Por Briggs Armstrong. (Publicado el 21 de enero de 2009)
Traducido del inglés. El artículo original se encuentra aquí: http://mises.org/daily/3303.
El Gobernador de Alabama, Bob Riley, se ha convertido en el paradigma del intervencionismo estatal y las políticas de impuesto y gasto. Históricamente, el Gobernador Riley ha llevado a cabo sus políticas de gran gobierno con la ayuda de su fiscal general, Troy King. Juntos han colaborado para expandir el control del gobierno hacia un estado policial. Los acontecimientos recientes han roto el bastante desafortunado status quo.
Troy King, nombrado fiscal general en 2004 por el Gobernador Riley, ha adoptado una postura noble contra el estado policial. King cometió lo que podría ser un suicidio político cuando desafió la reclamación del Gobernador Riley de usar los recursos del estado para perseguir a empresas que ofrezcan bingo. King rechazó perseguir a los proveedores de bingos porque, en su opinión, la ley de Alabama no prohíbe que los negocios ofrezcan bingo a los clientes.
Por supuesto, esto no disuadió a Riley en su lucha por librar a Alabama de la incalificable maldad del bingo. Encontró un fiscal de distrito del Condado de Jefferson, David Barber, que había conseguido previamente procesar empresas que ofrecían los servicios de juego que demandaban los clientes. Después de sortear al Fiscal General King, el Gobernador Riley dio a Barber los recursos de la Oficina de Investigación de Alabama y el Control de Control de Bebidas Alcohólicas, a través de una orden ejecutiva. Así se creó el “Equipo de Trabajo del Gobernador sobre Juego Ilegal” (título oficial).
El Gobernador Riley está intentando usar su puesto de gobernador para imponer su propio sentido de la moralidad a los ciudadanos. Usando una retórica al estilo soviético, Riley está intentando convencer al proletariado de que está defendiendo a los pobres. La protesta principal de Riley es que el bingo electrónico explota a los ciudadanos más pobres haciendo ricos a un puñado de empresarios. Por supuesto, este argumento supone que los pobres, o bien son obligados a jugar al bingo contra su voluntad o simplemente se les engaña de alguna manera para hacerlo. Ignora completamente la posibilidad de que alguien juegue al bingo simplemente como pasatiempo en lugar de para hacerse ricos.
Sin duda hay algunos ciudadanos ignorantes, que no conocen las leyes de la probabilidad, que realmente creen que el bingo es una buena forma de ganar dinero. Suponiendo esto, debo preguntar ¿qué derecho tiene el estado a impedir que los ciudadanos tomen decisiones financieramente poco inteligentes? Si creyéramos que el estado sí tiene el derecho a salvar a los pobres de sí mismos respecto del bingo, ¿en qué punto ponemos el límite? ¿Debería el estado publicar una lista de “cosas aprobadas” que contenga todas las cosas que el estado considere financieramente prudentes prohibiendo a los pobres que compren productos no aprobados? Después de todo, la mayoría de los asesores financieros estarían de acuerdo en que un iPhone o un televisor de plasma no es una compra financieramente inteligente para alguien que gane el salario mínimo.
En otra asombrosa muestra de lógica incorrecta, Riley dijo: “El eje del juego en Alabama no está interesado en salvar Medicaid o la educación. No podrían importarle menos”. Era una respuesta a la declaración de los defensores del bingo de que los ingresos generados por los impuestos que gravaban al bingo ayudarían a aliviar el déficit presupuestario de Alabama. Simplemente porque los operadores de bingo no dirijan sus negocios con el propósito expreso de enriquecer al estado de bienestar no significa que los ingresos generados por gravar sus beneficios no favorezcan al tesoro. Dudo que Pizza Hut esté interesada en salvar Medicaid o la educación. ¿Debería haber un equipo de trabajo para eliminar a Pizza Hut?
Si Riley estuviera de verdad interesado en ayudar a los pobres, reconsideraría el código del impuesto de la renta de Alabama. Está entre los más regresivos de la nación. El umbral impositivo de Alabama es el más bajo de todos los estados de la Unión, Una familia de cuatro miembros con una renta total anual de 4.600$ estaría obligada a pagar el impuesto estatal de la renta. Por el contrario, el gobernador quita dinero por la fuerza a los ciudadanos más pobres de forma que pueda protegerlos de sí mismos. Sin duda tomar el dinero de los pobres con el fin de impedir que lo derrochen es más reprensible moralmente, dada la violación de la libertad individual, que permitirles tomar malas decisiones.
El Fiscal General King, no muy conocido por su devoción por la libertad individual y el pequeño gobierno, adoptó una postura de principios poco característica de él. Al ser entrevistado acerca del bingo en Alabama, King dijo: “Personalmente, me opongo al juego. He votado contra él cuando he tenido la oportunidad de hacerlo. Pero como Fiscal General he renunciado al derecho a imponer mi voluntad. Tengo que imponer las leyes tal y como están escritas”.
Ahora King afirma que el estado debería hacer una votación especial respecto del bingo. Propone que se le permita a la gente decidir si quiere o no bingo electrónico en su estado. Votar el asunto es indudablemente preferible al decreto dictatorial de los políticos. Es discutible si la mayoría tiene o no derecho a imponer su moral colectiva a la minoría, pero eso debería ser asunto de otro artículo. Al menos con un voto popular sobre el asunto, alguna gente podrá decir algo en su gobierno en lugar de estar sujeta al capricho de los políticos. Aunque King tiene un historial de proponer e imponer alguna legislación notablemente mala, su excepcional conducta en relación con este asunto le ha proporcionado cierto grado de redención.
El Gobernador Riley ha elegido perder los considerables ingresos que podrían generar los impuestos al bingo. También ha elegido usar el dinero del contribuyente y los recursos del estado para imponer su voluntad a la gente, en desafío a las leyes que prometió mantener.
Los efectos de la prohibición del juego tienen numerosas consecuencias no previstas. Estas consecuencias no previstas probablemente se parezcan a las del alcohol y las drogas; se puede leer más acerca de esta materia en el excelente libro del Dr. Mark Thornton, The Economics of Prohibition.
Los costes de procesar a los operadores de bingo no se limitan a la carga financiera a los contribuyentes, sino que también incluyen la pérdida de libertad individual y las consecuencias no previstas, que son difíciles de cuantificar. Los ciudadanos, no importa lo ricos o pobres que sean, tienen derecho a tomar malas decisiones.
Briggs Armstrong es estudiante en la Universidad de Auburn, especializándose en contabilidad, rama de finanzas. Es miembro de los Libertarios de la Universidad de Auburn, el Club de Economía de Auburn y el Club de Filosofía de Auburn.