Rodrigo Diaz : Desempleo

Leyes del salario mínimo

Rodrigo Diaz — Thu, 10 Sep 2009 01:36:00 GMT

Por Henry Hazlitt

Hemos examinado anteriormente algunos de los perniciosos resultados que producen los arbitrarios esfuerzos realizados por el Estado para elevar el precio de aquellas mercancías que desea favorecer. La misma especie de daños se derivan cuando se trata de incrementar los sueldos mediante las leyes del salario mínimo. Esto no debe sorprendernos, pues un salario es en realidad un precio. En nada favorece la claridad del pensamiento económico que el precio de los servicios laborales haya recibido un nombre enteramente diferente al de los otros precios. Esto ha impedido a mucha gente percatarse de que ambos son gobernados por los mismos principios.

Las opiniones acerca de los salarios se formulan con tal apasionamiento y quedan tan influidas por la política, que en la mayoría de las discusiones sobre el tema se olvidan los más elementales principios. Gentes que serían las primeras en negar que la prosperidad pueda ser producida mediante un alza artificial de los precios y no vacilarían en afirmar que las leyes del precio mínimo, en vez de proteger, perjudican las industrias que tratan de favorecer, abogarán, no obstante, por la promulgación de leyes de salario mínimo e increparán con la máxima acritud a sus oponentes.

No obstante, debería quedar bien sentado que una ley de salario mínimo, en el mejor de los casos, constituye arma poco eficaz para combatir el daño derivado de los bajos salarios y que el posible beneficio a conseguir, mediante tales leyes, sólo superará el posible mal en proporción a la modestia de los objetivos a alcanzar. Cuanto más ambiciosa sea la ley, cuantos más obreros pretenda proteger y en mayor proporción aspire al incremento de los salarios, tanto más probable será que el perjuicio supere los efectos beneficiosos.

Lo primero que ocurre cuando, por ejemplo, se promulga una ley en virtud de la cual no se pagará a nadie menos de treinta dólares por una semana laboral de cuarenta y ocho horas, es que nadie cuyo trabajo no sea valorado en esa cifra por un empresario volverá a encontrar empleo. No se puede sobrevalorar en una cantidad determinada el trabajo de un obrero en el mercado laboral por el mero hecho de haber convertido en ilegal su colocación por cantidad inferior. Lo único que se consigue es privarle del derecho a ganar lo que su capacidad y empleo le permitirían, mientras se impide a la comunidad beneficiarse de los modestos servicios que aquél es capaz de rendir. En una palabra, se sustituye el salario bajo por el desempleo. Se causa un mal general, sin compensación equivalente.

La única excepción se registra cuando un grupo de obreros recibe un salario efectivamente por debajo de su valor en el mercado. Esto puede ocurrir sólo en circunstancias o lugares especiales donde las fuerzas de la competencia no funcionen libre o adecuadamente; pero casi todos estos casos especiales podrían remediarse con igual efectividad, más flexiblemente y con menor daño potencial, a través del actuar de los sindicatos.

Cabe pensar que si la ley obliga a pagar mayores salarios en una industria dada, pueda ésta elevar sus precios de tal suerte que el incremento pase a gravitar sobre los consumidores. Sin embargo, tal desviación no es tan hacedera ni se escapa con tanta sencillez a las consecuencias de una artificiosa elevación de sueldos. Muchas veces no es posible aumentar el precio de sus productos, pues quizá se induzca al consumidor a la búsqueda de un sustitutivo. O bien, si continúan adquiriéndolo, los nuevos precios les obliguen a comprar menos cantidad. En su consecuencia, aunque algunos obreros de la industria en cuestión se han beneficiado del alza de salarios, otros por ello perderán sus empleos. Por otra parte, si no se aumenta el precio del producto, los fabricantes marginales son desplazados del negocio. En realidad se habrá provocado una reducción en la producción y el consiguiente paro, recorriendo camino distinto.

Cuando se mencionan estas consecuencias, siempre hay alguien que replica: «Perfectamente; si para conservar la industria X es ineludible pagar salarios ínfimos, justo es que los salarios mínimos obliguen a su cierre.» Ahora bien, tan audaz afirmación prescinde de ciertas realidades. En primer lugar, no advierte que los consumidores han de soportar la pérdida del producto. Olvida también que los obreros que trabajaban en la industria en cuestión quedan condenados al desempleo. Finalmente, ignora que por bajos que fueran los emolumentos abonados, eran los mejores entre todas las posibilidades que se ofrecían a los obreros de la tantas veces aludida industria X, pues de lo contrario habrían acudido a otra. Por lo tanto, si la industria X es suprimida por una ley de salarios mínimos, quienes en ella trabajaban se verán constreñidos a aceptar empleos que reputaron menos interesantes que los que por fuerza han de abandonar. Su demanda de trabajo hará descender todavía más los salarios de las ocupaciones alternativas que ahora les son ofrecidas. No cabe eludir la consecuencia: siempre que se imponen salarios mínimos se provoca un incremento del desempleo.

Además, los programas de asistencia destinados a aliviar el paro originado por la ley del salario mínimo crean un serio problema. Mediante un salario mínimo de $7,50 por hora, verbigracia, se prohíbe a cualquiera trabajar cuarenta horas semanales por menos de trecientos dólares. Supongamos ahora que se ofrece una asistencia de sólo ciento ochenta dólares semanales. Ello equivale a haber prohibido que una persona emplee su tiempo eficazmente ganando, por ejemplo, doscientos cincuenta dólares semanales, manteniéndole en cambio inactivo percibiendo un subsidio de ciento ochenta dólares a la semana. Hemos privado a la sociedad del valor de sus servicios; al hombre, de la independencia y dignidad que se derivan de la autosuficiencia económica, incluso a bajo nivel, separándole de la tarea más de su agrado, y, al propio tiempo, recibe una remuneración menor a la que podía haber ganado por su propio esfuerzo.

Estas consecuencias se producirán siempre que el socorro sea inferior en un centavo a los trescientos dólares. Sin embargo, cuanto más elevado sea el mismo, tanto peor será la situación en otros aspectos. Si se ofrece un subsidio de trescientos dólares, se facilita a muchos igual cantidad sin trabajar que trabajando. En fin, cualquiera que sea la cantidad a que ascienda el subsidio, provoca una situación en la que cada cual trabaja sólo por la diferencia entre su salario y el importe del socorro. Si éste, por ejemplo, es de trescientos dólares semanales, los obreros a quienes se ofrece un salario de un 10 dólares por hora o cuatrocientosa dólares a la semana, ven que de hecho se les pide que trabajen por cien dólares a la semana tan sólo, puesto que el resto pueden obtenerlo sin hacer nada.

Cabría pensar en la posibilidad de escapar a estas consecuencias ofreciendo ese socorro en forma de trabajo remunerado, en lugar de hacerlo a cambio de nada; pero esto es tan sólo cambiar la naturaleza de las repercusiones. La asistencia en forma de trabajo significa pagar a los beneficiarios más de lo que el mercado hubiera ofrecido libremente. Por tanto, sólo una parte del salario de ayuda proviene de su actividad (ejercida, por lo general, en trabajos de dudosa utilidad), mientras que el resto es una limosna disfrazada.

Probablemente hubiera sido mejor, en todo evento que el Estado, inicialmente, hubiera subvencionado francamente el sueldo percibido en las tareas privadas que ya venían realizando. No queremos alargar más este asunto, pues nos llevaría al examen de cuestiones que de momento no interesan. Ahora bien, conviene tener presentes las dificultades y consecuencias de los subsidios al considerar la promulgación de leyes del salario mínimo o el incremento de los mínimos ya fijados.

De cuanto antecede no se pretende deducir la imposibilidad de elevar los salarios. Lo único que se desea es señalar que el método aparentemente sencillo de incrementarlo mediante disposiciones del poder público es el camino peor y más equivocado.

Parece oportuno advertir ahora que lo que distingue a muchos reformadores de quienes rechazan sus sugerencias no es la mayor filantropía de los primeros, sino su mayor impaciencia. No se trata de si deseamos o no el mayor bienestar económico posible para todos. Entre hombres de buena voluntad tal objetivo ha de darse por descontado. La verdadera cuestión se refiere a los medios adecuados para conseguirlo, y al tratar de dar una respuesta a tal cuestión, no el lícito olvidar unas cuantas verdades elementales; no cabe distribuir más riqueza que la creada; no es posible, a la larga, pagar al conjunto de la mano de obra más de lo que produce.

La mejor manera de elevar, por lo tanto, los salarios es incrementando la productividad del trabajo. Tal finalidad puede alcanzarse acudiendo a distintos métodos: por una mayor acumulación de capital, es decir, mediante un aumento de las máquinas que ayudan al obrero en su tarea; por nuevos inventos y mejoras técnicas; por una dirección más eficaz por parte de los empresarios; por mayor aplicación y eficiencia por parte de los obreros; por una mejor formación y adiestramiento profesional. Cuanto más produce el individuo, tanto más acrecienta la riqueza de toda la comunidad. Cuanto más produce, tanto más valiosos son sus servicios para los consumidores y, por lo tanto, para los empresarios. Y cuanto mayor es su valor para el empresario, mejor le pagarán. Los salarios reales tienen su origen en la producción, no en los decretos y órdenes ministeriales.

Tomado del libro de Henry Hazlitt Economía en una Lección

El Mundo Alrevesado de John Maynard Keynes

Rodrigo Diaz — Sun, 10 May 2009 04:16:00 GMT

El Artículo Diario del Instituto von Mises publicado el 4/23/2009 por Mark Thornton

John Maynard Keynes usaba con frecuencia un lenguaje florido con expresiones como "espíritus animales" y "la trampa de liquidez" para describir las cosas que no entendía. Después de todo era más un burócrata que un economista. De hecho, se le podría describir mejor como un anti-economista porque esquivando temas como la oferta y la demanda, lograba mantener la opinión de que el gobierno hacía funcionar la economía.

Así, por ejemplo, no podía entender por qué la gente invertía sus recursos en aventuras arriesgadas que pudieran ayudar a mantener la economía creciendo a pleno empleo. Por tanto, sustituyó "espíritus animales" por “afán de lucro”. Estos espíritus permiten a los empresarios proceder con ingenua confianza y dejar a un lado la preocupación por las pérdidas. Del mismo modo, la caída de las inversiones era también un problema psicológico que denominó la "trampa de liquidez". Esta trampa ocurre cuando los inversores buscan liquidez en efectivo y cuando la política monetaria - en términos de reducir las tasas de interés - ya no produce un aumento de la inversión.

El problema con Keynes es que pensaba que si los empresarios perdían su nervio colectivo, el Gobierno debía socializar la inversión, impulsar la demanda y el empleo, y crear un clima de seguridad para conducir de nuevo la economía al pleno empleo. No entendió cómo funciona la economía ya que no pudo entender cómo la economía se auto-corrige cuando ocurre una contracción.

Nuestro problema es que Bush, Obama, Geithner, y Summers están todos siguiendo el libreto keynesiano, mientras el premio Nobel Paul Krugman actúa como director del coro. Si en vez de eso tan solo hubiéramos permitido al mercado libre hacer su trabajo, es probable que la economía ya hubiera tocado fondo, y empresas como AIG estarían saliendo de la bancarrota y la tasa de desempleo estaría disminuyendo en vez de continuar al alza.

El proceso del mercado se redujo hace solo unos pocos meses hasta llegar a la actual contracción y - durante los últimos 15 meses - ha sido sustituido casi totalmente por la intervención del gobierno. Muchas de las intervenciones han sido descritas como "sin precedentes" en el sentido de que nunca habían sido ensayadas anteriormente. Esto significa que ni los participantes en el mercado, ni los encargados de formular las políticas, tienen experiencia en el asunto - y el hecho es evidente.

Esta serie de intervenciones ha sido desordenada. Muchas intervenciones, como la adquisición de AIG, fueron sorpresas totales, que han causado volatilidad en los mercados de valores. Además, estas intervenciones han sido inmensamente grandes y de amplio alcance. Medidas en términos de dólares, los recursos "asignados" ascienden a más de $ 12 billones según algunas cuentas.

Irónicamente, al adoptar la posición keynesiana de perder nuestro "espíritu animal" y al sufrir el problema psicológico del pánico, el gobierno ha llevado a cabo cambios gigantescos en sus políticas los cuales han debilitado enormemente el “afán de lucro”. Los empresarios ya no están buscando nuevas oportunidades de beneficio en la economía. En cambio, es muy probable, que o bien estén tratando de preservar su capital o a la espera recibir fondos de rescate de parte del gobierno.

Para preservar el capital se requiere su colocación en activos de bajo riesgo tales como bonos, dinero en efectivo, depósitos a término, u oro. Así que estamos ahorrando más y pagando deudas para protegernos nosotros mismos, pero según la terminología keynesiana, hemos caído en la muy peligrosa “trampa de liquidez”.

Para Keynes, la trampa de liquidez ocurre cuando los consumidores intentan ahorrar más y consumir menos. Su reflexión era que el menor consumo podría hacer daño a las empresas y a la producción y, en consecuencia, ponía en riesgo las empresas y la mano de obra. Estos más bajos ingresos, significarían, a su vez, que el intentar un mayor ahorro en realidad daría, como resultado, una economía bastante peor.

La trampa de liquidez en realidad tiene relación con el acaparamiento y el ahorro. Si bien el acaparamiento tiene mala fama entre los economistas, es en realidad algo muy bueno. Normalmente, la gente no acapara recursos irracionalmente o sin razón alguna, acapara como una manera de protegerse de situaciones peligrosas. Son la depresión, la inflación, la guerra, y otras calamidades las que normalmente hacen que la gente acapare.

No sólo el aumento del ahorro ayuda a la economía, sino que además el acaparamiento es bueno porque ayuda a facilitar el proceso de deflación y la deflación contribuye a la recuperación. Si la gente reduce el consumo (la demanda), entonces los precios caen, sobre todo en las primeras etapas de la producción. Al estar cada vez más baratos todo tipo de bienes y recursos, incluyendo la mano de obra, aumenta el poder adquisitivo de cada dólar acaparado. Los precios que subieron durante el período del auge económico - en particular los de la tierra, los del capital, y los de otras clases de activos – se restablecen entonces, a niveles más bajos. Se liquida la deuda y los ahorros se restauran y resurgen las perspectivas de retorno a la prosperidad, en primer lugar entre los productores y luego entre los consumidores. Por lo tanto el acaparamiento acelera la deflación y la deflación acelera el proceso de corrección.

Pero los Keynesianos tienen miedo de este proceso porque no entienden la forma en que nos lleva de vuelta al pleno empleo y al crecimiento económico. He dado a este temor el nombre de apoplithorismosphobia. Joseph Salerno ha demostrado que no hay base teórica, y Greg Kaza ha demostrado que no hay base empírica, para este temor. Irónicamente, son las políticas keynesianas, tales como los rescates, los paquetes de estímulo, y la inflación los que deben ser temidos, ya que pueden poner en peligro nuestro “espíritu animal” de “afán de lucro” y nos han tenido cautivos en la “trampa de liquidez” por varios años.

El acaparamiento finalmente arregla la mayoría de los balances, pero en una economía dominada por los keynesianos, tarda un tiempo extremadamente largo. Durante el intervalo, la gente puede quedar permanentemente hastiada del mercado y de la inversión. Podrían convertirse en acaparadores permanentes. Esto ocurrió a muchos estadounidenses durante la Gran Depresión. La frugalidad y el ahorro, si bien admirables, se convirtieron en una especie de cicatriz psicológica que exhibieron por el resto de sus vidas.

Las políticas de estilo keynesiano han dado lugar a catástrofes, como la Gran Depresión, el "estancamiento" de los Estados Unidos de 1970 a 1982, y las secuelas de la burbuja japonesa. Cada una de ellas duró más de una década. Sería mucho mejor permitir un proceso de corrección del mercado libre sin obstrucciones. Sin una red de seguridad del gobierno, o rescates, habría más acaparamiento, la deflación sería más expedita, habría más bancarrotas, y tendríamos un rápido retorno a la prosperidad.

Si bien la bancarrota suena horrible, es realmente un proceso maravilloso y ordenado. En primer lugar, corrige rápidamente los balances. También proporciona una oportunidad para eliminar los actuales propietarios y administradores de empresa que operan de manera arriesgada. Aquí no habría necesidad de preocuparse por cuestión de comisiones ni bonos laborales para los directivos! Algunas empresas en quiebra tendrían que salir completamente del negocio y sus recursos serían subastados por otros empresarios a precios muy bajos. Me imagino que decenas de empresas que apenas inician labores para llevar al mercado coches eléctricos estarían encantadas con la oportunidad de comprar una planta de automóviles en Michigan por peniques por dólar. Otras empresas podrían mantenerse en el negocio conservando los puestos de trabajo de la mayoría de los trabajadores, pero la quiebra reduciría la deuda y los costos y brindaría la oportunidad de renegociar contratos y salarios.

El ambiente resultante después de la quiebra es el de nuevos propietarios y operadores con mucho menor deuda quienes tampoco han sufrido el aplastamiento de su "espíritu animal". Las empresas tendrían una deuda menor y, por tanto, una estructura de costos más baja. Algunos consumidores estarían llenos del efectivo acumulado y tendrían la oportunidad de comprar a precios mucho más bajos. La economía entraría en modo de recuperación y podría rápidamente alcanzar pleno empleo y crecimiento económico. Lo que es más importante, al no rescatar a los perdedores, desaparece el riesgo moral de que los empresarios confíen en que podrían volver a ser rescatados en el futuro.

Porque no entienden cómo funciona el mercado, los keynesianos piensan que se trata de una fantasía. Pero si se siguiera la receta Austríaca de liquidar deudas y empresas en quiebra, se permitiría el descenso de los precios al desaparecer la inflación monetaria, no habría necesidad de impulsar el empleo, ni de subsidiar el desempleo, ni de desalentar el acaparamiento, y se tendría como resultado final la recuperación más rápida posible y el mínimo dolor económico.

Mark Thornton es miembro residente del Ludwig von Mises Institute de Auburn, Alabama, y Editor de la Reseña de Libros de la Revista Trimestral de Economía Austriaca. Es autor de Economía de la prohibición y coautor de Tarifas, Bloqueos, e Inflación: Economía de la Guerra Civil.

TRADUCCIÓN DE RODRIGO DIAZ

Los siete déficits mortales - Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía

Rodrigo Diaz — Wed, 03 Dec 2008 02:33:00 GMT

Traducción para www.sinpermiso.info: Ricardo Timón

Cuando el presidente George W. Bush asumió el cargo, el grueso de los descontentos con unas elecciones robadas se consolaron con esta idea: dado nuestro sistema de controles y equilibrios políticos, ¿cuánto dañó puede hacer? Ahora lo sabemos: mucho más de lo que podían imaginar los peores pesimistas. Desde la guerra de Irak hasta el colapso de los mercados crediticios, las pérdidas financieras apenas resultan concebibles. Y detrás esas pérdidas aún hay que contar las oportunidades perdidas, todavía mayores.
Tomados de consuno los dineros despilfarrados en la guerra, los dineros despilfarrados en un esquema inmobiliario piramidal que empobreció a los más y enriqueció a unos pocos y los dineros que se esfumaron con la recesión, el hiato entre lo que podríamos haber producido y lo que realmente produjimos fácilmente rebasará el billón y medio de dólares. Piensen lo que habría podido hacerse con esa suma para proporcionar asistencia sanitaria a quienes carecen de seguro médico, para mejorar nuestro sistema educativo, para desarrollar tecnologías verdes… La lista es infinita.
Y el verdadero coste de las oportunidades perdidas es todavía mayor. Piensen en la guerra. Están, para empezar, los fondos directamente asignados a ella por el gobierno (unos 12 mil millones de dólares mensuales, y eso aceptando las estimaciones confundentes de la administración Bush). Pero es que son mucho mayores todavía, como ha documentado en su libro La guerra de los tres billones de dólares Linda Bilmes, de la Kennedy School, los costes indirectos: las remuneraciones que han dejado de ganar los heridos o los muertos o la actividad económica desplazada (de, pongamos por caso, gastar en hospitales norteamericanos a gastar en empresas nepalesas de seguridad). Esos factores sociales y macroeconómicos podrían llegar a montar más de 2 billones de dólares en el cómputo total de los costes de la guerra.
Pero hay un haz de luz en esos negros nubarrones. Si logramos zafarnos de la pesadumbre, si conseguimos pensar más cuidadosa y menos ideológicamente sobre la manera de robustecer nuestra economía y hacer de la nuestra una sociedad mejor, tal vez podamos adelantar algo en el planteamiento y solución de los enconados problemas que venimos arrastrando.

El déficit de valores.- Uno de los puntos fuertes de Norteamérica es su diversidad, y siempre ha habido una diversidad de puntos de vista incluso respecto de nuestros principios fundamentales (la presunción de inocencia, el mandato de habeas corpus, el imperio de la ley). Pero –o eso creíamos, al menos— quienes discrepaban de esos principios constituían una pequeña franja marginal, fácilmente ignorable. Ahora hemos aprendido que esa franja no es tan minúscula y que, entre sus miembros, se cuentan el actual presidente y los dirigentes de su partido. Y esa división en los valores no podía haber llegado en peor momento. Percatarse de que podríamos tener menos en común de lo que pensábamos puede dificultar la resolución de problemas que tenemos que encarar juntos.

El déficit climático.- Con ayuda de cómplices como ExxonMobil, Bush trató de persuadir a los norteamericanos de que el calentamiento global era una ficción. No lo es, y hasta la administración ha terminado por admitirlo. Pero no hicimos nada durante ocho años, y los EEUU contaminan más que nunca; un retraso que pagaremos carísimo.

El déficit de igualdad.- En el pasado, aun si los que estaban abajo recibían pocos, si alguno, de los beneficios de la expansión económica, la vida se percibía como un sorteo equitativo. Las historias de quienes se hacían a sí mismos eran parte de las señas de identidad norteamericanas. Pero la vieja promesa de Horatio Alger suena hoy falsa. La movilidad ascendente se ha hecho cada vez más difícil. Las crecientes divisiones de ingreso y de riqueza han sido reforzadas por una legislación fiscal que premia a los afortunados en la azarienta lotería de la globalización. Destruida aquella percepción, será todavía más difícil encontrar una causa común.

El déficit de responsabilidad.- Los reyezuelos del mundo financiero estadounidense justificaban sus astronómicas remuneraciones apelando a su pretendido ingenio para generar grandes beneficios, supuestamente derramados sobre el país entero. Ahora, los reyes andan desnudos. No supieron gestionar el riesgo; antes bien, sus acciones exacerbaron el riesgo. El capital no fue correctamente asignado; se malgastaron centenares de miles de millones, un nivel de ineficiencia mucho mayor que el que la gente se ha acostumbrado a atribuir al Estado. Sin embargo, los reyezuelos se largaron con centenares de millones de dólares de los contribuyentes, de los trabajadores, y el conjunto de la economía tuvo que pagar la cuenta.

El déficit comercial.- En el curso de la pasada década, el país ha venido tomando préstamos a gran escala en el extranjero: sólo en 2007, unos 739 mil millones de dólares. No es difícil descubrir por qué: con un gobierno incurriendo en enormes deudas y unos hogares norteamericanos sin apenas capacidad de ahorro, no había otro sitio donde pedir. Los EE.UU. han estado viviendo de dinero y de tiempo prestados, y ha llegado la hora del vencimiento. Acostumbrábamos a dar lecciones de buena política económica a los demás. Ahora los demás se parten de risa a nuestras espaldas, y de cuando en cuando, hasta nos dan lecciones.
Hemos tenido que ir a mendigar a los fondos soberanos de riqueza (la riqueza excedente que otros gobiernos han acumulado y que pueden invertir fuera de sus fronteras). Retrocedemos ante la idea de que nuestro gobierno se haga con un banco, pero parecemos aceptar de grado la idea de que los gobiernos extranjeros puedan convertirse en accionistas de referencia de algunos de nuestros bancos más emblemáticos, instituciones cruciales para nuestra economía. (Tan cruciales, en efecto, que hemos dado un cheque en blanco a nuestro Tesoro para rescatarlas.)

El déficit fiscal.- Gracias, en parte, a un gasto militar desapoderado, en sólo ocho años nuestra deuda nacional se ha incrementado en dos tercios, pasando de 5,7 billones a más de 9,5 billones de dólares. Pero, por espectaculares que resulten, esos números subestiman por mucho las verdaderas dimensiones del problema. Aún tienen que presentarse a cobro muchas facturas de la Guerra de Irak, incluidas las que incorporan los costes de asistencia a los veteranos heridos, y esas facturas podrían representar unos 600 mil millones de dólares. El déficit federal de este año probablemente añadirá otro medio billón a la deuda nacional. Y todo eso, sin contar con los dineros desembolsados por la Seguridad Social y por Medicare para asistir a los baby boomers.

El déficit de inversión.- Las cuentas del Estado son distintas de las cuentas del sector privado. Una empresa que tome dinero prestado para realizar una buena inversión verá su balance contable mejorado, y sus ejecutivos serán aplaudidos. Pero en el sector público no hay balance contable, y por lo mismo, demasiada gente se centra miopemente en el déficit. En realidad, las inversiones públicas sabias proporcionan retornos mucho más elevados que la tasa de interés que el Estado paga por su deuda; a largo plazo, las inversiones ayudan a reducir los déficits. Recortar esas inversiones es proceder al modo del ahorrador de salvado y desperdiciador de harina, como pudo verse con los diques de Nueva Orleáns y con los puentes de Mineápolis.
Más allá de la simple incompetencia, hay dos posible hipótesis para explicar por qué los republicanos prestaron tan poca atención a la creciente debacle presupuestaria. La primera es, sencillamente, que confiaron en la teoría económica del lado de la oferta, en la creencia de que, de uno u otro modo, la economía crecería tanto con unos impuestos bajos, que los déficits serían efímeros. Esa idea se ha revelado como lo que es, una ilusión fantasiosa.
La segunda hipótesis es que, permitiendo un déficit cada vez más hinchado, Bush y sus aliados esperaban forzar una reducción del tamaño del Estado. Lo cierto es que la situación fiscal ha llegado a cobrar unas proporciones tan alarmantes, que muchos demócratas responsables están comenzando ahora a hacerles el juego a los republicanos empecinados en “asfixiar a la bestia pública”, y llaman a un drástico recorte del gasto público. Pero, preocupados como están los demócratas por parecer demasiado tibios en materia de seguridad –y por lo mismo, resueltos a considerar sacrosanto el presupuesto militar—, resulta harto difícil recortar gastos sin cercenar las inversiones más importantes para resolver la crisis.

La tarea más perentoria del nuevo presidente será restaurar el vigor de la economía. Dado el volumen de nuestra deuda nacional, es particularmente importante cumplir esa tarea de manera que se maximicen los resultados de cada dólar gastado, al tiempo que se ataca al menos uno de los déficits capitales. Los recortes fiscales funcionan –si funcionan— incrementando el consumo, pero el problema de Norteamérica es que padece un atracón de consumo; prolongar el atracón no hará sino posponer la solución de los problemas más profundos. A medida que los ingresos se desploman, los estados y los municipios tendrán que hacer frente a restricciones presupuestarias, y a menos que se haga algo, se verán obligados a recortar el gasto, lo que no hará sino ahondar en el declive. A nivel federal, necesitamos gastar más, no menos. Hay que reconfigurar la economía para adaptarse a las nuevas realidades (incluido el calentamiento global). Necesitaremos más trenes de alta velocidad y plantas energéticas más eficientes. Esos gastos estimulan la economía, al tiempo que sientan las bases para un crecimiento sostenible a largo plazo.

Sólo hay dos formas de financiar esas inversiones: aumentar los impuestos o recortar otros gastos. Los norteamericanos de ingresos altos pueden perfectamente permitirse pagar más impuestos, y muchos países europeos han triunfado, no a pesar de tener una fiscalidad elevada, sino precisamente por tenerla: es lo que les ha permitido invertir y competir en un mundo globalizado.
Huelga decir que habrá resistencia al aumento de impuestos, de manera que el foco de atención se moverá hacia los recortes. Pero nuestros gastos sociales son ya tan esqueléticos, que hay poco que ahorrar. En realidad, descollamos entre las naciones industrializadas avanzadas por lo inadecuado de nuestras protecciones sociales. Los problemas, por ejemplo, del sistema de asistencia sanitaria en los EE.UU. saltan a la vista: resolverlos no es sólo cuestión de mayor justicia social, sino también de mayor eficiencia económica. (Unos trabajadores más sanos son unos trabajadores más productivos.) Y eso deja sólo un área económica importante disponible para recortar gastos: la defensa. Nuestros gastos representan la mitad de los gastos militares mundiales, con un 42% de los dólares del contribuyente que se destinan, directa o indirectamente, a defensa. Incluso los gastos militares no bélicos se han disparado. Con tanto dinero gastado en armamento inútil contra enemigos que no existen hay mucho margen para incrementar la seguridad, al tiempo que se recortan los gastos en defensa.

La buena nueva en todo este horizonte de malas noticias económicas es que nos estamos viendo obligados a morigerar nuestro consumo material. Si lo hacemos de forma adecuada, eso ayudará a mitigar el calentamiento global, y acaso contribuirá también a despertar la consciencia de que un mayor nivel de vida también es más ocio, no sólo más bienes materiales.

Las leyes de la naturaleza y las leyes económicas son implacables, y no perdonan. Podemos abusar de nuestro medio ambiente, pero sólo por un tiempo. Podemos gastar por encima de nuestros medios, pero sólo por un tiempo.

Podemos gorronear a cuenta de nuestras inversiones pasadas, pero sólo por un tiempo. Ni siquiera el país más rico del mundo puede ignorar las leyes de la naturaleza y las leyes económicas, si no es en daño propio.