Por Jeremiah Dyke. (Publicado el 22 de enero de 2010).
Traducido del inglés. El artículo original se encuentra
aquí: http://mises.org/daily/4007.
Un distintivo del fracaso del estado es su incapacidad de
predecir la respuesta del mercado a las políticas que impulsa. De hecho a
muchos niveles el estado es incapaz de cambiar los fines del mercado, haciendo
que sólo se redirijan sus medios.
La legislación sobre tarjetas de crédito aprobada el pasado
diciembre establece una serie de regulaciones que gobiernan las formas en que las agencias de tarjetas de
crédito pueden tratar con sus clientes. Varias
normas que se pondrán en vigor en julio de 2010
- Limitarán
las subidas de los tipos de interés en las cuentas de tarjetas de crédito
existentes.
- Mantendrán
un tipo de interés fijo en nuevas compras durante el primer año de una
tarjeta y los aumentos de tipos posteriores requerirán dar un preaviso con
45 días de adelanto.
- Eliminarán
el impago universal.
- Darán
a los poseedores de tarjetas al menos 21 días para pagar las facturas
mensuales.
- Asignarán
pagos por encima de la cantidad mínima debida cada mes a objetos con
balances de tipo de interés más alto.
- Limitarán
las comisiones de las tarjetas de crédito por encima del límite y
subprime.
- Mostrarán
más claramente términos como las fechas y horas de pago, los totales
anualizados de los intereses y comisiones y la implicación de realizar
sólo los pagos mínimos en las facturas de tarjetas de crédito cada mes.
Aún así, a la vista de que la legislación de julio ha puesto
un tope a las cuotas anuales de las tarjetas de crédito del 25% de la línea de
crédito del poseedor de la tarjeta (ver aquí), las empresas
de tarjetas han respondido (como podía esperarse) aumentando sus tipos de
interés básicos. Una compañía, First Premier, ha aumentado en la práctica su
tipo de interés anual básico al 79,9%.
Está claro para cualquier observador razonable que este tipo
de respuesta no buscada es completamente racional, e incluso predecible. Pero
nuestros gobiernos (en lugar de ver la supuesta crisis del consumo en términos
de la cuestión de por qué esos potenciales poseedores de tarjetas son en
realidad un riesgo o desde el punto de referencia del riesgo moral –vía
protección de la Reserva Federal–)
se engañan al pensar que pueden
cambiar los fundamentos del mercado.
Queda el hecho de que los que merecen crédito piden que se
les recompense por esa responsabilidad y la competencia (vía bajos tipos de
interés, devoluciones en dinero, etc.) es el medio que facilita esas recompensas.
Igualmente los receptores que no lo merezcan llevan con ellos y responsabilidad
que sólo puede compensarse con cuotas anuales o tipo de interés más altos.
No hay una agenda racial oculta o vasta conspiración por
parte de la burguesía. Simplemente hay prestadores y prestatarios
realizando las transacciones que consideran mutuamente beneficiosas. Sean estas
transacciones las que sean en la realidad, el que sean beneficiosas no es en
absoluto una cuestión política. Más bien es una cuestión educativa y va en
función del tiempo.
Una pregunta más sensata quizá sea por qué se busca a esos
acreedores. Y por qué, cuando se les busca, los prestamistas se detienen en
tipo de interés anual del 79,9%. Sin duda, si los consumidores nadan en la
ignorancia, como nos hacen creer, estarían dispuestos a aceptar tipos de interés
anual del 100% o el 1.000%. Entonces ¿quién creemos que ha salvado a los
consumidores de su destino? Sin duda, no nuestros legisladores, pues es ahora
cuando se dan cuenta de estos asuntos. Debe ser la misma benevolencia de los
prestamistas.
Por desgracia, aun cuando el poder legislativo acabe
dedicando su atención a limitar los tipos de interés anuales, estas compañías
en busca de beneficios ingeniarán creativamente una forma suplementaria de
proveer crédito a los menos dignos de él. Así, igual que el preso que tiene 24
horas al día para encontrar su mejor ruta de escape, estas compañías de
tarjetas tienen 24 horas al día para buscar su mejor ruta hacia la maximización
del beneficio. Nuestros legisladores están meramente desplazando transacciones
mutuamente beneficiosas.
Por tanto ya sea dañando desproporcionadamente a los
trabajadores jóvenes afroamericanos con leyes de salario mínimo o poniendo más
en peligro a especies ya en peligro, el estado no está a la altura de los
mecanismos del mercado. Sigue siendo un esclavo de las consecuencias no
previstas.
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Jeremiah Dyke es profesor de matemáticas y defiende los
libres mercados y la libertad de elegir. Invita a quien quiera a contactarle si quiere realizar una
tormenta de ideas.