existía una multitud de afiliaciones regionales y culturales-religiosas, así como los lazos familiares y personales entre Gran Bretaña y los colonos de América. Por otra parte, acontecimientos en América se consideraron muy lejos de casa y la posible pérdida de las colonias como económicamente insignificante.

En ambos aspectos, la situación en 1861 era claramente diferente. Para estar seguro, en el centro del poder político, que se había desplazado a los estados del norte en ese entonces, la oposición a la Confederación secesionista del Sur no estaba unificada, y la causa de la Confederación también tuvo seguidores en el Norte. Sin embargo, existían menos lazos culturales y de parentesco entre el Norte y el Sur que los que habían existido entre Gran Bretaña y los colonos, y la secesión de la Confederación del Sur que era alrededor de la mitad del territorio y un tercio de la totalidad de la población de los Estados Unidos y, por tanto, a los del norte los golpeó muy cerca de casa y además era una importante pérdida económica. Por lo tanto, es comparativamente más fácil para la élite de poder del Norte moldear un frente unificado de cultura "progresista" Yankee contra el culturalmente atrasado y "reaccionario" Dixieland.

A la luz de estas consideraciones, entonces, parece estratégicamente aconsejable no intentar de nuevo lo que en 1861 falló tan dolorosamente - estados contiguos, o incluso todo el Sur, tratando de separarse de la tiranía de Washington, DC.

Por el contrario, una estrategia moderna liberal-libertaria de secesión debería obtener sus claves en la Edad Media cuando, desde alrededor del Siglo XII y hasta bien entrado el siglo XVII (con el surgimiento del moderno Estado central), Europa se caracterizaba por la existencia de cientos de ciudades libres e independientes, intercaladas predominantemente en una estructura social feudal [32].

"Los líderes políticos hoy en día son seleccionados de acuerdo a sus talentos demagógicos y a su hoja de vida con registros probados de inmoralidad habitual".

Al elegir este modelo y tratando de crear una América marcada por un elevado y creciente número de ciudades libres, territorialmente desconectadas - una multitud de Hong Kongs, Singapures, Mónacos, y Liechtensteins sembrados a lo largo de todo el continente – alcanzaríamos dos objetivos centrales que de otro modo serían imposibles. En primer lugar, además de reconocer el hecho de que el potencial liberal-libertario se distribuye muy desigualmente por todo el país, una estrategia de separación paso a paso haría que la secesión fuera menos amenazante, política, social y económicamente. Segundo, mediante la aplicación de esta estrategia simultáneamente en un gran número de lugares en todo el país, se convierte en sumamente difícil para el Estado central crear una oposición unificada de opinión pública contra los secesionistas, lo que garantizaría el nivel de apoyo popular y la cooperación voluntaria necesaria para una campaña de represión exitosa [33].

Si tenemos éxito en este empeño, si a continuación procedemos a devolver todos los bienes públicos a las manos privadas apropiadas y adoptamos una nueva "constitución" que declare en lo sucesivo como ilegal todo impuesto y toda legislación, y si finalmente permitimos que las agencias de seguros hagan lo que están destinados a hacer, podremos estar realmente orgullosos de nuevo y se justificará que América afirme que da ejemplo al resto del mundo.

Hans-Hermann Hoppe, economista de la Escuela Austríaca y filósofo libertario/anarcocapitalista, es profesor de Economía en la Universidad de Nevada en Las Vegas, distinguido colega del Ludwig von Mises Institute, fundador y Presidente de La Sociedad Propiedad y Libertad, y editor general del Journal of Libertarian Studies.

Este ensayo fue publicado originalmente en Inglés en Reassessing the Presidency: The Rise of the Executive State and the Decline of Freedom (Reevaluando la Presidencia: El Avance del Estado Ejecutivo y el Ocaso de la Libertad). Editado por John V. Denson, pp. 667-696.

Notas:

[1] Sobre la influencia de Locke y la filosofía política Lockeana en América, véase Edmund S. Morgan, El nacimiento de la República: 1763-89 (Chicago: University of Chicago Press, 1992), pp. 73-74:

Cuando Locke describió el estado de la naturaleza, lo pudo explicar muy vívidamente diciendo que "en el comienzo todo el Mundo era América". Y de hecho, muchos estadounidenses habían tenido la experiencia real de aplicar su mano de obra a la tierra salvaje y en esta forma convertirla en su propiedad. Algunos incluso habían participado en pactos sociales, creando nuevos gobiernos en áreas salvajes donde no había existido ningún gobierno anteriormente. (P. 74)

Sobre delincuencia, protección, y defensa en particular, véase Terry Anderson y PJ Hill, "El Experimento Americano en Anarco-Capitalismo: El no Tan Salvaje, Salvaje Oeste", Diario de Estudios Libertarios 3, no. 1 (1979), y Roger D. McGrath, Pistoleros, Patrulleros, y Vigilantes: Violencia en la Frontera (Berkeley: University of California Press, 1984).

[2] Contrariamente a los actuales mitos multiculturales populares, América decididamente no fue un “crisol” de culturas. Por el contrario, la colonización del continente Norte Américano confirma la visión sociológica elemental que todas las sociedades humanas son el resultado de la evolución de familias y sistemas de parentesco y, por tanto, se caracterizan por un alto grado de homogeneidad interna, es decir, que "los parecidos" suelen asociarse con sus "parecidos" y ponen distancia y se separan a sí mismos de sus "diferentes". Así, por ejemplo, de conformidad con esta tendencia general, los puritanos prefirieron asentarse en Nueva Inglaterra, los calvinistas holandeses en Nueva York, los cuáqueros en Pennsylvania y en el sur de New Jersey. Los católicos en Maryland, y los anglicanos, así como también los hugonotes franceses, en las colonias del sur. Véa más sobre esto en David Hackett Fisher, la Semilla de Albión: Cuatro populares senderos recorridos por los británicos en los Estados Unidos (Nueva York: Oxford University Press, 1989).

[3] Véase Fritz Kern, Los Reinos y la Ley en la Edad Media (Oxford: Blackwell, 1948); Bertrand de Jouvenel, Soberanía: una investigación sobre el Bien Politico (Chicago: University of Chicago Press, 1957), especialmente el capítulo 10; ídem, Sobre el Poder : La Historia Natural de su Crecimiento (Nueva York: Viking, 1949), y Robert Nisbet, Comunidad y Poder (Nueva York: Oxford University Press, 1962).

"Feudalismo", resume Nisbet en otro documento (ídem, Prejuicios. Diccionario Filosófico [Cambridge, Mass.: Universidad de Harvard Press, 1982], pp. 125-31),

ha sido una palabra de invectiva, de vehementes abuso y vituperación, durante los últimos dos siglos… [Sobre todo] por intelectuales al servicio espiritual del Estado absoluto moderno, ya sea monárquico, republicano, o democrático. [De hecho], el feudalismo es una ampliación y adaptación del vínculo de parentesco o paisanaje bajo la afiliación protectora de una banda de guerreros o de caballeros... Contrariamente a la política moderna de Estado con su principio de soberanía territorial, durante casi mil años en el Oeste, la protección, los derechos, el bienestar, la autoridad, y la devoción fueron vínculos heredados de persona a persona y no territorialmente… Vivir en una relación feudal es ser el "hombre" de otro hombre, quien a su vez era el "hombre" de otro hombre, y así sucesivamente hasta llegar a la parte superior de la pirámide feudal, cada uno debiendo al otro, bien sean servicios o protección. El vínculo feudal tiene mucho en sí de la relación entre el guerrero y el comandante, pero tiene aún más de la relación entre hijo y padre, pariente y patriarca…. [Es decir, los vínculos feudales son esencialmente] relaciones contractuales, privadas y personales. La subordinación del rey a la ley fue uno de los más importantes principios del feudalismo.

Véanse también las notas 8, 9 y 10 más adelante.

[4] Véase a Lord Acton, "La Historia de la libertad en el cristianismo," in idem, Ensayos sobre la Historia de la Libertad (Indianapolis, Ind: Clásicos de la Libertad, 1985), esp. p.36.

[5] Sobre el patrimonio o la herencia ideológica liberal-libertaria de los primeros colonos de América véase Murray N. Rothbard, Por una nueva Libertad (Nueva York: Collier, 1978), capítulo 1; idem, Concebidos en Libertad, 4 vols. (New Rochelle, NY: Arlington House, 1975), y Bernard Bailyn, Los Orígenes ideológicos de la Revolución Americana (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1967).

Esta idea fundamental fue claramente expuesta por el economista francés-belga Gustave de Molinari en un artículo publicado en 1849 (“La Producción de Seguridad”). De Molinari razonaba así:

Que en todos los casos, para todos los productos básicos que sirven para proveer las necesidades tangibles o intangibles de los consumidores, es en el mejor interés del consumidor que el empleo y el comercio sigan siendo libres, porque la libertad de trabajo y comercio tiene como resultado necesario y permanente la reducción máxima de los precios. De ahí se deduce: que ningún gobierno debería tener el derecho de impedir que otro gobierno entrara en competencia con él mismo, o que exigiera a los consumidores de seguridad o protección que lo buscaran exclusivamente a él para obtener estos servicios básicos (p. 3).

Si, por el contrario, el consumidor no tiene libertad de contratar seguridad donde bien le plazca, vería de inmediato abrirse una gran profesión dedicada a la arbitrariedad y a la mala gestión. La Justicia se tornaría lenta y costosa, la policía vejatoria, la libertad individual ya no sería respetable, el precio de la seguridad se inflaría abusivamente y se repartiría inequitativamente de acuerdo con el poder y la influencia de tal o cual clase de consumidores.(págs. 13-14)

[7] Además, de conformidad con su carta real original, los nuevos Estados independientes de Georgia, las Carolinas, Virginia, Connecticut, y Massachusetts, por ejemplo, reclamaban como frontera occidental el Océano Pacífico, y sobre esa base, tan obviamente carente de fundamento, y usurpado títulos de propiedad, ellos - y, posteriormente, su heredero "legal", el Congreso Continental y los Estados Unidos - procedieron a vender los territorios occidentales a colonizadores privados y a negociantes de tierras, con el fin de pagar sus deudas y/o a financiar operaciones del gobierno de ese entonces.

Véase de Bruno Leoni, Libertad y Ley (Indianapolis, Ind: Clásicos de la Libertad, 1991), p. 118. Leoni aquí anota que varios comentaristas académicos de la Carta Magna, por ejemplo, han señalado que una de las primeras versiones del principio medieval de "no hay impuestos sin representación" originalmente se tenía como que "no habría impuestos sin el consentimiento de la persona gravada", y tenemos que en 1221, el Obispo de Winchester habiendo sido "convocado a dar su consentimiento a un impuesto de escuage {pago de impuesto para no prestar el servicio militar}, se negó a pagar, después de que el Consejo había decretado la subvención, sobre la base que él no había estado de acuerdo, y ya el Exchequer había confirmado su solicitud".

[9] Véase en Kern, Monarquía y Leyes en la Edad Media, quien escribe

que no hay, en la Edad Media, tal cosa como la "primera aplicación de una norma jurídica". Ley significa antigua; una nueva ley es una contradicción en términos, porqué una nueva ley se basa explícita o implícitamente en la antigua, o está en conflicto con ella, en cuyo caso no es legal. La idea fundamental sigue siendo la misma, la antigua ley es la verdadera ley, y la verdadera ley es la antigua ley. Según ideas medioevales, por lo tanto, la promulgación de una nueva ley nunca es posible, y todas las leyes y reformas jurídicas se conciben como una restauración de la buena y antigua ley que ha sido violada. (p. 151)

Opiniones similares en relación con la permanencia de la ley y la inadmisibilidad de la legislación eran aún sostenidas por los fisiócratas franceses del siglo 18 tal como Mercier de la Riviere, quien fuera por un tiempo gobernador de Martinica y autor de un libro sobre el Orden Natural, y quien fue llamado para aconsejar a Catalina la Grande, Zarina de Rusia, sobre como gobernar. Se dice que de la Riviere había contestado que ‘la ley debe basarse

en una sola [cosa], Madame, la naturaleza de las cosas y el hombre... Porque dictar o hacer leyes, Madame, es una tarea que Dios no ha delegado a nadie. ¡Ah!¿Quién es el hombre, para creerse a sí mismo capaz de dictar leyes a seres que él no conoce? La ciencia de gobernar es estudiar y reconocer las leyes que Dios ha grabado de manera evidente en la organización misma del hombre, cuando Él le dio existencia. Tratar de ir más allá sería una gran desgracia y una empresa destructiva. (Citado en Murray N. Rothbard, Pensamiento Económico Antes de Adam Smith: Una Perspectiva Austriaca sobre la Historia del Pensamiento Económico [Cheltenham, UK: Edward Elgar, 1995], vol. 1, p. 371)

Véase también de Jouvenel, La Soberanía, pp. 172-73 y 189.

[10] La tan preciada visión moderna, según la cual la adopción de un "gobierno constitucional" representa un importante avance civilizacional de un gobierno arbitrario al imperio de la ley y según el cual se atribuye a los Estados Unidos un lugar destacado, o incluso un papel preeminente en este histórico avance, debería entonces, ser considerada como seriamente viciada. Esta opinión no sólo está en evidente contradicción con documentos tales como la Carta Magna (1215) o el Golden Bull (1356), sino que, y es lo más importante, tergiversa la naturaleza de los gobiernos pre-modernos. Tales gobiernos, o carecían totalmente del más arbitrario y tiránico de todos los poderes, es decir, la facultad de legislar y de gravar con impuestos sin consentimiento previo, o aún si poseyesen estos poderes, los gobiernos tenían enormes restricciones para su ejercicio, porque tales facultades eran ampliamente consideradas como ilegítimas, es decir, como usurpadas en lugar de justamente adquiridas. En claro contraste, los gobiernos modernos se definen por el hecho de que los poderes para gravar con impuestos y legislar son explícitamente reconocidos como legítimos, es decir, todos los gobiernos "constitucionales", ya sea en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar, constituyen gobiernos estatales. Robert Nisbet tiene razón al señalar que

un rey pre-moderno puede haber gobernado a veces con grado de irresponsabilidad como el que pocos funcionarios gubernamentales modernos pueden hoy disfrutar, pero es dudoso que, en términos de poder efectivo y de servicios, algún rey, incluso de las "monarquías absolutas" del siglo XVII, ejerciera el tipo de autoridad ahora inherente a la oficina de muchos funcionarios de alto rango en las democracias. Hubo en ese entonces muchas barreras sociales entre el alegado poder del monarca y la efectiva ejecución de este poder sobre los individuos. El prestigio mismo y la funcional importancia de la iglesia, la familia, las hermandades, y las lealtades de la comunidad local, limitaban el poder absoluto del Estado. (Comunidad y poder, pp. 103-04)

[11] Murray N. Rothbard , Poder y Mercado: Gobierno y la Economía (Kansas City: Sheed Andrews y McMeel, 1977), pp. 188-89. Véase también sobre este capítulos 1-3. A la luz de estas consideraciones - y en contraste con la sabiduría común en la materia - uno llega a la misma conclusión con respecto al "éxito" final de la Revolución Americana como en H.L. Mencken, A Mencken Chrestomathy (Nueva York: Vintage Books 1982):

Las revoluciones políticas no suelen conseguir nada de auténtico valor; un indudable efecto es simplemente deshacerse de una banda de ladrones y reemplazarla por otra. Incluso las colonias americanas ganaron poco con su revuelta en 1776. Veinticinco años después de la Revolución estaban en mucho peor condición como estados libres de lo que hubieran estado como colonias. Sus gobiernos eran más costosos, más ineficientes, más deshonestos, y más tiránicos. Sólo el progreso material gradual del país los salvó de la hambruna y del colapso, y el progreso material se debió, no a las virtudes de sus nuevos gobiernos, sino a la abundante generosidad de la naturaleza. Bajo el dominio de los británicos hubieran estado muy bien, y probablemente muchísimo mejor.(págs. 145-46)

[12] Véase en el siguiente de Hans-Hermann Hoppe, Eigentum, Anarchie und Staat. Studien zur théorie des Kapitalismus (Opladen: Westdeutscher Verlag, 1987), pp. 182 y sig.

[13] Véase Helmut Schoeck, La Envidia: Una Teoría de la Conducta Social (Nueva York: Harcourt, Brace and World, 1970).

[14] Véase de Jouvenel, Sobre el Poder, pp. 9-10.

[15] Véase este brillante y, de hecho, profético análisis por John C. Calhoun, Una Disquisición sobre el Gobierno (Nueva York: Prensa de las Artes Liberales, 1953), esp. pp. 25–27. Allí Calhoun anota que

una constitución escrita sin duda tiene muchas ventajas, pero es un gran error suponer que la mera inserción de disposiciones para restringir y limitar los poderes del gobierno, sin dotar a aquellos para quien la protección se inserta, con los medios para tutelar su cumplimiento, sea suficiente para impedir que el principal partido dominante abuse de sus poderes. Estando un partido en posesión del poder, estará… a favor de los poderes otorgados por la Constitución y se opondrá a las regulaciones destinadas a limitarlo. Como partido principal y dominante, no tendrá necesidad de estas restricciones para su protección. El partido menor o más débil, por el contrario, tomaría la dirección opuesta y las consideraría esenciales para protegerse del partido dominante. Pero cuando no hay medios por los cuales se pudiera obligar al partido mayoritario a observar estas restricciones, el único recurso disponible que tendrían sería una redacción estricta de la constitución. Al cual el partido mayoritario opondría una construcción liberal - una que daría a las palabras de la redacción el sentido más amplio que fuera susceptible. Entonces sería construcción contra construcción – una para contraer y la otra para ampliar las facultades del gobierno al máximo. Pero de que podría servir recurrir a una estricta construcción por parte del partido minoritario, contra la interpretación liberal del mayoritario, cuando el uno tendría todas las facultades del gobierno para llevar a efecto su interpretación y el otro estaría privado de todos los medios para hacer cumplir su construcción? En una contienda tan desigual, el resultado no sería dudoso. El partido a favor de las restricciones sería dominado. El final de la contienda sería la subversión de la Constitución ... las restricciones en última instancia, quedarían anuladas y el gobierno se convertiría en uno con poderes ilimitados. Tampoco la división del gobierno en departamentos distintos e independientes, así se verían unos a otros, evitaría este resultado ... ya que todos y cada uno de los departamentos - y, por supuesto, todo el gobierno - estaría bajo el control de la mayoría numérica, es demasiado claro como para exigir una explicación, que la mera distribución de competencias entre sus agentes o representantes puede hacer poco o nada para contrarrestar la tendencia a la opresión y al abuso de poder.

En resumen, entonces, los comentarios de Rothbard sobre este análisis son

que la Constitución ha demostrado ser un instrumento para ratificar la ampliación del poder del Estado en lugar de lo contrario. Como observa Calhoun, cualesquiera límites escritos que permitan al gobierno interpretar sus propias competencias deben concebirse para ser interpretadas como sanciones por expandir, y no por limitar, estos poderes. En un sentido profundo, la idea de amarrar el poder con las cadenas de una constitución escrita ha demostrado ser un noble pero fracasado experimento. La idea de un gobierno estrictamente limitado ha demostrado ser una Utopía; y es necesario encontrar algún otro medio más radical para impedir el crecimiento agresivo del Estado. (Para una Nueva Libertad, p. 67)

Véase también Anthony de Jasay, En contra de la Política: Sobre el Gobierno, la Anarquía, y el Orden (Londres: Routledge, 1997), especialmente el capítulo 2.

[16] Robert Higgs, Crisis y Leviatán: Episodios Críticos en el Crecimiento del Gobierno de los Estados Unidos (Nueva York: Oxford University Press 1987), p. ix, contrasta la experiencia de los primeros años de América con la experiencia presente:

Hubo una época, hace mucho tiempo, cuando el estadounidense promedio podría dirigir sus negocios diarios apenas consciente de la existencia del gobierno - especialmente del gobierno federal. Como agricultor, comerciante, o fabricante, podía decidir qué, cómo, cuándo y dónde producir y vender sus productos, limitado casi exclusivamente por las fuerzas del mercado. Pensemos: sin subsidios agrícolas, sin apoyo a los precios, sin control a las áreas sembradas, sin Comisión Federal de Comercio; sin leyes antimonopolio; sin Comisión Interestatal de Comercio.Como empleador, trabajador, consumidor, inversionista, prestamista, prestatario, estudiante, o profesor, podía proceder en gran medida de acuerdo con sus propias luces. Basta pensar: no había Junta Nacional de Relaciones Laborales; ni leyes federales de “protección” a los consumidores; ni Comisión de Seguridad e Intercambio; ni Comisión de Igualdad de Oportunidad de Empleo; ni Departamento de Salud y Servicios Humanos. A falta de un banco central que emitiera nacionalmente papel moneda, el común de personas usaba monedas de oro para hacer sus compras. No había impuesto sobre las ventas en general, ni impuestos de Seguro Social, ni impuestos sobre la renta. Aunque los funcionarios gubernamentales eran tan corruptos en ese entonces como ahora - quizás más - porque había mucho menos en qué ser corruptos. Los ciudadanos privados gastaban alrededor de quince veces más que todos los gobiernos juntos. Esos días, desgraciadamente, hace mucho tiempo quedaron atrás.

[17] Sobre el crecimiento de gobierno de los EE.UU. y, en particular, el papel de la guerra en este desarrollo, véase John V. Denson, ed., Los Costos de la Guerra: Las Victorias Pírricas de America (New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1997); Higgs, Crisis y Leviatán; Eckehart Krippendorff, Krieg und Staat (Frankfurt / M.: Suhrkamp, 1985), esp. pp., 90-116; Ronald Radosh y Murray N. Rothbard, eds., Una Nueva Historia de Leviatán (Nueva York: Dutton, 1972); Arthur A. Ekirch, Declinación del Liberalismo Americano (Nueva York: Atheneum, 1967).

[18] Para la más enérgica declaración en este sentido ver Lysander Spooner, Sin Traición: La Constitución Sin Autoridad (Colorado Springs, Colorado: Ralph Myles, 1973); también Murray N. Rothbard, La ética de la Libertad (Nueva York: Imprenta de la Universidad de Nueva York, 1998), especialmente los capítulos 22 y 23.

[19] De hecho, este tipo de contrato de protección no sólo es empíricamente improbable, sino praxeológicamente imposible. Porque "al aceptar impuestos y legislación con el fin de recibir protección," una persona en efecto entrega, o enajena, todos sus bienes a la autoridad tributaria y se somete en esclavitud permanente a la agencia legislativa. Sin embargo, tal contrato es desde el principio inadmisible y, por tanto, nulo y sin valor, porque contradice la propia naturaleza de los contratos de protección, a saber, la auto-propiedad de alguien (de sí mismo) para ser protegida y la existencia de algo perteneciente al protegido (en lugar de pertenecer a su protector). Es decir, propiedad privada - separada.(¿?)

Curiosamente, a pesar del hecho de que ninguna constitución conocida de un estado haya sido acordada con la totalidad de los habitantes comprendidos en su jurisdicción, y pese a la aparente imposibilidad de que este hecho pudiera ser diferente, la filosofía política, desde Hobbes, pasando por Locke y hasta el presente, abunda en intentos de proporcionar una justificación contractual al estado. La razón de estos innumerables esfuerzos, aparentemente sin fin, es evidente: o bien un Estado puede justificarse como resultado de los contratos, o no se puede justificar en absoluto. No es sorpresa, sin embargo, que esta búsqueda, al igual que la del círculo cuadrado o la del movimiento perpetuo, haya resultado infructuosa y sólo haya generado una larga lista de pseudo-justificaciones falsas, si no fraudulentas, bajo la figura semántica de que "no contrato" sea realmente contrato "implícito", o "tácito", o "conceptual". En resumen, "no" realmente significa "sí". Para un ejemplo moderno de este “trabalenguas” orwelliano, véase James M. Buchanan y Gordon Tullock, El cálculo del Consentimiento (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1962); James M. Buchanan, Los Límites de la Libertad (Chicago: University of Chicago Press, 1975); ídem y, en La Libertad en el Contrato Constitucional (College Station: Texas A & M University Press, 1977). Para una crítica de Buchanan y la llamada Escuela de Selección Pública, Véase Murray N. Rothbard, La Lógica de la Acción Dos (Cheltenham, UK: Edward Elgar, 1997), caps. 4 y 17, y Hans-Hermann Hoppe, Economía y Ética de la Propiedad Privada (Boston: Kluwer, 1993), capítulo 1.

[20] Véase en los siguientes especialmente el capítulo 8 y también el capítulo 12; Morris y Linda Tannehill, El Mercado de la Libertad (Nueva York: Libros Laissez Faire, 1984).

[21] De Molinari, La Producción de Seguridad, p. 12.

[22] Como ha explicado Rothbard, aún

si el gobierno se limitara a la "protección" de persona y propiedad, y los impuestos se "limitaran" solamente a la prestación de ese servicio, entonces, cómo podría decidir el gobierno cuánta protección debe proporcionar y cuanto debe recaudar en impuestos? En efecto, contrario a la teoría del gobierno limitado, la "protección" ya no es una abultada “cosa” colectiva, diferente a cualquier otro bien o servicio a la sociedad. Ciertamente, "protección" podría significar cualquier cosa, desde una policía para todo un país, hasta el suministro de una cuadrilla de guardaespaldas armados y un tanque para cada ciudadano - una propuesta que llevaría a la bancarrota a la sociedad. Pero, ¿quién debe decidir sobre la cantidad de protección, ya que es innegable que todas las personas están mejor protegidas contra robo y asalto en caso de estar vigilados por un guardaespaldas armado, que si no lo están? En el mercado libre, las decisiones sobre cuánto y qué calidad, de cualquier bien o servicio, debe ser suministrada a cada persona se hace por medio de adquisiciones voluntarias de cada individuo, pero ¿qué criterio se puede aplicar cuando la decisión la toma el gobierno? La respuesta es, absolutamente ninguno, y tales decisiones gubernamentales sólo pueden ser puramente arbitrarias. (La Ética de la Libertad, pp. 180-81)

Véase también Murray N. Rothbard, Por una Nueva Libertad: El Manifiesto Libertario, rev. ed. (Nueva York: Collier, 1978), pp. 215 y sig.

[23] Comenta Rothbard:

La idea de la primacía de la restitución a la víctima tiene un gran precedente en la ley y, de hecho, es un antiguo principio de la ley que se ha permitido que se marchite a medida que el Estado ha ensanchado y monopolizado las instituciones de justicia. De hecho, en la Edad Media en general, la restitución a la víctima era el concepto de castigo dominante; sólo que cuando el Estado creció más poderoso … el énfasis pasó de la restitución a la víctima, al castigo ... por presuntos delitos cometidos "contra el Estado”. Lo qué sucede hoy en día es el siguiente absurdo: A roba 15.000 dólares a B. El gobierno sigue las pistas, juzga, y condena a A, todo a expensas de B, quien es uno de los numerosos contribuyentes victimizados en este proceso. Entonces, el gobierno, en lugar de obligar a A a que pague a B, o lo someta trabajos forzados hasta que pague la deuda, impone a B, la víctima, la obligación de pagar impuestos para mantener al criminal en la cárcel por diez o veinte años. Donde puede estar la justicia aquí? (La Ética de la Libertad, pp. 86-87).

[24] Las agencias de seguros, en la medida en que entran en un contrato bilateral con cada uno de sus clientes, satisfacen plenamente el original y antiguo desiderátum del gobierno "representativo", del cual Bruno Leoni ha señalado que "la representación política estaba estrechamente relacionada en su origen con la idea de que los representantes actúan como agentes de otras personas y de acuerdo a su voluntad" (Libertad y Ley, pp. 118-19 [véase también la nota 8 más arriba]. En claro contraste, el moderno gobierno democrático implica la completa perversión - de hecho, la anulación -- de la idea original de gobierno representativo. Hoy en día, una persona se considera políticamente "representada" no importa cómo, es decir, independientemente de su propia voluntad y acciones o de las de su representante. Una persona se considera representada si vota, pero también si no vota. Se considera representada si el candidato por quien votó a favor sale elegido, pero también si sale elegido otro candidato. El votante está representado, si el candidato por quien ha votado, o aquel por quien no ha votado, hace, o no hace, lo que él desearía que hiciera. Y se considera políticamente representado, si "su" representante encuentra apoyo, o no lo encuentra, en la mayoría de los representantes electos. "En verdad," como Lysander Spooner ha señalado,

votar no debe ser tomado como prueba de consentimiento. Por el contrario, se considera que, sin su consentimiento, inclusive habiéndoselo pedido, un hombre se encuentra a sí mismo rodeado por un gobierno que no puede resistir; un gobierno que lo obliga a pagar dinero, a prestar servicios, y a renunciar al ejercicio de muchos de sus derechos naturales, so-pena de fuertes castigos. Él ve, también, que otras personas practican esta tiranía sobre él mediante el uso de la balota electoral. Considera además, que, si tan sólo usara él mismo la balota, tendría alguna posibilidad de aliviarse de la tiranía de los demás, sometiendo a éstos a la suya propia. En resumen, se encontrará, sin su consentimiento, en tal situación que si utiliza la balota de votación, puede convertirse en amo, y si no la utiliza, debe convertirse en esclavo. Y no tiene más alternativa que éstas dos. Para auto-defenderse intentará la primera. Su caso es similar al de un hombre que se ha visto obligado a ir a la batalla, donde está obligado a matar o a morir. Aunque, para salvar su propia vida en el campo de batalla, el hombre trata de quitar la vida a sus opositores, no se debe inferir que es de su elección el ir a la batalla. (15) [En consecuencia, los electos funcionarios del gobierno] no son ni funcionarios, ni agentes, ni abogados, ni representantes nuestros... [para] que no nos hagamos, a nosotros mismos, responsables de sus actos. Si un hombre es mi servidor, mi agente o mi abogado, necesariamente me hago responsable de todos sus actos, siempre y cuando fuesen realizados dentro de los límites de las facultades que he confiado a él. Si en una u otra forma he entregado a él, como mi agente, ya sea un poder absoluto, o cualquier otra clase de poder, sobre personas o propiedades de otros diferentes de mí mismo, necesariamente tengo que hacerme responsable ante dichas personas de cualquier lesión que pueda aquel causarles, siempre y cuando actúe dentro de los límites de las facultades que le he concedido. Pero nadie que pueda ser lesionado en su persona o bienes, por actos del Congreso, puede venir a cada elector individualmente, y considerarlo responsable por los actos de sus llamados agentes o representantes. Este hecho demuestra que los supuestos agentes de la gente, de todo el mundo, son realmente agentes de nadie (29). (Spooner, Sin Traición, pp. 15 y 29)

[25] En cuanto a la "lógica" de los seguros, véase Ludwig von Mises, La Acción Humana: un Tratado sobre Economía, Edición Académica. (Auburn, Ala: Ludwig von Mises Institute, 1998), capítulo 6, Murray N. Rothbard, Hombre, Economía, y Estado, 2 vols. (Auburn, Ala: Ludwig von Mises Institute, 1993), pp. 498ff, y Hans-Hermann Hoppe, "Certidumbre e Incertidumbre, o: ¿Qué tan Racionales pueden ser nuestras Expectativas?”. Revista de Economía Austríaca 10, no. 1 (1997).

[26] Al estar obligados, por un lado, a colocar personas con la misma o similar exposición al riesgo, en el mismo grupo de riesgo y cobrar a cada una de ellas el mismo precio por valor asegurado, y en verse obligadas, por otra parte, a diferenciar con precisión y objetividad (hechos) grupos de riesgo diferentes, y cobrar un precio diferente por valor asegurado a miembros de diferentes grupos de riesgo (con diferencias de precios que reflejen con exactitud el grado de heterogeneidad entre los miembros de estos grupos diferentes), las compañías de seguros promoverían sistemáticamente la mencionada tendencia natural humana (véase la nota 2 más arriba), de que "personas parecidas" se asocian, y se separan físicamente y discriminan en contra, de otras "diferentes". Sobre la tendencia de los Estados a romper y destruir asociaciones y grupos homogéneos mediante políticas de integración forzada, véanse los capítulos 7, 9, y 10.

[27] Véase también el capítulo 12, y Tannehill y Tannehill, El Mercado de la Libertad, capítulos 11, 13 y 14.

[28] Véase sobre esto Murray N. Rothbard, "Conceptos sobre la Función de los Intelectuales en el Cambio Social Hacia el Laissez-Faire", Diario de Estudios Libertarios 9, no. 2 (1990).

[29] Sobre la importancia fundamental de la opinión pública sobre el poder del gobierno véase Etienne de la Boetie, La política de obediencia: El Discurso de la Servidumbre Voluntaria (Nueva York: Vida Libre Ediciones, 1975), con una introducción por Murray N. Rothbard; David Hume, "Sobre los Primeros Principios de Gobierno", in idem, Ensayos: Moral, Política y Literatura (Oxford: Oxford University Press, 1971), y Mises, La Acción Humana, el capítulo 9 del artículo 3.

Mises allí (p. 189) señala lo siguiente:

Aquel que quiere aplicar la violencia necesita de la cooperación voluntaria de algunas personas. El tirano debe tener un séquito de partidarios que obedezca sus órdenes a motu proprio. Su obediencia espontánea le proporciona el aparato que necesita para la conquista de otras personas. Para tener, o no, éxito en que su dominio perdure depende de la relación numérica de los grupos, los que lo apoyan voluntariamente y aquellos a quienes golpea para someterlos. Aunque un tirano puede temporalmente gobernar a través de una minoría, si esta minoría está armada pero la mayoría no lo está, en el largo plazo, la minoría no puede mantener una mayoría en sumisión.

[30] Véase sobre esta "vieja" concepción liberal de la democracia, por ejemplo, von Mises, Liberalismo: En la Tradición Clásica (Irvington-on-Hudson, NY: Fundación para la Educación Económica, 1985). "Entonces el derecho a la libre determinación, en lo que respecta a la cuestión de la afiliación a un estado," escribe Mises,

“entonces significa: cuando los habitantes de un territorio determinado, ya sea un pueblo único, o todo un distrito, o una serie de distritos adyacentes, hacen saber, mediante un plebiscito llevado a cabo libremente, que ya no deseen permanecer unidos al estado al que pertenecen en el momento, pero que desean, ya sea formar un estado independiente o unirse a otro estado, sus deseos deben respetarse y cumplirse. Esta es la única forma viable y eficaz de prevenir revoluciones y guerras civiles e internacionales. (p. 109)

[31] Para un análisis cuidadoso de las cuestiones implicadas en la Guerra de la Independencia del Sur ver Thomas J. DiLorenzo, "El Gran centralizador. Abraham Lincoln y la Guerra entre los Estados," Revista Independiente 3, no. 2 (1998).

[32] Sobre la importancia de las ciudades libres de la Europa medieval en el desarrollo posterior de la única de tradición europea de liberalismo (clásico), véase Charles Tilly y Wim P. Blockmans, eds., Las Ciudades y el Surgimiento de los Estados en Europa, AD 1000 a 1800 (Boulder, Colorado: Westview Press, 1994).

[33] El peligro de represión por parte del gobierno es mayor durante la fase inicial de este escenario secesionista, es decir, mientras el número de territorios libres de la ciudad sea todavía pequeño. Por lo tanto, durante esta fase es aconsejable evitar cualquier confrontación directa con el gobierno central. En lugar de renunciar a su legitimidad por completo, parece ser prudente, por ejemplo, garantizar al gobierno la "propiedad" de los edificios federales, etc., dentro del territorio libre, y "solamente" negar su derecho a impuestos futuros y a legislar con relación a algo y a alguien, dentro de este territorio. Siempre que esto se haga con un adecuado tacto diplomático, y dada la necesidad de un importante nivel de apoyo entre la opinión pública, es difícil imaginar cómo el gobierno central se atrevería a invadir un territorio y aplastar a un grupo de personas que no han cometido otro pecado que tratar de ocuparse de su propios negocios. Posteriormente, una vez que el número de territorios secesionistas haya alcanzado una masa crítica - y cada éxito en una localidad promovería la imitación de otras localidades - la dificultad para aplastar a los secesionistas aumentaría exponencialmente, y el gobierno central rápidamente quedaría impotente y se derrumbaría bajo su propio peso.

TRADUCCIÓN DE RODRIGO DÍAZ

Falacias de la Teoría de los Bienes Públicos y la Producción de Seguridad

Rodrigo Diaz — Sat, 08 Nov 2008 18:53:00 GMT

Por Hans-Hermann Hoppe

Reproducido de The Economics and Ethics of Private Property, Kluwer Academic Press, Norwell, Mass., 1993. Autorizaci6n otorgada por el autor para traducir y publicar en Libertas.

En 1849, cuando el liberalismo clásico era todavía la ideología predominante y los términos "economista" y "socialista" se consideraban (con razón) antónimos, Gustave de Molinari, prestigioso economista belga, escribió: "Si existe en economía política una verdad bien fundamentada, es ésta: En todos los casos, sean cuales fueren los bienes que satisfacen las necesidades materiales e inmateriales del consumidor, lo que más le conviene a este es que el trabajo y el comercio se desarrollen en libertad, porque esto tiene como consecuencia necesaria y permanente la máxima disminución del precio. Y ésta: Sea cual fuere el bien de que se trate, el interés del consumidor debe prevalecer siempre por sobre los intereses del productor. La observación de estos principios lleva a esta rigurosa conclusión: Que la producción de seguridad debe someterse a la ley de la libre competencia, en interés de los consumidores de este bien intangible. Por consiguiente: Ningún gobierno tiene el derecho de evitar que otro gobierno entre en competencia con él o de exigir a los consumidores de seguridad que acudan exclusivamente a él en procura de este bien"^[1]. Y, con respecto a la totalidad de la argumentación, agrega: "Si esto no es lógico y verdadero, los principios sobre los cuales se basa la ciencia económica carecen de valide."^[2]

Aparentemente, sólo hay un modo de rehuir esta desagradable conclusión (así, por lo menos, la consideran todos los socialistas): sostener que existen determinados bienes a los cuales no se aplica este razonamiento general, por ciertas razones especiales. Y esto es lo que han decidido probar los denominados teóricos de los bienes públicos^[3]. Sin embargo, demostraré que en realidad no existen bienes ni razones especiales, y que la producción de seguridad no plantea un problema diferente del de la producción de cualquier otro bien o servicio, ya se trate de casas, quesos o seguros. Toda la teoría de los bienes públicos, pese a sus numerosos seguidores, es defectuosa, plagada de razonamientos rimbombantes, incoherencias internas y falsas conclusiones, apela a los prejuicios populares y a las creencias aceptadas y se sirve de ellas, pero no posee ningún mérito científico.^[4]

Entonces, ¿qué nos ofrece el camino que los economistas socialistas han hallado para escapar de las conclusiones de Molinari? Desde los tiempos de Molinari, la pregunta de si existen bienes a los que pueden aplicarse distintos análisis económicos ha recibido, con creciente frecuencia, una respuesta afirmativa. En realidad, es casi imposible encontrar un solo texto de economía contemporáneo que no destaque la importancia vital de distinguir entre bienes privados, para los cuales se acepta en general la superioridad del orden de producción capitalista, y bienes públicos, en cuyo caso se la niega.^[5] Se afirma que ciertos bienes o servicios —entre los que se cuenta la seguridad— poseen la especial característica de que no están limitados a quienes realmente han pagado por ellos. Por el contrario, pueden disfrutarlos aun las personas que no han participado en su financiación. Se los denomina bienes o servicios públicos, en contraste con los bienes o servicios privados, que benefician exclusivamente a los que los han pagado. Y se aduce que esta característica especial de los bienes públicos es la que determina que los mercados no los produzcan, o por lo menos no en la cantidad o con la calidad suficientes, por lo cual se necesita la acción compensadora del estad.

Los ejemplos que ofrecen diferentes autores acerca de los presuntos bienes públicos varían muchísimo. A menudo clasifican de manera diferente el mismo bien o servicio, lo que hace que ninguna clasificación de un bien particular sea irrefutable; esto prefigura claramente el carácter ilusorio de toda la diferenciación. ^[7] Hay, sin embargo, algunos ejemplos de bienes públicos que gozan de particular aceptación entre el público, como el cuerpo de bomberos, que al apagar un incendio evitan que la casa del vecino sea alcanzada por el fuego, con lo cual éste se beneficia aunque no haya contribuido en absoluto a financiarlo; o la policía, que patrulla las inmediaciones de mi casa e impide así que los ladrones entren en la de al lado, aunque su dueño no coopera para el mantenimiento de ese servicio; o el ejemplo del faro, uno de los preferidos por los economista, que ayuda al barco a hallar su ruta aunque el dueño de éste no haya aportado nada para su construcción o conservación.

Antes de continuar con la presentación y el examen crítico de la teoría de los bienes públicos, investiguemos hasta qué punto resulta útil la distinción entre bienes privados y públicos para ayudar a decidir cuáles deben ser producidos en forma privada y cuáles por el estado, o con ayuda de éste. Ni siquiera el análisis más superficial podría dejar de señalar que si se utiliza el supuesto criterio de no exclusión, en lugar de encontrar una solución razonable, se originarían grandes dificultades. Por lo menos a primera vista parecería que algunos de los bienes y servicios provistos por el estado podrían calificarse verdaderamente como bienes públicos, pero no se ve con claridad cuántos de ellos, cuya producción está realmente a cargo de aquél, pueden incluirse en esa categoría. Los ferrocarriles, los servicios postales, los teléfonos, las calles y otros por el estilo, parecen ser bienes cuyo uso puede ser limitado a las personas que los financian, por lo cual se manifiestan como bienes privados. Lo mismo puede decirse sobre muchos aspectos de un bien tan polifacético como la "seguridad": cualquier cosa pasible de ser asegurada puede calificarse como un bien privado. Con todo, esto no basta, ya que, así como hay un sinnúmero de bienes provistos por el estado que parecen ser en realidad privados, también existen muchos, producidos en forma privada, que podrían incluirse en la clase de los bienes públicos. Es obvio que mis vecinos pueden disfrutar contemplando los rosales de mi jardín, con lo cual se benefician sin haberme ayudado jamás a cuidarlos. Lo mismo puede decirse de todas las mejoras que yo haya hecho en mi propiedad, que al mismo tiempo han aumentado el valor de las aledañas. La actuación de un músico callejero proporciona placer incluso a aquellos que no depositan una moneda en su gorra. Los pasajeros que viajan conmigo en el ómnibus no me han ayudado a comprar mi desodorante. Y todos aquellos que se relacionan conmigo son beneficiarios de los esfuerzos que he realizado, sin su aporte económico, para convertirme en una persona digna de aprecio. Entonces, todos estos bienes que poseen evidentemente características de bienes públicos —los rosales de mi jardín, las mejoras en mi propiedad, la música callejera, el desodorante, el perfeccionamiento personal—, ¿deben ser provistos por el estado, o con ayuda de éste?

Todos estos ejemplos indican que hay un serio error en la teoría según la cual los bienes públicos no pueden ser producidos en forma privada sino que requieren la intervención del estado. Es obvio que el mercado puede producirlos. Más aun, la evidencia histórica demuestra que todos los denominados bienes públicos cuya producción está ahora a cargo del estado fueron en otros tiempos provistos por la empresa privada, y aún lo son hoy en día en algunos países. Por ejemplo, los servicios postales se financiaban en forma privada prácticamente en todas partes; las calles eran privadas (todavía siguen siéndolo en algunos lugares); hasta los famosos faros fueron antaño fruto de la iniciativa privada;^[9] existen fuerzas de policía, detectives y árbitros privados, y tradicionalmente las organizaciones caritativas privadas han velado por los enfermos, los pobres, los ancianos, los huérfanos y las viudas. Por lo tanto, la experiencia desmiente una y cien veces que todas esas cosas no puedan producirse en un sistema de mercado.

Además, surgen otras dificultades cuando se utiliza la distinción entre bienes públicos y privados para decidir qué es lo que se deja librado al mercado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la producción de bienes públicos tuviera consecuencias negativas, y no positivas, para otras personas, o si las consecuencias fueran positivas para algunos y negativas para otros? ¿Qué pasaría si el vecino cuya casa se salvó del fuego por la intervención de los bomberos que yo contribuí a financiar hubiese deseado que se quemara (tal vez porque estaba asegurada en una suma importante); o si mis vecinos detestaran las rosas o los que viajan conmigo en el ómnibus encontraran desagradable el perfume de mi desodorante? Además, los cambios tecnológicos pueden modificar el carácter de un bien determinado. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el desarrollo de la televisión por cable, que ha transformado en privado un bien que antes era (aparentemente) público. Las modificaciones en las leyes que rigen la propiedad —la asignación de la propiedad— pueden tener un efecto similar al cambiar el carácter de un bien público o privado. Por ejemplo, el faro sólo es un bien público en la medida en que el mar en el que se encuentra es de propiedad pública (y no privada). Pero si se permitiera la privatización de algunos sectores del océano, tal como sucedería en un sistema puramente capitalista, sin duda sería posible excluir de los beneficios que proporciona el faro a los que no pagaran por ellos, porque su luz tiene un alcance limitado.

Dejemos este nivel de análisis un tanto superficial y examinemos con más detalle la distinción entre bienes públicos y privados; descubriremos así que resulta ser totalmente ilusoria. La causa fundamental de que haya tanto desacuerdo en cuanto a la clasificación de un bien dado es que no existe una dicotomía inequívoca. Todos los bienes son más o menos privados o públicos, y el grado en que lo son puede cambiar —de hecho, lo hace constantemente— según se van modificando los valores y las evaluaciones de las personas y va cambiando la composición de la población. Para reconocer que los bienes no pueden ser incluidos de una vez y para siempre en una u otra categoría, sólo hay que recordar qué es lo que convierte a una cosa en un bien. Para que lo sea, alguien tiene que considerarlo escaso y tratarlo como tal. Esto significa que una cosa no es un bien en sí misma, sino que sólo lo es para alguien. Únicamente adquiere la condición de bien si una persona la evalúa subjetivamente como tal. De esto se desprende que, si las cosas nunca son bienes en sí mismas —si su condición de bienes económicos no puede determinarse por un análisis fisicoquímico—, es obvio que no existe un criterio invariable para clasificar un bien como privado o público. Los bienes nunca pueden ser una cosa u otra en sí mismos. Su carácter público o privado depende de cuántas o cuán pocas personas los consideren como bienes, y el grado en que son públicos o privados varía a medida que lo hacen las evaluaciones y va desde uno hasta el infinito. Aun aquellas cosas que, al parecer, son absolutamente privadas, como el interior de mi departamento o el color de mis prendas íntimas, pueden convertirse en bienes públicos si despiertan el interés de alguien.^[10] Y a la inversa, bienes aparentemente públicos, como la fachada de mi casa o el color de mi overol, pueden llegar a ser muy privados apenas otras personas dejan de interesarse por ellos. Además, las características de un bien pueden cambiar una y otra vez; incluso puede dejar de ser un bien, público o privado, para convertirse en un mal, público o privado, o viceversa; esto sólo depende de cómo cambien las consideraciones acerca de él. Siendo así, no es posible basar ninguna decisión sobre la clasificación de un bien como público o privado.^[11] En realidad, para hacerlo sería necesario preguntar virtualmente a cada persona si le interesa o no cada uno de los bienes en particular —en forma positiva o negativa, e incluso hasta qué punto—, para determinar quién se beneficiaría con qué y, en consecuencia, quién participaría en la financiación del bien. (¿Y cómo saber si dicen la verdad?) También sería necesario controlar permanentemente los cambios que se producen en las evaluaciones, con lo cual jamás se podría tomar una decisión definitiva con respecto a la producción de nada, y como resultado de esta teoría sin sentido estaríamos todos muertos desde hace mucho tiempo.^[12]

Pero aun si pasáramos por alto todas estas dificultades y admitiéramos, en beneficio del argumento, que la distinción entre bienes públicos y privados es aplicable al agua, aquél no probaría lo que supuestamente debe probar. No proporciona razones concluyentes de por qué los bienes públicos —suponiendo que existan como una categoría separada de bienes— deberían ser producidos en modo alguno, ni de por qué debería producirlos el estado y no la empresa privada. La teoría de los bienes públicos, introduciendo la distinción conceptual referida, dice en esencia esto: El hecho de que los bienes públicos tengan efectos positivos para las personas que no contribuyen en absoluto a producirlos o financiarlos demuestra que dichos bienes son deseables. Pero es evidente que no serían producidos en un mercado libre y competitivo, o por lo menos no en cantidad y calidad suficientes, porque ninguno de los que se beneficiarían con su producción contribuiría económicamente a ella. Por lo tanto, para que sea posible producir esos bienes (que, aunque evidentemente deseables, no serían producidos de otro modo) el estado debe intervenir y prestar su ayuda. Un razonamiento como éste, que puede encontrarse en casi todos los textos de economía (incluso en los de algunos laureados con el premio Nobel)^[13], es totalmente erróneo, y lo es en dos aspectos.

En primer lugar, para llegar a la conclusión de que el estado debe proveer bienes públicos que de otro modo no se producirían es preciso introducir una norma de contrabando en la cadena de razonamientos, porque si no, partiendo de la afirmación de que algunos bienes, por ciertas características especiales que poseen, no serían producidos, no podría inferirse jamás que deberían serlo. Pero al introducir esta norma para justificar su conclusión, los teóricos de los bienes públicos han traspasado los límites de la economía como ciencia positiva, wertfei, para entrar en el ámbito de la moral o de la ética; en consecuencia, podría esperarse que enunciaran una teoría de la ética como disciplina cognoscitiva, para legitimar lo que están haciendo y extraer su conclusión de manera justificada. Sin embargo, nunca se podrá destacar lo suficiente el hecho de que en toda la bibliografía existente acerca de los bienes públicos no hay una sola mención de algo que se parezca siquiera vagamente a una teoría cognoscitiva de la ética.^[14]Por eso, es necesario aclarar desde el vamos que los teóricos de los bienes públicos están haciendo un mal uso del prestigio que podrían tener como economistas positivos por sus pronunciamientos respecto de temas en los cuales, como sus propios trabajos lo indican, carecen en absoluto de autoridad. ¿Es que, quizá, dieron accidentalmente con algo correcto, sin fundamentarlo en una teoría moral elaborada? Se hace evidente que nada podría estar más lejos de la verdad apenas se pronuncia en forma explícita la norma necesaria para llegar a la conclusión de que el estado debe ayudar a proveer bienes públicos. La norma es ésta: Toda vez que se demuestre de algún modo que la producción de un bien o servicio particular tiene un efecto positivo sobre alguien, pero no se lo puede producir en absoluto, o no se lo puede producir en una cantidad o con una calidad definida a menos que ciertas personas participen en su financiación, está permitido ejercer violencia contra ellas, sea en forma directa o indirectamente con la ayuda del estado, y esas personas deben ser compelidas a compartir las obligaciones financieras necesarias. No hace falta aclarar que la implementación de esta regla conduciría al caos, porque equivale a decir que cualquiera puede atacar a otro cuando le parezca. Más aun, como lo he demostrado en detalle en otro trabajo^[15], esta norma nunca puede ser considerada como justa. Este tipo de razonamiento, en realidad todo razonamiento, en favor o en contra de cualquier posición, sea ésta moral o no, sea empírica o lógico–analítica, debe dar por sentado que, a la inversa de lo que dice realmente la norma, queda asegurada la integridad de cada individuo como una unidad físicamente independiente para la toma de decisiones. Sólo se puede afirmar algo, y después llegar a un posible acuerdo o desacuerdo al respecto, si cada uno está libre de agresión física por parte de otro. Por lo tanto, el principio de no agresión es la precondición necesaria para el debate y el posible acuerdo y por eso se lo debe defender racionalmente como una norma justa por medio de un raciocinio a priori.

Pero el razonamiento defectuoso que implica la teoría de los bienes públicos no es la única causa de su fracaso. Incluso el raciocinio utilitario, económico, contenido en el argumento es evidentemente erróneo. Bien podría ser que, como lo sostiene la teoría, fuera mejor tener bienes públicos que no tenerlos, aunque no debemos olvidar que no existe una razón a priori por la cual deba ser necesariamente así (en tal caso, el razonamiento de los teóricos de los bienes públicos terminaría aquí mismo). Es muy posible (en realidad es un hecho comprobado) que existan anarquistas cuyo rechazo por la acción estatal llegue a tal punto que prefieran no tener los denominados bienes públicos a tenerlos provistos por el estado.^[16] Sea como fuere, aun si aceptamos el argumento hasta este punto, una cosa es afirmar que los bienes públicos son convenientes y otra muy distinta sostener que, por lo tanto, debe proveerlos el estado; esto no es convincente en absoluto, ya que la elección que se nos plantea no es ésta. En vista de que es preciso retirar dinero u otros recursos de posibles usos alternativos para financiar bienes públicos que supuestamente son convenientes, la única pregunta pertinente y apropiada es si estos usos alternativos que se habrían dado al dinero (es decir, los bienes privados que se habrían podido adquirir pero que ya no es posible comprar porque el dinero se gastó en bienes públicos) son más valiosos —más urgentes— que los bienes públicos. Y la respuesta a esta pregunta es bien clara. Desde el punto de vista del consumidor, por alto que sea el nivel absoluto de los bienes públicos, su valor es relativamente más bajo que el de los bienes privados que compiten con ellos, porque si los consumidores pudieran elegir libremente (en lugar de que se les imponga una alternativa), por supuesto habrían preferido gastar de otro modo su dinero (de lo contrario no habría sido necesario usar la fuerza). Esto demuestra, más allá de toda duda, que los recursos empleados en la provisión de bienes públicos se malgastan, porque lo que se provee a los consumidores es, a lo sumo, bienes y servicios de importancia secundaria. En resumen, aun asumiendo que existiesen bienes públicos claramente distinguibles de los privados, y si se pudiera garantizar la utilidad de determinado bien, los bienes públicos deberían competir con los privados. Existe un solo método para descubrir si son más necesarios —urgentes— o no, y hasta qué punto o, mutatis mutandis, si se los debe producir a expensas de no producir, o producir en menor cantidad, bienes privados más urgentes, y hasta qué punto: permitiendo que todas las cosas sean provistas mediante la libre competencia entre empresas privadas. De ahí que, contrariamente a lo que afirman los teóricos de los bienes públicos, la lógica nos obliga a aceptar la conclusión de que sólo un sistema de mercado libre puede salvaguardar la racionalidad, desde el punto de vista de los consumidores, de la decisión de producir un bien público. Y sólo en un orden puramente capitalista se puede asegurar que la decisión acerca de la cantidad que se debe producir (si es que se debe producir algo) será también racional.^[17] Para que el resultado fuese diferente haría falta una revolución semántica de características verdaderamente orwellianas. Los teóricos de los bienes públicos sólo podrían "demostrar" lo que afirman si se interpretara que cuando alguien dice "no", en realidad quiere decir "si", que cuando una persona "no compra una cosa" es porque la prefiere a cualquier otra, que la "violencia" realmente significa "libertad", que "no hacer un contrato" implica "contratar", etcétera". ^[18]Pero en este caso, ¿cómo podríamos estar seguros de que realmente quieren decir lo que parecen decir cuando dicen lo que dicen y no quieren significar exactamente lo contrario, o incluso dicen algo que tiene un sentido definido pero no hacen otra cosa que parlotear? El caso es que no podemos saberlo. En consecuencia, M. N. Rothbard está totalmente en lo cierto al hablar de los esfuerzos que hacen los ideólogos de los bienes públicos para probar la existencia de lo que denominan fallas del mercado debido a la falta de producción de bienes públicos, o a una producción cuantitativa o cualitativamente "deficiente" de éstos. Escribe que "un punto de vista como éste interpreta de manera incorrecta la aseveración de la ciencia económica de que la acción del mercado libre es siempre óptima. No lo es desde la perspectiva de la ética personal de un economista, sino desde la de las acciones libres, voluntarias, de todos los participantes, y porque satisface las necesidades libremente expresadas de los consumidores. Por ende, la interferencia gubernamental siempre, y de modo inevitable, alejará esa acción de su punto óptimo". ^[19]

En realidad, los argumentos con los que se intenta probar las fallas del mercado son claramente absurdos. Si se prescinde de la jerga técnica, lo único que demuestran es esto: un mercado no es perfecto y se caracteriza por regirse por el principio de no agresión impuesto en condiciones signadas por la escasez; de este modo, aquellos bienes o servicios que sólo podrían producirse si la agresión estuviera permitida, simplemente no se producen. Muy cierto. Ningún teórico de la economía de mercado se atrevería a negarlo. Pero, y esto es fundamental, esta "imperfección" del mercado es defendible, tanto en el aspecto moral como en el económico, mientras que las supuestas "perfecciones" de los mercados que preconizan los teóricos de los bienes públicos no lo son.^[20] También es cierto que si el estado abandonara la práctica corriente de proveer bienes públicos, se producirían algunos cambios en la estructura social existente y en la distribución de la riqueza, y no hay duda de que esta reorganización acarrearía privaciones a algunas personas. Precisamente a esto se debe la resistencia de gran parte del público a una política de privatización de las funciones estatales, aunque ésta incrementaría la riqueza total a largo plazo. Sin embargo, este hecho sin duda no puede aceptarse como argumento válido para demostrar el fracaso de los mercados. Si a un hombre se le permitía golpear a otros en la cabeza y a partir de cierto momento se le impide hacerlo, lógicamente se sentirá perjudicado, pero esto no puede aceptarse como excusa válida para mantener las antiguas reglas (que lo autorizaban a golpear). Si bien ha sido afectado, esto significa que se ha sustituido un sistema en el que algunos consumidores tienen el derecho de determinar en qué casos a otros no se les permite comprar en forma voluntaria lo que desean con medios legítimamente adquiridos y de los cuales disponen, por otro en el que todos tienen igual derecho a decidir qué bienes se deben producir y en qué cantidad. Por cierto, desde la perspectiva de todos, como consumidores voluntarios, esta sustitución es preferible y beneficiosa.

La fuerza del razonamiento lógico, pues, nos lleva a aceptar la conclusión de Molinari de que, para beneficio de los consumidores, todos los bienes y servicios deben ser producidos por los mercados^[21]. Es falso que haya categorías de bienes claramente diferenciables cuya existencia haría necesaria una corrección especial a la tesis general sobre la superioridad económica del capitalismo; aun si existieran, no sería posible encontrar una razón específica por la cual esos bienes públicos, supuestamente especiales, no deberían ser producidos por empresas privadas, puesto que invariablemente entran en competencia con los bienes privados. En realidad, la mayor eficiencia de los mercados en comparación con el estado en lo que respecta a un número creciente de bienes presuntamente públicos es cada vez más evidente a pesar de la propaganda de los teóricos de los bienes públicos. Nadie que hiciera un estudio serio acerca de estos temas podría negar, ante la experiencia de todos los días, que los mercados pueden producir en la actualidad servicios postales, ferrocarriles, electricidad, teléfonos, educación, dinero, caminos, etcétera, con más eficiencia que el estado, es decir, satisfaciendo mejor las preferencias de los consumidores. Sin embargo, las personas rehúyen la intervención del mercado en un sector en el cual la lógica indica que se la debe aceptar: en la producción de seguridad. Por eso, me ocuparé a partir de ahora de explicar por qué la economía capitalista tiene un funcionamiento superior en esa área; la superioridad ha quedado ya demostrada desde el punto de vista lógico, pero será más evidente cuando veamos algunos ejemplos que la experiencia aporta al análisis y consideremos este asunto como un problema por derecho propio.^[22]

¿Cómo funciona un sistema de productores de seguridad no monopólicos, que compiten entre sí? Es preciso tener bien claro desde el principio que al responder a esta pregunta abandonamos la esfera del análisis puramente lógico, por lo cual las respuestas carecerán en forma inevitable del carácter apodíctico de los pronunciamientos sobre la validez de la teoría de los bienes públicos. El problema en este caso es análogo al que tendría que resolver un mercado que tuviese que dedicarse a producir hamburguesas, en especial si hasta ese momento su producción hubiera estado exclusivamente a cargo del estado y por lo tanto no hubiese experiencia previa al respecto. Sólo se pueden dar respuestas tentativas. Es posible que nadie pudiera conocer cómo es exactamente la industria de las hamburguesas: cuántas compañías competidoras debería haber, qué importancia tendría esta industria en comparación con otras, cómo serían las hamburguesas, cuántos tipos diferentes saldrían a la venta y quizá desaparecerían por falta de demanda, etcétera. Nadie conocería todas las circunstancias y los cambios que podrían influir sobre la estructura de esta industria: cambios en la demanda de los distintos grupos consumidores, en la tecnología, en los precios de los diversos bienes que la afectan en forma directa o indirecta, y así sucesivamente. Es preciso destacar que aunque la producción privada de seguridad plantea problemas similares, esto no significa que no se pueda decir nada concluyente. Partiendo de la base de que existen ciertas condiciones generales para la demanda de servicios de seguridad (y estas condiciones son el reflejo, más o menos realista, de cómo es el mundo en la actualidad), lo que podemos y debemos decir es que los diversos órdenes sociales de producción de seguridad caracterizados por tener que operar dentro de distintas limitaciones estructurales, responderán de maneras diferente.^[23] Analicemos primero en detalle la producción de seguridad por el estado, de carácter monopólico, porque al menos en este caso disponemos de amplia evidencia con respecto a la validez de las conclusiones; después compararemos este sistema con el que existiría si este modo de producción fuera reemplazado por uno no monopolista. Aunque la seguridad se considere un bien público, debe competir con otros bienes en lo que respecta a la asignación de recursos. Lo que se gasta en seguridad ya no se puede gastar en otros bienes que también aumentan la satisfacción del consumidor. Además, la seguridad no es un bien único y homogéneo, sino que posee numerosos aspectos y componentes. No se limita a la prevención del crimen, al descubrimiento de los criminales y al cumplimiento forzoso de la ley, sino que también implica protección contra los rateros, los violadores, los que contaminan el ambiente, los desastres naturales, etcétera. Por otra parte, no se produce "en conjunto", sino que se la puede proveer en unidades marginales. Por añadidura, cada uno asigna una importancia diferente a la seguridad, considerada en su conjunto, y también a sus diversos aspectos, y eso depende de sus características personales, de las experiencias que haya tenido con respecto a distintos factores de inseguridad, y del tiempo y el lugar en que le toca vivir.^[24] Entonces, teniendo en cuenta sobre todo el problema económico fundamental que significa la asignación de recursos escasos a fines que compiten entre sí, ¿cómo puede el estado, una organización que no se financia sólo por las contribuciones voluntarias y por la venta de sus productos, sino parcial o totalmente por medio de impuestos, decidir cuánta seguridad debe producir, en cuántos de cada uno de sus innumerables aspectos, a quién proporcionar determinada cantidad de qué producto, y dónde? Y la única respuesta posible es que no hay una manera racional de resolver este problema. Si se la considera desde el punto de vista de los consumidores, la respuesta a sus demandas de seguridad debe considerarse arbitraria. ¿Necesitamos un solo policía, o un solo juez, o cien mil? ¿Hay que pagarles $100 por mes, o $10.000? Los policías, cualquiera que sea su número, ¿deben emplear más tiempo patrullando las calles, persiguiendo ladrones o recuperando objetos robados, o buscando a aquellos que cometen delitos tales como la prostitución, el abuso de drogas o el contrabando? Y los jueces, ¿deben emplear más tiempo y energía en atender casos de divorcio, contravenciones de tránsito, raterías en negocios, o en casos de asesinato y actos perpetrados contra los monopolios? Es obvio que hay que dar alguna respuesta a estas preguntas, porque como vivimos en condiciones de escasez y nuestro mundo no es un paraíso, el tiempo y el dinero que se gasten en una cosa ya no podrán dedicarse a otra. Si bien el estado también debe dar respuesta a estas preguntas, lo hace sin sujeción alguna al criterio que rige las pérdidas y las ganancias. Por eso, su acción es arbitraria e implica necesariamente enormes desperdicios de recursos, desde el punto de vista de los consumidores. ^[25]Como todos sabemos, los productores de seguridad empleados por el estado producen lo que quieren, independientemente de las necesidades de los consumidores, que son muchas. En lugar de hacer lo que deben, prefieren holgazanear, y si tienen que trabajar se inclinan por las tareas más fáciles o por estar allí donde pueden sentirse poderosos, en lugar de servir a los consumidores. Los oficiales de policía se pasean en los coches patrulleros a la caza de pequeños infractores de tránsito, gastan enormes sumas de dinero en la investigación de delitos que no afectan a terceros y que si bien es cierto que desagradan a mucha gente (por ejemplo, a los que no los cometen), también lo es que pocos gastarían su dinero en combatirlos, en la medida en que no los perjudican en forma inmediata. Sin embargo, es notoria la ineficiencia de la policía, pese a los presupuestos cada vez mayores con que cuenta, con respecto a lo que los consumidores necesitan con más urgencia, a saber, la prevención de delitos graves (por ejemplo, los crímenes perpetrados contra las personas), la captura y el castigo efectivo de los criminales, la recuperación del dinero o los objetos robados y la garantía de que las víctimas serán compensadas por sus agresores.

Además, sea cual fuere el desempeño de la policía o de los jueces empleados por el estado, siempre será deficiente porque sus retribuciones son más o menos independientes de las evaluaciones de los consumidores respecto de sus servicios. La arbitrariedad y la brutalidad de la policía y la lentitud de los procesos judiciales son una consecuencia de esto. También es digno de destacarse el hecho de que ni la policía ni el sistema judicial ofrecen a los consumidores nada que se parezca a un contrato de servicio en el que conste en términos inequívocos el procedimiento que se pondrá en marcha en una situación específica. En cambio, ambos actúan en un vacío contractual que con el tiempo los lleva a cambiar en forma arbitraria sus reglas de procedimiento y que explica el hecho, verdaderamente ridículo, de que las controversias en las que participan policías y jueces, por un lado, y ciudadanos privados por el otro, no sean dirimidas por un árbitro independiente sino por otro policía u otro juez que es también parte interesada en la disputa por ser empleado del estado.

En tercer lugar, todo el que haya estado alguna vez en un departamento de policía o en un juzgado, para no hablar de las cárceles, sabe bien que los factores productivos empleados para proveer de seguridad al público están deteriorados por el uso excesivo, mal conservados y sucios. Como ninguno de los que usan esos factores productivos los posee realmente (nadie puede venderlos y apropiarse privadamente del producto de esa venta) y en consecuencia las pérdidas (y las ganancias) del valor incorporado en el capital utilizado quedan socializadas, todos tratarán de incrementar sus ingresos privados resultantes del uso de los factores a expensas de pérdidas en el valor del capital. Por eso, el costo marginal tenderá a sobrepasar cada vez más el valor del producto marginal, de lo que resultará un uso excesivo del capital. Y si se diera el caso excepcional de que esto no ocurriese y no se pusiera de manifiesto un exceso de uso del capital, esto sólo habría sido posible con costos comparativamente mucho más elevados que los de cualquier empresa privada similar. ^[26]

Es indudable que todos estos problemas inherentes a un sistema que tiene el monopolio de la producción de seguridad se resolverían con relativa rapidez si un mercado competitivo, con su estructura totalmente diferente concebida para incentivar a los productores, se hiciera cargo de una demanda determinada de servicios de seguridad. Esto no significa que se encontraría la solución "perfecta" al problema de la seguridad. Seguiría habiendo robos y asesinatos, y no todos los bienes robados podrían recuperarse ni sería posible capturar a todos los asesinos, pero en lo que respecta a las evaluaciones de los consumidores, la situación mejoraría en la medida en que puede mejorar siendo la naturaleza humana como es. En primer lugar, siempre que haya un sistema competitivo, es decir, siempre que los productores de servicios de seguridad dependan de las adquisiciones voluntarias (que en su gran mayoría tomarán la forma de contratos de servicio y seguro, concertados antes de que se produzca efectivamente un acto de agresión o que se manifieste una inseguridad), ningún productor podrá aumentar sus ingresos sin mejorar sus servicios o la calidad de su producto según la evaluación de los consumidores. Además, todos los productores de seguridad tomados en su conjunto no podrían afirmar la importancia de su industria particular a menos que, por cualquier razón, los consumidores empezaran a valorar la seguridad más que otros bienes, con lo cual asegurarían que la producción de seguridad no se llevaría a cabo nunca y en ningún lugar a expensas de la no producción (o de la producción reducida) de, por ejemplo, queso, como bien privado competitivo. Por añadidura, los productores de servicios de seguridad deberían diversificar sus ofrecimientos en un grado considerable, porque la demanda de sus productos por parte de millones de consumidores es muy variada. Como dependerían directamente del apoyo de éstos, si no respondieran del modo adecuado a sus necesidades, o a los cambios en esas necesidades, sufrirían inmediatamente un perjuicio financiero. Por lo tanto, cada consumidor ejercería una influencia directa, aunque pequeña, sobre la aparición o desaparición de productos en el mercado de la seguridad. Esto ofrecería un sinnúmero de servicios a cada uno, en lugar del "paquete de seguridad" uniforme que brinda el estado. Y esos servicios estarían adaptados a los distintos requerimientos de seguridad de los diferentes consumidores, según sus ocupaciones, su conducta más o menos arriesgada, sus necesidades de protección y seguros, y también sus circunstancias geográficas y la urgencia que manifiesten.

Por supuesto, esto no es todo. Los productos no sólo se diversificarían, sino que mejorarían en cuanto a cantidad y calidad. Estas empresas privadas brindarían a sus clientes una esmerada atención y desaparecerían la desidia, la arbitrariedad e incluso la brutalidad, la negligencia y la lentitud que caracterizan a la policía y al sistema judicial del estado. Los policías y los jueces dependerían del apoyo voluntario de los consumidores, por lo cual el maltrato, la descortesía y la ineptitud hacia éstos podrían costarles sus empleos. Casi seguramente se daría fin a la costumbre tan peculiar de que la conciliación de las controversias entre un cliente y una empresa se confíe invariablemente al dictamen de esta última, y los productores de seguridad encargarían la resolución a árbitros independientes. Lo que es más importante, los productores de esos servicios deberían ofrecer, con el fin de atraer y retener a los consumidores, contratos por los cuales estos pudieran saber con exactitud lo que están adquiriendo y que les permitieran plantear reclamaciones válidas, sujetas a comprobación intersubjetiva, si el desempeño real del productor de seguridad no se ajustara a lo especificado en el contrato. Más precisamente, como no se trataría de contratos de servicios individualizados en los cuales el consumidor paga para que se cubran sólo sus propios riesgos, sino más bien contratos de seguros propiamente dichos, mancomunados, a la inversa de lo que ocurre en la política estatal vigente, ya no contendrían ningún esquema redistributivo concebido adrede para favorecer a un grupo a expensas de otro. Si por otra parte, alguien considerara que el contrato que se le ofrece implica que debe pagar por los riesgos y necesidades de otras personas —por ejemplo, por factores de posible inseguridad que no estima aplicables a su caso personal—, simplemente podría rehusarse a firmarlo o dejar de pagar.

No obstante, después de todo lo dicho surge en forma inevitable un interrogante: "¿Un sistema competitivo de producción de seguridad tendría como consecuencia necesaria el conflicto social permanente, el caos y la anarquía?" Las respuestas pueden ser varias. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la evidencia histórica, empírica, no concuerda en absoluto con esta impresión. Antes del advenimiento del estado–nación hubo en diversos lugares sistemas judiciales competitivos (por ejemplo, en la antigua Irlanda o en los tiempos de la Liga Hanseática) y, por lo que sabemos, funcionaron bien". ^[27] A juzgar por los índices de criminalidad existentes en la época (crímenes per cápita), la policía privada en el Salvaje Oeste (que, entre paréntesis, no era tan salvaje como lo muestran algunas películas) era relativamente más eficaz que la policía estatal de nuestros.^[28] Y si nos remitimos a la experiencia y a los ejemplos contemporáneos, incluso ahora existen millones de relaciones internacionales —comerciales y turísticas— y realmente sería una exageración decir, por ejemplo, que el fraude, el crimen y el incumplimiento de los contratos son mayores en esta esfera que en las relaciones internas de cada país. Y esto (es importante destacarlo) sin que haya un gran productor monopólico en materia de seguridad ni un legislador supremo. Por último, no debemos olvidar que en muchos países existen diversos productores de seguridad privados que actúan paralelamente al estado: investigadores privados, detectives de seguros y árbitros privados, cuyo trabajo demuestra que son más eficientes en lo que respecta a resolver los conflictos sociales que sus contrapartes públicas.

Toda esta evidencia histórica está, sin embargo, sujeta en gran medida a discusión, sobre todo respecto de si puede extraerse de ella alguna información general. Pero también existen razones sistemáticas por las cuales el temor que suscita esta cuestión carece de un fundamento válido. El establecimiento de un sistema competitivo de productores de seguridad implica, por paradójico que esto parezca, la construcción de una estructura de incentivos institucionalizada para producir un orden legal y de observancia forzosa de las leyes que entrañe el mayor grado de consenso posible con respecto a la resolución de las controversias. Esto generaría menos intranquilidad social y conflicto que las condiciones monopólicas imperantes. ^[29]Para entender esta paradoja es preciso considerar más a fondo la única cuestión típica que preocupa a los escépticos y los lleva a creer en la superioridad de un sistema monopólico de producción de seguridad: cuando surge un conflicto entre A y B, ambos están asegurados por compañías diferentes y éstas no pueden llegar a un acuerdo inmediato sobre la validez de las demandas opuestas que plantean sus respectivos clientes. (El problema no existiría si se alcanzara el acuerdo o si ambos clientes fueran asegurados por la misma compañía; por lo menos, esto no diferiría en absoluto de la situación emergente en condiciones de monopolio estatal). ¿Una situación semejante tendría siempre un desenlace violento? Es muy improbable que así sea. Primero, cualquier lucha violenta entre empresas conllevaría un costo y un riesgo muy altos, sobre todo si han alcanzado un prestigio considerable (como deberían tenerlo para que sus futuros clientes puedan verlas en primer lugar como garantes efectivas de su seguridad). Lo que es más importante, en un sistema competitivo, los costos de cualquier conflicto entre compañías que dependen de la continuación de los pagos voluntarios de los consumidores tendrían que recaer forzosamente sobre todos y cada uno de los clientes de ambas. Bastaría que una sola persona dejara de pagar porque no está convencida de la necesidad de una confrontación violenta en el caso particular de que se trata para que hubiese una inmediata presión económica sobre la compañía que la obligaría a buscar una solución pacífica al conflicto.^[30]De ahí que cualquier productor de seguridad en un sistema competitivo debería ser muy cauto en lo que respecta a tomar medidas violentas para resolver las controversias. En lugar de hacerlo, y puesto que lo que los consumidores desean es que los litigios se resuelvan en forma pacífica, todos y cada uno de los productores de seguridad harían cuanto pudiesen para ofrecer esto a sus clientes y para establecer por anticipado, de modo que no quedasen dudas, el proceso de arbitraje al que se someterían, ellos y sus clientes, en caso de desacuerdo acerca de la evaluación de demandas incompatibles. Los clientes de las distintas compañías considerarían que un esquema semejante sólo podría funcionar si todos ellos estuvieran de acuerdo con respecto a las medidas arbitrales, por lo cual se desarrollaría naturalmente un sistema legal que regiría las relaciones entre compañías y sería aceptable para los clientes de todas las firmas competitivas, sin excepciones. Por otra parte, así aumentaría más aun la posibilidad de que se produjeran presiones económicas que generasen reglas representativas del consenso acerca del modo de dirimir las controversias. En un sistema competitivo, los árbitros independientes encargados de encontrar soluciones pacíficas a los litigios estarían supeditados al apoyo continuado de las dos compañías en disputa, puesto que cualquiera de ellas podría recurrir a un juez diferente, y por supuesto lo haría si estuviera insatisfecha con la sentencia dictada. Por lo tanto, estos jueces se sentirían presionados para encontrar soluciones (en este caso, no con respecto al procedimiento sino al contenido de la ley) que fuesen aceptables para todos los clientes de las firmas en disputa.^[31] Si no era así, una compañía, o todas, podrían perder clientes, lo que las llevaría a buscar otros árbitros la próxima vez que los necesitasen.^[32]

Sin embargo, ¿no sería posible que en un sistema competitivo una compañía productora de seguridad se pusiera fuera de la ley, es decir que, con el apoyo de sus propios clientes, comenzara a agredir a otras? Por supuesto, no se puede negar que tal posibilidad existe, pero digamos nuevamente que nos encontramos en la esfera de la ciencia social empírica y nadie puede saber con certeza si es así. Y sin embargo, la sugerencia tácita de que la posibilidad de que esto ocurra indica de algún modo una grave deficiencia en los fundamentos filosóficos y económicos de un orden social puramente capitalista, es falsa.^[33]

Ante todo, recordemos que la existencia continuada de cualquier sistema social, no menos de un orden estatista–socialista que de una pura economía de mercado, depende de la opinión pública, y que en todo momento un estado determinado de esa opinión pública delimita lo que puede y lo que no puede ocurrir, así como lo que es más o menos probable que ocurra. Por ejemplo, el estado actual de la opinión pública en Alemania occidental hace sumamente improbable, o aun imposible, que se pueda imponer allí un sistema estatista similar al soviético. La falta de apoyo público lo condenaría al fracaso y lo destruiría. Y sería aun más improbable que un sistema de ese tipo pudiera instituirse en los Estados Unidos, dadas las características de la opinión pública en ese país. Por lo tanto, si queremos comprender correctamente el problema de las compañías que podrían situarse al margen de la ley, tenemos que formular la cuestión en estos términos: ¿Qué probabilidad existe de que un hecho semejante pueda producirse en una sociedad dada, con un estado específico de la opinión pública? La respuesta a una pregunta expresada de esta manera será diferente según las distintas sociedades. En algunas, que se caracterizan por el profundo arraigo de ideas de corte socialista, la posibilidad de que surjan compañías que lleven a cabo políticas agresivas será mayor, y en otras será mucho menos probable que esto ocurra. Pero entonces, la perspectiva de un sistema competitivo de producción de seguridad en cualquier caso dado, ¿será mejor o peor que la continuación de un sistema estatista? Veamos, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos en el presente. Supongamos que el estado aboliera su derecho de proporcionar seguridad a cambio del pago de impuestos e introdujera un sistema de seguridad competitivo. Dado el estado actual de la opinión pública, ¿qué probabilidad existiría de que surgieran proveedores al margen de la ley, y qué sucedería en ese caso? Como es obvio, la respuesta depende de las reacciones de la gente a este cambio en la situación. Por lo tanto, lo primero que habría que replicar a quienes objetan la idea de un mercado privado en lo que respecta a la seguridad, sería: "¿Y qué va a hacer usted? ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Su temor a las compañías que se auto-proscriben significa que entraría en tratos con un productor de seguridad que agrediera a otros y a su propiedad, y que usted seguiría apoyándolo si lo hiciera?" Por cierto, cualquier crítica sería acallada por un contraataque así. Pero más importante que esto es el desafío sistemático implícito en este contraataque personal. Es evidente que el cambio de situación descripto implicaría una transformación en la estructura de costo–beneficio que cada uno debería enfrentar una vez tomada su decisión. Antes de la introducción de un sistema competitivo de producción de seguridad, podía ser legal participar en un sistema agresivo y sustentarlo. Ahora, esa actividad se convierte en ilegal. Por lo tanto, dado que el hombre posee una conciencia que hace que las decisiones que toma sean más o menos costosas, es decir, estén más o menos en armonía con los principios personales respecto de lo que es una conducta correcta, el apoyo a una compañía que explota a aquellos que no desean secundar voluntariamente sus acciones puede ser más costoso ahora que antes. Dado que es así, se debe presumir que la cantidad de personas, entre ellas las que en otras circunstancias se habrían apresurado a apoyar al estado, dispuestas a gastar dinero para sustentar a una compañía que procede con honestidad sería cada vez mayor, e iría en aumento en todos los lugares en los que se llevara a cabo un experimento social semejante. Por el contrario, el número de aquellos que están de acuerdo con una política de explotación, en la cual unos ganan a expensas de otros, disminuiría. Por supuesto, el grado de rigurosidad de este efecto dependería del estado de la opinión pública. En el ejemplo que hemos tomado —el de los Estados Unidos, donde la teoría natural de la propiedad está ampliamente difundida y aceptada como una ética privada y la filosofía del libre albedrío es, esencialmente, la filosofía fundacional del país y la que lo ha llevado al lugar que ocupa en el mundo^[34]—, el efecto es naturalmente muy acentuado. De acuerdo con esto, las compañías productoras de seguridad comprometidas con la filosofía de proteger y hacer valer la doctrina del libre albedrío atraerán la mayor parte del apoyo público y de la ayuda financiera. Y si bien es cierto que algunas personas, sobre todo las que se han beneficiado con el antiguo estado de cosas, pueden continuar respaldando una política de agresión, es muy improbable que su número y su poder financiero sean suficientes como para que lo hagan con éxito. En cambio, es casi seguro que las compañías honestas desarrollarán la fuerza necesaria —por si solas o en un esfuerzo conjunto que será apoyado por sus propios clientes voluntarios— para poner freno a la aparición de posibles productores rebeldes y destruirlos donde y cuando aparezcan.^[35]

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NOTAS:

^[1] G. de Molinari, "Sobre la Producción de Seguridad".

^[2] Ibid., p. 4.

^[3]Pueden verse varios enfoques de los teóricos de los bienes públicos: J. Buchanan y G. Tullock, The Calculus of Consent, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1962; J. Buchanan, The Public Finances, Richard Irwin, 1970; idem, The Limits of Liberty, University of Chicago Press, Chicago, 1975; G. Tullock, Private Wants, Public Means, Basic Books, New York, 1970; M. Olson, The Logic of Collective Action, Harvard University Press, Cambridge, 1965; W. Baumol, Welfare Economics and the Theory of the State, Harvard University Press, Cambridge, 1952.

^[4] Véase M. N. Rothbard, Man, Economy and State, Nash, Los Angeles, 1979, pp. 883 SS.; idem, 'The Myth of Neutral Taxation" [PDF], Cato Journal (1981); W. Block, "Free Market Transportation: Denationalizing the Roads" [PDF], Journal of Libertarian Studies (1979); idem, "Public Goods and Externalities: the Case of Roads" [PDF], Journal of Libertarian Studies (1983).

^[5] Véase, por ejemplo, W. Baumol y A. Blinder, Economics. Principies and Policy, Harcourt, Brace, Jovanovich, New York, 1979, cap. 3 1.

Otro criterio de uso frecuente en relación con los bienes públicos es el del "consumo no competitivo". Por lo general, ambos criterios parecen coincidir: el consumo no competitivo es posible cuando no se puede excluir a los free–riders; cuando pueden ser excluidos, pasa a ser competitivo o, por lo menos, así lo parece. Pero, como argumentan los teóricos de los bienes públicos, esta coincidencia no es perfecta. Según afirman, si bien es posible excluir a los free–riders, su inclusión no puede relacionarse con ningún costo adicional (es decir que el costo marginal de la admisión de los free-riders es igual a cero), y el consumo del bien en cuestión por los free-riders, admitidos en forma adicional, no llevara necesariamente a una disminución en el consumo del bien que se encuentra a disposición de otros. Un bien de esta naturaleza será, asimismo, un bien público. Y puesto que el mercado libre practicaría la exclusión y el bien no estaría disponible para el consumo no competitivo de quienes, en otras circunstancias, dispondrían de él -aun cuando dicho bien no tenga costos adicionales-, esto, desde el punto de vista de la lógica estatista-socialista, demostraría una falla del mercado, es decir, un nivel de consumo sub-óptimo. De ahí que la provisión de esos bienes recaiga sobre el estado. (Por ejemplo, en un cine medio vacío, la admisión de espectadores adicionales sin pagar entrada podría estar libre de costos; el hecho de que miraran la película no afectaría a los que pagaron, por lo cual se podría considerar a ésta como un bien público. Pero como el dueño del cine seguramente practicaría la exclusión, en lugar de permitir que los free-riders disfrutaran gratis de la película, los cines deberían ser nacionalizados.) Acerca de las numerosas falacias que se derivan de la definición de los bienes públicos en términos de consumo no competitivo, véanse notas 12 a 17.

^[7] Acerca de este tema, véase W. Block, "Public Goods and Externalities".

Véase, por ejemplo, J. Buchanan, The Public Finances, p. 23; P. Samuelson, Economics, McGraw Hill, New York, 1976, p. 160.

^[9] Véase R. Coase, "The Lighthouse in Economics", Journal of Law and Econornics (1974).

^[10] Véase, por ejemplo, el único caso que presenta W. Block en "Public Goods and Externalities", en el cual los zoquetes se consideran bienes públicos.

^[11] Digamos, para evitar cualquier malentendido, que un productor único o una asociación de productores que actúen de consuno pueden decidir, en cualquier momento, producir o no un bien sobre la base de su evaluación como público o privado. En realidad, en una economía de mercado se toman constantemente este tipo de decisiones en cuanto a la producción privada de bienes públicos. Lo que es imposible es decidir si rechazar o no el resultado de la operación de un mercado libre basándose en la evaluación del grado en el cual un bien es público o privado.

^[12] Por lo tanto, introducir una distinción entre bienes públicos y privados equivaldría a volver a la era pre-subjetivista de la economía. Desde la perspectiva de la economía subjetivista ningún bien puede ser categorizado objetivamente como privado o público. Ésa es, en esencia, la razón de que también fracase el segundo criterio propuesto en relación con los bienes públicos, a saber, que permiten un consumo no competitivo (véase nota 6). Porque, ¿cómo podría un observador desinteresado determinar si la admisión de un free-rider adicional en forma gratuita no implica realmente una disminución del consumo de un bien por parte de otros? Es obvio que no puede, objetivamente, hacerlo en modo alguno. Bien podría ser que si se admitiera a demasiadas personas en un cine o en una carretera se redujera en forma considerable el placer de mirar una película o de conducir un vehículo. Nuevamente, para descubrir si es así o no, sería necesario preguntar a cada uno, y no todos estarían de acuerdo (¿y qué ocurriría en ese caso?). Además, si incluso un bien que permite un consumo no competitivo no es un bien libre, la admisión de free-riders adicionales tendría como resultado, a la larga, una verdadera "aglomeración", y por eso habría que preguntar a cada uno acerca del "margen" apropiado. Por añadidura, mi consumo del bien puede verse afectado o no según quién sea la persona admitida gratuitamente, de modo que también habría que interrogarme acerca de eso. Y por Último, cada uno podría cambiar de opinión sobre estos temas con el paso del tiempo. Por eso es tan imposible decidir si un bien es o no apropiado para su producción por parte del estado (en lugar de la empresa privada) basándose en el criterio del consumo no competitivo como sobre la base del criterio de no exclusión (véase también nota 17).

^[13] Véase P. Samuelson, "The Pure Theory of Public Expenditure", Review of Economics and Statistics (1954); idem, Economics, cap. 8; M. Friedman, Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, Chicago, 1962, cap. 2; F. A. Hayek, Law, Legislation, and Liberty, vol. 3, University of Chicago, Chicago, 1979, cap. 14.

^[14] En los últimos años, los economistas, sobre todo los de la Escuela de Chicago, han manifestado un interés creciente por los derechos de propiedad (H. Demsetz, "The Exchange and Enforcement of Property Rights", Journal of Law and Economics [1964]; idem, "Toward a Theory of Property Rights", American Economic Review [1967]; R. Coase, "The Problem of Social Cost" [PDF], Journal of Law and Economics [1960]; A. Alchian, Economic Forces at Work, Liberty Fund, Indianapolis, 1977, parte 2; R. Posner, Economic Analysis of the Law, Brown and Co., Boston, 1977). Sin embargo, estos análisis no tienen nada que ver con la ética. Por el contrario, intentan sustituir el establecimiento de principios éticos justificables por consideraciones de eficiencia económica (en relación con la critica de estas tentativas, véase M. N. Rothbard, La Ética de la Libertad, Humanities Press, Atlantic Highlands, 1982, cap. 26; W. Block, "Coase and Demsetz on Private Property Rights" [PDF], Journal of Libertarian Studies [1977]; R. Dworkin, "Is Wealth a Value", Journal of Legal Studies [1980]; M. N. Rothbard, "The Myth of Effíciency" [Web], en M. Rizzo [comp.], Time, Uncertainty, and Disequilibrium, D. C. Heat, Lexington, 1979). En Última instancia, todos los argumentos sobre la eficiencia son inaplicables porque sencillamente no existe un modo que no sea arbitrario de calcular, pesar y agregar las utilidades o desutilidades que resultan de determinada asignación de derechos de propiedad. De ahí que cualquier intento de recomendar un sistema particular para asignar derechos de propiedad en función de su supuesta maximización del "bienestar social" no es más que un fraude seudocientífico (véase, en especial, M. N. Rothbard, Toward a Reconstruction of Utility and Welfare Economics [PDF], Center for Libertarian Studies, New York, Occasional Paper Series No 3, 1977; también L. Robbins, "Economics and Political Economy", American Economic Review [1981]).

El "principio de la unanimidad", que J. Buchanan y G. Tullock, siguiendo a K. Wicksell (Finanztheoretische Untersuchungen, G. Fischer, Jena, 1896), han propuesto en forma reiterada como guía para la política económica, tampoco debe confundirse con un principio ético propiamente dicho. De acuerdo con este principio, sólo pueden ejecutarse aquellos cambios en la política para los cuales exista un consenso unánime; esto, con toda seguridad, parece muy atractivo; pero también determina, mutatis mutandis, que el statu quo debe ser preservado si el consenso respecto de cualquier propuesta de cambio no alcanza la unanimidad, y esto parece mucho menos atractivo porque implica que cualquier estado de cosas dado con respecto a la asignación de derechos de propiedad debe considerarse legítimo, sea como punto de partida o como situación que debe continuar de la misma manera. Sin embargo, los teóricos de los bienes públicos no ofrecen ninguna justificación de esta audaz exigencia, en términos de una teoría normativa de los derechos de propiedad, cuando se les solicita que lo hagan, por lo cual el principio de la unanimidad carece, en última instancia, de fundamentación ética. En realidad, el principio favorito de los seguidores de Buchanan resulta enteramente absurdo como criterio moral, porque reconoce legitimidad a cualquier statu quo posible (véase también, acerca de esto, M. N. Rothbard, La Ética de la Libertad, cap. 26; idem, "The Myth of Neutral Taxation" [PDF], p. 549 s.).

Buchanan y Tullock, de nuevo siguiendo a Wicksell, liquidan lo que pueda haber quedado del principio de unanimidad reduciéndolo, efectivamente, a un principio de unanimidad "relativa" o "cuasi-unanimidad".

^[15] H. H. Hoppe, "From the Economics of Laissez Faire to the Ethics of Libertarianism". En: W. Block y L. Rockwell (comps.), Man, Economy and Liberty: Essays in Honor of Murray N. Rothbard, The Ludwig von Mises Institute, Aubum University, Aubum, Ala., 1988; infra, cap. 8.

^[16] Acerca de este argumento véase M. N. Rothbard, "The Myth of Neutral Taxation", p. 533. Entre paréntesis, la existencia de un solo anarquista también invalida todas las referencias al óptimo de Pareto como criterio para la acción estatal económicamente legítima.

^[17] En esencia, el mismo razonamiento que nos lleva a rechazar la teoría socialista-estatista, cuyo fundamento es el carácter supuestamente Único de los bienes públicos de acuerdo con el criterio de no exclusión, se aplica también en el caso en el cual estos bienes se definen mediante el criterio de consumo no competitivo (véanse notas 6 y 12). En primer lugar, para inferir, a partir de la aseveración de que los bienes que permiten un consumo no competitivo no tendrían que ser ofrecidos en un mercado libre a tantos consumidores como fuese posible, el enunciado normativo de que deberían ser ofrecidos de ese modo, esta teoría enfrenta exactamente el mismo problema, a saber, necesita una ética que la justifique. Además, el razonamiento utilitario también es evidentemente absurdo. Los teóricos de los bienes públicos argumentan que la práctica del mercado libre, en el sentido de excluir a los free-riders del uso de aquellos bienes que permiten un consumo no competitivo con un costo marginal igual a cero, indica un nivel sub-óptimo de bienestar social y por lo tanto se requiere la acción compensatoria del estado; este razonamiento es defectuoso, en dos aspectos relacionados. En primer lugar, el costo es una categoría subjetiva y jamás puede ser calculado objetivamente por un observador externo. Por eso, es de todo punto inaceptable alegar que habría que admitir free-riders adicionales sin costo alguno. En realidad, si la admisión de más consumidores en forma gratuita tuviese verdaderamente un costo subjetivo igual a cero, el productor privado del bien en cuestión la permitiría. El hecho de que no lo haga revela que para él el costo no equivale a cero. Esto puede deberse a que él piensa que si los admitiera disminuiría la satisfacción que pueden obtener otros consumidores y así tendería a rebajar el precio de su producto; o, simplemente, a que le disgustan los free-riders; es lo que pasa, por ejemplo, cuando yo me opongo a admitir en mi living, que no está totalmente lleno de gente, a varias personas a quienes no he invitado para que hagan de él un consumo no competitivo. De todos modos, como no se puede presuponer que el costo es igual a cero, sea cual fuere la razón de ello, es ilógico hablar de una falla del mercado cuando ciertos bienes no se distribuyen sin cargo. Por otra parte, si se acepta la recomendación de los teóricos de los bienes públicos en el sentido de dejar que el estado provea en forma gratuita los bienes cuyo consumo es supuestamente no competitivo, las pérdidas de bienestar serán, sin duda, inevitables. El estado, que no depende de las adquisiciones voluntarias de los consumidores, además de cumplir la insuperable tarea de determinar qué bienes satisfacen este criterio, debe primero enfrentar y resolver el problema, también insoluble, de decidir racionalmente qué cantidad del bien público va a proveer. Es obvio que, como ni siquiera los bienes públicos son libres, sino que están sujetos a "aglomeración" en cierta etapa de su uso, no hay un punto en el cual el estado pueda detener su producción, porque cualquiera que sea el nivel de la oferta, habrá usuarios que quedarán excluidos y que, si la oferta fuera mayor, podrían convertirse en free-riders. Ahora bien, incluso si se pudiera resolver milagrosamente este problema, de todos modos el costo (necesariamente inflado) de producción y operación de los bienes públicos distribuidos en forma gratuita para un consumo no competitivo, tendría que pagarse por medio de impuestos. Y este hecho, es decir, que los consumidores han sido obligados a disfrutar de esos bienes como free-riders, demuestra nuevamente más allá de toda duda que el valor de estos bienes públicos también es inferior, desde la perspectiva de los consumidores, al de los bienes privados que compiten con ellos y que ya no es posible adquirir.

^[18] Entre los modernos representantes del lenguaje ambiguo orwelliano los más importantes son J. Buchanan y G. Tullock (sus obras se citan en la nota 3). Afirman que el gobierno se basa en un "contrato constitucional" en el cual cada uno está "conceptualmente de acuerdo" en someterse a los poderes coercitivos de aquél con la condición de que todos los demás lo hagan también. Según esto, el gobierno, aparentemente coercitivo, en realidad sería voluntario. A este curioso argumento se le pueden oponer varias objeciones obvias. En primer lugar, no hay evidencia empírica de que alguna constitución haya sido aceptada en forma voluntaria por cada uno de los interesados. Peor aun, la sola idea de que todas las personas se obliguen voluntariamente es inconcebible, asi como lo es negar el principio de contradicción. Porque si la coerción aceptada libremente es voluntaria, tendría que ser posible revocar la propia sujeción a la constitución, con lo cual el estado no seria muy diferente de un club al que uno se asocia espontáneamente. Pero si no se tiene "el derecho de no hacer caso del estado" -por supuesto, nadie lo tiene, y esto es lo que distingue al estado de un club-, entonces es lógicamente inadmisible pretender que la aceptación del poder coercitivo del estado es voluntaria. Además, incluso si lo fuera, el contrato constitucional no podría obligar a nadie, excepto a los signatarios originales de la constitución.

¿Cómo pueden Buchanan y Tullock manifestar ideas tan absurdas? Utilizando un truco semántica. Aquello que en el lenguaje pre-orwelliano era "inconcebible" o un "desacuerdo", es para ellos "algo conceptualmente posible" o un "acuerdo conceptual". En J. Buchanan, "A Contractarian Perspective of Anarchy", en Freedom in Constitutional Contract, Texas A. & M. University Press, College Station, 1977, puede verse un breve ejercicio, muy instructivo, acerca de este tipo de razonamiento "a saltos". Aquí nos enteramos (p. 17) de que incluso la aceptación de un límite de velocidad de 55 mph es posiblemente voluntaria (Buchanan no está totalmente seguro de ello), porque en ultima instancia depende de que todos nosotros aceptemos voluntariamente la constitución, y de que Buchanan no es un verdadero estatista sino, en realidad, un anarquista (p. 11).

^[19] M. N. Rothbard, Man, Economy, and State, p. 887.

^[20] Se debe tener esto en mente, ante todo, cuando hay que evaluar la validez de argumentos que defienden el estatismo-intewencionismo, como el siguiente, que pertenece a J. M. Keynes ("The End of Laissez Faire", en Collected Writings, Macmillan, Londres, 1972, vol. IX, p. 291): "El asunto más importante que debe atender el estado no se relaciona con las actividades que desempeñan los individuos privadamente, sino con las funciones que caen fuera de la esfera individual, esas decisiones que nadie tomaría si el estado no lo hiciera. Lo importante no es que el gobierno haga, mejor o peor, las cosas que los individuos particulares ya hacen, sino que se ocupe de las que no se hacen". Este razonamiento no sólo parece falso, sino que lo es.

^[21] Algunos minarquistas partidarios del libre albedrío plantean la objeción de que la existencia de un mercado presupone el reconocimiento y puesta en vigor de un cuerpo de legislación y, en consecuencia, de un gobierno que debe tener el monopolio de la justicia y hacer cumplir las leyes. (Véase, por ejemplo, J. Hospers, Libertarianism, Nash, Los Angeles, 1971; T. Machan, Human Rights and Human Liberties, Nelson-Hall, Co., Chicago, 1975.) Por cierto, es correcto que el mercado presuponga el reconocimiento y la imposición de aquellas reglas que sustentan su operación, pero esto no significa que esa tarea deba ser confiada a un organismo monopólico. El mercado también presupone, de hecho, un lenguaje común; sin embargo, no se deduciría de ello que el gobierno debe asegurar la observancia de las normas lingüísticas. Las reglas que rigen la conducta del mercado, como el sistema del lenguaje, emergen en forma espontánea y lo que las hace cumplir es la "mano invisible" del interés personal. Si no se observan las reglas comunes del lenguaje, las personas no pueden disfrutar de las ventajas de la comunicación, y si no se obedecen las normas comunes que gobiernan la conducta, es imposible recoger los mitos de la mayor productividad de una economía de intercambio basada en la división del trabajo. Además, como ya lo he indicado, independientemente de cualquier gobierno, el principio de no agresión que es el fundamento del accionar de los mercados debe defenderse a priori como justo. Además, y sobre esto volveré al exponer mi conclusión, un sistema competitivo de administración y complimiento de la ley es precisamente el que genera la mayor presión posible para elaborar y poner en ejecución normas de conducta que entrañan el grado de consenso más elevado que pueda concebirse. Y éstas son, por supuesto, aquellas que un razonamiento a priori establece como el presupuesto lógicamente necesario de la argumentación y del acuerdo argumentativo.

^[22] De paso, digamos que la misma lógica que nos obliga a aceptar la idea de que la producción de seguridad por parte de la empresa privada es la mejor solución, desde el punto de vista económico, para satisfacer las preferencias del consumidor, también nos lleva a abandonar, en lo que respecta a posiciones de carácter moral o ideológico, la teoría política del liberalismo clásico y dar (a partir de ella) un paso pequeño pero no obstante decisivo hacia la teoría del libre albedrío, o anarquismo de la propiedad privada. El liberalismo clásico, cuyo mayor representante en este siglo es Ludwig von Mises, aboga por un sistema social basado en el principio de no agresión. La doctrina del libre albedrío también lo hace. Pero para el liberalismo clásico ese principio debe estar respaldado por un ente monopólico (el gobierno, el estado), es decir, por una organización que no depende exclusivamente del apoyo voluntario, contractual, de los consumidores de los respectivos servicios, sino que tiene el derecho de determinar de manera unilateral sus propios ingresos, es decir, los tributos que impondrá a aquéllos para poder cumplir su tarea en el área de la producción de seguridad. Esto, por plausible que parezca, es evidentemente incoherente. O el principio de no agresión es válido, en cuyo caso el estado como ente monopólico es inmoral, o lo es el hecho de que las transacciones estén basadas sobre la agresión y giren en tomo a ella -la agresión implica el uso de la fuerza y de medios no contractuales para adquirir recursos-, y en este caso hay que descartar la primera teoría. Es imposible sostener ambos argumentos sin caer en la incoherencia, a menos que, por supuesto, se pueda enunciar un principio más fundamental que los otros dos y del cual ambos puedan derivarse lógicamente, con las respectivas limitaciones en lo que tiene que ver con sus ámbitos de validez. Pero el liberalismo nunca enunció un principio semejante y jamás podrá hacerlo, porque para argumentar en favor de algo es preciso estar libre de la agresión. Entonces, en vista del hecho de que no se puede sostener por vía de la argumentación la validez moral del principio de no agresión sin reconocer implícitamente esa validez, la lógica nos obliga a abandonar el liberalismo y adherir, en cambio, a su vástago más radical: la doctrina del libre albedno, la filosofía del capitalismo puro, que exige que la producción de la seguridad tambien esté a cargo de la empresa privada.

^[23] Acerca del problema de la producción competitiva de seguridad, véase G. de Molinari, Sobre la Producción de Seguridad; M. N. Rothbard, Power and Market, Sheed Andrews and McMeel, Kansas City, 1977, cap. 1; ídem, For a New Liberty [Web], Macmillan, New York, 1978, cap. 12; W. C. Wooldridge, Uncle Sam the Monopoly Man, Arlington House, New Rochelle, 1970, caps. 5-6; M. y L. Tannehill, The Market for Liberty, Laissez Faire Books, New York, 1984, parte 2.

^[24] Véase F. Murck, Soziologie der Öffentlichen Sicherheit, Campus, Frankfurt, 1980.

^[25] Sin embargo, el hecho de que el proceso de asignación de recursos se tome arbitrario si no existe un criterio respecto de las pérdidas y las ganancias, no significa que las decisiones que se deben tomar no estén sujetas a restricciones y respondan únicamente a la pura arbitrariedad. No es así, y el que las toma se mueve dentro de ciertos límites. Si, por ejemplo, la asignación de factores productivos se realiza democráticamente, es obvio que se debe apelar a la decisión de la mayoría. Pero, sea que la decisión se tome de esta manera o de otra, siempre será arbitraria desde el punto de vista de los consumidores que deciden comprar o no el producto. En lo que respecta a las asignaciones controladas de manera democrática, existen algunas deficiencias evidentes. Tal como lo dicen, por ejemplo, J. Buchanan y R. Wagner (The Consequences of Mr. Keynes, Institute of Economic Affairs, Londres, 1978, p. 19): "La competencia en el mercado es constante; para cada compra, un comprador puede elegir entre vendedores que compiten. La competencia política es intermitente; una decisión es obligatoria por un número determinado de años. La competencia del mercado permite que varios competidores puedan sobrevivir al mismo tiempo [...] en la competencia política, el resultado es todo o nada [...] en la competencia del mercado el comprador puede tener una razonable seguridad con respecto a lo que recibe a cambio. En la competencia política, en realidad compra los servicios de un agente al que no puede obligar de ninguna manera [...l. Además, como un político necesita asegurarse la cooperación de la mayoría de sus pares, para él un voto tiene un significado mucho menos limpio que el que tiene el 'voto' que se le otorga a una firma privada". (Véase también J. Buchanan, "Individual Choice in Voting and the Market", ídem, Fiscal Theory and Political Economy, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1962; en J. Buchanan y G. Tullock, The Calculus of Consent, puede encontrarse un tratamiento más general del problema.)

Sin embargo, casi siempre se pasa por alto la deficiencia más importante (y lo hacen sobre todo quienes exaltan el hecho de que la democracia otorga el mismo valor a los votos de todos, mientras que el sistema en el cual el consumidor es el soberano permite "votos" desiguales): cuando impera la soberanía de los consumidores los votos pueden ser desiguales pero, en todo caso, aquéllos ejercen su control exclusivamente sobre las cosas que han adquirido a través de una apropiación original o de un contrato, y por lo tanto están obligados a adoptar una conducta moral. En un sistema de producción basado en la democracia, se supone que todos tienen algo que decir incluso acerca de las cosas que no han adquirido, con lo cual existe una invitación permanente no sólo a crear una inestabilidad legal, con todos sus efectos negativos sobre el proceso de formación de capital, sino, además, a actuar de manera inmoral. Acerca de esto, véase L. von Mises, Socialism [en español], Liberty Fund, Indianapolis, 198 1, cap. 31.

^[26] Recapitulemos los conceptos de Molinari (Sobre la Producción de Seguridad, pp. 13-14): "Si [...] el consumidor no tiene la libertad de comprar seguridad donde le parezca mejor, veremos de inmediato cómo se ponen en acción numerosos profesionales especializados en la arbitrariedad y en la mala administración. La justicia será cada vez más lenta y costosa, la policía, ofensiva, la libertad individual dejará de ser respetada, el precio de la seguridad se elevará en forma abusiva y se la impartirá injustamente, según el poder y la influencia de una u otra clase de consumidores".

^[27] Véanse las obras citadas en la nota 22; también, B. Leoni, Freedom and the Law [en castellano], Van Nostrand, Princeton, 1961; J. Peden, "Property Rights in Celtic Irish Law" [PDF], Journal of Libertarian Studies (1977).

^[28] Véase T. Anderson y P. J. Hill, "The American Experiment in Anarcho-Capitalism: The Not So Wild, Wild West" [PDF], Journal of Libertarian Studies (1980).

^[29] Con respecto a lo siguiente, véase H. H. Hoppe, Eigentum. Anarchie und Staat, Westdeutscher Verlag, Opladen, 1986, cap. 5.

^[30] Esto ofrece un marcado contraste con la política estatal, por la cual se entablan conflictos violentos sin el apoyo voluntario de nadie, porque el estado tiene el derecho de imponer tributos; y pensemos si el riesgo de una guerra sería mayor o menor en el caso de que el ciudadano tuviera el derecho de dejar de pagar impuestos en el mismo momento en que considerara que la política estatal en materia de relaciones exteriores no es de su agrado.

^[31] Nuevamente debemos hacer notar que las normas que tienen el mayor grado posible de consenso son, por supuesto, aquellas cuya validez se desprende del razonamiento y cuya aceptación, acerca de cualquier cosa que sea posible, es unánime, como ya lo hemos indicado.

^[32] También en este caso puede observarse el contraste con los jueces empleados por el estado, cuyos sueldos se pagan con el producto de los impuestos y que, por lo tanto, son relativamente independientes de la satisfacción de los consumidores; por eso, pueden dictar sentencias que, como es obvio, no todos aceptan como justas; y preguntémonos si el riesgo de que no se descubriera la verdad en un caso determinado aumentaría o disminuiría si uno tuviese la posibilidad de ejercer presión económica toda vez que pensara que un juez que tal vez algún día tendría que juzgar nuestra propia causa no es lo suficientemente cuidadoso en la consideración de los hechos y en el dictamen acerca de ellos, o quizás es sencillamente un truhán.

^[33] Acerca de lo que sigue, véase en particular M. N. Rothbard, For a New Liberty, pp. 233 SS.

^[34] Véase B. Bailyn, The Ideological Origins of the American Revolution, Harvard University Press, Cambridge, 1967; J. T. Main, The Anti-Federalists: Critics of the Constitution, University of North Carolina Press, Chape1 Hill, 1961; M. N. Rothbard, Conceived in Liberty, Arlington House, New Rochelle, 1975-1979.

^[35] Por supuesto, las compañías de seguros desempeñarán un papel especialmente importante en la tarea de poner un freno a la aparición de compañías infractoras de la ley. Véase M. y L. Tannehill, The Market of Liberty, pp. 11 0-1 1: "Las compañías de seguros, un sector decisivo en cualquier economía totalmente libre, tendrán un incentivo especial para disociarse de cualquier agresor y, además, para emplear toda su considerable influencia comercial para combatirlo. La violencia agresiva ocasiona pérdidas de valor, y la industria de los seguros soporta los mayores costos en estos casos. Un agresor al que no se le ponen límites es un riesgo ambulante, y ninguna compañía de seguros, por apartada que esté de su agresión original, desearía hacerse cargo del riesgo de que agrediese después a uno de sus propios clientes. Además, los agresores y quienes se asocian con ellos tienen más posibilidades de verse envueltos en situaciones de violencia y son, por lo tanto, clientes indeseables. Es probable que una compañía de seguros rehúse brindar cobertura a estas personas, por el prudente deseo de disminuir cualquier pérdida h r a que su agresión pudiese causar. Pero aunque su motivación no fuera ésta, se vería obligada a elevar drásticamente sus primas o a cancelar cualquier tipo de cobertura para evitar el riesgo adicional que implica su inclinación a la violencia. En una economía competitiva, ninguna compañía de seguros puede afrontar el riesgo de continuar cubriendo a individuos agresivos o a quienes tienen tratos con ellos, y hacer que sus clientes honestos carguen con los costos; pronto los perdería, porque preferirían firmas más honorables cuya cobertura representase un cargo menor".