Por Robert P. Murphy. (Publicado el 15 de marzo de 2010)
Traducido del inglés. El artículo original se encuentra
aquí: http://mises.org/daily/4131.
Los economistas del libre mercado argumentan aprisa que los
“servicios” públicos realmente no ayudan en absoluto o al menos no son tan
útiles como los proporcionados
voluntariamente en el sector privado. Paradójicamente, las críticas
económicas habituales de la prohibición de las drogas y sobre los sindicatos
recaen en ambos casos en la suposición de que los tribunales públicos y la
policía ofrecen un servicio neto.
En este artículo resolveré la aparente paradoja y demostraré
que la defensa de que el gobierno salga de algunas áreas no obliga a que éste
tenga un monopolio en otras.
La defensa económica estándar contra la prohibición de las drogas
En la típica defensa de libre mercado por la legalización de
las drogas, el economista argumentará que la prohibición causa una violencia
innecesaria, pues las bandas luchan entre sí por el tráfico y a menudo matan a
personas inocentes. El ejemplo clásico de este fenómeno es la época de los
ajustes de cuentas entre bandas en Chicago en la época de la Prohibición.
Actualmente sería inconcebible que los ejecutivos de compañías cerveceras
rivales trataran de asesinarse, pero para Al Capone tenía perfecto sentido
matar a sus competidores.
Hasta aquí, bien. Aunque cuando el economista trata de ir
más allá de esta observación general para explicar por qué la prohibición lleva
a la violencia, a menudo dice algo así: “Cuando el alcohol o la cocaína son
ilegales, los vendedores no pueden confiar en los tribunales o la policía para
proteger su propiedad. En consecuencia, tienen que armarse y si alguien les
roba, tienen que tomarse la justicia por su mano porque no procede acudir a la
policía”.
Esa explicación podía ser aceptable para un liberal clásico,
que piense que el gobierno hace un buen trabajo ofreciendo servicios judiciales
y de imposición. Pero para un rothbardiano, que dice consecuentemente que un
gobierno corrupto y ávido de poder no puede dirigir un departamento de policía
mejor que una empresa de automóviles, esta flecha en el carcaj de la
legalización de las drogas podría parecer algo extraña. Pues dice que la
violencia la causa la inacción del gobierno, el rechazo a usar más a
menudo su monopolio. La consecuencia obvia parece ser que si la policía nunca
respondiera a la solicitud de ayuda de nadie, la sociedad se
tambalearía.
Este diagnóstico tiene cosas al revés. La razón por la que
la prohibición de la droga causa estragos en las relaciones sociales es que
introduce más intervención en el mundo: el problema es que el gobierno
utiliza demasiado su policía y tribunales.
Por ejemplo, supongamos y proyecto urbanístico en una ciudad
en el que los bandas de traficantes vagan aparentemente libres, vendiendo en
las esquinas abiertamente y lanzando balas contra cualquiera que se comporte
incorrectamente. La mayoría d ela gente pensaría: “¡Este barrio es una
anarquía! Ojalá la insensible policía estuviera dispuesta a acudir y aplicar
las leyes. Pero desgraciadamente les trae sin cuidado la situación de esta
comunidad”.
Otra vez el diagnóstico está al revés. El barrio está en una
situación tan mala porque la policía opera allí con impunidad. Si
realmente la policía nunca hubiera obligado a cumplir las leyes en la zona,
nadie tendría que preocuparse acerca de ir a la cárcel por traficar con drogas.
Vendrían empresas de fuera, establecerían tiendas con ventanas a prueba de
balas y guardias de seguridad bien armados y venderían cocaína y otras drogas a
los residentes por un importe mucho más bajo que el “precio de la calle”.
Pronto quitarían el negocio a todas las bandas de traficantes, pues los
clientes se dirigirían a los negocios gestionados profesionalmente por sus
bajos precios y la calidad de sus productos.
Bueno, ¿por qué no ocurre eso? Porque si algunos empresarios
intentaran realmente implantar el plan anterior, serían clausurados por la
policía. Las abuelas y los jefes de las iglesias se quejarían diciendo que una
farmacia no puede vender cocaína a adolescentes a la luz del día y el jefe de
policía se mostraría de acuerdo. Ni siquiera se les ocurriría a los empresarios
intentar lo anterior, porque, vaya, sería completamente ilegal.
Así que vemos que no es la falta de voluntad del gobierno de
proteger ciertos derechos de propiedad sino más bien el ataque del
gobierno a (lo que deberían ser) los derechos de propiedad lo que permiten a
comunidades concretas seguir en un equilibrio violento.
Si se roba en un restaurante o una tintorería china en un
barrio peligroso, la policía probablemente no dedicará mucho tiempo extra a
estos casos. Aún así, eso no lleva a constantes aumentos de la violencia en la
industria de la tintorería o a disparar a la gente para quedarse sus galletas
de la fortuna.
La razón es simple: A pesar de que la policía no protege
a los comerciantes en los barrios peligrosos, tampoco les hostiga, o
peor, les secuestra a punta de pistola para enviarles a una celda durante
varios años. Esa es la diferencia clave entre ambas industrias y explica por
qué el sector objetivo de los agentes armados del gobierno acaba estando
militarizado.
La explicación estándar para las huelgas con éxito
Vemos un patrón similar cuando no referimos a las típicas
discusiones del libre mercado sobre los sindicatos. En este caso, el economista
normalmente explicará que en una
sociedad libre, los trabajadores pueden afiliarse a sindicatos y los
empresarios pueden negociar con entidades colectivas. Sin embargo, los
sindicatos no tendrían el poder de obligar a los no miembros a ser parte
de cualquier convenio colectivo y en particular no tendrían el poder legal para
usar sus pancartas de piquetes para golpear en la cabeza a los “esquiroles”
cuando intentan ir a trabajar.
Igual que en el argumento estándar sobre la legalización de
las drogas, aquí de nuevo el economista del libre mercado a menudo da demasiado
crédito al gobierno. El economista normalmente dice algo así como: “En la
actualidad, el gobierno se ha alineado con los sindicatos. El lugar de
intervenir durante una huelga para proteger la propiedad del dueño de la
fábrica y los cuerpos de los trabajadores no afiliados que intentan cruzar la
línea del piquete, la policía se aparta y da permiso tácito a los matones del
sindicato”.
Esto también tiene cosas al revés. Si el gobierno realmente
se sentara y “no hiciera nada” durante un conflicto laboral, no habría que
discutir que los sindicatos impidan a los “esquiroles” realizar los trabajos de
los huelguistas. Las empresas se apresurarían a desplegar hombres armados con
material antidisturbios a esos lugares y por una tarifa protegerían a los
trabajadores no afiliados y dispersarían muy rápidamente a los trabajadores que
protesten (con gases lacrimógenos, etc.).
Como los empresarios querrían evitar una mala publicidad,
las compañías de más éxito al proveer este servicio los harían de una forma muy
humana, sin causar ningún daño a los trabajadores que protesten. Sería muy malo
para su negocio romper siquiera un brazo a un miembro de los sindicatos, porque
los demás trabajadores porque entonces otros empresarios contratarían a otra empresa,
una con un registro de seguridad perfecto.
Debemos preguntar de nuevo: ¿por qué el libre mercado no
provee estos servicios, al menos a las grandes compañías, que evidentemente
podrían permitírselo? Está claro que no se trata de que el Sindicato de
Trabajadores del Automóvil pueda golpear a los trabajadores de, por ejemplo, Blackwater
en una batalla campal. Así que, ¿por qué los empresarios se encuentran aparentemente
tan indefensos ante trabajadores en huelga que usan la violencia y destruyen la
propiedad de la empresa?
La respuesta e siro supuesto que el gobierno no se
apartaría y dejaría que las cosas siguieran su curso si los empresarios se
comportan así. Si el dueño de una fábrica tratara de contratar a una empresa
externa para traer “esquiroles” en transportes de personal armados y luego usar
gases lacrimógenos y pelotas de goma para dispersar a los manifestantes, el gobierno arrestaría a
todos los implicados. No puede hacerse, es ilegal.
De nuevo vemos que no es la timidez del gobierno, sino su
ejercicio de su monopolio sobre el uso legal de la fuerza lo que permite que la
violencia prolifere durante las disputas en empresarios y trabajadores.
Conclusión
Incluso los economistas del libre mercado tienen a menudo un
ángulo ciego cuando se refiere a la provisión de servicios judiciales y de
fuerza. Pero incluso en esas áreas los monopolios en manos de funcionarios corruptos
son malos. El sector privado podría ocuparse de sí mismo si el gobierno les
dejara en paz.
-------------------------------------------------
Robert
Murphy, investigador adjunto del Mises Institute y miembro de la facultad de la
Universidad Mises, gestiona el blog Free Advice y es autor de The
Politically Incorrect Guide to Capitalism, Study
Guide to Man, Economy, and State with Power and Market, Human Action
Study Guide y The
Politically Incorrect Guide to the Great Depression and the New Deal.