Por George C. Leef. (Publicado el 5 de noviembre de 2009)
Traducido del inglés. El artículo original se encuentra
aquí: http://mises.org/daily/3811.
[Esta crítica apareció
por primera vez en The Freeman]
The Left, the Right, and the State [La izquierda, la derecha y el Estado], una recopilación de
103 ensayos de Llewellyn Rockwell, atiende a las formas en que tanto la
izquierda como la derecha utilizan el Estado para perseguir sus objetivos. Rockwell,
presidente del Instituto Ludwig von Mises, argumenta con fuerza que nuestra
libertad y propiedad están en peligro por el estatismo tanto de la izquierda
como de la derecha. Como él mismo dice, “La izquierda tiene una lista detallada
y también la derecha. Ambas representan una grave amenaza a lo única posición
política que es verdaderamente beneficiosa para el mundo y sus habitantes: la
libertad”.
Precisamente, la gran virtud del libro es cómo Rockwell
demuestra que cuando la gente en la derecha política apunta contra los aumentos
“progresistas” en el poder del gobierno y dice: “¡Están atacando la libertad!”
tienen razón, igual que los que en la izquierda política que apuntan contra los
aumentos “conservadores” en el poder del gobierno dice lo mismo. El problema
que ilustra Rockwell es que ambos campos están ciegos ante el daño que causan
sus propios impulsos por expandir el poder del Estado. Un gobierno masivo y sin
restricciones es como un toro en una cacharrería.
Cada lector encontrará sin duda ciertos ensayos
especialmente inteligentes. Uno de mis favoritos es “Freedom is Not ‘Public
Policy’” [La libertad no es una ‘Política pública’”]. Rockwell argumenta que
uno de los peores errores de los intelectuales del libre mercado es su
explicación de la libertad como sólo otra opción política a considerar por políticos
y burócratas. Esta formulación, escribe “implica que depende del estado (sus
gestores e intelectuales) decidir cómo cuando y dónde ha de permitirse la
libertad”. Cita como ejemplo notorio la justificación de la administración Reagan
de la bajada de impuestos, cuando ésta se defendía basándose en que en último término
beneficiaría los ingresos del estado. No nos gusta la libertad, observa
Rockwell, porque maximiza el botín en dinero del estado. Por el contrario, los
recortes en impuestos deben realizarse basándose en que es bueno para la gente
mantener y decidir cómo gasta el dinero que gana.
Rockwell tiene palabras agudas tanto para la izquierda como
para la derecha sobre las formas en que se han visto hechizados por los cantos
de sirena del gobierno para abandonar principios que antes sostenían. Por
ejemplo, en la derecha demuestra que los defensores de la familia se han
integrado en la órbita del gobierno con políticas tan poco libertarias como los
cheques escolares. También apunta a los expertos del “libre mercado” que
proponen “soluciones” a los problemas del estado de bienestar, como la
Seguridad Social, que sólo implican recortar esa planta venenosa, en lugar de
desarraigarla completamente.
La izquierda también se lleva lo suyo en asuntos como su
abandono de la libertad de expresión a favor de códigos de expresión restrictivos
en los campus. ¿Y que ha pasado con el compromiso de los viejos izquierdistas
con las libertades civiles? Hoy es poco más que un recuerdo que se desvanece,
con los políticos de izquierdas subiéndose al carro de la guerra contra las
drogas, la guerra contra la inmigración ilegal, poderes de expropiación forzosa
expansivos y demás. El Estado omnipotente ahora pisotea todos los derechos del “hombre
pequeño”.A la izquierda solía importarle, pero ahora prefiere hacerse la ciega.
Después de varios cientos de páginas de ataques a degüello
sobre los desperdicios, locuras y directamente maldades del estatismo de “progresistas”
y “conservadores”, Rockwell llega a la pregunta crucial: ¿Qué hacemos? Examinando
y rechazando varias propuestas de acción, argumenta que los libertarios deben
trabajar en cultivar ideas sensatas. No podemos progresar contra nuestro avaro,
intrusito y autoritario gobierno mientras la mayoría de los estadounidenses
acepta la falsa idea de que la acción del gobierno el la clave para el progreso
y la prosperidad.
Por ejemplo, como la mayoría de los estadounidenses creen
que las recesiones económicas son una parte natural del libre mercado y que
necesitamos la acción del gobierno para “estimular la economía” cuando se
muestra enferma, es inevitable que los políticos apoyen un gasto federal masivo
para curarla. Necesitamos explicar la verdad de los ciclos económicos al público.
De forma similar, la mayoría de los estadounidenses cree que deben tener una
educación “pública” o sino sufrir un analfabetismo extendido. Necesitamos hacer
llegar la realidad de que el mercado funciona en la educación y obtendría mucho
mejores resultados con menores costes si se le permitiera funcionar.
Realmente es cultivar ideas sensatas. Leer el libro de
Rockwell nos ayudará a hacer eso exactamente.
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George Leef es editor de la crítica de libros en The
Freeman. Vea su archivo
en TheFreemanOnLine.org.
Esta crítica apareció
por primera vez en The Freeman.
Por Eric M. Staib. (Publicado el 4 de noviembre de 2009)
Traducido del inglés. El artículo original se encuentra
aquí: http://mises.org/daily/3827.
En un intento por controlar los costes agregados de sanidad
que tendrán que soportar los contribuyentes bajo el sistema propuesto, el
Presidente Obama ha impulsado una mayor confianza en la atención preventiva
para todos los estadounidenses. Su argumento es que, como la atención
preventiva es normalmente mucho menos cara que las cirugías posteriores, el
incremento en el uso de estos tratamientos tempranos preventivos conllevará
grandes ahorros en costes. Igual que muchas de las premisas del presidente
sobre la sanidad, este argumento se desmorona bajo un examen riguroso.
La economía de la prevención
La lógica bajo el aumento de la atención preventiva es
sencilla: si un individuo sabe que se verá afectado por alguna dolencia sería y
cara, digamos un ataque al corazón, es normalmente mucho menos caro para él
seguir procedimientos preventivos, en esta caso la inserción de stents vasculares. En
un caso así, no sólo el paciente posiblemente ahorre dinero y prolongue su
vida, sino asimismo elimina la ansiedad de saber que tiene un alto riesgo de
infarto.
Por tanto, el tratamiento preventivo sólo se pagaría cuando
elimine riesgos serios en un futuro anticipado, ya sea por costes de
tratamiento mayores o dolores serios o muerte. Cualquier cirugía requiere la no
realización de otras formas de consumo, por lo que los consumidores preferirán
abstenerse de atención preventiva salvo que sepan que tiene un alto riesgo de
altos costes futuros financieros o físicos. En un ejemplo extremo, el
consumidor a su costa nunca pagaría una cirugía a evitar la perspectiva de
futuros pelos creciendo hacia dentro.
Para cada enfermedad o dolencia hay un intervalo de riesgo
en el que se justifica el precio de la atención preventiva y así debería
pagarse. Los consumidores que estar en un nivel extremadamente bajo de riesgo
de infarto sin duda no pagarán stents vasculares porque piensan que su riesgo
de morir por infarto es tan bajo que el valor de prevenirlos les es
prácticamente injustificado.
Por otro lado, están aquellos individuos (por ejemplo,
quienes sufren obesidad mórbida o quienes ha han sufrido varios ataques) que
están casi seguros de que morirán de un infarto. Para estos desafortunados
consumidores, el riesgo de muerte es ya tan seguro que puede que no merezca la
pena la cirugía.
Hay otros métodos de atención preventiva que pueden casi con
toda seguridad evitar el riesgo de morir por una dolencia y para estos
procedimientos, incluso para pacientes de riesgo extremadamente alto decidirían
seguramente que la cirugía merecería la pena. El “umbral de riesgo” para la
atención preventiva lo deciden los individuos y sus doctores, pero como todas
las decisiones económicas está influida por el precio: es menos probable que
consumidores con riesgo marginal están dispuestos a pagar tratamientos más
caros.
No todos los corazones se crearon iguales
Si los planes del presidente sólo se aplicasen a los
pacientes con altos niveles de colesterol, es bastante evidente que la atención
médica ahorraría dinero y llevaría aun resultado sanitario positivo. Sin
embargo, esto no supone la victoria del plan del Sr. Obama. Los pacientes en
esta situación seguramente están dispuestos a pagar por la atención preventiva
con o sin participación o subsidio del gobierno. No se produciría ningún
“ahorro de costes” obligando a un grupo de pacientes de alto riesgo a hacer lo
que ya habrían hecho. De hecho, cualquier subsidio a un grupo así en realidad aumentaría
la carga fiscal de los contribuyentes.
Es absolutamente primordial recordar en nuestro análisis que
los pacientes estadounidenses no son maniquíes homogéneos correctamente
distribuidos en una o dos variables físicas a lo larga de una curva de campana
o cualquier otro tipo de gráfico. Cada consumidor individual es un ser humano
que actúa y razona, con una serie propia de riesgos de salud inciertos y, más
importante, deseos y tolerancias al riesgo únicas.
La realidad es que mucha gente está en un riesgo no
justificado económicamente de morir prematuramente por cualquier enfermedad.
Esto, para el pensador económico a priori explica lo que el presidente cree que
es una infrautilización de la atención preventiva por parte de los
estadounidenses: si más gente tuviera razones para creer que la atención
preventiva merece el coste, ya la estarían pagando, por supuesto. En su lugar,
para la mayoría de los estadounidenses los stents vasculares y otros
tratamientos preventivos simplemente no merecen la pena por sus requisitos de
tiempo, dinero e invasión física. Obligando o incluso subsidiando la atención
preventiva para estos individuos no elimina muchas caras cirugías de urgencia
en el futuro y por tanto claramente no generará ninguno de esos ahorros de
costes al contribuyente. De hecho, es fácil ver que subsidiando nuevas cirugías
preventivas se generará un aumento de los costes para los contribuyentes.
Aún peor, ofrecer subsidios para estas nuevas y no
necesarias cirugías preventivas no sólo costará dólares de los impuestos, sino
también a costa de los que los economistas de la corriente principal llaman el
“bienestar social”, porque el aumento del consumo de stents vasculares
necesariamente conlleva la disminución
del consumo de otro bien o servicio.
Además, el mercado de la atención preventiva está lejos de
ser homogéneo. Para muchas enfermedades y dolencias hay múltiples métodos de
prevención, cada una con diferentes costes y beneficios potenciales para cada
paciente. Algunos métodos de atención preventiva, como nuestro ejemplo de los
stents vasculares, conlleva una decisión sobre la cantidad de
procedimiento (cuántos vasos sanguíneos se intervendrán) con un beneficio
marginal decreciente para cada unidad de atención adicional. Esperar que los
burócratas de la salud propuestas por Obama calculen
el nivel de de ahorro del subsidio de cada método individual de atención
preventiva es absurdo. En su lugar, las decisiones preventivas deberían dejarse
a los doctores especialistas y sus pacientes.
Incluso si aceptamos que las burocracias sanitarias de Obama
puedan de alguna manera ser capaces de determinar los “umbrales de riesgo” de
los pacientes individuales, sigue sin estar claro que esto disminuya los costes
financieros agregados. Porque cualquier ahorro en el coste neto que se
produzca, debemos asimismo asumir que esos consumidores a veces renuncian a la
atención preventiva, aunque hubiera sido en último término más eficaz en costes
para cada individuo englobado en esa clase seguir los tratamientos preventivos
en cuestión. Sólo bajo estas condiciones la propuesta de Obama serviría a su
propósito.
Sin embargo, esta simple búsqueda de menor gasto agregado en
el tiempo es una débil justificación para suprimir la elección individual. El
hombre que actúa no consume a favor de los intereses de posiblemente minimizar
los costes totales de alguna clase estadística abstracta en la que le incluyen
los reguladores.
En realidad, un consumidor individual de sanidad elige
consumir o abstenerse de la atención preventiva de acuerdo con su visión
subjetiva del valor de la posible prolongación o calidad de la vida que pueda
tener como consecuencia de dicha atención frente al valor del consumo que hace
posible abstenerse de ella.
Toma su decisión teniendo en consideración su concreto
riesgo médico de daño pro la dolencia y su tolerancia personal a ese
riesgo. Una decisión tan íntima, que sopesa el valor de meses o años de más de
vida o calidad de vida ganada o sacrificada, al tiempo que su tolerancia al
riesgo, no pueden literalmente tomarla funcionarios atendiendo a su
presupuesto.
¿Qué pasa con los costes individuales?
La propuesta de Obama para subsidiar la prevención no solo
incrementaría el gasto agregado de la sanidad al financiar tratamientos
preventivos injustificados, sino asimismo aumentaría los precios por unidad de
esos tratamientos. La economía aquí sería la del subsidio: un subsidio a
cualquier servicio disminuiría el precio efectivo de ese servicio para
el consumidor, aumentando la demanda se éste junto con su precio de mercado. Si
se mantiene constante la oferta, esta demanda aumentada aumentará el precio de
mercado de ese servicio.
Para el plan de costes de Obama, esto es un segundo talón de
Aquiles: cuanto mayor sea el subsidio, mayor será el incremento del precio del
mercado, puesto que los consumidores aportarían cada vez menos porción del
precio real del tratamiento. Por tanto elegirían consumir cada vez más procedimientos
preventivos injustificados, aumentando los precios de esos tratamientos
frívolos. A medida que aumenten los precios por los tratamientos preventivos,
el público naturalmente esperará mayores subsidios para sus tratamientos.
El trágico resultado final de este experimento sería la
necesidad política para la burocracia de la sanidad de subsidiar una mayor
porción de los precios crecientes o un mayor número de tratamientos
preventivos. Argumentar que esto representa costes agregados más bajos es un puro
sinsentido y debería rechazarse como tal.
Conclusión
Aunque aumentar el tratamiento preventivo para recortar
costes a largo plazo pueda parecer lógico en principio, es fácil de ver que un
tratamiento ordenado por el gobierno no puede llevar a un balance más efectivo
en costes entre tratamiento preventivo y tratamiento futuro.
Además, podemos ver que cualquier subsidio al tratamiento
preventivo incrementaría masivamente los costes por individuo y, bajo el plan
de Obama, por contribuyente. A partir de estas conclusiones, es lógico que sólo
pueda confiarse en los pacientes individuales, con el consejo de sus doctores,
para tomar decisiones efectivas en costes en relación con el método de atención
que éstos prefieran.
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Eric Staib es especialista en economía en la Universidad de
Oklahoma.