Por David Laband y Daowei Zhang. (Publicado el 14 de noviembre
de 2001)
Traducido del inglés. El artículo
original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/826.
Halloween es uno de los
acontecimientos informales propios de Estados Unidos. Cada 31 de octubre, niños
disfrazados van de puerta en puerta dando a los adultos la alternativa de
“truco o trato”. En este contexto, es apropiado que este pasado 31 de octubre
fuera el día en el que el Departamento de Comercio de EEUU anunciara la
imposición de una tasa adicional “anti-dumping” del 12,58% a las importaciones
de madera blanda canadiense, añadida al 19,31% de la tasa “compensadora”
impuesta en agosto.
Ambas tasas son retroactivas a la
pasada primavera. Superficialmente, constituyen un truco dañino y a destiempo
para los consumidores estadounidenses y un trato para los productores madereros
y propietarios de bosques estadounidenses. Sin embargo, de hecho, el trato
lleva un chorro de cicuta: los productores madereros estadounidenses pueden
disfrutar del trato a corto plazo, pero probablemente les dañará a largo plazo.
No cabe duda de que, a corto plazo,
el arancel propuesto beneficiará a la industria maderera estadounidense. Solo
en términos de ingresos arancelarios, los productores estadounidenses se
llevarán unos pocos miles de millones
de dólares de nuestros vecinos canadienses.
Además de los ingresos
arancelarios, una serie de otros estadounidenses (dueños privados de terrenos
madereros, empresas de gestión de terrenos, propietarios de aserraderos,
leñadores y otros) se beneficiarán de los precios de la madera que serán
significativamente mayores de lo que serían en ausencia de aranceles. A su vez,
esto mantendrá los precios de la madera más altos de lo que serían en toro
caso. Para un sector que ha sido sacudido por precios muy bajos en los precios
de la madera en años recientes, esto resulta un alivio bienvenido, aunque a
corto plazo.
Sin embargo, aunque reconociendo
que los beneficiarios del doble arancel pueden ser decenas o incluso centenares
de miles, también debemos reconocer que el número de personas perjudicadas se
cuenta por decenas de millones.
Además, uno de los secretos peor guardados tanto en política como en economía
es que las pérdidas agregadas soportadas por los consumidores estadounidenses
por este arancel (o cualquier otro) son mucho mayores que las ganancias para el
sector del suministro maderero de EEUU.
Las pérdidas soportadas por los
consumidores estadounidenses se reflejan solo parcialmente en las pérdidas
soportadas por el sector de la construcción de viviendas. Los altos precios de
la madera blanda significan costes más altos en la construcción de viviendas.
El coste medio de una nueva vivienda probablemente aumentará en un mínimo de
varios cientos de dólares.
Advirtamos que los costes más altos
no significan que las casas sean más valiosas. Por el contrario, los precios
más altos son obra del plan de protección aplicado por el Departamento de
Comercio de EEUU que empuja al alza los costes de producción. Inevitablemente,
esto perjudicará a la demanda de consumo de casas: la iniciación de nuevas
viviendas probablemente baje en unas 72.000 unidades estimadas o más anualmente
y unos 220.000 primeros compradores de viviendas saldrán del mercado
inmobiliario.
Pérdidas adicionales para los
consumidores se reflejan en un menor gasto en consumo en el resto de la
economía, ya que la porción de renta disponible de los consumidores se gasta en
los aumentos de la vivienda. La hipocresía política demasiado dolorosa como
para ser ignorada es que los políticos y burócratas de Washington estén
pidiendo a los estadounidenses patriotas que gasten dinero para mantener fuerte
nuestra economía, acuchillando a los consumidores en sus espaldas colectivas a
través de acciones regulatorias como este arancel “anti-dumping”. Esto presenta
un acertijo interesante.
Dado que se ven perjudicados más
millones de consumidores estadounidenses (muchos de los cuales votan) que
productores estadounidenses beneficiados y que las pérdidas agregadas impuestas
a los consumidores son mucho mayores que las ganancias agregadas para la
industria del suministro maderero de EEUU, ¿por qué Washington adopta esta
política comercial tan evidentemente reductora neta del bienestar?
Si estamos a favor del bienestar
corporativo de la industria del suministro maderero, indudablemente es más
eficiente para el gobierno sencillamente dar a los suministradores de madera
una transferencia de efectivo de los contribuyentes que aprobar políticas que
crean distorsiones significativas de recursos en la economía además de
empobrecer a los consumidores. La respuesta a este rompecabezas es que los
políticos y burócratas saben que los votantes no tolerarían un robo tan evidente,
por tanto, las transferencias que reducen el bienestar se aprueban bajo el
disfraz de la “justicia” se prefieren sobre las transferencias de efectivo
neutrales para el bienestar.
Pero este manto de “justicia” no es
más que retórica política, pensada para ocultar el hecho de que los
consumidores están peor. Tomemos la afirmación de que Canadá vende madera a
EEUU “por debajo del coste”. Si los canadienses estuvieran lo suficientemente
locos como para hacer esto, ¿por qué deberían los estadounidenses querer
detenerlos? La ganancia agregada para los consumidores estadounidenses por los
precios más bajos de la madera superará el efecto adverso que sufra la
industria maderera estadounidense.
Podríamos compensar completamente
las pérdidas de la industria maderera y aún disfrutar de una ganancia neta en
bienestar social. Pero aumentar el bienestar social no está en el programa de
la industria maderera y sí los está aumentar su propio bienestar. Si es costa
del bienestar social estadounidense, que así sea. A este respecto, los
intereses madereros de EEUU no son diferentes de cualquier otro de una multitud
de otros intereses especiales deseando utilizar el poder fiduciario del estado
para enriquecerse imponiendo costes a los consumidores.
Sin embargo, aunque los aranceles
proporcionen una transferencia de riqueza a corto plazo a la industria maderera
estadounidense, inevitablemente ponen en marcha fuerzas económicas que dañarán
a los suministradores de madera a largo plazo. Sería un mal servicio a nuestra
profesión no identificar y explicar francamente estas consecuencias.
Al mantener los precios de la madera blanda
artificialmente altos, los aranceles, a los que se ha opuesto amargamente el
sector de la construcción, proporcionan significativos incentivos financieros
adicionales para que los constructores de viviendas aceleren su actual cambio
de uso de vigas de madera a vigas de acero.
En este sentido, los hechos hablan
por sí mismos. El uso medio de madera blanda por pie cuadrado de construcción
residencial bajó de 7,9 pie-tablas
en 1988 a 6,4 pie-tablas en 1994. Si los constructores de viviendas no hubieran
adoptado materiales alternativos, el uso de maderas blandas por casa se estima
que habría sido de 14.900 pie-tablas en 1994 en lugar de los 13.400 que se
usaron en realidad. Dada la inversión requerida en equipos y capital humano
para trabajar con vigas de acero, una vez que la industria local de madera
pierda este componente principal de su mercado, parece improbable que puedan
volverse las tornas.
Salvo que los suministradores de
madera esperen continuar con ayudas públicas cando ya no haya demanda para su
producto, el arancel pone en marcha el reloj hacia un día del juicio final para
los propietarios privados de terrenos madereros, cuando descubran que sin
programas públicos de ayuda su terreno resulta mucho menos valioso que lo que
les gustaría. Este doloroso momento puede que no lo sufran los propietarios
actuales, pero lo sufrirán.
Además, hay ramificaciones
políticas con las que incluso los miembros de la industria maderera nacional se
encuentran menos a gusto. El sector forestal y otros propietarios privados de
terrenos madereros cada vez se ven más cargados con regulaciones públicas
medioambientales y de otro tipo que, en muchos casos, constituyen apropiaciones
de facto de sus derechos de
propiedad. Pero es como mínimo poco elegante abrazar la implicación pública en
la industria maderera cuando el resultado es una transferencia favorable de
riqueza, al tiempo que se profesa malestar ante las regulaciones del gobierno
que constituyen transferencias desfavorables de riqueza.
El problema es que al vender tus
principios para una ganancia a corto plazo, sin que importe la recompensa en
ese momento, pierdes para siempre la base moral con respecto a otros embrollos
del gobierno que pueden resultar ser, en el total, mucho más costosos.
Hablando de los programas de
participación en los costes en el número de Julio/Agosto de 2001 de la revista Forest Landowner, Keville Larson,
presidente de la Forest Landowners Association, preguntaba: “¿Cuántos de
nuestros derechos de propiedad estamos dispuestos a vender por el bienestar
público?” Pero la pregunta es igualmente relevante con respecto al arancel a la
madera blanda canadiense.
David Laband y Daowei Zhang son profesores de economía y
política forestal en el Forest Policy
Center en la Escuela Forestal y de Ciencias de la Vida Salvaje de la Universidad
de Auburn.