Por Stefano R. Mugnaini. (Publicado el 31 de mayo de 2011)
Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/5324.
Me atemoriza constantemente la prodigiosa capacidad destructiva de mis hijos. Mi hija de tres años puede romper cosas que yo ni siquiera puedo desmontar; objetos aparentemente robustos tiemblan ante su ira. Uno de mis mayores temores es que, como adulto, canalice sus tendencias destructivas hacia su resultado más lógico: una carrera en el “servicio” público.
Una de mis diversiones retóricas favoritas con defensores de un gobierno mayor y mejor es retarles a nombrar un área en que la acción pública pruebe ser superior a la privada. La mayoría de las respuestas, si es que hay alguna, se refieren al gasto militar, la justicia penal o la construcción y mantenimiento de infraestructuras, sectores que difícilmente son modelos eficiencia temporal o pecuniaria. Por supuesto, para incluso poder tener esta discusión, es necesario ignorar los montones de cristales rotos que se apilan mientras los ladrillos del gobierno rompen una ventana tras otra para crear proyectos para el bien público. ¿Sorprende que los centros urbanos que han sido los beneficiarios de la más sincera intervención de nuestros magnánimos planificadores centrales se parezcan tanto a las secuelas de desastres naturales o los estragos de la guerra?
Cuando llevamos el famoso concepto de Hayek de la “fatal arrogancia” de los planificadores centrales hasta su conclusión lógica, debemos concluir que toda actividad legislativa, ya sea explícitamente económica o no, soporta la amenaza de producir consecuencias dramáticas, no pretendidas e indeseables. En su magnífica obra, Our Enemy, the State, Albert Jay Nock describía un delicado equilibrio entre poder “del Estado” y “de la sociedad”.
Así que el Estado “convierte a toda contingencia en un recurso” para acumular poder en sí mismo, siempre a costa del poder social y con esto desarrolla un hábito de reconocimiento en la gente. Aparecen nuevas generaciones, cada una ajustada temperamentalmente (…) a nuevos aumentos del poder del Estado y tienden a considerar al proceso de acumulación continua como algo correcto. (p. 10)
Las consecuencias de este cambio de poder crea a menudo nuevas crisis, que reclaman nuevas soluciones legislativas y nuevas oportunidades para el crecimiento del poder estatal. Los individuos justos pueden discrepar sobre lo que es necesario para limitar el peligro inherente de abusos estatales; las propuestas van desde el constitucionalismo estricto a la anarquía, pero solo los muy engañados dejan de reconocer los riesgos que hay cuando a un individuo o grupo se le da un poder coactivo sobre las acciones de otro.
Un ejemplo importante de este fenómeno se muestra con cada mínima noticia acerca de la frontera sur. Entre muchos otros factores, la “Guerra contra las drogas” y el estado del bienestar han añadido una plétora de incentivos que anima (e incluso incentiva) una llegada de inmigrantes buscando una vida mejor de la que pueden tener al sur de la frontera. Independientemente de las conclusiones de los lectores acerca de la política de inmigración, está claro que la política del gobierno ha tenido el efecto general de exacerbar las dificultades propias de esta situación.
Se ha explicado sobradamente cómo la “Guerra contra las drogas” limita artificialmente la oferta y aumenta el riesgo, aumentando así los precios y los márgenes de beneficio. Esto, evidentemente, crea un incentivo financiero para que los individuos se conviertan en traficantes y se arriesguen en el peligroso viaje a través de la frontera con sustancias ilegales. Sin duda este efecto no es el buscado, pero la intervención del gobierno en este campo crea y aumenta el mismo mercado que pretende erradicar. La acción del estado pude pintar de negro un mercado, pero no puede eliminarlo.
¿Qué pasa con la “Guerra contra la inmigración”? Se nos dice que todo lo que hace falta es el desarrollo de una política de reforma de la inmigración integral. Después por el Río Grande fluirán leche y miel y los desiertos florecerán con empleos bien pagados. Ha habido una tendencia reciente en estados y municipios, frustrados por la inacción federal, de tratar de asumir por sí mismos estos asuntos.
En mi área, la aproximación que se ha impuesto es tomar medidas enérgicas contra quienes alquilen casas y ofrezcan empleos a personas indocumentadas. Una disposición reciente aprobada por el ayuntamiento de Summerville refleja la normativa que se ha implantado en todo el país. Esta disposición hace ilegal alquilar un apartamento o casa sin verificar antes la situación de inmigración de los potenciales inquilinos. Es una prueba más de que los gobiernos tienen una tendencia a complicar e intensificar los problemas que quieren resolver. Para explicar esto, es primero necesario considerar las quejas más comunes acerca de los inmigrantes ilegales:
- Aceptan trabajos mal pagados.
- Reciben servicios sociales (como alojamiento a coste reducido, ayudas a mujeres y niños y otros beneficios del estado de bienestar) que superan con mucho sus contribuciones a la economía local y nacional.
- Cometen delitos y se dedican a actividades ilícitas para ganarse la vida.
La veracidad de estas acusaciones se ha revisado hasta la náusea y refutado al menos parcialmente, pero éste no es el objeto de este artículo. Para nuestros fines, supongamos que estas afirmaciones fueran legítimas, alegaciones probadas universalmente. Suponiendo que los inmigrantes ilegales sean absolutamente culpables de todos los cargos anteriores, traten de responder a esta pregunta: ¿Cómo una legislación que niega trabajo y alojamiento a personas que ya están en nuestra comunidad alivia la carga que suponen para la sociedad?
¿No es la fatal arrogancia magnificada? ¿No se harán más dependientes de los servicios sociales y será más probable que recurran al delito para obtener su pan de cada día y protegerse de los elementos? ¿Qué alternativa les queda? Esta postura es similar a la de las leyes que prohíben la mendicidad. Si pudiéramos erradicar algo indeseable simplemente legislando, ¿por qué no prohibir también el paro? ¿O la miopía? ¿O la estupidez?
Supuestamente, el objetivo es lanzar el mensaje de que los inmigrantes ilegales tienen que irse. ¿Pero qué ocurre cuando el pueblo vecino, y luego el siguiente, aprueban leyes similares? Acaba no habiendo forma de escapar a las consecuencias de dichas leyes: la cura crea la enfermedad, igual que las leyes del salario mínimo crean desempleo.
Quizá fuera mejor sencillamente liberalizar el mercado, incluyendo el mercado laboral, y desmantelar el estado del bienestar. Si todos fuéramos responsables de nuestra propia atención sanitaria, educación y sostenimiento, entonces solo el racista más recalcitrante perdería el sueño por la situación legal de su empleado o vecino. Si tenemos la sabiduría y audacia de cambiar las guerras contra las drogas, la pobreza y la inmigración, entonces tal vez encontremos mayor libertad y prosperidad para todos.
Stefano R. Mugnaini es ministro en la Essex Village Church of Christ, en Charleston, Carolina del Sur y licenciado universitario trabajando para obtener este año su primer grado en teología.