Por Ben O’Neill. (Publicado el 26 de febrero de 2010)
Traducido del inglés. El artículo original se encuentra
aquí: http://mises.org/daily/4125.
Recientemente una amiga mía se quejaba acerca de una racha
de robos que se habían producido cerca de su casa nueva. Habían robado hacía
unas semanas en una casa en su misma calle
y a su vecino le habían robado poco después. En este último caso, los ladrones
se habían llevado un gran televisor de plasma y un ordenador portátil,
aparentemente saliendo de la casa a plena luz del día.
Mi amiga estaba evidentemente disgustada con estos robos
(como debe ser) y parecía tener dificultad en entender cómo podían los
responsables llegar a entrar en una casa y llevarse lo que no es suyo. “¡Cómo
se atreven!, decía. “¿Qué les hace pensar que tienen derecho a hacer esto?”
Es una buena pregunta. ¿Qué les hace pensar que tienen
derecho a hacer esto? Bien, tal vez saben que no tienen derecho a hacer
esto, pero lo hacen de todas maneras porque el deseo de lo no ganado tiene para
ellos mayor peso que su respeto a los derechos de propiedad de otros. Quizá
racionalizaron su crimen basándose en alguna supuesta necesidad, ocasionada,
sin duda, por haber sido “marginados” por la sociedad.
Sólo podemos especular respecto de la actitud de estos
ladrones en particular. Pero podemos preguntarnos, en general, por qué un
criminal se siente cómodo quitando propiedades que no son suyas.
Después de escuchar la historia de mi amiga, le repetí que
los ladrones que habían robado a sus vecinos (tenían que haber sido más de uno
para cargar con la gran TV) no tenían derecho a llevarse esa propiedad que no
era suya y que tenía razón al estar enfadada. Sin embargo, al estar siempre a
la búsqueda de divulgar la buena nueva libertaria, aproveché para informarle de
que la conducta de los ladrones no era esencialmente nada distinta de la
conducta de la mayoría de la gente en nuestra sociedad, que constantemente
solicita o aprueba la apropiación de propiedades que no son suyas.
¡Sin duda no! ¡Sin duda sólo un canalla de la peor ralea
podría creer que tiene derecho a robar la propiedad de otros! ¡Ningún miembro
de la sociedad “amante de la ley” aceptaría algo así! ¿No?
Bueno, veamos: Supongamos que un persona tiene la juiciosa
idea de que algunas personas no tienen tanto dinero como otras y sería
estupendo si tuvieran más dinero. Para poner remedio a este problema propone a
un grupo de benefactores de buen corazón crear una organización cuya tarea sea
tomar por la fuerza el dinero de otras personas sin permiso (es decir, robarlo)
y darle parte a quienes consideran que están “necesitados”. El grupo usaría el
resto de los fondos para fomentar la sensación de derecho a este dinero robado
por parte de los receptores del mismo, un fondo de propaganda que diga al mundo
el gran trabajo que hace la organización, y construir gradualmente un pequeño
emporio de empresas rentable para el personal a cargo, que actúan como
bandidos, ganando mucho más de lo que ganarían en otros trabajos, al tiempo que
se les alaba por su “servicio público”.
¿Se pone la gente furiosa? ¿Llaman a la policía para
denunciar esta trama criminal? ¿Inundan las oficinas de sus representantes
elegidos con llamada y cartas, solicitando que se cierre esta organización? No.
De hecho ocurre justamente lo contrario: la gente se presura a proclamar su
apoyo a este sistema, con cuidado de no hacer críticas a sus excesos al
asegurar que realmente se “preocupan” por “los pobres” y que no son “extremistas
del libre mercado”.
La infinidad de ejemplos de criminalidad extendida y de
apoyo extendido (o al menos aprobación) para estos programas es demasiado larga
como para hacerle ahora justicia. Pero en este entorno es poco sorprendente que
los ladrones tengan pocos reparos en tomar propiedades que no son suyas. La
razón de su sentimiento es probablemente muy similar a la razón por la que la
inmensa mayoría de la población de nuestra sociedad se siente con derecho a la
propiedad de otros: vivimos en una sociedad de criminales.
¿Cómo podría ser esto correcto? ¿No cumple la ley la mayoría
de la gente? ¿No rellenan sus declaraciones de la renta y sus solicitudes de
permiso de conducir como buenos pequeños ciudadanos “cumplidores de la ley”?
¿No cumplen con las regulaciones laborales, las regulaciones medioambientales,
las normas fiscales y todas las demás cosas que sus representantes les dicen
que hagan?
Bueno, sí… hasta donde es posible cumplir con esta enorme y
a menudo vaga o contradictoria serie de reglas, la mayoría de la gente
generalmente lo hace. Pero eso con es cumplir con la ley, es cumplir con
la legislación. Es cumplir simplemente con los decretos del poder.
De hecho las únicas normas de conducta que pueden llamarse
“leyes” con propiedad son las de la ley natural, esas normas objetivas
de conducta que son necesarias como moralmente adecuadas a la naturaleza del
hombre.
Estas reglas consisten esencialmente en el principio de no agresión y las
reglas de ocupación e intercambio de propiedad que subyacen la teoría
libertaria de la justicia. En esta explicación de la ley natural, el gran
teórico legal Lysander Spooner establecía las condiciones de esta ley:
“Estas condiciones son
simplemente éstas: a saber, primero, que cada hombre debe hacer, hacia los demás,
todo lo que la justicia le requiera hacer, como por ejemplo, pagar sus deudas,
devolver a su propietario propiedad pedida prestada o robada y reparar
cualquier daño que haya hecho a la persona o propiedad de otro. La segunda
condición es que cada hombre debe abstenerse de hacer a otro todo lo que la
justicia le prohíbe hacer, como por ejemplo, abstenerse de cometer robo,
incendio, asesinato o cualquier otro crimen contra la persona o propiedad de
otro”.
Entonces, ¿cómo queda la gente al evaluar su conducta ante
esta ley… ante la ley? No queda bien. De hecho, evaluada de esta manera,
la inmensa mayoría de la gente apoya actos criminales.
La gente a menudo se sorprende por la mentalidad de los
“delincuentes comunes” (es decir, los criminales del tipo reconocido como
delincuentes) porque piensan que este sentido criminal de derecho a lo no
ganado y desprecio por los derechos de los demás es un defecto relativamente
escaso. Pero no lo es. De hecho, la inmensa mayoría de los miembros del público
se sienten con perfecto derecho a la propiedad de otros. Reclaman que se quite
la propiedad a otros mediante el sistema tributario y otras “políticas
públicas” o interferir en ella por la fuerza mediante regulación como algo
habitual.
Incluso si no son beneficiarios netos de este sistema,
incluso si pagan mucho más en impuestos de lo que jamás recuperarán de la
trama, siguen de todas formas dispuestos a apoyar muchas “políticas públicas”
que permiten, en la práctica, el robo u otras violaciones contra personas y
propiedades.
¿Y cómo ven a esa gente que está en desacuerdo con esa
mentalidad, que está en desacuerdo con este deseo de coacción y esta
criminalidad masiva? ¡Esa gente es directamente poco caritativa! ¡No tiene
conciencia social! ¡Son peligrosos ideólogos y extremistas poco prácticos!
Dios quiera que nunca ejerzan más que una influencia
marginal en las “políticas públicas”. Sin duda esos extremistas puede que
tengan algo de razón aquí y allí acerca del estado del bienestar. Podrían dejar
que nos ocupemos de algunos de los problemas cuando los políticos y burócratas están
realmente descontrolados, ¡pero la mayoría de las veces van demasiado lejos!
¿Sin impuestos? ¿Sin regulación? ¿Derechos inviolables de propiedad? ¡Es una
locura!
Pero en realidad, no es en absoluto una locura. Pues la
única diferencia entre el ladrón reconocido como criminal y el miembro del
público no reconocido como tal es que el ladrón hace su propio trabajo
sucio. No obtiene sus televisores,
estéreos y joyas mediante esa forma de robo que se llama “política pública”. En
lugar de reclutar a sus políticos y burócratas locales para robar nuestra
propiedad para su uso, les evita el problema y va y los toma por sí mismo.
Al hacerlo, no es capaz de echar mano de racionalizaciones
por sus crímenes basándose en procesos democráticos, obligaciones políticas y
otras nociones del estado. Por supuesto puede tener sus propios razonamientos,
pero son mucho más desganados que la codicia entusiasta por lo no ganado que
exhiben en el ámbito político los cabilderos, políticos y comentaristas de los
medios públicos de comunicación. En todo caso, es poco sorprendente que se
sienta con derecho a tomar propiedad que no le pertenece. Es la menor de las
diferencias con los miembros normales y “cumplidores de la ley” de la sociedad.
El razonamiento más común para esos delitos cometidos bajo
las “políticas públicas” es la idea de que esas políticas son la “voluntad del
pueblo” expresada a través de sus representantes elegidos. Pero incluso si
pudiera establecerse alguna expresión conjunta de voluntad a través de este
proceso (lo que es extremadamente dudoso) no podría existir una capacidad de la
gente de cambiar el contenido de la ley o votar quitar los derechos a la gente.
Podemos volver de nuevo a Spooner, que advierte que
“si la justicia es un principio
natural, entonces es necesariamente inmutable y no puede cambiarse (por ningún
poder inferior al que la estableció) más que la ley de la gravedad, las leyes
de la luz, los principios de las matemáticas o cualquier otro principio o ley
natural; y todos los intentos o suposiciones por parte de cualquier hombre o
grupo de hombres (se llamen a sí mismos gobierno o usen otro nombre) por
establecer sus propios mandamientos, voluntades, placeres o discreciones en el
lugar de la justicia como regla de conducta para cualquier ser humano son tan
absurdos, tan usurpadores, tan tiránicos como serían sus intentos de establecer
sus propios mandamientos, voluntades, placeres o discreciones en el lugar de
todas y cada una de las leyes físicas, mentales y morales del universo”.
Entonces ¿qué quiero decir cuando digo que vivimos en una
sociedad de criminales? Simplemente quiero decir que la inmensa mayoría de la
gente en nuestra sociedad apoya actos criminales cometidos contra otros. Estos ciudadanos
calificados como cumplidores de la ley apoyan el robo, la agresión, el
allanamiento y a veces incluso el asesinato cuando estos crímenes se visten con
la capa respetable de la “política pública”. El desdén con el que miran a los
delincuentes comunes es verdaderamente risible cuando se examina la
criminalidad masiva que sí apoyan.
Por supuesto esto no quiere decir que todos los miembros del
público sean equivalentes morales a ladrones u otros criminales. Su
culpabilidad moral pude rebajarse hasta cierto punto porque están engañados por
la propaganda estatal, que les anima a verse con derecho a “decir” cómo deben
usar otros su propiedad.
Sin duda puede haber algunos miembros del público que no han
apreciado la conexión entre coacción y “política pública” y que son
completamente inconscientes de que haya paralelismos entre estas políticas y
las acciones de “delincuentes comunes”. Si es un error honrado, es un error de
conocimiento, no de moralidad. Sin embargo difícilmente puede decirse que este
error de conocimiento esté extendido: en la mayoría de los casos, los miembros
del público conocen bien la naturaleza coactiva de las políticas que apoyan.
Además, no es una excusa de su error el que no salgan y tomen directamente el
botín como haría un delincuente común, que simplemente se los “den” sus
benevolentes amos políticos. Pues es esta mayoría de miembros del público la
que apoya la “redistribución” que se está produciendo.
La actitud pública hacia el “delincuente común” merece una
pregunta obvia. ¿Qué posible razón tenemos para quejarnos de la acción de estos
criminales cuando apoyamos e incluso defendemos acciones criminales a una
escala mayor?
En todo esto hay una lección para los libertarios. Si queremos
tener éxito al presentar nuestras opiniones a una gran audiencia, debemos
aprender del hecho de que la gente corriente habitualmente apoya el robo y
otros delitos cometidos por el estado, pero se aterrorizan cuando ven los
mismos crímenes cometidos por “delincuentes comunes” (que en realidad son el
tipo menos común). Los defensores de un estado de derecho deben esforzarse por
atraer la atención hacia la contradicción propia de esta actitud.
Debemos dirigir la atención a los paralelismos entre las “políticas
públicas” del estado y los actos de los “delincuentes comunes”. Debemos
aprender a presentar las políticas estatales al público como lo que son: grandes
decretos criminales. Y debemos aprender a convencer a la gente de que apoyar
estas políticas es apoyar el delito.
Para hacerlo, no basta con hablar acerca del libre mercado y
de la desregulación. Hacerlo es luchar en batalla en el campo estatista,
presentando el asunto como una lucha de “políticas públicas” en competencia.
Pero la verdadera batalla, el asunto real en la raíz de los debates políticos,
no trata acerca de elegir entre esta o aquella política, trata de elegir entre
cometer crímenes o no hacerlo.
De hecho, lo que se califica como “el libre mercado” es sólo
la ausencia de robos, agresión, etc. socialmente sancionados en el contexto del
mercado relevante. Lo que se califica como “desregulación” es sólo la derogación
de políticas que permiten lo allanamientos de personas y propiedades
socialmente sancionados. Lo que se califica como “descentralización del poder”
es realmente sólo la división de una gran organización criminal en muchas
organizaciones criminales más pequeñas en competencia, con el objetivo final de
hacerlas tan pequeñas y competitivas (entre sí) como para poder escapar todos
de sus garras.
Fundamentalmente, la postura libertaria es muy simple y debe
comunicarse de esta manera. Sostiene que no debería permitirse a la gente
cometer crímenes contra otros. Toda la discusión acerca de libres mercados
contra intervención en los mercados, capitalismo contra socialismo, regulación
contra desregulación, etc. es sólo una forma oculta de presentar la dicotomía básica
entre una sociedad de criminales y un estado de derecho. Ésta es
la esencia de la batalla.
Una batalla entre el libre mercado y sus antípodas, cuando
presenta vestida de filosofía política, es una batalla esotérica. Es una
batalla que puede pervertirse y falsearse. Es más fácil de entender y mucho más
poderosa una batalla directa entra criminalidad y derecho. Los libertarios no
deberían rehuir presentar “asuntos políticos” en términos de su significado
real: en términos de criminalidad frente a derecho.
Muchos se han visto intimidados para evitar este punto de
vista por la idea de que este “lenguaje duro” desagradará a la gente o hará
parecer poco razonables a los libertarios. Pero es precisamente esta
confrontación con el hecho básico (que el libertarismo apoya un estado de
derecho) el arma más poderosa para sus defensores. No hay nada malo en decir a
la gente que los impuestos son un robo, que la regulación es allanamiento, que
las leyes antidroga son agresiones y robos, que los políticos son criminales y
que el estado es una monstruosa organización criminal.
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Ben O’Neill es profesor de estadística en la Universidad de
Nueva Gales del Sur (ADFA), en Canberra, Australia. Anteriormente ejerció como
abogado y consejero político en Canberra. El Dr. O’Neill es miembro Templeton
en el Instituto Independiente, donde ganó el primer premio en el concurso Sir
John Templeton de ensayo 2009.