Por George C. Leef. (Publicado el 10
de diciembre de 2002)
Traducido del inglés. El artículo
original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/1113.
Según un informe recientemente publicado, el alto coste de asistir a la
facultad de dercho está haciendo difícil a las agencias públicas y
organizaciones “de interés público” reclutar nuevos buenos abogados. Pueden
ustedes inclinarse por reír y decir: “¿Cuál es el problema?”, pero el informe
(“From
Paper Chase to Money Chase”, publicado por un grupo llamado Equal Justice
Works) llama inadvertidamente la atención sobre una dañina intervención en el
mercado que tendría que acabarse.
“From Paper Chase to Money Chase” concluye, basándose en una muestra
bastante pequeña y autoseleccionada de recientes graduados en derecho, que el
alumno medio de derecho abandona hoy la facultad con deudas de más de 84.000$.
Muchos de los encuestados dicen que la necesidad de pagar sus deudas de la
facultad de derecho afecta a sus elecciones de opciones de empleo. Sus altos
niveles de endeudamiento les hacen buscar el dinero, es decir, buscan la mayor
paga que les ofrezcan las firmas legales. Los sectores público y sin ánimo de
lucro pierden por tanto una gran parte de estos alumnos plagados de deudas que
de otra forma se habrían dedicado al “servicio público”.
El informe preguntaba luego a los empleadores del sector público si
tenían dificultades en el reclutamiento. De forma poco sorprendente, la mayoría
decían que las tenían, aunque no se investigaba el grado de esta dificultad.
¿Hay realmente plazas vacantes en agencias públicas y organizaciones como el
Sierra Club porque no pueden encontrar abogados capaces que trabajen por la
paga que pueden ofrecer? Lo dudo mucho.
Lo que quiere el estudio es presionar en favor de subvenciones para las
deudas de las facultades de derecho. Ensalza los “planes de ayuda al pago de
préstamos” (LRAP, por sus siglas en inglés) como una forma de equilibrar el
terreno. Equal Justice Works quiere ver cómo otra gente paga parte de la deuda
en la que incurrieron los graduados que eligieron seguir el derecho público o
“servir al público”. Las agencias públicas podrían establecer LRAP, extendiendo
así el coste de la formación legal a los contribuyentes o podrían establecerlos
las facultades, extendiendo así el coste a los demás alumnos y a sus donantes.
La raíz del problema
La pregunta evidente que ignora completamente “From Paper Chase to
Money Chase” es por qué el coste de la facultad de derecho es tan alto.
¿Debería costas una formación legal tanto como cuesta? Antes de saltar al vagón
de las subvenciones al coste de la facultad de derecho, tendría sentido
preguntar si esos costes no están inflados artificialmente para empezar.
Lo están. Gracias a la connivencia entre los parlamentos estatales y la
American Bar Association [la asociación estadounidense de abogados], las
facultades de derecho cuestan mucho más de lo necesario. Si se permitiera un
mercado libre en formación legal, el coste de prepararse para una carrera legal
caería drásticamente.
Para ver cómo se llegó a esta situación, remontémonos en el tiempo.
Bastará con un siglo. En 1902, los que aspiraban a entrar en la abogacía podían
seguir diferentes rutas. Una era sencillamente aprender la ley individualmente
(como hizo Abraham Lincoln). Una segunda ruta era ser pasante en un bufete
legal y aprender lo que necesitaras en ese entorno (como hizo Clarence Darrow).
La tercera opción era ir a la facultad de derecho.
Entonces las facultades de derecho variaban mucho, ofreciendo algunas
cursos de estudios de un año, ofreciendo muchas un programa de dos años y un
pequeño número de escuelas de élite ofrecían un currículum de tres años. Un
futuro abogado podía elegir el tipo de formación legal que pensara mejor, dadas
sus circunstancias. La pasantía era la más común. Habían aparecido abogados
notables en la profesión a través de cualquiera de las aproximaciones que acabo
de explicar.
En 1921, la American Bar Association decidió “profesionalizar” la
formación legal. Utilizando la vieja excusa de que los consumidores se
beneficiarían de “altos estándares”, la ABA buscaba imponer el modelo de
facultad de tres años como la única ruta a la profesión legal. En realidad, el
bienestar del consumidor no tenía nada que ver. Muchos abogados se estaban
quejando de la excesiva competencia que mantenía las tarifas por debajo de las
que creían que deberían ser y sencillamente querían restringir la oferta para
aumentar los precios. Un conocido miembro de la profesión legal, el juez
federal Richard Posner, lo ha comparado con un gremio medieval, que buscaba
restringir la entrada y limitar la competencia todo lo posible. Los atributos
gremiales se hicieron muy evidentes a partir de 1921.
Para alcanzar su objetivo, la ABA empezó a cabildear por toda la nación
promoviendo reglamentos que eliminaría todo tipo de formación legal que no
estuviera de acuerdo con su modelo. La mayoría de los estados estuvieron
dispuestos, aproando leyes que limitaban la idoneidad para realizar el examen
estatal para ser abogado a personas que se hubieran licenciado en facultades de
derecho acreditadas por la ABA. Como la mayoría de los abogados consideraban
que era importante se miembros del colegio para tener éxito, esas leyes
cerraban el camino a la profesión a las facultades que no fueran de derecho y
ponían el control de las facultades de derecho en manos de la ABA.
Actualmente solo cuatro estados, California, Tennessee, Alabama y
Massachusetts, permiten a un recién graduado de una facultad de derecho no
acreditada realizar el examen. En otros estados, un graduado de fuera del
estado puede realizar el examen en el estado en que se encuentre la facultad no
acreditada y después de hacer prácticas allí por varios años (al menos tres)
puede hacer el examen en su estado natal. Los abogados por lo general no
quieren cambiar de estado y revivir el dolor de cabeza del examen, así que es
solo un diminuto agujero en la exclusión de la ABA de las facultades de derecho
no conformes.
Algo más tarde, la ABA también inició una ofensiva contra los
practicantes del derecho que no fueran miembros del colegio de abogados,
cabildeando con éxito a favor de leyes para prohibir “la práctica no autorizada
del derecho”. Se viola la ley contra la “práctica no autorizada” incluso cuando
un no miembro del colegio da una asistencia legal perfectamente buena a otra
persona que sepa que quien le asiste no es un abogado licenciado. Los comités
de práctica no autorizada estatales y locales vigilan la competencia ilegal con
el gremio con la ferocidad de los perros guardianes.
En esta búsqueda de un monopolio sobre la formación de los futuros
juristas, la ABA estaba haciendo justamente lo que haría cualquier gremio con
intereses propios: poner barreras de entrada.
El modelo de alto coste de la ABA para la formación legal
El cuerpo acreditador de la ABA, el Consejo de la Sección de Formación
Legal, ha establecido estándares que están pensados para hacer muy costosas y
restrictivas las facultades de derecho.
Entre los más importantes están:
- Las
facultades de derecho deben ser instituciones sin ánimo de lucro.
Suponiendo, o bien que el motivo del beneficio es malo o que una facultad
de derecho que busque el beneficio podría estar demasiado interesada en
encontrar formas de reducir los costes (o ambas cosas), las reglas de
acreditación de la ABA dicen que solo pueden aprobarse instituciones sin
ánimo de lucro. Así que mientras que universidades con ánimo de lucro como
la Universidad de Phoenix están encontrando formas innovadoras de proveer
ofertas formativas a cada vez más estadounidenses, la ABA no las tendrá en
el campo de la formación legal.
- El
personal de las facultades de derecho debe ser mayoritariamente de
profesores a tiempo completo. La ABA considera una señal de
profesionalidad que los cursos de la facultad los den docentes a tiempo
completo. Aunque sería mucho más barato en muchos casos tener cursos
dictados por adjuntos (por ejemplo, el derecho penal podría enseñarlo un
abogado penalista en activo), la ABA está en contra de esto. El uso de
adjuntos no está completamente prohibido, pero cuanto más elitista sea la
escuela, más fácil le resulta cumplir. Por ejemplo, si Harvard quiere que
un juez retirado dé una clase, no hay problema. Si un peso más ligero
quiere hacer lo mismo, puede poner en peligro su acreditación.
- La carga
lectiva de los miembros de la facultad debe mantenerse baja. El modelo
profesional de la ABA considera que los profesores de derecho son
investigadores y necesitan mucho tiempo para investigar. Muchos profesores
solo enseñan tres o cuatro horas a la semana.
- Las
facultades de derecho deben tener un programa de formación de tres años.
La mayoría de los estudiantes de derecho consideran al tercer año como una
gran pérdida de tiempo y de dinero en la que obtienen los créditos
necesarios siguiendo los cursos que parezcan al menos algo interesante o
útil. Sin embargo, una facultad de derecho que otorgue grados después de
solo dos años de estudio y deje a sus alumnos salir a ganarse la vida
perdería su acreditación ABA.
- Las
facultades de derecho deben tener instalaciones caras y complejas. No
podemos tener a futuros miembros de la profesión legal estudiando en aulas
y bibliotecas rutinarias. Como muchas de las normas de la ABA, ésta está
escrita de forma vaga, diciendo que las instalaciones físicas no deben
tener “un efecto negativo y material” en la formación de los alumnos. Esa
vaguedad da a la ABA mucho apoyo para reclamar mejoras a voluntad incluso
en nuevos edificios. No es raro que se vuelvan confusos los presupuestos
universitarios porque la ABA ha insistido en que la facultad de derecho
necesita mejoras en las instalaciones.
- Las
facultades de derecho deben invertir fuertemente en bibliotecas,
requiriendo la compra de miles de volúmenes de tapa dura, la mayoría de
los cuales raramente se abrirán, si es que lo hacen, ya que mucha de la
investigación legal actual se hace en línea o utilizando CD-ROMs.
Todas estas reglas aumentan grandemente el coste de la formación legal.
Por ejemplo, el coste de matrícula para acudir a cualquiera de las facultades
de derecho acreditadas por la ABA en el área de Boston es más del doble que el
coste de acudir a la no acreditada Massachusetts School of Law (que cobra unos
12.000$ al año). Pero indudablemente esa comparación no va suficientemente
lejos. Si los empresarios fueran libes de encontrar la manera de proporcionar
la cantidad óptima de formación legal, no hay razón para dudar de que muchos juristas
serían capaces de obtener la formación que necesiten a un precio muy inferior.
¿Entonces no hay ninguna justificación para el modelo de la ABA? ¿No
podría argumentarse que, dada la enorme cantidad de leyes que hay hoy, tres
años de facultad de derecho resultan poco adecuados? ¿No tendríamos abogados
mal preparados si permitiéramos de nuevo facultades de derecho con programas de
uno o dos años?
La respuesta es no. La realidad es que muy Pozzi de lo que los abogados
necesitan conocer se aprende en la facultad de derecho. Todo campo del derecho
es tan vasto que lo más que puede hacer un estudiante es familiarizarse con las
normas y casos más importantes. Casi todo lo que necesita conocer en su áreas
de práctica lo aprenderá trabajando. No es raro que un abogado acabe
especializándose en un campo que no estudió en absoluto en la facultad y no se
peor en ello.
Los abogados, como los demás profesionales, tienen un fuerte incentivo
para hacer la mejor inversión en conocimiento. No hay necesidad de obligar a
los futuros abogados que dediquen una cantidad concreta de tiempo en facultades
de ningún tipo en particular. Los abogados aprenderán lo que necesiten acerca
de las indemnizaciones a trabajadores o la propiedad intelectual o el derecho
mercantil o lo que sea en que se especialicen sin que importe lo que el estado
considere necesario para licenciarse. Obligar a tres años en la facultad de
derecho no protege a los consumidores ante la incompetencia, protege a los
juristas actuales contra nuevos competidores y especialmente protege a los
empleados de las facultades de derecho contra los efectos de la innovación y la
eficiencia.
¿Debería incluso el estado licenciar a los abogados en absoluto?
Sostengo que las licencias no añaden nada a la competencia o fiabilidad y he
argumentado en otro lugar que deberíamos eliminar las licencias obligatorias y
derogar la práctica no autorizada de los reglamentos legales. (Ver mi artículo
“The Lawyer Cartel”).
Conclusión
No pierdo el sueño por la posibilidad de que agencias públicas y grupos
de “interés público” tengan dificultades a la hora de contratar abogados. Pero
sigue siendo cierto que la intervención pública en el mercado de la formación
legal ha aumentado mucho los costes de entrar en la profesión legal, igual que
ha pasado con muchas otras. La solución no es subvencionar selectivamente ese
coste inflado, sino más bien acabar con la intromisión del gobierno en el
mercado de la formación legal. Los parlamentos estatales pueden y deberían
hacerlo derogando sus leyes que dicten cómo deben prepararse las personas para
hacer carrera en derecho.
George Leef es editor de la crítica de libros en The Freeman. Vea su archivo en
TheFreemanOnLine.org.